Durante ocho horas, 10 fiscales del Ministerio Público (MP) Y 75 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron retenidos en la comunidad Los Alpes, Senahú, Alta Verapaz. Los retenidos llegaron al lugar con el fin de realizar un allanamiento e incautar armas de fuego y capturar a los responsables de muertes y asaltos en ese sector.

Se oponen

Los pobladores bloquearon el paso a los agentes y no permitieron que continuarán a su destino, tampoco dejaron que regresaran. Como manera de oposición los habitantes pincharon las llantas de las unidades en las que se transportaban los fiscales y uniformados.

Agentes trataron de dialogar con los pobladores, al no lograr nada tuvieron que huir por las montañas, mientras los demás fueron retenidos y despojados de sus celulares.

Los liberan

La liberación se logró a eso de las dos de la tarde luego de la intervención vía telefónica de personeros la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Los heridos y golpeados fueron trasladados a los centros asistenciales de La Tinta y Tucurú, no se tiene hasta el momento el recuento de los afectados y la gravedad de sus heridas.

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La detención sucedió cuando los trabajadores, custodiados por la Policía, efectuaban acciones para normalizar las conexiones directas e ilegales, pero los pobladores los interceptaron con piedras y machetes.

La molestia de los comunitarios surgió por los cortes del servicio eléctrica por falta de pago, conexiones ilegales y el mantenimiento de la distribución de la energía eléctrica. Los retenidos fueron liberados cinco horas después.

El Tribunal Unipersonal de Sentencia Penal de Jalapa dictaminó dos años de privación de libertad para: Delfino Agustín Vidal, Hugo René Santiago Sánchez, Horacio Trigueros Ochoa, Juan Francisco López y Julio López Lorenzo, señalados de detenciones ilegales.

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Erasmo Trigueros Ochoa y Carlos Alberto Segura recibieron una pena de dos años por el delito de detenciones ilegales y dos años más por el delito de instigación a delinquir.

La sanción es conmutable a razón deQ50 por cada día, lo que significa que si los condenados a dos años optan por este régimen deberán pagar Q36 mil 500, mientras que los condenados a cuatro años deben pagar Q73 mil.

El Tribunal consideró que el Ministerio Público debe ahondar investigaciones por indicios del delito de lavado de dinero de dos de los sentenciados. También ordenó una investigación por hurto de fluidos.

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