La Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas presentó este viernes 27 de octubre una solicitud de levantamiento de la inmunidad en contra del diputado por el Distrito Central, Samuel Andrés Pérez Álvarez, por la posible comisión del delito de actividades contra la seguridad interior de la nación.

Según el Ministerio Público (MP), el 18 de octubre de 2023, el diputado Pérez Álvarez publicó en su cuenta de redes sociales un mensaje en el que se comparten dos fotografías del comunicado publicado por la Corte de Constitucionalidad (CC) en dicha fecha y a través del cual ordena al ministro de Gobernación y al director de la Policía Nacional Civil el resguardo de los derechos tutelados para habilitar el acceso a las sedes del MP y asegurar la integridad física de trabajadores y usuarios.

Señaló que la referida publicación fue acompañada del mensaje “Declaratoria de Guerra. La CC manda al Ejército a las calles” manifestación que al ser compartida ante la opinión pública posiblemente puede generar desestabilización al Estado Democrático de Derecho que debe imperar en la República de Guatemala.

De acuerdo con el MP, aunado a esto, se presume que publicaciones como esta “pueden prestarse para que grupos de personas aprovechen la coyuntura nacional y puedan atentar en contra del régimen jurídico y democrático del Estado de Guatemala, por tanto, se considera que pueden ser constitutivos de ilícitos penales y encuadrar en hechos que atentan contra la seguridad interior de la Nación”.

Explicó que el tipo penal de actividades contra la seguridad interior de la Nación está regulado en el artículo 390 del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República, que en el numeral 1 establece que “Serán sancionados con prisión de uno a cinco años y multa de trescientos a tres mil quetzales quienes: 1. Propaguen o fomenten de palabra o por escrito, o cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir, mediante la violencia, la organización social y jurídica de la Nación”.

Motivos por los cuales, al haber recibido denuncia en contra de Pérez Álvarez, el MP advirtió que este pudo haber incurrido en la posible comisión de un ilícito penal y de allí, la importancia de determinar si derivado de los hechos denunciados, pueda existir responsabilidad penal o no, al realizar acciones que pudieran presumirse como ilícitas cometidas en su calidad de diputado por el Distrito Central.

Agregó que de conformidad con la Jurisprudencia emanada por la CC, en la que se establece que la Corte Suprema de Justicia se encuentra limitada en el ámbito de sus atribuciones y facultades legales, como órgano competente para conocer en materia de antejuicio, en relación a que las solicitudes de diligencia de antejuicio, no sean interpuestas por razones espurias, políticas o ilegitimas, por lo que en este caso la fiscalía establece que la denuncia que da origen al presente trámite, no es espuria porque se deriva de hechos que fueron puestos en conocimiento del MP mediante denuncia a través de la cual se desarrollaron diligencias previas de investigación, que permitieron establecer que, el contenido de la denuncia, posiblemente pueda encuadrar en el ilícito penal señalado.

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De la misma manera, según el MP, la Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 154 imperativas normas de conducta para los funcionarios en tanto depositarios de la autoridad estatal, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella, como lo ha interpretado la CC señalando: “[…] la conducta del funcionario con el ejercicio del cargo debe sujetarse a la ley, y como tal, debe responder a las consecuencias de sus actos. En ese orden de ideas, se puede afirmar que la Constitución no prevé la posibilidad de eximir de responsabilidad a ningún funcionario en el ejercicio del cargo, por lo que cualquier disposición en ese sentido lo contraría y por ese hecho, no pueden coexistir con la Constitución…”

Mencionó el artículo 161 referente a las prerrogativas de los diputados. Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la Nación; como garantía para el ejercicio de sus funciones gozarán, desde el día que se les declare electos, de varias prerrogativas.

Entre estas, inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados, si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente que hay lugar a formación de causa, después de conocer el informe del juez pesquisidor que deberá nombrar para el efecto.

Se exceptúa el caso de flagrante delito en que el diputado sindicado deberá ser puesto inmediatamente a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente.

#ComunicadoDePrensa
El Ministerio Público informa: pic.twitter.com/xDKQqzIXgU

— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 27, 2023

Prensa Libre y Noticiero Guatevisión consultaron al diputado Samuel Pérez por la solicitud hecha por el MP.  El legislador indicó: “La reacción que a mí da es de risa, la verdad es que me parece ridículo completamente que el Ministerio Público en lugar de estar persiguiendo los grandes casos de corrupción, por ejemplo, el de la alfombra mágica que cerró del vínculo entre Giammattei y los rusos, sacó a Sinibaldi y estos casos que de verdad son preocupantes los cierra y mientras tanto está más pendiente de mi cuenta de Twitter por un tuit que además borré hace ya ratos”.

Agregó: “Yo creo que es verdaderamente ridículo el argumento que están utilizando, yo además por mi cargo soy irresponsable de las declaraciones, así que no es un tema que me preocupe”.

Luego indicó que posteriormente lo que hizo es una publicación en la que se aclaraba el tema para evitar a que se mal interpretara, “pero en todo caso este no es ningún motivo para iniciar una persecución penal, para nada, es verdaderamente ridículo lo que está haciendo el Ministerio Público, yo no le doy ningún crédito, ni mucho menos lo siento como una amenaza, no le doy ninguna legalidad a lo que está haciendo”.

La CC prácticmanete le declara la guerra al pueblo de Guatemala y manda al Ejército a las calles. https://t.co/W0683CKpdx

— Samuel Pérez Álvarez (@samuel_pz) October 18, 2023

Que tenga claro el MP que su persecución lo que me da es risa.

Cerraron el caso de corrupción de la Alfombra Rusa de Giammattei, sacaron a Sinibaldi, cierran el caso de corrupción en el Instituto de la Víctima.

Y resulta que me quieren investigar por un tuit que borré https://t.co/fGt7VhawD3

— Samuel Pérez Álvarez (@samuel_pz) October 27, 2023

La FECI presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra diez diputados de la actual legislatura por su posible vinculación en el caso Asalto al Ministerio de Salud.

Los diputados estarían relacionados al caso de corrupción presentado por el Ministerio Público (MP) el 16 de julio pasado, por hechos ocurridos entre 2012 y 2014, en el cual estiman cobros de sobornos por Q53.9 millones, a través de empresas contratistas coludidas con los funcionarios.

Los señalados son:

• Boris España, por asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones, lavado de dinero y tráfico de influencias.
• Estuardo Galdámez, por asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones, lavado de dinero y tráfico de influencias y cohecho activo.
• Aracely Chavarría Cabrera, por tráfico de influencias.
• Luis Alberto Contreras, por tráfico de influencias.
• Marco Antonio Lemus, tráfico de influencias.
• Humberto Leonel Sosa, tráfico de influencias.
• Carlos Santiago Nájera, tráfico de influencias.
• José Inés Castillo Martínez, tráfico de influencias.
• Rodolfo Moisés Castañón, tráfico de influencias.
• Ronald Estuardo Arango, por peculado por sustracción.

Los diputados contra los que el MP solicita retiro de antejuicio han sido relacionados por su presunta intervención en procesos de remozamiento de hospitales, así como por solicitar plazas fantasma o presumiblemente pedir al ministro de Salud en ese entonces, Jorge Villavicencio, plazas en la institución para sus recomendados.

La Fiscalía Contra la Corrupción efectuó este viernes 7 de junio la solicitud en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez.

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Investigaciones han revelado supuestas irregularidades en la construcción de un tramo carretero entre el kilómetro 46.5 de la ruta Interamericana y un Spa propiedad de Bac, en Sumpango, Sacatepéquez.

De acuerdo con la Fiscalía, la diputada se interesó de manera directa en la supervisión que efectuó de la construcción de la obra pública.

Añade que en diciembre del 2010, la funcionaria se presentó al lugar de la ejecución del proyecto para pedir cuentas del avance físico y supuestamente asentó una razón en la cual hizo constar que se presentaría nuevamente a verificar el trabajo.

Al final la obra pública no benefició a la población de Sumpango, al contrario, quedó con exclusividad al negocio propiedad de la diputada y de otros integrantes de su familia.

La investigación permitió establecer que no hay registro de la existencia de la aldea “El Paxtal” –para donde supuestamente se ejecutó el proyecto para beneficiar a la población-.

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El MP hizo una inspección en el lugar y determinó que el único inmueble que hay es la finca registrada a nombre de Retiro Nuevo Horizonte Sociedad Anónima.

Por el mismo caso, el órgano jurisdiccional citó a primera declaración indagatoria para el próximo 1 de julio  al exgobernador departamental de Sacatepéquez y exintegrantes del Concejo de Sumpango, ante la supuesta comisión de ilegalidades, arbitrariedades y falsedades en el proceso de formulación, priorización, autorización y ejecución del proyecto.