El retiro del país de la OEA -que entra en vigor hoy- y las violaciones de derechos humanos en el país centroamericano “son una afrenta al compromiso del hemisferio occidental con la democracia”, subrayó Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado en un comunicado.

El presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, buscan “aislar aún más a Nicaragua de la comunidad internacional”, indicó el portavoz.

Agregó que ello “demuestra su desesperación por evitar cualquier esfuerzo de la OEA o de socios de ideas afines para responsabilizarlos por atroces abusos contra los derechos humanos”.

“Sus abusos incluyen detener, condenar y maltratar injustamente a presos políticos, incluido el obispo Rolando Álvarez; atacar a periodistas independientes; y obligar a cientos de organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas a cerrar o traspasar sus operaciones al Estado”, detalla el comunicado.

El Gobierno nicaragüense notificó la decisión de denunciar la Carta de la OEA -que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esa organización- en noviembre de 2021, días después de la reelección para el quinto mandato de Ortega en unas elecciones que la organización tachó de ilegítimas.

El Departamento de Estado enfatizó hoy que pese a las denuncias de Ortega y Murillo de la Carta de la OEA, “Nicaragua sigue sujeta a sus obligaciones de derechos humanos y gobernanza en virtud de los tratados e instrumentos restantes, incluida la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Miller subrayó que Estados Unidos y los demás socios en la OEA continuarán revisando “todas las herramientas disponibles y apropiadas para responsabilizar a Ortega, Murillo y sus sustitutos por sus acciones”.

El portavoz urgió a las autoridades nicaragüenses a cumplir con sus obligaciones y cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que el presidente Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo.

La orden de los Frailes Menores Franciscanos de la Provincia Seráfica de Asís y 16 asociaciones y fundaciones incumplieron leyes sobre el reporte de sus estados financieros, juntas directivas, detalle de sus donaciones e identidad y origen de sus donantes, según una resolución del Ministerio de Gobernación (Interior).

La decisión, publicada en el diario oficial La Gaceta, establece que los bienes muebles e inmuebles de los organismos cancelados pasarán a manos del Estado de conformidad con ley.

Nicaragua ha cerrado más de 3 mil oenegés desde que endureció las leyes tras las protestas de 2018 contra el presidente Daniel Ortega, que en tres meses de bloqueos de calles y choques entre opositores y oficialistas dejaron más de 300 muertos, según la ONU.

La relación entre la Iglesia católica y el gobierno se deterioró en medio de esas protestas, que Ortega consideró un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos, que junto a la Unión Europea y otros países denunciaron una violenta represión contra opositores.

Varios religiosos han sido conminados a abandonar el país y 12 sacerdotes fueron enviados a Roma la semana pasada tras su excarcelación, pero queda en prisión el obispo Rolando Álvarez, fuerte crítico del gobierno, condenado en febrero a más de 26 años bajo cargos de propagación de noticias falsas y desacato.

El cierre de 25 Oenegés

El Gobierno de Nicaragua canceló este martes la personalidad jurídica a 25 organismos sin fines de lucro, incluidos ocho que solicitaron su disolución voluntaria y la mayoría de carácter cristiano.

La disolución de esas 25 organizaciones no gubernamentales (ONG), incluídos los frailes franciscanos, fue aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.

Según el Ministerio de Gobernación, ilegalizaron 17 ONG por incumplimiento a las leyes que los regulan, y las otras ocho fueron canceladas por disolución voluntaria.

Gobernación argumentó que cerró de forma unilateral 17 ONG porque no reportaron por períodos de entre uno hasta 27 años sus estados financieros conforme períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final) y sus juntas directivas.

Entre las ONG ilegalizadas se encuentran la Asociación Iglesia Internacional de Cristo en Nicaragua, Asociación Cristiana El Cordero Apocalipsis, Fundación Altas Familiar Ministerios, Asociación Evangelística Impacto Juvenil de Nicaragua, Asociación Nicaragüense de Iglesias de Cristo, Compañía Orden de los Frailes Menores Franciscanos, Asociación Ministerio Cristiano La Vid Verdadera, entre otras religiosas.

También la Asociación de Mujeres Las Golondrinas, Fundación Artística Xuchialt, Asociación de Médicos Especialistas “San Francisco”, Fundación para el Apoyo al Etno-Desarrollo Indígena, y la Icw Global Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-Sida.

Estado decomisará sus bienes

Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio de Gobernación explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría con el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto a los que solicitaron la disolución voluntaria.

Diputados sandinistas como Filiberto Rodríguez dijeron que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las manifestaciones que estallaron en 2018.

Los sandinistas también argumentan que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7 mil 227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.

Miles de nicaragüenses salieron a las calles en abril de 2018 a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.

Las protestas dejaron centenares de muertos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde entonces, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso reformar la Constitución Política para nombrar a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, como “copresidenta de la República”, propuesta que ha recibido críticas en redes sociales.

El mandatario hizo el planteamiento durante un acto oficial la noche del jueves 9 de febrero en presencia de Murillo, tras referirse a la excarcelación y expulsión hacia Estados Unidos de 222 presos políticos nicaragüenses, incluido sacerdotes católicos.

“Aquí está la compañera Rosario Murillo, copresidenta de la República. En verdad así es: ¡Es copresidenta de la República!”, enfatizó Ortega en su discurso transmitido en cadena nacional.

“En la Constitución tendremos que hacer algunas reformas”, anotó el mandatario sandinista.

Posteriormente ordenó al titular de la Asamblea Nacional (Parlamento), el sandinista Gustavo Porras, también presente en el acto, a “hacer algunas reformas (a la Constitución Política) para que quede establecido el principio de la copresidencia”.

Porras, quien forma parte del círculo del poder de Ortega y Murillo, no se refirió este viernes a esa propuesta en un programa de entrevistas en el Canal 4 de la televisión nicaragüense, en la que sí se comentó sobre una reforma constitucional que busca quitar la nacionalidad a los nicaragüenses que sean sentenciados por delitos considerados “traición a la patria”.

La Constitución Política de Nicaragua no establece la figura jurídica ni el rango de “Copresidenta de la República”, solo el de Vicepresidente de Nicaragua, cargo que ocupa Rosario Murillo desde enero de 2017.

Reacciones en redes sociales

Según usuarios de redes sociales, sería “gravísimo” reformar la Constitución para nombrar a la esposa del mandatario “co-presidenta” en virtud de vicepresidenta, con el mismo poder y autoridad que el gobernante.

Para la periodista nicaragüense exiliada Patricia Martínez, Ortega “juega” con Nicaragua “a su gusto y antojo” y por eso quiere nombrar “copresidenta” a su esposa.

La Constitución Política establece en su artículo 144 que el Poder Ejecutivo lo ejerce el presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de Gobierno y jefe supremo del Ejército de Nicaragua.

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Y en su artículo 145 indica que el vicepresidente de la República desempeña las funciones que le señale la Constitución y las que le delegue el Presidente directamente o a través de la ley.

Asimismo, que sustituirá en el cargo al Presidente en casos de falta temporal o definitiva. EFE

Entre los sancionados figuran el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo; el superintendente de Bancos e Instituciones financieras, Luis Angel Montenegro Espinoza; y el viceministro de Finanzas y Crédito Público, Adrián Chavarría Montenegro.

Según la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, Andrea Gacki, el “régimen” de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, está usando “legislación e instituciones para detener a miembros de la oposición política y privar a los nicaragüenses del derecho a votar”.

Los funcionarios designados son “socios clave en las políticas antidemocráticas” de Ortega, indicó el Tesoro.

Asimismo, el Tesoro considera que la oficina del Ministerio Público es “responsable o cómplice” de “acciones o políticas” encaminadas a “socavar los procesos o instituciones democráticos en Nicaragua”.

También son sancionados los alcaldes de las ciudades de Jinotega, Esteli y Matagalpa, así como el presidente del Instituto de Energía de Nicaragua, José Antonio Castañeda Méndez.

Como consecuencia de la designación del Tesoro, quedan congelados los activos que estas entidades y empresas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se les prohíbe hacer transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses.

Estados Unidos ya había impuesto previamente sanciones a numerosos miembros del círculo cercano de Ortega, entre ellos a varios de sus hijos.

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, se impuso en los comicios del pasado 7 de noviembre, en ausencia de oposición, después de que en los últimos meses fueran arrestados siete aspirantes a la Presidencia que se perfilaban como sus principales contendientes y tras la disolución de tres partidos políticos.

Ortega, que volvió al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez Nicaragua de 1985 a 1990, se encamina ahora así hacia su quinto mandato en medio del desconocimiento del proceso por parte de la mayoría de la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y la UE.

La reelección del presidente Daniel Ortega para un cuarto mandato consecutivo en Nicaragua fue rechazada por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos, pero aplaudida por los aliados del exguerrillero sandinista.

Apenas cerradas las urnas el domingo recién pasado, Estados Unidos tildó los comicios de “farsa” y condenó, al igual que la Unión Europea, los resultados de la votación por falta de garantías para la oposición.

Mientras que Rusia indicó que la votación -favorable en 75% a Ortega-, se dio “en el respeto de la ley”, y Venezuela llamó a “rechazar la injerencia de Washington en América Latina”.

Principales reacciones de los países a las elecciones:

EE. UU.: “Elección de pantomima”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, denunció en un comunicado “una elección de pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática”.

El gobierno de Ortega “amañó el resultado mucho antes del día de las elecciones” al encarcelar a 39 figuras de la oposición, incluidos siete aspirantes a candidatos presidenciales, y “bloquear partidos políticos”, dijo el texto difundido por la Casa Blanca, que amenazó con imponer nuevas sanciones al gobierno nicaragüense.

UE: “Régimen autocrático”

La Unión Europea (UE) denunció que las elecciones “se llevaron a cabo sin garantías democráticas” y consideró que “sus resultados carecen de legitimidad”.

Los comicios “completan la conversión de Nicaragua en un régimen autocrático”, señaló el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, en nombre de los 27 países del bloque.

España: “Burla”

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, declaró a periodistas que las elecciones “han sido una burla, una burla al pueblo de Nicaragua, una burla a la comunidad internacional y sobre todo una burla a la democracia”.

 Colombia: “Fraude anunciado”

Colombia, que mantiene un pleito limítrofe en el Caribe con Nicaragua, desconoció el resultado de los comicios. “No fueron unas elecciones libres (y) esto no nos tiene que sorprender, porque esto era crónica de un fraude anunciado”, dijo el mandatario Iván Duque en una declaración a medios.

Chile: “Violaciones a los DDHH”

La cancillería chilena estimó en un comunicado que el acto electoral en Nicaragua “careció de todas las condiciones para ser estimado válido y transparente”, debido a que “la jornada se realizó en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos”, incluyendo represión de la oposición y “ausencia de observadores internacionales”.

Uruguay: “Comicios ilegítimos”

En una nota la cancillería de Uruguay afirmó que los comicios nicaragüenses “carecen de legitimidad, al no haberse enmarcado en estándares internacionalmente reconocidos (…), ni contar con las debidas garantías para la participación de todos los actores políticos”.

Aplauden reelección

Rusia: “Respeto de la ley”

En contraposición, Rusia consideró que la votación se dio “en el respeto de la ley”, según indicó en rueda de prensa su ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov.

El canciller incluso condenó y consideró “lamentable” la decisión de la Casa Blanca de desconocer el sufragio. “Las elecciones se produjeron de forma ordenada, en pleno respeto de la legislación nicaragüense”.

Apenas cerradas las urnas el domingo recién pasado, Estados Unidos tildó los comicios de “farsa” y condenó, al igual que la Unión Europea, los resultados de la votación por falta de garantías para la oposición.

Venezuela: contra “injerencia” de EE. UU.

Caracas, fuerte aliado de Managua, desestimó las críticas hacia un “proceso electoral tranquilo” y en cambio instó a “rechazar la injerencia de Washington en América Latina”.

“¿Debemos rechazar un proceso electoral tranquilo, en paz (…) que ratifica a un gobierno con un proyecto político que ha garantizado felicidad, alegría, éxito, tranquilidad, progreso, estabilidad a su pueblo? No”, aseguró el canciller Félix Plascencia, quien habló en la misma conferencia de prensa que Lavrov.

Cuba: “Cruel campaña”

Otro firme aliado del gobierno nicaragüense, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó en Twitter “al hermano pueblo de #Nicaragua, a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, por el resultado de las elecciones de este domingo, que fueron una demostración de soberanía y civismo ante la cruel campaña mediática que sufren”.

Bolivia: democracia fortalecida

En Bolivia, el gobierno del mandatario izquierdista Luis Arce “saludó” también el resultado de los comicios. “Estamos seguros de que con la participación mayoritaria y el respeto del voto popular se fortalece la democracia, como ejercicio pleno de la soberanía del pueblo”, dijo la cancillería en un boletín.

Se trata de su esposa Rosario Murillo, quien será vicepresidenta por segunda ocasión y que en los últimos años vio aumentada su influencia en el gobierno hasta el punto de que muchos dudan de si es ella realmente la que toma las decisiones más cruciales.

El propio Ortega no escatima a la hora de reconocer su importancia. “Aquí tenemos dos presidentes porque respetamos el principio de 50-50, aquí tenemos una copresidencia con la compañera Rosario”, dijo a finales de octubre pese a que dicho cargo no existe en Nicaragua.

Siempre junto a él en sus discursos y apariciones públicas, Murillo se ha convertido en una figura tan poderosa como polémica, especialmente a raíz de su papel durante las protestas ciudadanas de 2018.

Con 70 años, Murillo es una mujer menuda fácilmente reconocible por su ropa de colores chillones, sus anillos y pulseras que suelen ir combinados con mensajes relacionados con “el amor” y la paz.

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Compañera incondicional de Ortega durante décadas, “la Chayo” -como popularmente se la conoce- es mucho más que su asesora: es un elemento fundamental en la toma de decisiones de Nicaragua.

Y así lo seguirá siendo, al menos, durante los próximos cinco años.

El tándem Ortega-Murillo

Pero el hecho de que haya pocas decisiones importantes que se tomen sin la aprobación de Murillo no quiere decir que Ortega le haya cedido el poder sino que, de algún modo, complementan sus funciones en un tándem casi perfecto.

“La parte estratégica de la conducción del gobierno la lleva Ortega, mientras que la aplicación cotidiana y práctica de esas decisiones estratégicas las lleva Rosario. Ortega siempre ha tenido esa posición definida en cuanto a lo estratégico y lo práctico”, le dice a BBC Mundo el historiador sandinista Aldo Díaz Lacayo.

Según Fabián Medina, autor de la biografía no autorizada de Ortega “El preso 198”, Murillo es como la mano ejecutiva de un binomio que se complementa a la perfección.

“Murillo es más extrovertida, más impetuosa, más colérica e impulsiva. Ortega es más retirado e introvertido”, dice el periodista nicaragüense.

“Pero ella es diferente. No le gusta que le contradigan, toma sus decisiones y es vengativa, rencorosa y muy enérgica, trabaja todo el tiempo”.

Por eso, una de las preguntas en el aire es saber si Murillo acabará siendo la sucesora natural de Ortega al frente del gobierno, tal y como podría esperarse.

Sin embargo, la actual vicepresidenta no goza de los mismos apoyos que su marido.

Según Medina, “Murillo genera muchos anticuerpos dentro de la vieja guardia del Frente Sandinista, que podría sufrir una especie de guerra interna” si fuera nombrada como candidata a presidenta, “lo que es una aspiración aparente de ella”.

Pero según analistas, el mayor freno a sus intenciones presidenciales llegó en abril de 2018, cuando varias fuentes la señalaron como la persona que dirigió la represión contra las protestas ciudadanas que dejaron más de 300 muertos y por las que Estados Unidos le impuso sanciones.

En mayo de aquel año, Murillo acudió con Ortega a un tenso encuentro con grupos de la oposición como parte del diálogo nacional organizado para tratar de salir de la crisis.

“Nosotros fuimos a ese teatro llamado diálogo nacional. No sé cómo (Ortega) lo hizo. Yo realmente quería salir (…). En medio de las más duras circunstancias él tiene esta paciencia, esta serenidad, esta prudencia (que) yo no tengo. Tengo que confesarlo (…). No soy paciente”, dijo un año después en entrevista con el portal estadounidense The Grayzone.

Entre la poesía y el poder

Ortega y Murillo se conocieron a finales de los años 70, cuando él se había autoexiliado en Costa Rica por su participación en el movimiento sandinista que en julio de 1979 sacó a la dinastía de los Somoza del poder tras una guerra civil de dos años.

Ya luego, como líder de la junta de lo que se denominó como “Gobierno de reconstrucción nacional”, Ortega comenzó una serie de giras internacionales en búsqueda de apoyo externo a la joven revolución nicaragüense.

Y Murillo siempre estaba a su lado. Muchos años después, en 2005, se casaron por la iglesia.

Pero “la Chayo” era y es mucho más que una primera dama. De hecho, nunca le gustó el apelativo.

Tenía a su favor ser hija de Zoilamérica Zambrana Sandino, sobrinanieta de Augusto Sandino, el héroe nacional de Nicaragua e inspirador del movimiento revolucionario sandinista.

Por esa época se perfilaba como poetisa y una de las principales representantes femeninas de las letras nicaragüenses. Según ella misma contó, comenzó a escribir como una necesidad de expresión, tras la muerte de su primer hijo en un terremoto en 1973.

Durante la primera presidencia de Ortega, entre 1985 y 1990, Murillo aprovechó su posición para que la cultura tuviera un espacio trascendental en el plan de gobierno de Ortega.

Sin embargo, su influencia no era entonces ni remotamente parecida a la de ahora.

“En los años 80 estuvo bastante ignorada. Fue una figura menor y Ortega no la tomaba mucho en cuenta”, asegura Fabián Medina.

Durante la campaña por la reelección en 1990, de hecho, los asesores le recomendaron al mandatario mantener a su mujer con un bajo perfil por su imagen extravagante.

Finalmente el Frente Sandinista de Liberación Nacional no salió reelegido ni Murillo logró un puesto en la Asamblea Nacional. Se avecinaba una década desde la vereda de la oposición.

Las acusaciones de violación

Para Medina, hay tres eventos que marcan “el acercamiento o control” que tomó Murillo sobre Ortega.

El primero fue esa derrota electoral de 1990. Murillo le dijo con antelación que perdería la elección y que personas cercanas a él como Sergio Ramírez o Carlos Fernando Chamorro “le acabarían traicionando”.

El segundo fue cuando, tras detectarle en 1994 que había sufrido dos infartos silenciosos, Murillo toma el control de su medicación y su dieta. “Ella es más tirada a la cuestión vegetariana, mientras que Ortega es más de comida desordenada y grasosa”, cuenta Medina.

Pero el evento clave para estrechar la relación de ambos ocurrió en 1998, cuando Zoilamérica Narváez, hija de Murillo de otra relación anterior a Ortega, acusó a su padrastro de haberla violado en repetidas ocasiones.

“Les digo con toda franqueza, me ha avergonzado terriblemente que a una persona con un currículo intachable se le pretendiera destruir; y (que) fuese mi propia hija la que por esa obsesión y ese enamoramiento enfermizo con el poder quisiera destruirla cuando no vio satisfecha su ambición”, aseguró Murillo tras el escándalo, desestimando completamente la acusación de su propia hija.

A pesar de que el tema se judicializó, no prosperó ya que la jueza a cargo lo desestimó porque el delito estaba prescrito y Ortega gozaba de inmunidad como expresidente.

“Con la denuncia por violación de Zoilamérica, Rosario interviene respaldando a Ortega, lo que le da un enorme poder frente a Daniel, además de una gran cuenta por cobrar. Es una factura carísima para Ortega”, aseguró hace unos años Dora María Téllez, conocida comandante de la revolución sandinista y después opositora a Ortega que fue arrestada semanas antes de estas elecciones de 2021.

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La segunda etapa

A partir del segundo mandato presidencial de Ortega que se inició en 2007, su mujer se renovó políticamente y pasó a transformarse en la voz y rostro del gobierno de Ortega.

Como líder del Consejo de Comunicación y Poder Ciudadano, quiso darle otra cara a la imagen de Nicaragua y rediseñó las imágenes oficiales, desde los colores de las flores de los actos públicos hasta el escudo nacional, con colores vivos tras su acercamiento a una filosofía New Age.

Incluso instaló en la principal avenida de Managua una serie de “árboles de la vida” para transmitir buena energía.

“Toda Nicaragua tiene el sello de Murillo con esos colores un poco psicodélicos, con símbolos esotéricos por todos lados”, dice Medina.

“Eso es parte de la tradición sandinista, es herencia directa del general Sandino quien le daba mucho peso a la espiritualidad, demasiado peso, creo yo”, opina el el historiador sandinista Aldo Díaz Lacayo restándole importancia.

Cada mediodía, Murillo ofrece discursos diarios a través de medios oficialistas en los que es presentada como la “compañera”.

Sus intervenciones son bastante eclécticas: lo mismo puede hacer público un informe sobre el clima que increpar a ministros y autoridades públicas.

En lo que coinciden tanto seguidores como críticos es que Murillo es el rostro y la voz del gobierno de su marido, labor a la que dedica un sinfín de horas.

“Lo más importante de Rosario es su calidad de organizadora, de trabajadora incansable, no se puede negar que Rosario trabaja 24 horas al día”, analiza Díaz Lacayo.

Su primera vicepresidencia

El premio a esa dedicación llegó en la campaña de 2016, cuando Murillo fue presentada como candidata a vicepresidenta. Ello le valió denuncias de la oposición, que tacharon la maniobra de nepotismo.

En sus cinco años en el cargo enfrentó duras críticas. En 2018, EE.UU. impuso sanciones contra ella acusándola de corrupción y graves abusos contra los derechos humanos por su rol durante las protestas ciudadanas. El gobierno nicaragüense rechazó las acusaciones al considerarlas “injerencias” externas.

Más recientemente, fue también muy cuestionada su postura al inicio de la pandemia. Pese a que ya se conocían las recomendaciones sanitarias internacionales de evitar multitudes, en Nicaragua se convocó una marcha ciudadana llamada “Amor en tiempos del covid-19”.

“Porque es el mundo entero el que está enfrentando la pandemia del covid-19, ‘Amor en tiempos del covid-19’, unidos en barrios, comarcas y comunidades para cuidarnos juntos”, dijo Murillo al anunciar la marcha.

Por su influencia cada vez mayor en el Ejecutivo, no sorprendió que Murillo se presentara de nuevo como candidata a vicepresidenta en estas elecciones.

Sin embargo, muchos en el país pensaron que quizá podría incluso dar el salto hasta la presidencia en estos comicios. Pero eso, de momento, tendrá que esperar.

El hecho ocurrió cuando una mujer ingresó al templo parroquial de San Diego de Alcalá, en el municipio de Altagracia, en la Isla de Ometepe, se acercó a la venerada imagen y con actitud de enojo y gritos tomó el Cristo que la imagen porta en su mano derecha y la clavó en la cabeza de la estatua, según el relato de la diócesis de Granada y Rivas (sureste).

Una feligrés presente en el templo, al ver lo sucedido, trató de detener a la mujer, pero no logró alcanzarla y huyó, de acuerdo con la información.

Inmediatamente el párroco José Ramón Gómez llegó al templo y dio aviso de lo ocurrido al obispo de la diócesis de Granada y Rivas, Jorge Solórzano.

La fuente explicó que la imagen del santo estaba expuesta este lunes al público por celebrarse en esa ciudad las denominadas “fiestas chiquitas” del pueblo.

“Condenamos este acto de irrespeto hacia nuestras imágenes y templos, y pedimos a todos nuestros fieles mantenernos en constante oración y vigilancia ante situaciones como éstas”, abogó la diócesis de Granada y Rivas.

La oenegé Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) asegura que la Iglesia Católica en Nicaragua ha sufrido 24 ataques en los últimos 20 meses, incluyendo el incendio que el viernes pasado quemó una histórica imagen de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua.

La denuncia del Cenidh, que responsabiliza al Gobierno, incluye el caso de una rusa que roció con ácido la cara de un sacerdote, el encierro de nueve días que aplicó la Policía a un padre en su parroquia tras cortar los servicios de agua y luz, la retención de un grupo de mujeres en la Catedral de Managua y la destrucción o robo de imágenes.

La relación entre el Gobierno que preside Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, con la Iglesia Católica, ha sido de desencuentros, desde el 10 de enero de 2007, cuando los sandinistas retornaron al poder.

Según las cifras oficiales, ningún país latinoamericano tiene menos casos de covid-19 que Nicaragua.

El país centroamericano había incluso mantenido la cifra de casos confirmados en dos dígitos -únicamente 25- hasta este martes, cuando el total subió repentinamente a 254, con 17 muertos.

Pero sigue siendo una estadística baja particularmente para un país donde el gobierno sigue sin ordenar mayores medidas de aislamiento e incluso promueve actividades masivas, como la ya célebre marcha “Amor en tiempos del covid-19”.

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¿Cómo se explica esta paradoja en un país que tiene además uno de los sistemas de salud peor financiados de toda América Latina?

¿Y qué hay detrás de los reportes de un dramático aumento en el número de nicaragüenses acudiendo a los hospitales con graves afecciones respiratorias o muriendo por “neumonías atípicas“, como pareció reconocer involuntariamente el propio presidente Daniel Ortega en su última comparecencia pública?

BBC Mundo se puso en contacto en diferentes oportunidades con el Ministerio de Salud de Nicaragua (Minsa) para solicitar una entrevista al respecto, pero no obtuvo respuesta.

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Así que para tratar de arrojar algo de luz al respecto recurrimos a uno de sus antiguos directores de vigilancia epidemiológica, el Dr. Álvaro Ramírez, quien ofreció una sencilla respuesta: que las cifras oficiales están muy lejos de la realidad.

Ramírez, quien tiene una maestría en epidemiología por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, reside actualmente en Irlanda pero se mantiene en estrecho contacto con sus colegas y se desempeña como asesor de epidemiología de la Asociación Médica Nicaragüense.

“Tengo semanas viviendo en horario nicaragüense”, le dice a BBC Mundo, para luego advertir que la inacción del gobierno que preside Daniel Ortega podría tener consecuencias catastróficas para el segundo país más pobre de América Latina.

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A continuación, un extracto de la conversación con el epidemiólogo nicaragüense.

Si Nicaragua ha estado en las noticias ha sido porque el gobierno no ha ordenado ninguna medida de aislamiento para frenar la pandemia. Y sin embargo las cifras oficiales reportan poquísimos casos, el menor número en toda América Latina. ¿Cómo se explica?

El problema con las estadísticas del MINSA tiene que ver con su definición de caso, que inicialmente era “paciente proveniente del extranjero, o con contacto con personas provenientes del extranjero, que presenta síntomas severos de coronavirus”.

Por lo tanto, si el paciente no tenía contacto con el extranjero, no se les hacía el test (para confirmar o descartar la presencia del coronavirus). Esa política se mantuvo durante los primeros meses e incluso ahorita, en mayo.

Y los números reflejan esa definición de caso. De hecho, a mucha gente que estaba con síntomas, pero no había estado en el extranjero, se les ponía en cuarentena y se les trataba como sospechosos, pero no se los incluía en los datos.

¿A usted le parece un protocolo adecuado?

No. Nosotros hemos enfrentado epidemias en Nicaragua antes, y en el caso del dengue, por ejemplo, definimos como caso sospechoso a cualquier persona que tuviese fiebre.

Y hacíamos los tests, independientemente de si había otras posibles razones para la fiebre, para confirmar o no dengue. Cuando el cólera entró a Nicaragua en los años 90, nosotros definimos que cualquier proceso diarreico profuso podía ser sospechoso de cólera mientras no se demostrara lo contrario.

Entonces empezamos a hacer muestreos por todo el país para identificar si había circulación de cólera o no. Pero en esta epidemia el gobierno decidió hacerle la prueba solamente a la gente que reuniera ese criterio.

El último reporte del MINSA sugiere sin embargo que eso podría estar cambiando…

Sí, en su último comunicado ya incluyen “casos confirmados y probables de covid”. Eso es lo que dicen. Es decir, a decidieron incluir no solo a los que tengan tests, sino los que tienen la sintomatología, los que son clínicamente probables de covid.

¿Cómo explica usted ese cambio?

Primero, por la realidad y el nivel de presión social que existe.

Segundo, porque se dieron cuenta que su manejo ya estaba afectando el comercio internacional (con el cierre de la frontera con Costa Rica).

Y tercero, que como la tasa de letalidad estaba en 32%, la más alta del mundo, necesitaban bajarla. Y la única forma es a costa de un incremento exponencial del número de casos.

Al momento ellos doblan el número de muertos a 17; es decir, reconocen un crecimiento de la mortalidad del 112%, pero hay un crecimiento de la casuística de un 916%.

¿Le parecen creíbles las nuevas cifras?

No, no son creíbles. Esas cifras solo son la punta del iceberg, para tratar de reducir la tasa de mortalidad del 32% al 6,7% y salir así del listado de la tasa de letalidad más alta del mundo.

Se dieron cuenta del error matemático que estaban cometiendo. Pero los datos publicados son otra parte de la manipulación, porque solo ese número -los 229 casos nuevos que reportan, que se suman a los 25 que reconocían antes para llegar a – son los que ahorita están hospitalizados en el Hospital Alemán, para decirte algo.

Lo importante, sí, es que con este último comunicado el MINSA confirma el crecimiento exponencial (de los casos de covid-19 en Nicaragua). Porque eso es lo que se llama crecimiento exponencial: pasar de golpe de números pequeños a números cien o mil veces más.

Con esta última declaración, el MINSA está conociendo que hay crecimiento exponencial del coronavirus en Nicaragua, aunque sea con datos maquillados. Y si hay crecimiento a ese nivel eso debería obligar a las autoridades a mantener una comunicación constante, a informes diarios.

Los reportes no deberían ser semanales, porque el crecimiento es alarmante: 916% en una semana. Y si el gobierno no reacciona y deja que el crecimiento sea exponencial, ¿qué va a pasar en el país? Pues que la mortalidad va a aumentar.

Todos los gobiernos del mundo han reaccionado, pero en Nicaragua hay numerosas actividades convocadas por el gobierno, el (campeonato de) béisbol no se ha suspendido…

El gobierno debería parar todo ese tipo de actividades de aglomeración y decretar el estado de emergencia, pero ya confirmaron que no lo van a hacer.

¿Cuál puede ser la razón?

Esa es la pregunta del millón, la pregunta que todo el mundo se hace: por qué el gobierno decidió ocultar la realidad. Porque ha habido un proceso de negación absoluta.

Por un lado, el gobierno nicaragüense asume que ellos tienen el mejor sistema de salud del mundo y apostaron a una política de prevención que fue útil en los 80 y 90 de visitas domiciliares para disminuir el efecto de la pandemia.

Y creo que también asumieron que la pandemia no iba a entrar a Nicaragua.

Pero la decisión también se puede explicar por una serie de intereses políticos, económicos y familiares, muy vinculados a los conflictos internos generados luego de las protestas de abril de 2018.

Para empezar, el gobierno podría estar queriendo utilizar la pandemia para negociar el levantamiento de las sanciones a la familia de (el presidente) Ortega y funcionarios de gobierno.

Y también parece esperar que a raíz de la crisis creada por la pandemia entren fondos internacionales para tratar de rehabilitar la economía.

Pero además, tampoco le conviene paralizar la economía ni declarar el estado de emergencia, porque esto le generaría importantes costos financieros. Y sin ayuda internacional, ¿de dónde van a sacar el dinero? Se lo tendrían que reducir a la policía, el ejército y los paramilitares que los sostienen. Y eso no lo van a hacer.

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Lo que yo más creo, si, es que el gobierno se está manejando con base en creencias anacrónicas.

La vicepresidenta (Rosario Murillo, quien también es la esposa de Ortega) es de las personas que creen en espiritualidades y en comunicación con los espíritus, y cree que Nicaragua va a estar protegida del coronavirus porque ella habla con Rubén Darío, con Sandino, con Hugo Chávez y otra gente que le recomienda qué hacer.

Yo conozco a muchos de los profesionales que están al frente del MINSA y cuando trabajábamos juntos seguíamos un método científico, pero en Nicaragua no se ha seguido un método científico de abordaje a la pandemia.

Todo está basado en las decisiones de la vicepresidenta, la verdad proviene de la pareja presidencial.

¿Significa eso que los profesionales del sistema público de salud de Nicaragua están dejando de hacer lo que saben que tendrían que hacer?

Lo que pasa es que cualquier técnico que diga lo contrario a lo que quiere la pareja presidencial es despedido o sancionado.

Por eso fue que suspendieron a la ministra Carolina Dávila. Ella iba a decir los números reales, que en ese momento eran 15, y no quería limitarse a repetir el comunicado que venía de la presidencia.

Eso generó una crisis con la OPS y ella fue suspendida de inmediato.

Pero si el gobierno realmente quiere utilizar la crisis para que le levanten las sanciones, ¿por qué minimizar la gravedad de la situación? Lo lógico sería hacer lo contrario.

Porque es el argumento que necesitan para rechazar todas las medidas recomendadas por la OMS y así agravar la crisis sanitaria.

Ahora, también hay otra hipótesis, que es que estén buscando la inmunidad de rebaño, como en Suecia.

Esa es otra posible explicación, porque si no te preocupás por identificar por dónde anda circulando el virus, por hacer los controles epidemiológicos, y más bien promovés la propagación del virus manteniendo las escuelas abiertas, manteniendo actividades culturales y deportivas, organizando manifestaciones políticas y promoviendo el turismo, la lógica puede ser acelerar el proceso de inmunidad de rebaño: lograr que el 60%, 70%, 80% de la población nicaragüense se infecte rápidamente para que el impacto también sea rápido y no se mire mucho en el tiempo.

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El riesgo de eso es que nosotros no tenemos ni el sistema de salud de Suecia ni el nivel educativo de la población sueca para tomar medidas preventivas apropiadamente.

Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que dado que el sistema no tiene capacidad y no se hacen prevenciones, la tasa de letalidad nuestra puede ser extremadamente alta, de entre el 30% y el 50%.

¿Y qué evidencia hay para afirmar que la situación es mucho más grave que lo que dicen las cifras oficiales?

Que los hospitales están llenos. Todos los hospitales de Managua ya están llenos con sospechosos de covid.

Y ya están abriendo las casas de campaña en el Hospital Militar y habilitando otras áreas, también en el (hospital) Vivian Pellas, para que ahí estén los respiratorios y que no entren al hospital.

También están los entierros exprés, los entierros en horas de la noche. Y en sus últimos comunicados el gobierno ya admite que hay “casos en brotes”. Esos “casos en brotes” ya es transmisión comunitaria y eso es lo que provoca el ascenso exponencial de la epidemia.

Más evidencias de los entierros nocturnos en Nicaragua pic.twitter.com/6OpxRLDkni

— Ismael López (@lopezismael) May 11, 2020

¿Qué presupone eso para un país con un sistema de salud como el de Nicaragua?

El Imperial College de Londres ya estimó que si se contagia el 79% de la población, que serían unos 5 millones de afectados, con un 15% de letalidad estaríamos hablando de 20.000 muertos.

Eso es si la tasa de letalidad se mantiene en el 15%. Pero, ¿y si colapsa el sistema de salud? Ahí la cosa sería incluso peor que en Guayaquil, porque el problema de Nicaragua es que el colapso del sistema sería a nivel nacional, porque los brotes se van a presentar simultáneamente en todo el territorio nacional como resultado de la estrategia que se está siguiendo.

En estos momentos Managua, Chinandega y Masaya son los lugares con mayor número de pacientes, pero hay en todo el territorio.

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¿Se está a tiempo de evitar una gran mortandad o ya es demasiado tarde?

Yo creo que ya está llegando a ser bastante tarde, porque los casos que estamos viendo ahora son gente que se contaminó hace cuatro a seis semanas.

Estamos hablando de gente que se contagió a principios de abril o en marzo, porque eso es lo que tarda un paciente en llegar al hospital: primero está el período de incubación, luego vienen los primeros síntomas, los síntomas más severos y luego la necesidad de hospitalización.

Pero toda la propagación que ha habido en esta semana, toda la propagación que ha habido con los nuevos muertos, es una propagación que va a producir casos dentro de cuatro a seis semanas.

Y luego está el problema de que es el inicio de la estación lluviosa que en Nicaragua incremente el riesgo de enfermedades respiratorias, diarreicas, de la malaria, el dengue y todas las enfermedades endémicas que se incrementan naturalmente a partir del mes de mayo.

¿Hay forma de tener una mejor idea del número real de casos y muertes?

Se han creado mecanismos alternativos y hay reportes como el del Observatorio Ciudadano que hablan de que al 9 de mayo ya había más de 1.000 casos sospechosos y más de cien muertos.

No son datos oficiales, sino que es lo reportado por informantes en las diferentes comunidades. Pero de acuerdo a los datos de crecimiento epidemiológico podría estar bastante acercado a la realidad.

Y podríamos esperar que si en la semana del 9 de mayo se produjeron 100 muertes, en esta semana se van a producir unas 300, 400 muertes.

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¿Qué le dicen sus colegas en Nicaragua?

Están aterrorizados. La gente dice que nunca ha visto algo como esto.

En Nicaragua ha habido dos grandes fenómenos que han dejado muchos muertos. El primero es el terremoto del 23 de diciembre de 1972, donde murieron 10.000 personas, y el otro es la guerra de los 80, que se estima dejó 50.000 muertos.

En esa guerra yo participé, yo era el jefe de servicios médicos del ejército, pero ahí no se miraban los muertos en las ciudades. Y la diferencia entre los muertos de los 80 y los muertos de esta epidemia es que estos muertos se van a ver en las ciudades, como pasó en Guayaquil, como está pasando en Brasil y pasó en Italia o en Madrid.

Pero si la cosa está tan mala como la pintan los críticos del gobierno, ¿por qué no se han visto todos esos muertos?

Es una cuestión del tiempo, porque las mentiras tienen patas cortas. Porque el gobierno de Nicaragua está tratando de esconder los muertos, por eso se están haciendo entierros exprés, a medianoche, ahorita que tienen la capacidad de hacerlo.

Pero cuando los casos sigan aumentando y los muertos sigan aumentando se les va a hacer más difícil. Además la mayoría de los primeros casos también han sido entre gente cercana al gobierno: los que andaban en las manifestaciones, militantes del partido, etc., y eso les ha permitido coaccionar y obligar a la gente a que no divulgue el caso y los entierren en silencio.

Pero en la medida en que esta epidemia empiece a afectar a gente que no es adepta al gobierno, esta gente va a desenmascarar las mentiras del gobierno.

¿Entonces qué cabe esperar?

La epidemia va a empezar a llegar a sus máximos aproximadamente a mediados de junio, y cuidado se prolonga en crecimiento porque el gobierno sigue promoviendo actividades.

Pero en junio va a haber un nivel de resentimiento social, e incluso de pérdida de apoyo entre los simpatizantes del gobierno, que va a complicar la estabilidad política del país.

Ahorita estamos viendo las repercusiones de las acciones no tomadas en abril y marzo. Pero la repercusión de lo que no se está haciendo ahora todavía está por verse.

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Por Irving Escobar

Guatemala fue uno de los ocho países que se abstuvieron de votar, así como El Salvador, San Cristóbal, Surinam, Belice, Trinidad y Tobago, Haití y Barbados.

El 15 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores divulgó una declaración en la que “condena enérgicamente la situación en Nicaragua y la represión contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, por lo que insta al diálogo y  a la solución pacífica de controversias, basados en los principios de la consolidación de la democracia, paz, libertad y no intervención”.

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“El Gobierno de Guatemala continuará dando seguimiento a la situación en ese hermano país y manifiesta su compromiso de apoyar cualquier solución pacífica a la crisis”, finaliza aquella declaración.

COMUNICADO OFICIAL: El Gobierno de Guatemala, a través del @MinexGt condena enérgicamente la situación en Nicaragua y la represión contra los estudiantes y miembros de la sociedad civil. Lea la nota completa https://t.co/8MUCuOgLxF pic.twitter.com/YEF6fFulZd

— MINEX Guatemala (@MinexGt) July 16, 2018

Analistas políticos criticaron la postura de Guatemala porque fue tardía ante la ola de represión desatada contra la sociedad nicaragüense. Además, el embajador en Managua, Jaime Regalado, no fue llamado a consultas en Guatemala.

La formación de “grupo de trabajo” recibió el aval de 20 de los 34 países que son miembros activos de la OEA, lo que muestra una seria preocupación del continente americano sobre Nicaragua.

La votación se celebró durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en Washington, donde solo cuatro Estados miembros votaron en contra, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y San Vicente y las Granadinas.

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Para superar la barrera de los 18 votos necesarios para la resolución, los ocho impulsores de la medida (EE.UU., Canadá, México, Colombia, Chile, Perú, Brasil y Argentina) tuvieron que introducir cambios en su propuesta original, que sugería la creación de una “comisión especial” y no de “un grupo de trabajo”.

El texto establece que el objetivo del grupo será “contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua“, y añade que eso se hará “incluso por medio de consultas con el Gobierno de Nicaragua”, una frase que no había sido incluida en la propuesta original.

No obstante, el ministro nicaragüense de Asuntos Exteriores, Denis Moncada, expresó su oposición a la que sería una de las mayores competencia de ese “grupo de trabajo”: designar una misión que visite el país, para lo que siempre es necesario el consentimiento del Ejecutivo correspondiente.

“El Gobierno de Nicaragua no va a permitir que llegue a nuestro país, a nuestro territorio, ningún grupo de trabajo creado por el Consejo Permanente” de la OEA, dijo Moncada en declaraciones a la prensa.

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Otra de las misiones más importantes del grupo será respaldar el diálogo nacional en Nicaragua, que comenzó en mayo con la mediación de la Iglesia Católica y que se encuentra estancado debido al rechazo del Gobierno a adelantar las elecciones fijadas para 2021, principal reclamo de la oposición.

En concreto, apunta la resolución, el “grupo de trabajo” dará su apoyo al diálogo con “medidas de apoyo, acompañamiento y verificación”, en coordinación con los esfuerzos en curso de la OEA, así como del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), organismo que se baraja como nuevo garante del diálogo.

Además, el grupo entregará mensualmente al Consejo Permanente un informe sobre “sus gestiones y progresos”.

La creación de ese grupo supone un paso “innovador” en la historia del organismo, destacaron los embajadores ante la OEA de México, Jorge Lomonaco, y de Colombia, Andrés González Díaz.

“Es la primera vez que se crea un órgano subsidiario del Consejo Permanente con estas características para una situación como Nicaragua, es un mecanismo innovador”, indicó a la prensa Lomonaco, quien consideró que el “grupo de trabajo” reforzará la relevancia de la OEA en la crisis en Nicaragua.

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Por su parte, González Díaz subrayó la importancia de haber creado un “instrumento” para dar seguimiento a la crisis, más allá de las palabras puestas en las resoluciones ya aprobadas.

“Las declaraciones son importantes, pero no son suficientes, por eso en ese momento se crea un grupo de trabajo que tiene la característica de la eficiencia y la característica de poder responder a la velocidad en la que se presenten los acontecimientos”, defendió.

Los integrantes del “grupo de trabajo” serán designados como tarde el 10 de agosto.

Estará compuesto por un mínimo de cinco miembros que representan a cada uno de los grupos regionales en la OEA: el Sica, la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), la Comunidad del Caribe (Caricom), así como Estados Unidos y Canadá, países que cada uno se considera como una región propia.

A esos cinco, se sumará un número indeterminado de naciones que el 18 de julio votaron a favor de otra resolución para condenar la violencia en Nicaragua.

En una nota oficial, la Casa Blanca aseguró que Ortega y Murillo “son responsables en última instancia por los grupos parapoliciales favorables al gobierno que han brutalizado a su propio pueblo”.

Las protestas en Nicaragua se iniciaron el 18 de abril contra una reforma del seguro social, pero derivaron en masivas protestas que fueron respondidas por fuerte represión y motivaron pedidos de renuncia de Ortega.

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La iglesia católica nicaragüense intenta una mediación del diálogo entre gobierno y oposición.

En el documento divulgado este lunes, la Casa Blanca pasó revista a las medidas adoptadas a este respecto, en especial la sanción a tres funcionarios nicaragüenses, paso que consideró “el inicio, no el fin, de potenciales sanciones”.

Además, Washington revocó o restringió el otorgamiento de visas a funcionarios nicaragüenses que hayan tenido cualquier relación con represión a protestas o actos de violencia.

Según la nota, la Casa Blanca tramitó la devolución de automóviles que habían sido donados a la Policía Nacional de Nicaragua y que habrían sido utilizados en la represión, y además ha bloqueado nuevas donaciones de equipos a las fuerzas de seguridad.

Presión en aumento

El pasado martes, el vicepresidente Mike Pence ya había exigido a Ortega el fin de la violencia en Nicaragua, que consideró “patrocinada por el Estado”.

En un mensaje publicado en la red Twitter, Pence también pidió que se anticipen las elecciones presidenciales previstas para 2021 en Nicaragua.

Más tarde, durante una ceremonia sobre libertad religiosa que se realizó en el Departamento de Estado, Pence aseguró que en Nicaragua el gobierno “está virtualmente en guerra con la iglesia católica” y personas “armadas con machetes (…) han atacado templos y propiedades de la iglesia”.

Sin embargo, Ortega ofreció en la semana una entrevista al canal de TV estadounidense FoxNews en la que descartó renunciar a la presidencia.

“Inestabilidad, inseguridad…”

De acuerdo con Ortega, “adelantar las elecciones crearía inestabilidad, inseguridad y empeoraría las cosas”.

En esa entrevista Ortega también buscó reducir el tono de enfrentamiento con la iglesia católica, y negó que hombres armados relacionados con el gobierno hayan matado a tiros a dos jóvenes refugiados en una iglesia.

La semana pasada, la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó una resolución en la que pide al gobierno la adopción de más sanciones contra funcionarios nicaragüenses.

El texto “pide a Estados Unidos que continúe condenando las atrocidades en Nicaragua, exija la liberación de los detenidos injustamente e identifique a aquellas personas cuya participación en esta violencia califica para la imposición de sanciones”.

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Esas sanciones, como las adoptadas el 5 de julio contra tres funcionarios, se apoyan en la llamada “ley Magnitsky”, aprobada por el Congreso estadounidense para sancionar funcionarios rusos por la muerte de Sergei Magnitsky en 2009.

Esa ley, sin embargo, pasó a ser utilizada por el gobierno para sancionar funcionarios extranjeros cuando considera que ha habido abusos o violaciones de los derechos humanos.

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