Los comités de Exteriores del Senado y de la Cámara de Representantes estadounidenses escribieron este viernes a los presidentes de Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Honduras para que sus Gobiernos se aseguren de que el banco BCIE no contribuye a perpetuar la “dictadura” en Nicaragua.

“Dados los crímenes contra la humanidad perpetrados por el régimen de Ortega-Murillo, urgimos a su país a hacer uso de su liderazgo como miembro fundador del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para garantizar que sus préstamos no perpetúan la consolidación de la dictadura en Nicaragua”, dijeron.

La misiva de los presidentes de los comités de Exteriores del Senado y de la Cámara Baja, el demócrata Robert Menéndez y el republicano Michael McCaul, fue dirigida a los líderes de Honduras (Xiomara Castro), Guatemala (Alejandro Giammattei), Costa Rica (Rodrigo Chaves) y El Salvador (Nayib Bukele).

El texto les insta a “usar su voz” y a votar para que el BCIE aumente su transparencia y el escrutinio sobre los préstamos efectuados al Ejecutivo nicaragüense.

En los últimos años, según recuerdan, esa entidad ha aprobado unos US$3 mil 500 millones en financiación para iniciativas que iban a ser puestas en marcha bajo los auspicios del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y de su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo.

Esos fondos llegan en un momento de “creciente condena global a las violaciones de los derechos humanos” en Nicaragua, criticaron los dos legisladores.

La misiva les solicita ejercer un mayor control sobre los préstamos de ese banco al país hasta que Ortega y Murillo se comprometan a emprender negociaciones en favor de una gobernanza democrática, un respeto de los derechos humanos y una hoja de ruta que conduzca a unas elecciones libres y justas.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021.

Ortega fue reelegido en esos comicios para un quinto mandato, su cuarto consecutivo y el segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

Los legisladores apuntaron que aunque la liberación a principios de febrero de 222 prisioneros políticos hizo pensar en una eventual apertura política, la decisión de expulsarlos del país con destino a Estados Unidos y de quitarles la nacionalidad acabó con esa esperanza.

Este martes 9 de agosto el Congreso de la República dio el primer paso para aprobar la iniciativa de ley 6076, denominada Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y el Ejército, la cual regula el uso de la fuerza pública. La propuestas fue tramitada en su primer debate y le restan dos lecturas más para que sea aprobada.

La iniciativa que recibió dictamen la semana pasada por la Comisión de Gobernación, que dirige el diputado Boris España, fue agendada para este martes por la Instancia de Jefes de Bloque.

Hoy el diputado Bernardo Arévalo, de la bancada Semilla, propuso una moción verbal para que la iniciativa regresara a la Comisión de Gobernación y a la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, sin embargo, 93 diputados votaron en contra, 33 a favor y 34 estaban ausentes.

Arévalo expuso que la propuesta tiene errores de “concepción” que confunden en la interpretación en cuanto a las funciones de las fuerzas de seguridad, por lo cual era necesario que se hiciera una nueva revisión.

“Lo que busca es callar a la población que con mucho derecho legítimo hoy está actuando. Diputados, no seamos los enemigos del pueblo”, dijo la jefa de la bancada Winaq, Sonia Gutiérrez, durante el pleno.

Mientras tanto, otros diputados cuestionaron la viabilidad legal si se aprueba, y aseguran que la intención de la propuesta es contrarrestar las manifestaciones.

“Es inconstitucional. Está dedicada a las manifestaciones, le quieren atar las manos”, dijo el diputado Julio Ixcamey.

Por su parte, el diputado Edwin Lux señaló que a su criterio la propuesta lo que contempla es una “licencia para matar” y para reprimir.

“Aquí están dando carta blanca para la represión y atenta contra dos derechos constitucionales básicos (artículos 3 y 45 de la Constitución) , quieren amordazar, quieren reprimir”, dijo el parlamentario, quien cuestionó las razones por las cuales también se incluye a la SAAS dentro de la ley.

La propuesta de ley regula el uso de la fuerza pública de “forma proporcional” y además concede medidas sustitutivas a los elementos de las fuerzas públicas que resulten involucrados en el legítimo uso de sus funciones.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este miércoles las “alarmantes” agresiones a periodistas registradas este mes en Guatemala, México, El Salvador y Honduras, y anunció que la falta de protección para los profesionales de la comunicación en América Latina será uno de los temas principales de su próxima reunión de medio año.

“Toda violencia contra la prensa debe interpretarse como una afrenta directa al derecho del público a estar informado”, dijo en un comunicado el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet.

Para el director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, “urge que estas agresiones sean repelidas y tomadas muy en serio por Gobiernos y organizaciones civiles, en especial en el caso de México, país donde fueron asesinados ocho periodistas en este primer trimestre de 2022″.

En el comunicado difundido hoy, la SIP se hizo eco del asesinato del periodista Orlando Villanueva en Puerto Barrios (Guatemala), ocurrido el pasado 8 de marzo, y de otros hechos de violencia de los que fueron víctimas periodistas de México, El Salvador y Honduras.

Villanueva había denunciado actos de corrupción y mal desempeño de autoridades municipales en su página digital Noticias del Puerto y, poco antes de su muerte, comunicó al Ministerio Público que sufría hostigamiento y era perseguido.

También menciona la SIP el caso de unos periodistas del diario mexicano El Universal que fueron amenazados cuando entrevistaban a pobladores de San Pablo Tecalco, Tecámac, en el Estado de México.

Cinco sujetos, algunos con chalecos con la insignia de la Policía Estatal, conminaron con disparos al aire a dos periodistas y un fotógrafo del diario y a una activista de protección del medio ambiente a suspender su trabajo y borrar imágenes y los amenazaron con quemarlos vivos si regresaban al lugar.

Los periodistas recogían testimonios de las denuncias de los habitantes de San Pablo Tecalco sobre la extracción de materiales de un cerro que sería utilizado para la construcción del nuevo aeropuerto internacional.

En El Salvador, el 29 de marzo un fotógrafo del periódico El Diario de Hoy fue agredido por militares que lo obligaron a arrodillarse y a borrar imágenes de su cámara fotográfica.

Durante los primeros días del toque de queda, decretado el domingo ante el incremento de la violencia pandillera, otros periodistas denunciaron que los militares y policías les impiden efectuar su labor.

En Honduras, el diario El Heraldo denunció amenazas de muerte, intimidación y una campaña de desprestigio en redes sociales en contra del periodista Yony David Bustillo Centeno, presuntamente provenientes de personal del Cuerpo de Bomberos.

El periodista viene investigando sobre actos de corrupción y falta de transparencia en esa institución.

Según el Índice Chapultepec de la SIP, Guatemala, México, El Salvador y Honduras vienen reprobando en materia de violencia e impunidad en los últimos dos años, una de las cuatro dimensiones que la herramienta utiliza para medir el nivel de libertad de prensa en una sociedad.

La SIP, una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa con sede en Miami (Florida, EE.UU.), celebrará su reunión de medio año de manera virtual del 19 al 21 de abril.

El Ministerio del Interior lo identificó como Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, quien falleció en una protesta en el municipio de Arroyo Naranjo, a las afueras de La Habana, en lo que el organismo calificó como “disturbios”, informó la estatal Agencia Cubana de Noticias.

La muerte se produjo durante una protesta en las inmediaciones de una estación de policía en La Güinera, donde otros civiles y agentes resultaron heridos, según el reporte.

La protesta en ese barrio, una de las zonas más pobres de La Habana, fue difundida en varios vídeos a través de redes sociales, informó la agencia EFE.

En las imágenes solo se observa a decenas de personas avanzando por las calles gritando consignas como “libertad” o “un pueblo unido jamás será vencido”.

Miles de personas han salido a las calles en Cuba desde el domingo pasado para protestar por la falta de atención médica ante la pandemia de covid-19, la precaria situación económica en la isla y la falta de democracia y libertades.

Se trata de las mayores protestas de la historia reciente del país.

Desde el lunes, los habitantes de la isla han denunciado la detención masiva de manifestantes, además de que fue cortado el servicio de internet.

“Acuso al gobierno de EE. UU.”

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó a Washington de impulsar “una política de asfixia económica para provocar estallidos sociales” en su país.

Al respaldar las palabras del mandatario, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, desestimó que haya habido un “levantamiento” popular en su país.

“El 11 de julio no hubo un estallido social. No lo hubo por la voluntad de nuestro pueblo y por el apoyo de nuestro pueblo a la Revolución y a su gobierno (…) Hubo disturbios, hubo desórdenes, en una escala muy limitada”, dijo en una rueda de prensa en La Habana.

Rodríguez, aseguró que ha visto escenas de represión “peores en Europa”.

“Puedo decir que he visto escenas realmente fuertes de violencia policial y de represión de manifestantes en capitales europeas antes y durante la pandemia, en condiciones realmente distintas”, señaló el canclller cubano, que arremetió contra el gobierno estadounidense.

“Acuso al gobierno de Estados Unidos de estar implicado directamente, y de tener grave responsabilidad, en los incidentes que ocurrieron el 11 de julio”.

El gobierno estadounidense niega rotundamente cualquier participación en las protestas.

Desde Washington, el presidente Joe Biden manifestó que su país está con el pueblo cubano en su demanda por libertad.

“Nos unimos al pueblo cubano y a su clamoroso llamado por la libertad y alivio de las trágicas garras de la pandemia y de las décadas de represión y sufrimiento económico a las que ha sido sometido por el régimen autoritario de Cuba”, dijo Biden en un comunicado el lunes.

“Estados Unidos pide al régimen cubano que escuche a su pueblo y sirva sus necesidades en este momento vital en lugar de enriquecerse”, agregó.

Los hechos se produjeron entre junio y julio pasados, en el departamento de Jinotega (fronterizo con Honduras), y “en al menos tres casos -dos de ellos en el municipio (hondureño) de Trojes- se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas de 2018”, detalló , Michelle Bachelet.

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos abordó el tema este martes (10.09.2019), en la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del informe preparado por un equipo de su oficina sobre la situación en Nicaragua.

El documento fue hecho público el pasado viernes y Bachelet lo mencionó hoy en una sesión en la que también Nicaragua pudo intervenir, criticar su contenido y negar las acusaciones.

Sobre los asesinatos en zonas alejadas y en la vecina Honduras, Bachelet pidió al Gobierno nicaragüense que investigue de forma urgente esos crímenes y sancione a los responsables.

Además, la alta comisionada agregó, basada en el informe escrito de su oficina, que mientras 492 personas detenidas durante las protestas fueron excarceladas, hay más de cien que siguen en prisión por participar en manifestaciones este año.

#HRC42 – Day 2 starts with the presentation of the report of the High Commissioner on the #humanrights situation in #Nicaragua, followed by a statement of the concerned country and an interactive discussion. Follow it live: https://t.co/6PWCTAjxDN @UNGeneva pic.twitter.com/wML14d8PUz

— HRC SECRETARIAT (@UN_HRC) September 10, 2019

Como puntos destacados de su informe, Bachelet dijo que el espacio cívico se ha visto reducido considerablemente a raíz de la crisis política y que esta situación no ha mejorado al día de hoy, lo que se evidencia en la severa restricción de la liberad de expresión y de asociación.

Tampoco ha parado el acoso a los activistas y líderes comunitarios, indígenas y afrodescendientes que tuvieron posiciones críticas hacia el gobierno de Daniel Ortega, quien envió a Ginebra a su ministro asesor de la Presidencia de Nicaragua para las Relaciones Internacionales, Valdrack Jaentschke, para responder a estas denuncias.

El alto funcionario empezó la defensa de su gobierno reclamando que no se mire atrás “sino la realidad actual” que, según él, es muy diferente y en la que se respetan todos los derechos fundamentales.

Jaentschke sostuvo que la recogida de datos para el informe se realizó con “criterios parcializados” y que se omiten expresamente “actos de terrorismo, asesinato, torturas, secuestros, extorsión y otros delitos de crimen organizado” de los que responsabilizó a los participantes en las protestas.

Ha sido encarcelado nueve veces por pedir en las calles de Nicaragua la salida del mandatario y la libertad de quienes él califica como “presos políticos”.

Vanegas es el más emblemático de los presos por protestar contra Ortega a quienes se les permitió volver a sus casas esta semana.

Fueron un centenar de personas que el gobierno decidió liberar en vísperas del reinicio de un nuevo diálogo con la oposición.

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A la mayoría de ellos las autoridades nicaragüenses los acusan de delitos que van desde portación ilegal de armas, daños a la propiedad pública, hasta terrorismo.

Pero el maratonista solo ha sido acusado por “escándalo público”, una falta que, según el Código Penal del país centroamericano, no amerita pagarse con cárcel.

“Voz autorizada”

Las conversaciones entre gobierno y oposición se retomaron esta semana para acabar con la grave crisis política por la que atraviesa el país, que estalló en abril pasado con una ola de protestas contra el presidente Daniel Ortega.

Las manifestaciones fueron duramente reprimidas con un saldo mortal de 324 personas fallecidas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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“Soy una voz autorizada para hablar de las cárceles, de torturas”, le dijo Vanegas a BBC Mundo el miércoles, horas después de ser liberado -con la condición de casa por cárcel- y comenzar, de nuevo, a gritar consignas contra Ortega.

A Vanegas, sin embargo, la alegría de estar libre no le duró mucho.

La mañana del jueves, cuando corría nuevamente por las calles de Managua pidiendo libertad para las 570 personas que según el Comité Pro Liberación de los Presos Políticos aún continúan en las cárceles, el anciano maratonista fue capturado nuevamente.

Pero antes de que lo detuvieran -y liberaran- de nuevo, contó cómo son las cárceles donde se encierran a los adversarios del presidente Daniel Ortega y a otros reos condenados por delitos comunes.

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El Chipote

“Son malolientes, oscuras, calientes y llenas de ratas y mosquitos”, la describió Vanegas, quien primero estuvo dos meses preso en las celdas de El Chipote, una cárcel denunciada como inhumana por organismos de derechos humanos en Nicaragua.

Luego pasó un mes en el sistema penitenciario “La Modelo”.

El Chipote es una cárcel de máxima seguridad donde la Policía Nacional encierra a presos peligrosos.

Está ubicada en el centro de Managua y ahí funcionaba el otrora estado mayor del régimen de los Somoza, derrocado a balazos por la revolución sandinista en 1979.

La exguerrillera Mónica Baltodano cuenta en su libro “Memorias de la Revolución Sandinista” que el sitio estaba lleno de lujos cuando ellos se tomaron el poder por las armas.

Cuenta que había whisky, vinos y licores de los más finos, casi a la par de las celdas donde Somoza encarcelaba a sus adversarios.

Estas “son como pequeñas jaulas en unos túneles”, las describe Vanegas.

El maratonista primero comenzó a participar en las marchas contra Ortega corriendo y después, cuando las marchas fueron prohibidas, siguió corriendo por todo el país con una bandera de Nicaragua en la mano.

Pedía la liberación de “los presos políticos” y parafraseaba un poema de Rubén Darío: “Si la patria es pequeña uno grande la sueña”.

Vanegas dice que en El Chipote dormía en el piso mojado en una pequeña celda donde había un hueco para hacer sus necesidades y solo tenía agua potable en las madrugadas.

“No había luz en esa celda. Por eso estoy perdiendo la vista, ahorita te miro turbio”, dijo el hombre de 62 años, quien comenzó a ser apresado desde abril pasado.

Primero lo apresaban horas, después días, luego semanas y “ahora me tuvieron cuatro meses”, dijo el maratonista aficionado.

“Cárcel inhumana”

Según Vanegas en El Chipote sufrió torturas psicológicas y físicas.

“Me decían que me iban a matar, me levantaban en las madrugadas para preguntarme quién me pagaba por andar corriendo, que por qué protestaba contra el comandante”, relató.

BBC Mundo solicitó para este reporte una versión de la Policía Nacional y del gobierno de Nicaragua pero al momento de entregar este artículo todavía no había oportuna.

El Chipote, en cualquier caso, es famoso en Nicaragua.

En 2015 la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua pidió que se cerrara e introdujo una iniciativa en el Parlamento alegando que era un sitio donde se tortura. La iniciativa no prosperó.

“Es una cárcel inhumana donde se practican torturas”, decía la iniciativa.

Una delegación de eurodiputados que en enero visitó Nicaragua y se entrevistó con a menos diez “presos políticos” en una cárcel de mujeres y en El Chipote, también denunció la falta de condiciones de las celdas.

“Un preso (el periodista) Miguel Mora solo pide una luz en su celda y una biblia para poder leer, por la falta de luz está perdiendo la visión”, dijo el eurodiputado del Partido Socialista Obrero Español, Ramón Jauregui.

Vanegas relata que quien lo torturó a él fue una mujer.

“Me dijo: mi comandante (Daniel Ortega) se queda aunque vos le des 20 vueltas al mundo y comenzó a pegarme en las costillas con las manos empuñadas”.

Las denuncias por torturas de los detenidos a raíz de las protestas se cuenten por decenas por los organismos de derechos humanos.

La periodista Lucía Pineda Ubau, acusada de terrorismo, denunció a través de su abogado que en El Chipote la obligaban a recoger sus excrementos con las manos, además de la falta de cama, luz y la negación para recibir visitas.

En la cárcel La Modelo, que es gestionada por el Ministerio del Interior y que tiene más funciones correccionales, Vanegas fue encerrado con los reos comunes a quienes las autoridades del penal le decían que no le hablaran, ni le dieran de comer.

“Si ellos me hablaban o me daban de comer los castigaban“, narra Vanegas. “Yo para no meterlos a problemas a los pobres no me les acercaba”.

El maratonista dice que en esa cárcel el maltrato era verbal: “Me decían viejo loco y golpista pero habían literas para dormir”

“Yo no estuve en celdas de castigo pero otros presos políticos como Miguel Mora, Medardo Mairena, Levis Rugama, Edwin Carcache; sí, ellos estaban en celdas pequeñas, oscuras y solos”, cuenta.

Nicaragua lleva cerca de tres meses en protestas en contra del régimen de Daniel Ortega que han causado la muerte de unas 280 personas. Todo empezó en rechazo a una reforma de pensiones, aunque Ortega revocó la medida, las manifestaciones no han cesado, exigiendo su salida del cargo.

En Guatemala, varias personas se han pronunciado en contra de la violencia y la represión que el gobierno de Ortega tienen en contra de opositores. Diputados intentaron aprobar un punto resolutivo pero este no se aprobó bajo el argumento que estaba mal redactado.

Un segundo intento se dio ayer, pero por falta de quorum ya no se logró discutir el mensaje que el Legislativo enviaría en contra de la represión al pueblo nicaragüense. Ahora los congresistas esperarán una próxima sesión extraordinaria para condenar los hechos.

Al menos 134 personas han muerto a causa de la violenta represión en Nicaragua contra los manifestantes antigubernamentales que han tomado las calles desde el 18 de abril.

“Tenemos contabilizados 134 muertos hasta este jueves, entre ellos tres jóvenes que fallecieron la noche del miércoles en la ciudad de Chinandega (noroeste) y otro en Nueva Guinea (norte)”, confirmó la directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Marlin Sierra.

Grupos armados, denominados “turbas”, atacaron a jóvenes manifestantes que pretendían cerrar el tráfico en la ciudad de Chinandega.

Heridos con impactos de bala

Los tres jóvenes fueron mortalmente heridos con impactos de bala y morteros durante el ataque. Entre los heridos un estudiante de la Universidad Autónoma de Nicaragua, quien había llegado a apoyar a los manifestantes.

Las protestas se agravaron

Las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega se agravaron esta semana con bloqueos en las carreteras en casi todo el país.

El presidente aceptó reunirse con los obispos de la Conferencia Episcopal para analizar la posibilidad de reanudar el dialogo. El diálogo se encuentra suspendido debido la negativa del gobierno de cesar la represión contra los manifestantes.

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El asesinato de periodistas, la represión de manifestaciones populares y las “fake news” amenazan la libertad de expresión en América Latina, afirmaron esta semana expertos en Washington.

Esta situación preocupa en un año en que dos de cada tres latinoamericanos elegirán nuevos gobernantes, concluyó un foro que analizó el último informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según el reporte, en 2017, 22 periodistas fueron asesinados en las Américas y decenas denunciaron intimidaciones. “Buena parte de estos delitos permanece en preocupante impunidad”, subrayó.

Guatemala

“Zonas en México, Guatemala, Honduras, incluso en la frontera entre Brasil y Paraguay, enfrentan una violencia estructural, donde el crimen organizado está infiltrado en las instituciones estatales, y eso pone a América Latina en el lugar del mundo sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo”, dijo a AFP el titular de la RELE, Edison Lanza.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) divulgó el miércoles un reporte que señala a México, con 11 periodistas asesinados en 2017, como el segundo país más mortífero para la prensa después de Siria.

Valdez, caso “emblemático”

Tracy Wilkinson, veterana corresponsal en México del diario Los Angeles Times, consideró el caso del fundador del semanario Riodoce y colaborador de AFP Javier Valdez, asesinado en Sinaloa el año pasado, como “emblemático” de la violencia que sufren los profesionales de la información en Latinoamérica.

“Había escrito tantos libros y ganado tantos premios que pensó que su fama lo protegería. Pero lo mataron”, dijo con dolor sobre su “maestro y amigo”.

Valdez, muerto a balazos en plena calle y a la luz del día, había denunciado la mafia liderada por el capo narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, hoy preso en Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas informaron el lunes la detención de uno de los coautores del crimen, y reconocieron que a Valdez lo mataron por su trabajo.

“Dudo de que haya mucha voluntad política de enfrentar esta situación”, se lamentó Wilkinson, sobre las perspectivas tras las presidenciales mexicanas.

Según Lanza, en México el 98% de los crímenes a periodistas sigue impune.

Alarma en la frontera

“En Colombia ha habido también un repunte de la violencia a pesar de avances en la protección de periodistas en riesgo y la lucha contra la impunidad”, añadió Lanza.

El reciente secuestro y asesinato en la frontera colombo-ecuatoriana de tres miembros del diario El Comercio de Quito por disidentes de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) genera fuerte alarma en la región.

“Es una señal de que estos grupos no solamente van contra defensores de derechos humanos, sino que también buscan silenciar periodistas”, dijo Viviana Krsticevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Tras la paz con las FARC, en Colombia disminuyeron “de manera significativa” las cifras generales de homicidios, pero aumentaron los asesinatos selectivos a líderes sociales en zonas rurales por luchas por el control del territorio, apuntó.

Casi 300 líderes sociales fueron asesinados desde 2016, muchos por su apoyo al pacto de paz, según la Defensoría del Pueblo colombiana.

Abusos y noticias falsas

Los abusos oficiales para frenar protestas sociales, que provocaron decenas de muertes a mediados del año pasado en Venezuela, hace unos meses en Honduras, y en los últimos días en Nicaragua, donde un periodista fue asesinado, también generan inquietud.

“Esperamos que la represión en Nicaragua no se transforme en algo rutinario y generalizado como en Venezuela”, dijo a AFP Margaux Ewen, directora ejecutiva de RSF en Norteamérica.

El reporte de RSF destacó el número récord de detenciones arbitrarias y actos de violencia contra periodistas en Venezuela y los “excesos autoritarios” del mandatario Nicolás Maduro.

En su informe, la RELE denunció el despliegue “excesivo y desproporcionado” de la fuerza pública contra manifestantes y llamó a proteger el derecho de la población a expresar su descontento.

Lanza señaló asimismo el reto que suponen las “fake news”, o la difusión deliberada y malintencionada de desinformación en internet, muchas veces para perjudicar a un candidato político, con el consiguiente riesgo de que los gobiernos reaccionen imponiendo una excesiva regulación.

“Nos preocupa y más en contextos electorales. Pero tenemos que cuidar que la respuesta de los Estados no sea la censura masiva”, subrayó.

Lanza llamó a los medios de comunicación a ser rigurosos en la verificación de datos para evitar reproducir noticias falsas, y a los usuarios, a recurrir a “medios tradicionales con trayectorias probadas” para comprobar información dudosa.