El presidente de El salvador, Nayib Bukele, favorito para reelegirse en el poder en las próximas elecciones del 4 de febrero, pidió el domingo 21 de enero el voto para no poner “en riesgo” la polémica lucha que su gobierno lleva a cabo contra las pandillas.

“Este 4 de febrero debemos proteger los logros en seguridad”, dijo Bukele en un video, de un minuto de duración, publicado en su cuenta de X, antes Twitter.

El mandatario pide el voto para los candidatos de su partido Nuevas Ideas al Congreso de los Diputados.

“En este momento Nuevas Ideas tiene la mayoría calificada, pero con tan sólo un diputado menos perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas”, señaló Bukele.

Un mensaje a los salvadoreños pic.twitter.com/G3xE3gkOxM

— Nayib Bukele (@nayibbukele) January 22, 2024

Según el presidente salvadoreño, en caso de no tener mayoría calificada en el Congreso, su gobierno no podría aprobar el régimen de excepción, elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general “ni aprobar todas las herramientas que nos están ayudando para ganar esta guerra” contra las pandillas.

“Eso quiere decir que con tan sólo un diputado menos de Nuevas Ideas, la oposición podrá lograr su verdadero y único plan, liberar a los pandilleros y ocuparlo para regresar al poder”, añadió.

Bukele ganaría la reelección y dominaría casi por completo el Congreso en los comicios del 4 de febrero, según varias encuestas.

En los comicios de febrero además de elegir presidente los salvadoreños también renovarán el Congreso.

El mandatario recibió el 30 de noviembre una licencia parlamentaria de seis meses para lanzarse a la campaña de reelección.

El respaldo popular masivo a Bukele se debe a que su “guerra” contra las pandillas criminales llevó tranquilidad a la población, pese a limitar los derechos civiles con un régimen de excepción que rige desde marzo de 2022, según grupos de derechos humanos.

Bukele se presenta a la reelección tras un polémico fallo de la Corte Constitucional, que lo facultó a para postular a un segundo mandato consecutivo, aunque la carta magna salvadoreña no permitía la reelección.

El régimen de excepción, una polémica medida implementada en El Salvador para combatir a las pandillas y que suspende algunas garantías constitucionales, es un proyecto político que “a Bukele le ha servido para catapultarse a la reelección”, aseguró en una entrevista con EFE Samuel Ramírez, representante de familiares de detenidos.

El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022, decretado tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas o maras en el país centroamericano. Esta medida se ha convertido en la principal acción de seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele y en su máxima carta propagandística de cara a las elecciones presidenciales del 4 de febrero.

En dichos comicios, Bukele buscará su reelección inmediata y, de ganar, sería el primero en repetir en el cargo a pesar de que la Constitución no lo permite.

“Si hablamos de político, el régimen de excepción es político, no es solamente por combatir la criminalidad, es un proyecto político que a Bukele le ha servido para catapultarse para una reelección. Él sabe que el régimen lo tiene a un nivel que puede ganar las elecciones y por eso lo vende de esa manera”, comentó Ramírez.

Ramírez es un excombatiente, fundador y coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), un grupo que surgió en agosto de 2022 y que defiende derechos humanos, según su fundador.

El Movir ha acompañado a familiares de personas detenidas de forma supuestamente arbitraria durante la medida de excepción.

De acuerdo con los datos oficiales, desde marzo de 2022 suman más de 75 mil 100 las detenciones de personas acusadas de ser pandilleros o colaboradores, de las que más de 7 mil personas habrían salido en libertad condicional.

“Bukele ya se dio cuenta que la única obra que le ha funcionado es el régimen porque lo (demás) que prometió en la campaña (para los comicios de 2019) no se ha cumplido, como la atraer inversión extranjera, al contrario la inversión ha sido mínima en este país durante este año recién pasado”, comentó Ramírez.

El fundador de Movir opinó que la actual situación en la que se encuentra El Salvador es “muy compleja” y “de ganar (Bukele) las elecciones, pensamos que el régimen va a continuar porque es lo que le ha dado más rédito, no hay otra cosa”.

También augura “más persecución y amenazas de capturas. No vemos luz en ese túnel, pero creemos que la denuncia es lo único que Movir puede tratar de impulsar con mayor fuerza, la presencia en la calle, la denuncia en los medios y la visitas a instituciones, aunque el Gobierno descalifique a las instituciones”, expresó.

Señaló que en El Salvador “no hay prevención de la violencia, todo es cárcel, represión y persecución” y enfatizó que el régimen de excepción “es una carta de presentación que le ha funcionado a nivel mundial a Bukele”.

“Bukele es popular en todo el mundo por la forma en que vende el régimen y por decir que a las pandillas las tiene neutralizadas, aunque sabemos que ha negociado con ellas”, sostuvo.

Además, comentó que la comunidad internacional “se siente con temor de pronunciarse” con respecto al régimen de excepción y “con miedo que, si lo hacen, los expulsen”.

Aseguró que “hay mucha gente quiere el régimen, pero también hay un clamor de gente, que no se expresa por miedo, que no está muy a gusto por la forma de gobernar”.

Cuestionó el papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) por “la falta de interés” para investigar sobre las capturas arbitrarias, los procesos judiciales “amañados” y las muertes en las cárceles bajo custodia.

Apuntó que “toda la gente que muere a causa del régimen” en las cárceles, “muere por falta de atención médica, otros mueren porque los asesinan, que no me digan que mueren por muerte natural, y no vemos una denuncia pública de la PDDH, ni del comisionado presidencial de derechos humanos”, Andrés Guzmán.

La cifra de privados de libertad muertos en El Salvador en custodia estatal en el contexto de un régimen de excepción llegó a 218, según la organización civil Socorro Jurídico Humanitario (SJH).

Ramírez recordó que el Movir continuará pronunciándose en favor de las víctimas, buscando justicia y defendiendo los derechos humanos y agregó que “no es un movimiento político, no hemos recibido ningún centavo de ningún partido ni ayuda de ningún Gobierno”.

La cifra de privados de libertad muertos en El Salvador en custodia estatal en el contexto de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, llegó a 218, dijo el martes 2 de enero a EFE Ingrid Escobar, directora de la organización civil Socorro Jurídico Humanitario (SJH).

“Nosotros, como SJH, a fecha 2 de enero de 2024, tenemos en nuestros registros confirmada la muerte de 218 salvadoreños durante el régimen de excepción”, indicó Escobar.

Agregó que solamente el 6% de estas personas fallecidas en centros penales había sido perfilada de supuestamente pertenecer a pandillas, mientras que el 94% no.

“Ninguno había sido condenado, todos estaban en fase de investigación, algunos esperando la audiencia especial de revisión de medidas, que nunca llegó”, añadió la defensora de derechos humanos.

Apuntó que “entre estos fallecidos hay principalmente agricultores, jornaleros, sindicalista, jóvenes, 12 mujeres” y agregó que eran de escasos recursos.

Denunció que “el 60% han sido muertes violentas”, dado que “hay señales de tortura, de golpes, estrangulamiento” y otro 30% no recibió atención médica adecuada.

De estas muertes, el fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo a mediados del 2023 que se archivaron 142 casos, porque “no constituyen delito”.

El régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, fue aprobado en marzo de 2022 por el Congreso tras una escalada de homicidios que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días, y se ha ampliado en 21 ocasiones por periodos de 30 días a petición del Gobierno.

De acuerdo con los datos oficiales, en este contexto suman más de 74 mil las detenciones, de las que más de 7 mil personas habrían salido en libertad condicional.

Las organizaciones humanitarias han registrado al menos más de 6 mil “víctimas directas”, de las que más del 50% son jóvenes y la gran mayoría habría sufrido detenciones arbitrarias.

El Gobierno atribuye a este régimen, que suspende derechos como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las comunicaciones, gran parte de la disminución de la violencia.

La cifra oficial de homicidios al cierre de 2023 se situó en 194, un 60.8% menos que las reportadas en 2022, según indicó el martes 2 de enero a EFE un enlace de prensa de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia.

La cantidad de muertes violentas en el país centroamericano comenzó a descender después de 2015, año que se colocó como el más violento en la historia reciente salvadoreña con 103 homicidios por cada 100 mil habitante, y la caída se acentuó en 2019, cuando comenzó la administración de Nayib Bukele.

Amnistía Internacional (AI) advirtió a inicios de diciembre que la “violencia” ejercida por el Estado salvadoreño”, en el marco del un régimen de excepción “reemplaza gradualmente” a la ejercida por las pandillas en las comunidades empobrecidas.

Más de 200 reos fallecieron en cárceles de El Salvador bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado desde marzo de 2022, cuando comenzó el régimen de excepción en el país centroamericano para combatir a las pandillas, según datos compartidos este martes 12 de diciembre a EFE por la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario.

Ingrid Escobar, representante de la entidad que brinda asistencia legal a familiares de personas detenidas en el contexto de la medida de régimen de excepción, confirmó que son 213 casos los que se registraron entre marzo de 2022 y el 10 de diciembre de 2023.

Explicó, durante una conversación telefónica, que el registro de personas fallecidas de la organización “ha sido elaborado a partir de la información proporcionada directamente por familiares de las víctimas” y a partir del “monitoreo de fuentes periodísticas”.

Señaló que “el 94% de las víctimas mortales son hombres y el 6% son mujeres”, es decir “201 hombres frente a 12 mujeres”, añadió.

“Tenemos pruebas de estas muertes, por lo que nadie puede negar que se están dando”, agregó Escobar.

Según un documento compartido por Socorro Jurídico, la mayoría de las muertes en las cárceles salvadoreñas se ha dado por “negligencia por la falta de atención médica” y “homicidio”.

De acuerdo con los datos oficiales, en el contexto del régimen de excepción, implementado por el Gobierno como su principal medida de seguridad para combatir a las pandillas y que suspende algunas garantías constitucionales, suman más de 74 mil las detenciones, de las que más de 7 mil personas habrían salido en libertad condicional.

A juicio de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI), esta medida ha llevado al país a una de “sus peores crisis” de derechos humanos desde el fin de la guerra civil (1980-1992) y a que la violencia estatal sustituya paulatinamente a la de las pandillas.

Para el Ejecutivo, todos los detenidos son pandilleros o colaboradores, mientras que las organizaciones sociales registran más de 5 mil “víctimas directas” de atropellos, principalmente por detenciones arbitrarias.

Este régimen fue aprobado a finales de marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días. Una investigación del medio local El Faro sostiene que esta alza se debió a la supuesta ruptura de un pacto entre el Gobierno y las maras.

El Salvador cerrará el año 2023 bajo dicho régimen de excepción, después de que el oficialismo aprobó el pasado 5 de diciembre en la Asamblea Legislativa la vigésimo primera ampliación por 30 días de la medida.

Cristián González, de 22 años, ahora puede practicar skateboard en un barrio de San Salvador que antes era feudo de pandillas, pero se siente triste porque su hermano está preso desde hace 20 meses en virtud de un régimen de excepción.

Aprobado en marzo de 2022 por el Congreso salvadoreño a pedido del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas que asolaban el país, el régimen de excepción fue prorrogado el miércoles 6 de diciembre hasta el 11 de enero de 2024.

Cristián dice que su hermano Osvaldo, dos años mayor que él, fue de los primeros detenidos por esta norma que faculta el despliegue de militares en las calles y arrestos sin orden judicial. Más de 74 mil sospechosos han sido detenidos y grupos de derechos humanos afirman que hay muchos inocentes entre ellos.

“Él estaba con sus amigos bebiendo (cervezas) y la policía llegó y se lo llevó por (supuestamente pertenecer a) agrupaciones ilícitas”, cuenta Cristián con tono triste a la AFP en una pausa del skateboard en un coliseo deportivo de Zacamil, una colonia del noroeste de San Salvador que antes era zona de disputas entre las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.

“Para nosotros ha sido bastante doloroso”, agrega el joven con el rostro sudado, al asegurar que su hermano “no tenía ninguna relación con pandillas”.

Bukele lanzó su “guerra” contra las pandillas en respuesta a una escalada de 87 asesinatos en un fin de semana, atribuido a las temidas bandas que mantenían control territorial en buena parte del país. Además, construyó una “megacárcel” para recluir a miles de pandilleros.

Osvaldo, quien practicaba ciclismo de acrobacia, está preso desde el 30 de marzo de 2022 y sus familiares no han podido visitarlo en la cárcel, según su hermano.

“Que salga pronto es lo que más ansiamos”, indica Cristián, quien vive con su madre en la Ciudad Futura, al norte de San Salvador.

La madre le lleva cada mes artículos de aseo a su hijo a la penitenciaria La Esperanza, cerca de la capital, pero no puede entregárselos personalmente, así que los deja con los custodios, según su hermano.

“Cuando mi mamá va a dejar su paquete, ahí pregunta cómo está él, y ahí le dicen que él sigue ahí”, sin más explicaciones, asegura Cristián, quien sin embargo admite que bajo el régimen de excepción “hoy todo se siente más seguro” en el país.

“Violencia del Estado”

La “guerra” ha devuelto la tranquilidad a las calles del país y el 90% de los salvadoreños apoya la gestión de Bukele, según encuestas.

Favorecido por su alta popularidad, Bukele tomó licencia para buscar la reelección en febrero, aunque la oposición asegura que su candidatura es “inconstitucional”. Dejó como presidenta provisional a Claudia Rodríguez de Guevara, una colaboradora de confianza desconocida para sus compatriotas.

Amnistía Internacional denunció esta semana un “preocupante” deterioro de los derechos humanos en el país centroamericano bajo el régimen de excepción.

“La violencia del Estado está reemplazando gradualmente la violencia de las pandillas”, dijo la directora de Amnistía para las Américas, Ana Piquer.

“La gente tiene miedo a denunciar las graves violaciones cometidas en el régimen, por ello es muy difícil conocer la verdadera dimensión”, indicó por su parte la abogada Ruth López, de la ONG Cristosal.

“Se siente paz y seguridad”

Las calles del centro de la capital antes eran peligrosas, pues acechaban los pandilleros, pero ahora la gente ha vuelto a ocupar los sitios públicos, incluso de noche. También viaja en autobuses sin temor a ser asaltada.

Asimismo, en toda la ciudad han reabierto pequeños negocios de comida o vestuario, cuyos dueños habían cerrado agobiados por los pandilleros que los extorsionaban.

Reina Margarita Lemus pasea con su marido y sus dos hijos en la Plaza Libertad gracias al nuevo clima de seguridad en el centro, con presencia de soldados y policías.

“Hoy podemos andar con libertad y antes andábamos con miedo, no salíamos”, comenta la cocinera de 52 años a la AFP.

En la plaza Gerardo Barrios, flanqueada por el Palacio Nacional y una moderna biblioteca donada por China, muchas personas se toman selfies, algo impensable antes.

“Antes del régimen uno andaba desconfiado, no andaba sacando el celular, ni tomándose fotos por ningún lado, (ahora) es diferente”, dice a la AFP Carmen Beltrán, comerciante de 50 años.

El comerciante José Beltrán, 61 años, indica que ahora “el ambiente es bueno”, pues “se siente paz y seguridad”, mientras observa a un grupo musical tocando una marimba en una calle contigua a la Catedral.

La Asamblea Legislativa de El Salvador prorrogó el martes 7 de noviembre por vigésima vez el régimen de excepción mediante el cual el presidente Nayib Bukele mantiene una “guerra” contra las pandillas, que condujo al arresto de 73 mil 800 presuntos miembros de esas bandas.

“Prolóngase en todo el territorio nacional el régimen de excepción”, consigna el decreto que fue aprobado por 67 votos a favor en el Congreso Unicameral de 84 escaños.

Se trata de la vigésima prórroga, que estará vigente del 13 de noviembre al 12 de diciembre.

Según el decreto, el régimen debe seguir en virtud de que la “amenaza sigue presente” y para dar continuidad al “restablecimiento del orden, la seguridad ciudadana y el control territorial”.

El diputado Guillermo Gallegos, cercano al oficialismo, se congratuló de votar por la extensión de régimen tras señalar que las pandillas eran “el cáncer que nos había carcomido nuestra sociedad” y que llevó a la muerte a “miles de salvadoreños”.

En respuesta a una escalada de 87 asesinatos en un fin de semana atribuido a las pandillas en marzo de 2022, el gobierno salvadoreño mantiene una “guerra” contra esas bandas al amparo del régimen de excepción, que es cuestionado por diferentes organizaciones de derechos humanos.

En 19 meses, la medida, que permite detenciones sin orden judicial, suma más de 73 mil 800 presuntos pandilleros detenidos. Más de 7 mil inocentes han sido liberados.

Diferentes encuestas de universidades establecen que en promedio 9 de cada 10 salvadoreños se sienten seguros con el régimen de excepción.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró el domingo 22 de octubre que en las cárceles salvadoreñas “no hay abusos”, a pesar señalamientos de organizaciones humanitarias de muertes con signos de violencia y de supuestas torturas de personas detenidas bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

“En El Salvador, a diferencia de la mayoría de países de Latinoamérica, nuestras cárceles son limpias, ordenadas, no hay abusos, ni insalubridad, ni golpes, ni asesinados (como a diario pasa en otros países)”, publicó en la red social X (antes Twitter).

Agregó que “abrimos constantemente nuestras instalaciones a la prensa nacional e internacional”.

“Sin embargo, somos nosotros los criticados. ¿Quién los entiende? Tal vez su molestia es porque no permitimos que ordenen delitos desde las cárceles, que no haya drogas, armas, ni señal telefónica o de internet. Tal vez les molesta que no haya riñas con las que pueden justificar el asesinato de testigos”, añadió el mandatario.

El mandatario del país centroamericano posteó este mensaje acompañado de la publicación de una cadena estadounidense de televisión sobre una visita al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot), una megacárcel construida para recluir a unos 40 mil pandilleros.

En El Salvador, a diferencia de la mayoría de países de Latinoamérica; nuestras cárceles son limpias, ordenadas, no hay abusos, ni insalubridad, ni golpes, ni asesinados (como a diario pasa en otros países).

Abrimos constantemente nuestras instalaciones a la prensa nacional e… https://t.co/2U85uUsAfw

— Nayib Bukele (@nayibbukele) October 22, 2023

De acuerdo con organizaciones humanitarias, al menos 189 personas han fallecido en custodia estatal en el contexto del régimen de excepción, aprobado y ampliado por el Congreso de mayoría oficialista para combatir a las pandilla tras una escalada de homicidios.

Organizaciones como Cristosal ha indicado en sus informes que han identificado patrones de tratos crueles, inhumanos o degradantes, además de laceraciones, hematomas, heridas, estrangulación, ahorcamiento y otros “signos de tortura”.

En abril pasado, Amnistía Internacional señaló que “ha documentado al menos 10 casos de muerte bajo custodia del Estado y verificó que las principales causas incluyen el sometimiento a torturas y tratos crueles y degradantes por parte de agentes policiales y custodios”.

El oficialismo y sus aliados en la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron la noche del miércoles 11 de octubre la prórroga número 19 de un régimen de excepción para combatir a las pandillas y que suspende garantías constitucionales.

Con los votos de 67 diputados de los 84 que forman el Congreso, la mayoría del partido Nuevas Ideas (NI), se amplió por un término más de 30 días y la medida cumplirá 20 meses de vigencia.

“Vamos a continuar con esto hasta que sea necesario” y “hasta que nosotros como salvadoreños tomemos la decisión que ya es suficiente con el régimen de excepción”, dijo el presidente del órgano Legislativo y exsecretario privado del mandatario Nayib Bukele, Ernesto Castro.

Dicho régimen fue aprobado tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas a finales de marzo de 2022 y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.

La medida fue aprobada nuevamente con dispensa de trámite, por lo que no fue conocida por una comisión ni fue sometida a un debate legislativo.

Desde marzo de 2022, el Congreso decretó la suspensión del derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y extendió el plazo de la detención administrativa a un máximo de 15 días.

De esta manera la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, ha otorgado al Gobierno del presidente Bukele poderes especiales para su llamada “guerra contra las pandillas”, que ha tenido como principal apuesta la detención masiva de supuestos pandilleros y colaboradores, además de cercos de seguridad con miles de elementos de la Policía y del Ejército.

El decreto legislativo aprobado indica que este régimen le da al Gobierno las herramientas “para llevar a cabo las acciones operativas idóneas y continuar dando seguridad frente a la amenaza de las organizaciones criminales y sus integrantes”.

“Si bien, se está ganando decididamente la guerra contra las pandillas, existen miembros que aún no han sido capturados y persisten en el actuar delictivo mediante la reiteración”, agrega.

De acuerdo con cifras oficiales, son más de 72 mil detenciones realizadas bajo el régimen de excepción, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5 mil “víctimas directas” de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.

“Con 67 votos (de 84) queda aprobada la iniciativa del presidente de la República (…) en el sentido se prolongue el régimen de excepción”, declaró el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

Se trata de la décimoquinta prórroga del régimen de excepción, el cual estará vigente desde el 16 de junio hasta el 15 de julio.

Ese régimen, que entre otras cosas permite detenciones sin orden judicial previa, se instauró en respuesta a una escalada de homicidios que cobró la vida de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo de 2022.

“Los salvadoreños han recuperado su libertad”, declaró el diputado oficialista Walter Alemán, al justificar su voto a favor de la medida que llevó al encarcelamiento de unos 70 mil presuntos pandilleros detenidos.

¡ Aprobado !#RegimenDeExcepcion por 30 días más. pic.twitter.com/2NBxEntXOi

— Walter Aleman (@WalterAlemanSV) June 14, 2023

La diputada de la exguerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Marleni Funes, rechazó la prórroga del régimen y al votar contra pidió “dignificar a las víctimas” porque “en las capturas hay arbitrariedades”.

¡Llevamos 386 días sin homicidios!

Con las medidas del #RegimendeExepcion han proporcionado tranquilidad a las familias salvadoreñas y han impulsado el desarrollo en comunidades pic.twitter.com/dQdUCopQzQ

— Walter Aleman (@WalterAlemanSV) June 14, 2023

La medida ha sido cuestionada por diferentes organismos humanitarios al presuntamente violar derechos de las personas, luego que la ONG Cristosal denunció que en el primer año del régimen murieron 153 personas que estaban encarceladas.

El martes 13 de junio, el fiscal general, Rodolfo Delgado, reconoció la muerte de 142 detenidos en el marco del régimen de excepción.

“Hasta el momento llevamos archivados 142 casos (de muertes) que no constituyen delito de acuerdo con nuestras investigaciones”, sostuvo Delgado.

Diferentes encuestas consignan que en promedio 9 de cada 10 salvadoreños se sienten seguros con el régimen de excepción, ya con 15 meses de vigencia.

El Congreso de El Salvador aprobó el miércoles 13 de abril una extensión por 30 días de un régimen de excepción con el que el gobierno de Nayib Bukele combate a las pandillas y deja más de 67 mil presuntos miembros de esos grupos detenidos.

“Prolóngese en todo el territorio nacional el régimen de excepción”, estableció el decreto aprobado por 67 diputados del Congreso unicameral dominado por aliados del mandatario.

La nueva extensión del régimen de excepción – decimotercera- estará vigente entre el 17 de abril y el 16 de mayo próximo.

El régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, se instauró en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo de 2022.

La medida ha sido cuestionada por diferentes organismos humanitarios por presuntamente violar derechos de las personas.

El pasado 6 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó “al Estado de El Salvador a restablecer la plena vigencia de los derechos y garantías suspendidas” por el régimen de excepción.

“La CIDH urge al Estado respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad”, señaló la CIDH en un comunicado.

Otras organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han sugerido en meses anteriores al gobierno salvadoreño “quitar” el régimen de excepción y reemplazarlo con una “estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos”, pero la respuesta ha sido siempre un “no” por parte del presidente Bukele.

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Este miércoles, previo a que la extensión del régimen de excepción fuera aprobado por los diputados, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que bajo el régimen de excepción han sido detenidos “más de 67 mil” personas, presuntos pandilleros.

De paso, Villatoro criticó a los organismos humanitarios internacionales que han pedido al gobierno acabar con el régimen de excepción.

“Son organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos de criminales que atentan contra la sociedad y contra el Estado”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad.

Una encuesta a finales de marzo de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), indicó que 85,7% de los salvadoreños se sienten seguros con el régimen de excepción, que ya lleva más de un año de vigencia.