Acción Ciudadana (AC) manifestó su preocupación por la adjudicación a una empresa sin experiencia para la supervisión de la construcción del Puente Belice 2, pues asegura que en una obra en la que se invertirán Q1.78 millardos se debe invertir con responsabilidad.

La obra tendrá una longitud de 5.1 kilómetros con siete carriles divido en dos niveles y el Ministerio de Comunicaciones pagará Q1.78 millardos por la construcción de ese puente.

Marvin Flores, Analista de Acción Ciudadana, dijo que la constructora D&D Ramírez, con sede en “una aldea de El Tejar” no tiene ningún registro en el portal de Guatecompras sobre que haya finiquitado la construcción de un puente o que haya hecho trabajos de supervisión; sin embargo, el Ministerio de Comunicación le confió la supervisión del Belice 2, por lo que cobrará Q89 millones.

“La anomalía la vemos en la contratación de la empresa supervisora del puente, que tiene un costo de Q1 mil 785 millones, es un proyecto para 3 años, no es solo este gobierno el que lo ver”, agregó Flores.

Añadió que “lo preocupante es que la empresa supervisora que fue contratada por Q89 millones no tiene ninguna experiencia con supervisión y tampoco en construcción, de hecho, para este año esta empresa, con sede en una aldea en El Tejar, Chimaltenango, tiene contratos con el Estado por Q122 millones y de estos Q89 millones corresponden a la supervisión del puente”.

Además, dijo que “aunque la empresa constructora tenga la capacidad técnica y financiera corremos el riesgo de que la empresa supervisora no de la talla para supervisar una obra de esa magnitud”.

Dijo que había dos opciones más, una que cobraba Q122 millones y otras Q66, ambas con más experiencia que la que fue adjudicada.

El Ministerio de Comunicaciones ha señalado que se busca “fomentar la libre competencia y permitir la participación de más empresas”, y que se cumplió con las bases de licitación que permitieron la acreditación de experiencia en el sector público y en el sector privado, ya fuese en el país o en el extranjero y que las juntas de licitación toman sus decisiones de forma independiente con base en la documentación.