Con 105 votos, el Congreso de la República aprobó este miércoles 22 de marzo las reformas al Código Penal y a la Ley Contra el Crimen Organizado para aumentar las multas y penas de cárcel contra quienes roben energía eléctrica, agua o gas.

Mientras que diputados de oposición lo calificaron de una reforma de “represión”.

El Legislativo informó que para garantizar y proteger los servicios de utilidad para los guatemaltecos, como la energía eléctrica y el agua, los diputados aprobaron el Decreto 8-2023, que contiene las reformas.

Ahora se adiciona el artículo 249 BIS del Código Penal respecto del hurto de fluidos cometido por grupo delictivo organizado u organización criminal.

Añade que quien, formando parte de un grupo delictivo organizado u organización criminal, ilícitamente sustrajere, indujere o promoviere la sustracción o conexión ilegal de energía eléctrica, agua, gas será sancionado con prisión de cuatro a ocho años y multa de Q100 mil.

También se adicionó el articulo 249 Ter por el tema de hurto de energía eléctrica mediante conexiones ilegales.

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Esta reforma estable que quien sin estar debidamente autorizado como distribuidor final, efectuare cualquier manipulación no autorizada desde la red del distribuidor final hacia algún punto de suministro o bien se beneficiare de energía eléctrica a través de la manipulación ilegal, será sancionado con prisión de cinco a ocho años y multa de Q5 a Q10 mil.

Por el cobro ilegal de energía eléctrica quien cobre o recaude sumas de dinero derivado del suministro de energía eléctrica, sin estar autorizado por el distribuidor final y de cuya red provenga el suministro, será sancionado con prisión de cinco a ocho años y multa de Q10 mil a Q50 mil.

En el tema del robo de fluidos quien con violencia y de forma ilícita sustrajere energía eléctrica, agua o gas, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.

#CongresoGT | Con 105 votos se aprueban las reformas al Código Penal y a la Ley Contra el Crimen Organizado para aumentar las multas y penas de cárcel contra quienes roben energía eléctrica, agua o gas. Oposición la califica de una reforma de “represión”. @prensa_libre pic.twitter.com/zRMiBzMvKQ

— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) March 22, 2023

También se contempla que quien ponga en peligro la seguridad, impida o dificulte el funcionamiento de servicios de agua, energía eléctrica o cualquier otro destinado al público, será sancionado con prisión de tres a seis años, pero si la persona que comete el delito forma parte de un grupo delictivo, la pena a imponer será de seis a 12 años de cárcel.