Integrantes de varias organizaciones ofrecieron una conferencia de prensa para mostrarle su apoyo al juez de Mayor Riesgo Miguel Ángel Gálvez, debido a que magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite el miércoles 15 de junio a la solicitud de retiro de inmunidad a solicitud de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) el pasado 11 de mayo.

La CSJ le dio trámite a la solicitud de antejuicio identificada con el numeral 111-2022 y señaló que “por mayoría se admite para trámite”, y se nombra juez pesquisidor a la vocal II de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Sonia Santizo.

La solicitud de antejuicio fue presentada, según un tuit de Ricardo Méndez Ruiz, director de la FCT, por el delito de “prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal Penal”.

Esto es por haber enviado a juicio a nueve exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), en el caso conocido como Diario Militar.

Miriam Nineth Ramírez Gálvez, de la Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), dijo que la conferencia de prensa fue para mostrar su apoyo y dar a conocer un comunicado de respaldo al juez Gálvez, por la persecución que hay contra su trabajo.

El comunicado menciona que el incremento de las amenazas a la integridad e independencia judicial contra el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, las cuales se intensificaron a partir del 6 de mayo de 2022, cuando resolvió enviar a debate oral y público a 9 exmilitares y policías acusados de desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad, violencia sexual y asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno, resolución dictada en el caso conocido como Diario Militar.

Añade que les causa profunda preocupación la admisión de la solicitud de antejuicio interpuesta “a través de una denuncia espuria, con intenciones claras de violentar la independencia judicial de juezas y jueces que conocen casos de alto impacto”.

Agrega el comunicado que dichas denuncias provienen de “actores con evidentes nexos con el pacto de corruptos y criminal, quienes pretenden obstaculizar el derecho al acceso de justicia de las víctimas, así como darle continuidad al debilitamiento del sistema judicial”.

“La indignación que nos generan las acciones ilegales y espurias, las cuales evidencian el continuo de la obstrucción de la justicia y el derecho a la verdad de miles de víctimas y sobrevivientes, quienes por más de tres décadas siguen esperando respuestas a sus demandas,  por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su contra por las fuerzas de seguridad del Estado que actuaron de manera clandestina e ilegal”, cita el comunicado.

Solidaridad

El documento también establece que son solidarios con las y los familiares de víctimas del Caso Diario Militar, y que esperan que sus demandas no se queden en un limbo legal por acciones que pretenden menospreciar su palabra, mantener la impunidad para que la historia no se conozca, ni se juzgue y continuar con las políticas de olvido.

Respaldo a jueces

La organizaciones también mencionan que respaldan a juezas, jueces y operadores de justicia que llevan a cabo su quehacer en un clima de amenazas, represión, cierre de espacios democráticos y de utilización de las instituciones para perseguir penalmente a quienes trabajan para que la impunidad y la corrupción no sean la norma en el país, como lo fue en los años más oscuros de la historia reciente guatemalteca.

Exhortaron a la comunidad internacional a que esté atenta al acontecer político y social de Guatemala para que los retrocesos en el ejercicio de los derechos humanos no lleguen a un punto de no retorno.

“Les pedimos que sigan acompañando a las víctimas del terrorismo de Estado en su anhelo y exigencia de que se respeten las garantías de no repetición para que ninguna persona viva el horror de la represión, nunca más”, se lee en el documento.

Instan a la población en general a que se informe responsablemente, observe, analice y proponga acciones en defensa del Estado de Derecho, donde la justicia se aplique de manera pronta, efectiva e imparcial, y no se vulneren los derechos humanos de y todos.

Situación preocupante

Héctor Reyes, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos  (CALDH), expresó que es preocupante la situación que viven no sólo los operadores de justicia sino también líderes y lideresas en el interior del país y señaló a la Fundación Contra el Terrorismo como uno de los promotores de estos procesos.

Recordó que activistas y defensores de derechos  humanos y líderes que están en los territorios también tienen denuncias espurias y hay una alta criminalización contra ellos, pero ahora se ha sumado la situación en el sistema de justicia.

Recalcó que los operadores de justicia probos están siendo perseguidos por la FCT, que es quien está articulando esa persecución penal con la complicidad de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, específicamente la CSJ, quien en lugar de declarar sin lugar las denuncias espurias, les dan trámite, nombra jueces o juezas pesquisidores, que según él, son parte de esa mismo sistema de impunidad judicial.

Quieren sacar a los jueces

Señaló que esas condiciones se dan para que sea declarada con lugar el antejuicio y que el juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar sea separado del cargo, tal y como ocurrió con el juez Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, quien está fura mientras soluciona su situación jurídica.

“Definitivamente lo que están buscando es separar a estos jueces y juezas independientes de su judicaturas, mientras resuelven su situación jurídica sabiendo que en Guatemala para resolver una situación de ese tipo, que es eminentemente política, tardarán mucho tiempo en resolverlo”, afirmó Reyes.

Comentó que es muy preocupante la situación que se está dando y mencionó que hay que observar todas y cada una de las instancias que se dan, pues hay que tomar en cuenta que la Corte de Constitucionalidad abiertamente responde a ciertos intereses.

“El camino es bastante delicado, porque no hay una salida jurídica a esos casos, simplemente van a haber resoluciones contrarias y eso va a dañar al sistema de justicia”, puntualizó Reyes.

Recordó que otros jueces como Erika Aifán y operadores de justicia como el exjede de la Fiscalía contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval, se han ido al exilio por la persecución política y jurídica promovida por organizaciones y fundaciones como la Fundación contra el Terrorismo.

“Estamos ante una dictadura… ya estamos frente a una dictadura de Estado donde todos los organismos van a hacer comparsa de lo mismo, entonces cualquier solicitud de este tipo, cualquier situación que se dé contra ciertos jueces van a ser perseguidos penalmente”, señaló Reyes.

Persecución jurídica y política

Comentó que lo que vive el juez Gálvez es una persecución política-jurídica, la cual tienen para ciertos jueces, pues ha resuelto en casos de graves violaciones a los derechos humanos, pero también en casos como La Línea en donde están señalados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

“Sabemos que la factura que le están tratando de colocar al juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar es una factura muy alta por todos los casos del presente como los casos de justicia transicional que ya llevado”, afirmó.

Reyes comentó que están a la espera de medidas cautelares provisionales que se están pidiendo a la Corte Interamericana y esperan que sean emitidas a favor del juez Gálvez.

Manuel Farfán, también de Famdegua, aseguró que están en reuniones con los familiares con las organizaciones para tomar decisiones y acciones prontas.

Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, Solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le otorguen medidas de protección y garantías a su independencia judicial luego que ha recibido amenazas y coacciones luego de enviar a juicio a implicados en el caso denominado Diario Militar.

El documento que presentó el juez Gálvez, también solicita a la CSJ que se pronuncie por las acciones que se han tomado en su contra en el ejercicio de su función jurisdiccional por enviar a juicio a nueve implicados en el caso mencionado.

Hasta el momento el Organismo Judicial solo ha recibido la petición de Gálvez, la cual ingresó la mañana del 17 de mayo a Secretaría de la CSJ, pero los  magistrados primero deben conocer el documento y luego del análisis emitir un pronunciamiento.

El juez Gálvez cuenta con medidas adicionales de protección a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El pasado 9 de mayo, el juez Gálvez denunció que luego que el viernes 6 de mayo envió a juicio a implicados en el Diario Militar, empezó a recibir amenazas en redes sociales.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, llegó a la oficina del juez Gálvez a expresarle su apoyo y el juzgador mencionó que Guatemala vive momentos difíciles y que la situación está bastante sensible, pero que ya se animaran a amenazar a un juez después de una resolución era más preocupante.

“Están atentando no solo contra la integridad de un juez, sino contra la independencia judicial, que se supone un legado no solo a nivel individual, sino que de toda una población”, afirmó Gálvez.

Ese día Gálvez dijo que haría del conocimiento de la CSJ las amenazas en redes.

El 12 de mayo pasado, en una publicación de Prensa Libre, el juez señaló que Ricardo Méndez Ruiz, director de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), estuvo presente en la audiencia en la cual se resolvió enviar a juicio a nueve personas en el caso Diario Militar, en el cual se documenta la desaparición de 183 guatemaltecos contrarios al régimen militar durante el conflicto armado interno.

Qué amenazas son y de dónde vienen

Consultado el procurador Jordán Rodas, el pasado 9 de mayo, sobre de dónde podrían venir las amenazas de procesar al juez Gálvez, este dijo que en redes sociales diversas personas han publicado mensajes en donde se pide o se asegura que iniciarán acciones contra el juzgador.

Dijo que las denuncias son públicas porque los personajes las han hecho en sus cuentas de redes sociales y entre ellos mencionó a Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo y a Bárbara Hernández -una activista cubana.

Apoyo al juez

El 10 de mayo, pasado la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad condenó los ataques y amenazas sufridas por el juez Miguel Ángel Gálvez tras su decisión de enviar a juicio a nueve exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996).

“Estos ataques atentan de manera directa en contra de la independencia judicial”, puntualizó la entidad mediante un comunicado de prensa.

Dicha asociación también manifestó además su “preocupación” por “las implicaciones que estos ataques tienen en el estado de Derecho.

El 17 de mayo pasado, varias organizaciones internacionales solicitaron al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala que tome medidas de protección para el juez Gálvez.

En la cuenta de Twitter de Due Procces of Law Foundation (DPLF), o Fundación para el Debido Proceso, se publicó un comunicado en donde ellos y las organizaciones Robert F. Kennedy Human Rights y Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de Nueva York y Washington D. C., pedían dichas medidas de protección.

Ese día, también varias organizaciones civiles de Guatemala ofrecieron una conferencia de prensa en la que mostraban su respaldo al juez Gálvez e invitaban a una marcha el próximo 20 de mayo a las 10 horas frente al Ministerio Público.

Los representantes de las organizaciones informaron que el “Pacto de Corruptos”, ha cooptado la totalidad de instituciones del Estado y ha emprendido una campaña de criminalización hacia el juez Gálvez y más de 20 operadores de justicia en Guatemala, que han sido encarcelados, procesados o están en el exilio.

El pasado viernes 6 de mayo el juez Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado de Mayor Riesgo B, decidió enviar a juicio por asesinatos, desapariciones y violencia sexual durante el conflicto armado en Guatemala (1960-1996) a nueve militares y policías retirados, tras lo cual ha recibido amenazas en redes sociales. 

El juez Gálvez recibió este 9 de mayo la visita del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y dijo que las amenazas de procesarlo comenzaron luego de decidir enviar a juicio a los involucrados en el caso conocido como Diario Militar o Dossier de la Muerte.  

El juez Gálvez dijo sentirse muy satisfecho por la presencia de Rodas en el juzgado y afirmó que son momentos difíciles y que la situación en Guatemala está bastante sensible, pero que ya se animen a amenazar a un juez después de una resolución es más preocupante. 

“Están atentando no solo contra la integridad de un juez, sino contra la independencia judicial, que se supone un legado no solo a nivel individual, sino que de toda una población”, afirmó Gálvez. 

Señaló que pondrá en conocimiento de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio que pueda decidir presentar una denuncia por la amenaza directa que se le está haciendo. 

“Una amenaza directa que conlleva en determinado momento y a participación de otras de otras instituciones como el Ministerio Público”, comentó Gálvez.  

Dijo que en las amenazas indican que ahora le toca a él y eso podría decir e la persona que las está efectuando ya hecho cosas similares en el pasado.  

Gálvez agradeció a Rodas y le reiteró que las resoluciones se han dictado apegadas a derecho y después de un análisis, de un estudio para garantizar la legítima defensa.  

Expresa su solidaridad 

Jordán Rodas, acudió al juzgado de Gálvez para manifestarle su solidaridad por las amenazas que ha recibido luego de su resolución en el caso Diario Militar.  

Recordó que el juez Gálvez tiene medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que era necesario actualizar a los organismos lo que está pasando en el país. 

“La justicia es un derecho humano y se tiene que tener una justicia independiente. Los jueces de paz, jueces de instancia, los que conforman tribunales, las salas de apelaciones, los propios magistrados de la Suprema todos son independientes y no pueden estar siendo sujeto de intimidación y amenazas y eso es preocupante. 

Dijo que es importante recordar que cualquier persona que sea parte del proceso que piense que una resolución no está apegada a derecho tiene los recursos legales para impugnar, pero que no es amenazando ni intimidando al juez que las dicta como se fortalece la democracia. 

El @PDHgt @JordanRodas realiza visita a Juez @Miguelgalvezag ante actitudes intimidatorias y amenazantes después de fallo en #CasoDiarioMilitar pic.twitter.com/OnB4Frn1kG

— PDH Guatemala (@PDHgt) May 9, 2022

 Qué amenazas son y de dónde vienen 

Consultado el procurador Jordán Rodas sobre de dónde podrían venir las amenazas de procesar al juez Gálvez, este dijo que en redes sociales diversas personas han publicado mensajes en donde se pide o se asegura que iniciarán acciones contra el juzgador.  

Dijo que las denuncias son públicas porque los personajes las han hecho en sus cuentas de redes sociales y entre ellos mencionó a Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo y a Bárbara Hernández -una activista cubana. 

Hernández fue noticia en abril del 2020, cuando fue encontrada en una vivienda de Sumpango Sacatepéquez, en donde se suponía estaba el exdiputado Estuardo Galdámez, en ese tiempo prófugo de la justicia por varios hechos de corrupción.  

Méndez Ruiz publicó hace unos días, en su cuenta de Twitter, una foto blanco y negro del juez Gálvez en la que decía que la Fundación contra el Terrorismo (FCT) lo haría pagar por los graves delitos que cometió al frente de su judicatura. 

“Lo vamos a ver preso o exiliado, como Virginia Laparra o Erika Aifán. Empeño mi palabra en eso”, citaba en mensaje.  

La foto de Gálvez tenía su nombre y el texto “se busca por prevaricador”. 

Al prevaricador Miguel Ángel Gálvez, la @FCTGuatemala lo hará pagar por los graves delitos que cometió al frente de su judicatura, la cual prostituyó ante la agenda socialista.
Lo vamos a ver preso o exiliado, como Virginia Laparra o Erika Aifán.
Empeño mi palabra en eso. pic.twitter.com/by86uiB0Mz

— Ricardo Mendez Ruiz (@RMendezRuiz) May 8, 2022

Es el turno de Miguel Ángel Gálvez.
La @FCTGuatemala se hace cargo. pic.twitter.com/L37qxj0LO7

— Ricardo Mendez Ruiz (@RMendezRuiz) May 7, 2022

Este 9 de mayo, luego del encuentro entre Gálvez y Rodas, Méndez Ruiz publicó otro mensaje con el siguiente texto “Tanto el @PDHgt @JordanRodas como el juez @Miguelgalvezag pueden pedir un ejército de guardaespaldas a la @CIDH, que será por gusto. Para salvarse, el prevaricador Miguel Ángel Gálvez no necesitará buenos guardaespaldas, sino buenos abogados, y de todos modos, terminará preso”, y abajo el video el encuentro entre Rodas y Gálvez.  

Tanto el @PDHgt @JordanRodas como el juez @Miguelgalvezag pueden pedir un ejército de guardaespaldas a la @CIDH, que será por gusto.
Para salvarse, el prevaricador Miguel Ángel Gálvez no necesitará buenos guardaespaldas, sino buenos abogados, y de todos modos, terminará preso. https://t.co/lqIjGhLxa7

— Ricardo Mendez Ruiz (@RMendezRuiz) May 9, 2022

Hernández, por su parte ha publicado en su cuenta de Facebook varios mensajes y fotografía en alusión al juez Gálvez.  

“Ni perdón ni olvido. Víctimas de la prisión provisional, cuyo diseñador es el delincuente terrorista judicial Miguel Ángel Gálvez”, acompañada de una fotografía con imputados que murieron cuando eran procesados.  

También hace mención, en otros mensajes, que la prisión provisional debería ser considerada un delito de lesa humanidad y las acompaña con una etiqueta en la que pide cárcel para el juez Gálvez.  

El Diario Militar 

El pasado 6 de mayo, el juez decidió enviar a juicio por asesinatos, desapariciones y violencia sexual durante el conflicto armado en Guatemala (1960-1996) a nueve militares y policías retirados, tras lo cual ha recibido amenazas en redes sociales. 

Al coronel retirado del Ejército Víctor Augusto Vásquez, por ejemplo, se le acusa de la desaparición forzada de 14 personas y de la ejecución extrajudicial de 6, cuyas osamentas fueron localizadas en un antiguo destacamento militar de Comalapa, en el oeste del país. 

Mientras que al teniente coronel de Policía, Juan Francisco Cifuentes, es acusado por la Fiscalía de la desaparición forzada de 10 guatemaltecos y otros delitos cometidos con 5 personas. 

Por su parte, el capitán retirado del Ejército, Jacobo Salán Sánchez, está imputado de 10 delitos de deberes contra la humanidad, tres desapariciones, un asesinato y un asesinato en grado de tentativa. 

El juez Gálvez explicó ese día que la resolución es con base en la acusación presentada por el Ministerio Público (MP), y porque “existen sospechas de la participación en estos hechos” de los detenidos, pero aclaró que “no se está responsabilizando a nadie” porque esa decisión la deberá tomar un tribunal en el juicio oral y público. 

Los nueve militares y policías retirados son señalados de haber participado en asesinatos, desapariciones forzadas y violaciones sexuales de al menos 195 hombres y mujeres, según el caso conocido como “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”, durante el régimen de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores, entre 1982 y 1986. 

Una denuncia por violencia contra la mujer fue presentada este lunes 21 de febrero por las abogadas defensoras de Leily Santizo, exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (Cigig), y de Eva Siomara Sosa, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público, contra dos representantes de la Fundación contra El Terrorismo (FCT).

Los señalados son Ricardo Méndez Ruiz, director de esa fundación, y Raúl Falla, abogado de esa entidad, quienes son sindicados de agredir verbalmente a las dos procesadas e intentar agredirlas físicamente el viernes pasado durante una audiencia.

Las dos señaladas, mediante un comunicado, expresaron que durante años, la FCT ha desarrollado campañas y ataques en medios y redes sociales para intimidar a personas con demostrada independencia dentro del sistema de justicia y en la sociedad civil.

Agregan que este tipo de esfuerzos tienen como objetivo “amedrentar, infundir temor, minar la reputación y últimamente silenciar a quienes hemos enfrentado las redes criminales y de poder en el país”.

Explica que la campaña se ha ensañado contra las mujeres, en particular, “utilizando prejuicios y acciones misóginas para atacar a las juezas, magistradas, fiscales y abogadas que hemos contribuido al proceso anticorrupción”.

“Esta semana, denunciamos que los representantes de este grupo radical pasaron de los ataques virtuales a la confrontación directa contra nosotras. En un tribunal, Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla insultaron a las firmantes y amenazaron con el uso de la fuerza. Estamos convencidas de que las mujeres y las niñas violentadas a través de redes sociales debemos exigir que se investiguen este tipo de hechos porque tenemos derecho de una vida libre de violencia de cualquier tipo”, se lee en el comunicado.

Recordaron que el sistema judicial debe garantizar que no sean doblemente agredidas las mujeres que están siendo limitadas en su libertad y mientras se dilucida su situación.

“A ambos les reiteramos que no nos intimidan. Pero elevamos la voz porque este tipo de violencia misógina y machista no puede seguir siendo utilizada para preservar la impunidad y garantizar que la corrupción de siempre continúe imperando. Hemos hecho las denuncias correspondientes y reiteramos al sistema de justicia la exigencia de garantizar la integridad de ambas”, concluye el comunicado, firmado este 21 de febrero de 2022, por Leily Santizo y Eva Siomara Sosa, a través de su abogada Flor de María Gálvez).

El viernes 18 de febrero pasado, Santizo y Sosa denunciaron que Méndez Ruiz y Falla. Ambos abogados fueron incluidos en un listado de Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado el 1 de julio de 2021, sobre personas señaladas en actos de corrupción en Guatemala.

Hoy la defensa de Leily y Siomara presentó una denuncia por violencia contra la mujer contra Ricardo Méndez Ruíz y Raúl Falla quienes agredieron de forma verbal e intentaron agredir físicamente a Leily y Siomara el viernes en la audiencia. ¡La misoginia no puede quedar impune! pic.twitter.com/0yEQBwnEkp

— #JusticiaYa (@justiciayagt) February 21, 2022

Postura de la Fundación contra el Terrorismo

Ricardo Méndez Ruiz dijo a Prensa Libre y Guatevisión que: “si bien soy enérgico y duro en mi forma de pensar, no soy un patán, ni soy un maleducado, ni soy una persona que levante una mano contra una mujer, eso no lo he hecho y no lo voy a hacer jamás”.

En cuanto a la denuncia que presentaron en su contra y en contra de Raúl Falla, Méndez Ruiz, afirmó que esta es una estrategia que lo que realmente busca es separar a la Fundación contra el Terrorismo del caso.

“Hay una continuación de audiencia prevista para para esta semana, para el día viernes, si no mal recuerdo, a las 8 de la mañana, siempre por el caso Cooptación y Corrupción Judicial y lo que ellas buscan es que se otorgue una medida de restricción para que nosotros no nos podamos acercarnos a ellas, entonces lo que lograrían con eso es que nosotros no podamos asistir a esa a esa audiencia del viernes”, señaló Méndez Ruiz.

Ricardo Méndez Ruiz, añadió que según las abogadas de las procesadas tienen fácil su denuncia, porque cayó en la Fiscalía de Delitos contra la Mujer, que está a cargo del fiscal Carlos de León, que según Méndez Ruiz, es gran amigo del exjefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval.

También dijo que tienen en su poder un audio en el que consta el cruce de palabras entre Eva Sosa y ellos, y explicó que Sosa dio amplias declaraciones ante la prensa, pero no mencionó nada del incidente que había habido antes de la audiencia.

Él reconoce que él estaba sentado en una esquina de la sala, cuando Sosa se le acerca a unos 20 centímetros y le gritó, porque estaba descontrolada tras un incidente que tuvo él con con el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, para que no ejerciera presión al juez, y cuando ella se vio sin esa presión, se vieron desesperadas.

Dijo que luego de hablar con Rodas, se sentó en su silla y Eva Sosa le gritó algo que no recuerda y él respondió fue “licenciada usted no solo está presa por los graves delitos que cometió, usted está presa por soberbia”, y eso fue todo lo que pasó.

Audio del incidente al que se refiere Ricardo Méndez Ruiz

La denuncia

Raúl Falla, abogado de la Fundación contra el Terrorismo, expresó que el pasado domingo 20 de febrero se enteraron que las abogadas defensoras de Santizo y Sosa, Flor Gálvez y Claudia González se habían reunido en un restaurante de la zona 10 de la capital con un representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos, un representante del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y un miembro de la comunidad internacional en la que estaban planeando presentar este lunes una denuncia contra él y Ricardo Méndez Ruiz.

La denuncia buscaba obtener medidas de seguridad para que no pudieran acercarse a ellas y de esa cuenta no se presentaran a la audiencia señalada para finales de esta semana.

“Si nosotros no vamos, que somos los querellantes adhesivos, el caso podría perder solidez en contra de ellas y de esa cuenta se podrían, en determinado momento, beneficiar al no estar el querellante adhesivo que son los que presentamos la denuncia, conocemos a cabalidad los hechos, porque somos afectados por esta resolución de conexión”.

Denunciaron a las procesadas

Falla añadió que por eso presentaron una denuncia pues claramente descubrieron un plan de concertación por parte de ellos que pretende obstaculizar el caso que está juzgando el juzgado tercero, donde están detenidas. Además, que ellas ya están detenidas por obstaculizar el caso Odebrecht.

Añade que las detenidas están desnaturalizando la Ley de Femicidio o violencia contra la mujer para poderla utilizar como herramienta de persecución y criminalización en contra los representantes de la Fundación contra el Terrorismo.

@FCTGuatemala presentó denuncia en contra de una ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA integrada por: Leidy Santizo, Eva Sosa, Claudia González, Flor Gálvez, por los delitos de obstrucción a la justicia, denuncia falsa, simulación de delito, asociación ilícita y conspiración. Justicia!! pic.twitter.com/Cvs69EZjAw

— Raúl Falla Ovalle. (@RaulFalla31) February 21, 2022

Señaló que las procesadas buscan victimizarse y buscan una medida que las proteja y les impida acercarse al juzgado, lo cual pues de un punto de vista no puede ser legal y técnico porque los juzgados son dependencias públicas.

Según Falla, si de alguna manera les notifican las medidas de seguridad, ellos ya tienen preparado también un memorial para presentarlo al órgano jurisdiccional y haciendo ver artículo 82 del Código Procesal Penal, último párrafo, tendría que suspenderse la audiencia hasta que esto se discutiera.

“No sé si en la estrategia las abogadas analizaron a fondo porque nosotros ya tenemos listo nuestro escrito, nuestros argumentos, porque no puede darse una audiencia de primera declaración si se está excluyendo al querellante adhesivo”, expresó.

Falla puntualizó que la Fundación contra el Terrorismo no tiene otro representante legal y si no puede participar en la audiencia, obligadamente debe haber una suspensión del proceso hasta que se resuelvan las medidas de seguridad.