El juez Fredy Orellana, ordenó este 13 de febrero que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) abra una investigación contra Blanca Alfaro, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal.

Orellana aceptó la petición del MP en la audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal A, dirigido por el juez Fredy Orellana, en donde además se ligó a proceso a cuatro trabajadoras del TSE señaladas en el caso Corrupción Semilla.

En la audiencia, la fiscal Leonor Morales, quien estaba acompañada por el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, pidió que las procesadas Luz Elena de León Carreto, Jennyfer Mireya Estrada Escobar,  Alma Beatriz Posadas Beltetón y Katherine Johanna Quezada Villatoro quedaran en arresto domiciliario y reprochó que Alfaro haya acudido a la Torre de Tribunales a mostrarle su apoyo a las empleadas de la institución.

La fiscal cuestionó la visita de la presidenta Alfaro y las conversaciones que tuvo con las sindicadas en apoyo y solidaridad con las empleadas del TSE.

Morales le pidió al juez Orellana que certificara lo conducente contra la magistrada Alfaro por obstaculización a la acción penal.

“Como máxima autoridad del Tribunal Supremo Electoral ya que a ciencia cierta no sabemos a ciencia cierta cuáles son los límites del apoyo que esta -Alfaro- vino a externar a las afueras de este juzgado o si este apoyo será ilimitado aún y por encima de la ley y de la justicia y es por esto que el ente investigador solicita que se certifique lo conducente contra la doctora Blanca Odilia Alfaro por la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal”, dijo la fiscal Morales.

La fiscal recordó que los hechos imputados contra las trabajadoras del TSE ocurrieron antes de que  Alfaro tomara el cargo de magistrada presidenta y que eso causa suspicacia. Además, dijo que Alfaro ya tiene petición de retiro de derecho de antejuicio, – pendiente de resolverse- por intentar interferir en una diligencia en el TSE.

“que mejor para destruir, modificar, ocultar, suprimir u falsificar medios de prueba que contar con el apoyo de la máxima autoridad. Esta representación, por ese motivo considera que existe la grave sospecha que, las sindicadas, puedan tener todo el acceso que quieran a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, impunemente, y jamás alguien podría enterarse”, dijo la fiscal.

Resolución

El juez Orellana resolvió arresto domiciliario en el departamento de Guatemala, prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial previa y por escrito, prohibición absoluta de comunicarse o visitar a cualquier empleado o funcionario activo en el TSE, prohibición absoluta a cualquier sede del TSE en toda la república y prohibición comunicarse con cualquier persona que en el actual proceso aparezca como coimputada, procesada o personas condenadas en el caso.

Orellana también accedió a la petición del MP y ordenó a la Feci investigar a la presidenta del TSE por obstaculización a la acción penal.

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, dijo que el juez ligó a proceso a las empleadas del TSE por incumplimiento de deberes y señaló que dos de ellas aceptaron someterse al procedimiento de aceptación de cargos y contra las otras dos, el MP tendrá seis meses para investigar.

Dijo que el 14 de febrero se llevará a cabo el proceso de aceptación de cargos contra las sindicadas Katherine Johanna Quezada Villatoro y Luz Elena de León Carreto y allí se decidirá su situación jurídica.

Las otras dos sindicadas fueron las que recibieron arresto domiciliario.

En cuanto a la orden de investigar a la magistrada Alfaro, Curruchiche dijo que fueron testigos cuando ella mostró apoyo a las trabajadoras del TSE, pero que la Feci considera que ese acto tiene implícitamente tiene un componente de mando de autoridad, una relación entre ella y las trabajadoras.

Sancionados

El pasado 2 de febrero, la fiscal Leonor Morales; el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana – junto a la jefa del MP, Consuelo Porras y al secretario de la institución Ángel Pineda-, fueron sancionados por la Unión Europea el  por acciones que socaban la democracia y el estado de Derecho en Guatemala.

Se impusieron medidas restrictivas que restringen viajes y congelan activos en la Unión Europea.

Porras, Pineda, Curruchiche, Morales y el juez Orellana también están sancionados por Estados Unidos, pues fueron incluidos en la Lista de Actores Corruptos en Centro América.

El Parlamento Europeo presentó este 13 de diciembre de 2023 una propuesta de resolución común sobre el intento de golpe de Estado en Guatemala en la que pide al Consejo que adopte inmediatamente medidas restrictivas específicas, incluidas la inmovilización de activos y la prohibición de viajar, contra funcionarios del Ministerio Público (MP) y un juez.

La propuesta de resolución contiene 10 puntos y en el número 5 se destaca la importancia de exigir responsabilidades a quienes obstaculizan la democracia en Guatemala.

En eses sentido, pide al Consejo, “que adopte inmediatamente medidas restrictivas específicas, incluidas la inmovilización de activos y la prohibición de viajar”, contra la fiscal general María Consuelo Porras Argueta;  el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), José Rafael Curruchiche Cucul; el juez Fredy Raúl Orellana Letona; la fiscal de la Feci, Leonor Eugenia Morales Lazo y el secretario general del MP Ángel Arnoldo Pineda Ávila, entre otros.

La resolución señala que estas personas “están socavando el proceso electoral de 2023 en Guatemala e instrumentalizan sistemáticamente el poder judicial para debilitar el Estado de Derecho y criminalizar a figuras de la oposición”.

En el punto 8 pide al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Estados miembros y a la Delegación de la Unión que sigan supervisando la situación en Guatemala, en particular las decisiones del MP, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, “hasta que haya garantías claras y serias de que se respeta la voluntad de los votantes expresada en las elecciones generales del 25 de junio de 2023 y en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 20 de agosto de 2023.

También expresa su apoyo a los trabajos en curso de la Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para ayudar con la transición presidencial, de conformidad con el mandato del Consejo Permanente de la OEA.

La resolución también exhorta a las autoridades guatemaltecas competentes a que “apliquen las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, en particular las que abordan las deficiencias constatadas en el Estado de Derecho, la separación de poderes y la promoción de los derechos humanos y políticos”.

Además, el Parlamento Europeo encarga a su presidenta que transmita esta resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a la OEA, a las Naciones Unidas, a las autoridades de Guatemala y al Parlacen.

Condena intento de golpe de Estado

En la propuesta, en el numeral 1, el Parlamento condena lo que califica como intento de golpe de Estado en Guatemala y “los continuos esfuerzos del Ministerio Público por invalidar los resultados de las elecciones generales y presidenciales en Guatemala sobre la base de acusaciones infundadas de fraude”, y pide que se ponga fin de inmediato a estas acciones.
También rechaza “todas las acciones por motivos políticos de algunas autoridades que conculcan manifiestamente la Constitución guatemalteca, el Estado de Derecho, la integridad del proceso electoral y los principios más fundamentales de la democracia, incluido el principio fundamental de la separación de poderes”.

Apoyo al presidente electo

En el numeral 3 de la resolución, el Parlamento da su apoyo al presidente electo, Bernardo Arévalo, y pide una transición ordenada que conduzca a su investidura como el 52 presidente de Guatemala el 14 de enero de 2024.

Petición a Giammattei y otras instituciones

La mencionada resulición también solicita a la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso y el presidente Alejandro Giammattei, “que tomen medidas para preservar el orden constitucional y el Estado de Derecho, que rechacen los intentos inaceptables de invalidar los resultados electorales, que garanticen el respeto de la voluntad expresada por los ciudadanos guatemaltecos con sus votos y que velen por el respeto de sus derechos civiles y políticos, su integridad y su seguridad, incluido el derecho de los cargos electos a asumir debidamente sus funciones, de conformidad con las normas internacionales y las leyes guatemaltecas”.

En otro punto, la resolución menciona que la independencia del poder judicial, del pluralismo político y de la libertad de expresión de todo el pueblo guatemalteco son derechos fundamentales y pilares básicos de la democracia y el Estado de Derecho y además expresa “su profunda preocupación ante el continuo deterioro del Estado de Derecho en Guatemala”.

Persecución penal

La resolución también expresa la preocupación por la detención “arbitraria” de fiscales, jueces, antiguos funcionarios de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y periodistas independientes, entre otros José Rubén Zamora.

Pide la “liberación inmediata e incondicional” de todas las personas detenidas arbitrariamente, “así como la desestimación de todas las acusaciones penales infundadas contra ellas; pide a las autoridades guatemaltecas, en particular al Ministerio Público, que se abstengan de todo intento de obstaculizar la labor de los defensores de los derechos humanos, los operadores de justicia y los periodistas que han investigado y puesto de manifiesto la corrupción, las violaciones de los derechos humanos y el abuso de poder”.

MP responde

El Ministerio Público (MP), a través de su jefe de Prensa, Moisés Ortiz, respondió a los señalamientos que el Parlamento Europeo.

En un video publicado en redes sociales del MP, Ortiz, menciona que, tal y como se ha manifestado en múltiples oportunidades, es una falacia señalar que el Ministerio Público quiera alterar los resultados electorales o que se haya vulnerado la voluntad popular.

Señala que, por el contrario, el MP únicamente ha cumplido con su mandato legal de investigar las denuncias ciudadanas, y señala que, de no hacerlo, sería denegarles justicia a las víctimas de delitos.

“El Ministerio Público rechaza toda narrativa falsa y maliciosa, y lamenta que los miembros del Parlamento Europeo desconozcan el sistema legal de Guatemala y hayan obviado informarse por la vía oficial”.

“De igual forma, el Ministerio Público es categórico al señalar que únicamente responde a la Constitución Política de la República de Guatemala y a las leyes vigentes del país, y no a instancias que carecen de mandato legal en Guatemala, por lo que actualmente se están analizando las acciones jurídicas en el ámbito del derecho internacional público, ya que, aparentemente, se busca obstaculizar la justicia”, refirió Ortiz.

El jefe de Prensa del MP dijo que la institución reafirma su compromiso con la población guatemalteca, de continuar con sus investigaciones con el fin de averiguar la verdad.

Las autoridades del Ministerio Público, en conferencia de prensa este 8 de diciembre, anunciaron nuevas acciones en un caso que denominó “Corrupción Semilla”, por el que solicitaron nuevamente el retiro de antejuicio del presidente electo Bernardo Arévalo por presunto lavado de dinero.

La Fiscalía también solicitó el retiro de inmunidad del diputado Samuel Pérez y ordenó la captura de dos integrantes del partido señalándolos de falsedad ideológica con la agravación electoral de forma continuada.

El Fiscal Rafael Curruchiche, a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), destacó primero la labor de los fiscales de la FECI, quienes dijo que continuaron su trabajo “a pesar de enfrentar amenazas incluso de muerte, a coacciones y bloqueos,” las cuales dijo que, según “fuentes de información abierta, están siendo financiadas por un país extranjero”.

Además, Curruchiche dijo que también quería reafirmar lo que expresó el 12 de septiembre de 2023, cuando emprendió un allanamiento en el Parque de la Industria.

“Indiqué en esa ocasión que me hubiera gustado que estuviera aquí el señor Luis Almagro, secretario de la OEA. No sé si está en Guatemala, pero lo invito a que venga. Personalmente, yo lo puedo atender y le puedo explicar lo que ustedes verán más adelante”, afirmó Curruchiche.

Asimismo, el fiscal extendió su llamado a todos aquellos funcionarios extranjeros que, según dijo, de “manera abusiva”, buscan “interferir” en las investigaciones del Ministerio Público.

“A aquellos diplomáticos, embajadores y senadores de países extranjeros que tengo entendido que también están en este momento en Guatemala, que de forma abusiva quieren interferir para que el Ministerio Público no investigue, también a ellos los invito a que se acerquen al Ministerio Público. Nosotros les podemos dar por menores de la investigación”, añadió.

El secretario del MP, Ángel Pineda, dijo que el caso se presentaba en un “día histórico para la institucionalidad democrática” en el que “la evidencia y los datos se impondrán a los relatos”.

Pineda dijo que el caso denominado “Corrupción Semilla” es resultado de varios meses de investigación y está comprendido en tres fases.

“Es una falacia que el Ministerio Público quiera alterar los resultados electorales, o se haya vulnerado la voluntad popular. Rechazamos todas estas narrativas falsas y maliciosas, que únicamente buscan confundir, desinformar, tergiversar los hechos y evitar que la investigación presente los resultados”, dijo Pineda.

Denuncia

El MP indicó que la investigación se inició a raíz de la denuncia de un ciudadano que habría descubierto su afiliación no autorizada al partido Semilla.

Se determinó que algunas firmas en las adhesiones al partido fueron falsificadas, y se alega que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) omitió denunciar estos hechos al MP.

La investigación abarca delitos como uso de documentos falsificados, omisión de denuncia, desobediencia, obstrucción de justicia y reportes financieros irregulares.

A raíz de crisis social y política que atraviesa Guatemala, y que ha ido desde la intensidad hasta la disminución, desde el pasado lunes 2 de octubre, el sector empresarial organizado emitió un comunicado titulado “Todos por la democracia y el estado de Derecho”.

El texto contiene seis puntos y enfatiza que el país se ha visto afectado por bloqueos que atentan contra el derecho de libre locomoción y han impactado, no solo a los sectores productivos, sino a toda la población.

El comunicado, firmado por 19 cámaras empresariales y sectores, da a conocer que:

1. Respetan el derecho de manifestación pacífica, el cual es incompatible con bloqueos que generan caos e incertidumbre. “En consecuencia, es imperativo que liberen los bloqueos que aún persisten en todo el territorio nacional”.
2. Llaman al respeto hacia la voluntad popular, “la cual fue manifestada con claridad por medio de las urnas”.
3. Reafirman el compromiso y defensa incondicional hacia el estado de Derecho y la democracia que rige en el país. “Consideramos que cualquier acto contra estos principios atenta contra el bienestar y progreso de nuestra nación. Para fortalecer nuestro estado de Derecho, cada una de las instituciones debe cumplir con sus funciones y respetar el límite de sus competencias”, se lee en el escrito.
4. Exigen a los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y a todas las instituciones que conforman el tejido institucional del Estado, a respetar y hacer cumplir la ley, fortalecer y proteger el proceso electoral.
5. Hacen un llamado a proteger a los voluntarios de todas las Juntas Electorales involucrados en este proceso.
6. Reiteran que las autoridades electas, deben tomar posesión de sus respectivos cargos el próximo 14 y 15 de enero de 2024, cumpliendo con la ley vigente en Guatemala.

Todos por la Democracia y el Estado de Derecho como sector empresarial organizado comunicamos: pic.twitter.com/flV0yuniaj

— FUNDESA (@FUNDESA) October 21, 2023

“La estabilidad y prosperidad de Guatemala dependen de que se respete el estado de Derecho, que los guatemaltecos respetemos y protejamos entre nosotros los derechos individuales de cada persona, así como la observancia y respeto a la voluntad popular y a los principios democráticos”, concluye el texto.

Pobladores de diversas comunidades de Escuintla mantienen los bloqueos de rutas en la carretera al Pacífico y se han enfrentado a agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC).

Los vecinos de municipios como Palín se han apostado en puntos de la autopista Palín – Escuintla, y ha colocado barricadas para evitar el paso de todas personas que intentan llegar a otras localidades de la Costa Sur.

Las autoridades han advertido que dentro de las personas que manifiestan hay integrantes de la pandilla del Barrio 18. Incluso, han revelado que alias la China está dentro de las personas que protagonizan enfrentamientos con elementos de la institución policial.

Los manifestantes se han colocado en el kilómetro 25, en el 37 y en el 38 de esa ruta. Por momentos los antimotines han logrado dejar expedita la vía, sin embargo, los que protestas se vuelven a colocar  y siguen generando enfrentamientos con las fuerzas del orden.

“Exigimos que se respete la democracia y se prosiga con el proceso de transición de gobierno”: Guatemaltecos en EE. UU. se movilizan por el respeto de la democracia en su país.

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Según la PNC agentes de la institución fueron agredidos por los manifestantes que tenían bloqueada la vía de sur a norte, luego de haberles notificado la resolución de amparo de la Corte de Constitucionalidad.

Según la policía alias la China es una de las líderes del movimiento, quien se ha negado a dejar expedita la ruta y ha provocado los enfrentamientos. Ella reside en la colonia María Matus de Palín, Escuintla.

Por ahora, y pese a que ya los habían desalojado del área, las personas se reagruparon y volvieron a tomar la carretera internacional. Colocaron neumáticos y les prendieron fuego. Gritan consignas que no se quitarán hasta que renuncien los funcionarios señalados.

De hecho, algunos pobladores, que pertenecen a la comunidad originaria de Palín, denunciaron que la PNC ha utilizado la fuerza bruta aún cuando se les ha indicado que protestas pacíficamente. La autoridad niega esto y dice que no protestan en paz.

Reportan agresiones a pilotos que nada tienen que ver con las manifestaciones y quieren desplazarse hacia sus hogares o lugares de trabajo.

La manifestaciones contra el Ministerio Público (MP) continúan por cuarto día consecutivo a escala nacional y este jueves 5 de octubre se unieron médicos del Hospital General San Juan de Dios que se encaminaron a la sede del ente investigador.

Los bloqueos y manifestaciones en Guatemala se mantienen desde el lunes 2 de octubre y los manifestantes exigen la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras; del jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, y del juez Fredy Orellana, por las últimas acciones relacionadas al proceso electoral.

La manifestación es en respuesta a la postura del gobierno en que se ha afectado el acceso a la salud por los bloqueos, mientas que los médicos aseguran que esto no es por los bloqueos y también mostraron su respaldo a los 48 Cantones de Totonicapán y la Alcaldía Indígena de Sololá.

Con pancartas en las que se lee “fuera traidores”, los médicos se movilizaron por la zona 1 para mostrar su rechazo a las acciones del MP y brindar atención médica a manifestantes.

Durante el recorrido, la consigna fue: “Se ve, se siente, el apoyo está presente” y también “que renuncien”.

Napoleón Méndez, representante de los manifestantes, indicó que el objetivo es dar un mensaje de unidad y de respeto y luego entregó una rosa a uno de los representantes de los 48 Cantones de Totonicapán, que han permanecido frente al MP.

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“Les queremos decir que estamos con ustedes, que admiramos su valentía, que seguimos su ejemplo y vamos a estar brazo a brazo acá”, manifestó.

El dirigente también se refirió a un comunicado que publicó el gobierno en el que se señala a las manifestaciones por los problemas de salud que esto deriva.  Méndez recordó que “se perdieron Q350 millones en ese negocio de las vacuas Sputnik” y se “perdieron Q600 millones que se trasladaron en término de cinco minutos, nos arrancaron de la salud y lo mandaron a las carreteras”.

“Voy a sacar las arma que nosotros traemos”, indicó al referirse a los medicamentos que llevaron para atender a los manifestantes.

Señaló que están en contra de los bloqueos a la salud y la educación.

Pidió que se de una orden para que se “deje de violar constantemente la Constitución de la República”.

Dijo que las acciones del MP lo que han hecho es unir al pueblo de Guatemala por “esa necedad y con esa corrupción y con esa insistencia”.

“Ahora le pedimos -a la fiscal- que renuncie”, exigió el dirigente.

La médico Liseth Aguilar indicó que no se debe “olvidar a los presos políticos” que precedieron en la lucha para llevar la justicia.

El médico Pedro Chávez se refirió a la crisis en salud y según él, el presupuesto no alcanza. Recordó que carecen de potasio y lo han tenido que recetar a algunos pacientes.

Otros médicos lamentaron que toda la red hospitalaria está en crisis en Guatemala y señalaron falta de espacio.

Indicaron que las acciones de manifestaciones “no tienen nada que ver” con el déficit que Salud tiene desde hace  más de 50 años y  que es “culpa del abandono del mismo gobierno”.

Este 4 de octubre se ha llevado a cabo una caravana de estudiantes del Centro Universitario Metropolitano (CUM), de la Universidad de San Carlos hacia la sede del Ministerio Público (MP) ubicado en la zona 1 capitalina, donde se lleva a cabo una manifestación en contra de las acciones del MP.

Alrededor de las 20 horas de este miércoles, los estudiantes (algunos de la facultad de psicología), docentes y familias se reunieron en el CUM para iniciar con la caravana, y así, unirse a los 48 cantones, quienes también se encuentran en el edificio del MP.

La caravana inició desde la zona 11 capitalina y pasó por varios sectores de la ciudad como El Trébol y la Avenida Bolívar.

A las 21 horas con 37 minutos, la caravana llegó al edificio del MP, lugar en donde también se instaló una valla con agentes de la Policía Nacional Civil.

Alrededor de 50 vehículos y motocicletas conformaron la caravana, donde también se observaban mientras los estudiantes hondeaban banderas de Guatemala y sonaban las bocinas de los automóviles.

Además, los estudiantes también llevaban pancartas en contra del MP e imágenes de la fiscal Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y el presidente Alejandro Giammattei.

“Esta caravana representa la dignidad del pueblo, porque esta situación afecta la integridad de las personas. Es indigno que no respeten nuestra voluntad”, dice una de las estudiantes que forma parte de la caravana.

Desde el pasado 2 de octubre, en diferentes partes de Guatemala se llevan a cabo manifestaciones que expresan su rechazo por las recientes acciones del MP contra el Tribunal Supremo Electoral.

De acuerdo a la última actualización de Provial, actualmente hay 14 bloqueos que se han liberado en Guatemala, mientras se mantienen 24.

#Ahora sale caravana desde el CUM en la zona 11 donde participan estudiantes, docentes y familias que se dirigen al MP a mostrar su respaldo a 48 cantones y su rechazo a Consuelo Porras.@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/CBxcia2czn

— Andrea Domínguez (@andread_gtv) October 5, 2023

Se unen al llamado

Este mismo miércoles, la Universidad Rafael Landívar emitió un pronunciamiento en donde no solo hablaban de la situación actual de Guatemala, sino de la decisión de suspender clases en los próximos días.

“Hoy, nos unimos a los diferentes sectores de la sociedad, que se están articulando en defensa de la democracia y la integridad del proceso electoral, que son la base para que rescatemos la estructura que permitirá que construyamos una vida digna para todos y todas”, dice la Universidad en el comunicado.

Carta a la Familia Landivariana | Instamos a la comunidad de la @U_Landivar a reflexionar sobre las causas de esta coyuntura y el rol que tenemos en la misma, como ciudadanía. Y a asumir estas medidas en el marco de la responsabilidad con la misión institucional y el país. pic.twitter.com/8Xnbax21Tu

— U Rafael Landívar (@U_Landivar) October 5, 2023

Además de suspender clases desde el jueves 5 de octubre hasta el lunes 9 de octubre, la Universidad Rafael Landívar también suspendió actividades como la Semana Científica.

”También vamos a flexibilizar el funcionamiento administrativo de la universidad, sin afectar el cumplimiento de los objetivos planteados para este años”, señala el comunicado.

Este miércoles 4 de octubre el sitio web del Ministerio Público (MP) difundió dos mensaje, uno en el que supuestamente se pronuncian los trabadores del ente investigador por la crisis política que atraviesa Guatemala y otro relacionado a la permanencia de Consuelo Porras en la institución.

Al ingresar al sitio uno de los mensajes destacaba: “Los trabajadores del Ministerio Público, a la opinión pública nacional e internacional hacen saber”.

En el texto se leía: “Nos disculpamos con el pueblo de Guatemala por las ilegalidades que estamos cometiendo, como Ministerio Público nuestro mandato es de fiscalizar en total apego a la leyes y respetando la Constitución de la República. Lamentamos profundamente que las instrucciones de la Doctora Consuelo Porras nos obligue a realizar estas acciones ilegales, las excusas presentadas por compañeros no es más que un intento de desinformar a las personas que no tienen conocimiento de leyes. Estamos organizándonos para apoyar al pueblo a lo interno del Ministerio Público y lograr la renuncia de la Fiscal General”.

Agregaba: “En el Ministerio Público muchos apoyamos las protestas que se están realizando y sabemos que se están realizando de forma pacífica a pesar del mensaje que se nos está obligando a comunicar en los medios, además del discurso interno de criminalización y racismo a diferentes pueblos del país. Personal Fiscal y Administrativo del Ministerio Público”.

El segundo mensaje era la imagen de una mano acompañada del texto “adiós Consuelo”.

Luego de unos minutos, el MP borró del sitio web ambos mensajes, aunque en el buscador de Google quedaron registros.

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Posteriormente, el MP compartió su postura por lo sucedido. “El Ministerio Público informa a la población guatemalteca que el sitio web de la institución fue objeto de jaqueo por personas inescrupulosas. Se hace un llamado a no dejarse sorprender por publicaciones tendenciosas. Asimismo, se ha iniciado la investigación correspondiente para establecer responsabilidades”.

El MP ha estado en el centro de atención las últimas semanas por los cateos y otras acciones legales que ha emprendido relacionada al proceso electoral 2023.

Los últimos cateos fueron el 29 de septiembre, cuando la Fiscalía Especial contra la Impunidad hizo un allanamiento en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en seguimiento a las diligencias en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (Cope), en donde los representantes de la fiscalía abrieron en total 70 cajas electorales.

La diligencia duró varias horas y causó el rechazo de varios sectores a escala nacional e internacional.

En respuesta a las acciones del MP, el TSE expuso en esa ocasión que “condena enérgicamente” el allanamiento en sus instalaciones, considerando que tales acciones dejan “al descubierto una serie de acciones intimidatorias destinadas a socavar la integridad de nuestra democracia y poner en duda los resultados electorales ya oficializados“, tal como se lee en un comunicado.

Las acciones del ente investigador también han sido relacionadas al Movimiento Semilla por supuestas irregularidades en la formación del partido político.

El presidente electo, Bernardo Arévalo, en una intervención el mates 3 de octubre en un foro de Wilson Center, en Washington, se refirió a la crisis que atraviesa Guatemala y afirmó que se registra “un golpe de Estado en cámara lenta”.

Guatemala vive este lunes 2 de octubre una serie de manifestaciones por las últimas acciones del Ministerio Público (MP) en el tema del proceso electoral 2023.

Carreteras bloqueadas y manifestaciones frente a la sede del MP exigen las renuncias de la fiscal general, Consuelo Porras; del jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, y del juez Fredy Orellana, derivado de los cateos en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde ha sido secuestrado material electoral.

En medio de este ambiente que vive Guatemala derivado del proceso electoral, los magistrados del TSE y el presidente electo, Bernardo Arévalo, brindaron conferencia de prensa para tratar detalles de estas acciones que ha emprendido el MP.

A su llegada a la sede del TSE, Arévalo indicó que llegó para mostrar el apoyo y agradecer el trabajo de los magistrados en defensa de la democracia.

Exhortó a la sociedad guatemalteca a que “todos tenemos que arropar a nuestro sistema electoral, a los magistrados, a los trabajadores del TSE, a los miembros de las juntas electorales”, porque están siendo objeto de ataque por parte del MP.

En la conferencia de prensa, la magistrada presidenta del TSE, Irma Palencia, dijo que han “hecho todo lo posible” para cumplir con su mandato constitucional y que están dispuestos a seguir garantizando la voluntad de los ciudadanos.

“Estamos consternados por los últimos acontecimientos, pero también luchando para darle a la población tranquilidad y que sepan que vamos a seguir en esa lucha incansable por garantizar y resguardar su voluntad, porque ahí descansa este ejercicio democrático”, manifestó Palencia.

Añadió que respecto de la posibilidad de ampliar la fecha en que está previsto el cierre del evento electoral, es un asunto que está en análisis.

Tema de traspaso de mando

A los funcionarios les preguntaron si después de las diligencias del MP y las denuncias se teme que esto afecte la transición el 14 de enero de 2024, a lo que Palencia respondió que “ese temor es algo que de manera desinformada y de manera irresponsable se ha estado diciendo en distintos foros, o escenarios o redes, de que posiblemente por los allanamientos o por denuncias no se llegue a la fecha prevista para que los candidatos electos tomen posesión, sin embargo, recordemos que los resultados de estas elecciones ya fueron oficializados, se certificaron los mismos, se adjudicaron ya los cargos y prueba de ello se dieron las credenciales”.

Agregó “que es improbable que no lleguemos a eso -traspaso de poder- por los allanamientos o por el secuestro de documentación cuando los resultados que se certificaron ya fueron debidamente publicados y oficializados con el respaldo correspondiente. Las circunstancias de que se llevaron el respaldo, no significa que nosotros no tuviésemos a la vista y que no tengamos resguardo del soporte de esa documentación”.

Siempre en la misma pregunta, Bernardo Arévalo respondió que desde el punto de vista legal “no existe ninguna posibilidad de que esta transición que comienza con la certificación y oficialización de los datos por parte del Tribunal Supremo Electoral y la entrega a los candidatos de la credencial que los acredita como candidatos electos, termine en la toma de posición de estas personas como autoridad plena el día 14 de enero”.

Enfatizó: “Legalmente, constitucionalmente no existe duda ni posibilidad, cualquier otra cuestión sería constitutivo de un golpe de Estado”.

“Fue un asalto”

El magistrado Mynor Custodio señaló que los cateos “fue un asalto” al TSE.

“Cuando vienen con los rostros cubiertos, con lentes oscuros, en la noche, a las 6 de la mañana, dice uno, esto qué es, es una autoridad o son delincuentes los que están acá. Cuando vienen con vehículos sin placas, cuando vienen con vehículos con placas tapadas dice uno, son autoridad o qué son, se me viene a la mente los años 80, cuando se hablaba de aquella temible policía judicial que andaba exactamente así, con vehículos sin placas, con las placas cubiertas y que secuestraban y desaparecían a los seres humanos, a los líderes, a periodistas a profesores, universitarios a estudiantes, a la clase dirigente”, expresó.

Indicó: “Cuando una banda allana con apariencia de legalidad a un Tribunal Supremo Electoral que está enmarcado dentro de la ley, es lamentable”.

La magistrada Blanca Alfaro al referirse a los últimos cateos en el TSE indicó “que no hay palabras que puedan describir” lo que pasó.

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“No encuentro como describir”, dijo en relación a los cateos y luego añadió que a la fiscal le explicaron que ningún documento original puede salir de una institución y lo que se entrega son certificaciones.

Añadió que dieron indicaciones a la fiscal para resguardar las cajas y que no era ninguna “intención de mala fe” como quedó en un acta, en la que se señala que Alfaro estaba obstruyendo la justicia y supuesto abuso de autoridad.

Explicó que en una de las mesas había material electoral del departamento de Guatemala, pero también había en la misma mesa material de Sacatepéquez, lo que no es coherente por ser distintos lugares.

Resaltó que cada documento traía una hoja que identificaba territorialmente por número de mesa, municipio y por departamento, pero cuando se sacan se escanean y se confunden y ya no hay facilidad de volver a ingresarlas como las están entregando.

El secretario del TSE, Mario Alexander Velásquez, indicó que la diligencia del MP era para el registro y secuestro de los documentos 4 y 8 de las elecciones.

Añadió que se les entregó a los investigadores los referidos documentos para que hicieran su trabajo, pero final solo se llevaron los documentos de la primera vuelta del 25 de junio.

El magistrado Gabriel Aguilera informó que el equipo del TSE desde el inició de la última diligencia fue “sumamente respetuoso” y colaboró con los investigadores.

Respeto de la denuncia contra el vocero del TSE, Luis Gerardo Ramírez, el magistrado indicó que el portavoz hacia su trabajo, que es informar a la población lo que sucedía. También mencionó la denuncia contra la coordinadora de asuntos jurídicos e indicó que ante un allanamiento es correcto que el área jurídica se haga presente y participe en la diligencia.

Los allanamiento por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) continúan en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde los fiscales buscan las 122 mil 925 actas de los cinco tipos de elección de la primera vuelta y las más de 24 mil actas de la segunda vuelta que se celebró el 20 de agosto.

Estas nuevas acciones de la Feci en el tema del proceso electoral ha originado reacciones de organizaciones internacionales.

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su cuenta de la red social X escribió: “La soberanía reside en el pueblo. Respetar las autoridades electorales significa respetar la voluntad popular. Un ataque a ellas, una incautación de material electoral por autoridades constitucionalmente no competentes violenta la democracia y es un ataque a la soberanía del país”.

Mientras que la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA emitió un comunicado por los cateos y la solicitud de retiro de inmunidad a magistrados del TSE.

Indicó que ve con suma preocupación el nuevo allanamiento en la sede del TSE, y el pedido de levantamiento de inmunidad solicitado por el MP en contra de los magistrados titulares y suplentes de ese máximo tribunal por la supuesta comisión de delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

“El allanamiento de hoy es la quinta diligencia realizada por la fiscalía después de las elecciones, llevada a cabo sin la debida motivación, atacando las funciones, independencia y autonomía del órgano electoral. Para la MOE/OEA, este permanente asedio sin fundamentos ni motivación clara del MP constituye una persecución política similar a las que se llevan a cabo en regímenes autoritarios. Un ataque de esta naturaleza no tiene precedentes en las observaciones electorales de las últimas décadas y constituye un ejemplo vergonzoso para el hemisferio. El Ministerio Público ha decidido ignorar los numerosos llamados de la comunidad internacional y su comportamiento viola estándares democráticos”, señaló la OEA.

Para la Misión de la OEA, de la información obtenida por parte del TSE, la actual diligencia del MP en la que se están decomisando documentos originales de las actas 4 y actas 8 de las elecciones, donde no se está permitiendo la comunicación de los funcionarios del TSE, ni que se tome registro audiovisual del operativo viola el régimen legal guatemalteco.

Adicionalmente no se han mostrado las órdenes judiciales correspondientes a las personas pertinentes, “lo que constituye una serie de faltas gravísimas al debido proceso y constituyen un evidente abuso de poder y una violación de derechos constitucionales y de la ley de partidos políticos”.

Además, la MOE/OEA consideró que el MP ha ejercido un abuso extremo del uso del mecanismo de reserva por parte del ente investigador para no presentar la información necesaria a las partes de la investigación, violentando el derecho al debido proceso y a la defensa. En ese sentido, la Misión ve con inquietud que todas las peticiones judiciales y recursos presentados por el TSE y sus funcionarios han sido denegados sin entrar al fondo del asunto y hace un llamado a que se garanticen los plenos derechos a la justicia de las y los guatemaltecos y sus instituciones.

Nuevamente la MOE reiteró que el MP está efectuando  prácticas intimidatorias e intentando sembrar dudas sobre el proceso electoral y los resultados de la voluntad popular expresada inequívocamente en las urnas en ambas vueltas electorales.

“Con su actuar irresponsable, el fiscal Rafael Curruchiche está violando flagrantemente la soberanía del pueblo guatemalteco. Es crucial recordar que la soberanía se materializa en la voluntad popular ya expresada en las urnas. Mancillar los materiales electorales es un agravio de extrema gravedad que implica responsabilidades legales que deberían tener consecuencias”, señaló.

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Sobre las acusaciones en torno a supuestos abusos de poder por parte del TSE, la MOE reconoció las competencias del TSE que le atribuyen la potestad para hacer contrataciones en tiempos electorales, y así cumplir con sus deberes constitucionales.

Igualmente, la MOE recordó que el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) contó con la supervisión y fiscalización por parte de los partidos políticos y que el TREP es un mecanismo de conteo rápido no vinculante y que no usurpa ningún tipo de competencias al máximo tribunal electoral puesto que, por mandato de la ley, son los Juntas Receptoras de Votos (JRV) las encargadas de hacer la sumatoria y consignación de los votos.

La soberanía reside en el pueblo. Respetar las autoridades electorales significa respetar la voluntad popular. Un ataque a ellas, una incautación de material electoral por autoridades constitucionalmente no competentes violenta la democracia y es un ataque a la soberanía del país https://t.co/O7zHiThJ4R

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) September 30, 2023

Como lo manifestó en sus informes preliminares, la Misión de la OEA constató que el TREP funcionó de manera adecuada, con un flujo constante e ininterrumpido de las actas durante la noche y madrugada posterior a la elección.

La Misión confirmó y reafirmó que los resultados que arrojó el TREP coincidieron con los recabados por la MOE/OEA y por la observación nacional.

“En ningún momento, durante las jornadas electorales o en días posteriores, la Misión observó o recibió evidencia que hiciera cuestionar la integridad del proceso o el orden de las preferencias emanadas de las urnas. Por lo anterior, la MOE considera que la acusación a la ligera de fraude por parte del MP es infundada y no abona a la certeza del proceso electoral”, advirtió.

La MOE ha analizado de forma exhaustiva las denuncias sobre el proceso electoral y confirma nuevamente que no hay elementos que pongan en duda los resultados electorales presentados por el TSE.

Recordó que la Misión Electoral de la OEA, que fuera invitada para la observación por parte del TSE y el gobierno de Guatemala, está para garantizar el respeto a la voluntad popular y no para apañar violaciones por parte de instituciones guatemaltecas a la voluntad expresada libremente por el pueblo guatemalteco.

La Misión de Observación Electoral de la OEA consideró que la fabricación artificial de delitos y de acusaciones es una acción gravísima por parte del MP y sus fiscalías, que va en contra de su naturaleza de defensor de la Constitución y de la sociedad guatemalteca.

“Las acciones emprendidas, componen numerosas violaciones al régimen constitucional guatemalteco y de los tratados internacionales de los cuales Guatemala es parte”, agregó.

Enfatizó que la actuación del MP “es una violación intolerable a la Constitución de Guatemala que sostiene que corresponde a la ciudadanía determinar quién lleva las riendas del Poder Ejecutivo del país. Con su accionar, el Ministerio Público está alterando el orden constitucional, situación que preocupa de manera extrema a la Misión de observación electoral de la OEA”.

Hay que defender la democracia en Guatemala. Las instituciones internacionales deben dar una respuesta inmediata a este intento de violentar la decisión de los ciudadanos de Guatemala. https://t.co/anAqA3BC6r

— Jordi Cañas (@jordi_canyas) September 29, 2023

Mientras que Jordi Cañas, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, también se pronunció por los cateos.

En la cuenta social X compartió una publicación del TSE e indicó: “Hay que defender la democracia en Guatemala. Las instituciones internacionales deben dar una respuesta inmediata a este intento de violentar la decisión de los ciudadanos de Guatemala”.