Las supuestas agresiones contra su esposa habrían ocurrido el 31 de agosto de 2017, aunque ella presentó la denuncia en esa época, la Fiscalía resolvió que no hay delito por perseguir, pero el caso no fue archivado y la semana pasada fue reactivada la orden de detención.

Así mismo, varios jueces manifestaron que no se sienten seguros con su forma de trabajar y solicitaron su remoción.

La renuncia fue presentada este martes a las 15.10 horas, en ella argumentó motivos personales y solicitó que fuera de carácter inmediato.

La gerencia de recursos humanos procedió a darle el trámite de aceptación.

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Nester Vásquez, explicó que desconocía que él tenía una orden de detención y fue hasta hoy que se enteró.

Una de las objeciones más fuertes es su experiencia en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) y en la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE), estrechamente ligada al gobierno de Jimmy Morales.

Sindicalistas de ese organismo denunciaron que extrabajadores de la SAAS fueron contratados por Mota y hacen vigilancia de jueces y trabajadores administrativos.

También informaron que desde que Mota Bonilla asumió el sindicato recibió 25 denuncias de agentes que han sido afectados, algunos por traslados injustificados, otros obligados a renunciar y los nuevos agentes que visten de particular no portan identificación.

Estas fueron las declaraciones de Nester Vásquez:

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Según el sindicalista, ellos fueron contratados por Roberto Mota Bonilla, quien fue nombrado recientemente como jefe de Seguridad del Organismo Judicial.

Regnier señaló que los exagentes de SAAS se encuentran de particular tomando nota de todo lo que ocurre y que esa información es procesada en antiguos sistema de inteligencia militar.

“Por ello él los ha traído y hay convocatoria externa de 50 personas para que entren a trabajar como agentes de seguridad”, agrega.

También informó que desde que Mota Bonilla asumió el sindicato recibió 25 denuncias de agentes que han sido afectados, algunos por traslados injustificados, otros obligados a renunciar y los nuevos agentes que visten de particular no portan identificación.

Piden al presidente del Organismo Judicial, José Antonio Pineda Barales, que proceda de forma urgente a cancelar el nombramiento de Mota Bonilla.

Los agentes del Organismo Judicial controlan el ingreso de personas que acuden a los Tribunales. Algunos consultados prefieren no dar opinion sobre los supuestas personas de particular que denunció el sindicato y otros sí lo confirman, dicen que son jefes contratados hace poco. pic.twitter.com/eFAU8cklt3

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) February 19, 2019

Jueces dan a conocer inconvenientes

Recientemente, el Juez Miguel Ángel Gálvez reconoció que siente temor por su vida al trasladarse de su vivienda hacia la Torre de Tribunales, ya que el director de seguridad no ha resuelto sus peticiones de seguridad.

“Me siento inseguro, no tengo confianza, me siento vulnerable en mi seguridad. Solicité hablar con el nuevo director de seguridad para hacer las coordinaciones y a la fecha no he tenido alguna respuesta. Desde que asumió el nuevo director he querido comunicarme con él por las medidas cautelares que tengo, pero sin alguna respuesta”, dijo Gálvez.

En el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Erika Aifán, existe un inconveniente en relación con Mota Bonilla, porque este se negó a proporcionar una grabación de la audiencia donde se discutió la primera declaración de los implicados en el caso denominado Los Huistas. “Pedí el reporte de las cámaras de seguridad, pero -él- se negó”, recordó la jueza.

Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, recuerda que la falta de atención de Mota Bonilla hacia los jueces de Alto Impacto recae en la comunicación.

“Ahora hasta a los dos jóvenes que ingresaban a cada judicatura a lustrar los zapatos tienen vedado el ingreso. Me dijeron que si quiero lustrarme los zapatos tengo que salir a la calle”, mencionó el juzgador que condenó a 15 años y seis meses de prisión a la exvicepresidenta Roxana Baldetti en el caso Agua Mágica.

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