El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) denunció en el Ministerio Público (MP) que la empresa Kron Científica e Industrial SA falsificó documentos para una compra de reactivos por más de Q1.3 millones en 2020.

Lo anterior fue revelado en una citación del diputado Cristian Álvarez con representantes de Salud, Finanzas y el Inacif para informar en torno a Kron y los negocios que ha hecho con el Estado. Kron es la empresa denunciada por el Ministerio de Salud por irregularidades en la compra de Q7.3 millones en 30 mil test PCR para la detección de covid-19 que supuestamente eran falsas.

Álvarez dijo en rueda de prensa que la denuncia del Inacif sostiene que Kron utilizó documentación falsa del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) para la venta de reactivos en agosto de 2020.

Señaló que en este evento no está en duda la calidad del producto sino la calidad de los documentos que Kron presentó ante el Inacif.

Según Rodolfo Martínez, representante del Inacif, la denuncia se presentó la semana pasada, pero ante los medios evadió preguntas al respecto justificando que el caso está en manos del Ministerio Público (MP) para la investigación.

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No debió comprar a Kron

Siempre alrededor de los negocios con el Estado, Álvarez consideró que existe una aparente amistad entre Kron y Salud que se justifica en hechos como que ese ministerio no debió hacer la compra de Q7.3 millones en los test puesto que el techo que impone el RGAE para la cartera y la empresa es de Q15 millones anuales y las compras ya eran de Q9 millones en julio de 2020, lo que sobrepasó ese límite de Q15 millones. Esa compra de Q7.3 millones es una de las nueve que Salud hizo después de julio, siete por compra directa -por montos por debajo de Q90 mil-, más una de Q1 millón. Según Álvarez, otra actuación cuestionada es que Salud pagó casi por adelantado en diciembre la compra de las 30 mil pruebas que había recibido a finales de noviembre.

Otro factor Álvarez señaló que se debe esclarecer es que hay registro de importación de 26 mil 800 pruebas, pero Kron vendió 30 mil a Salud y 10 mil al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

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Por lo pronto, según representante de Control de Medicamentos del Ministerio de Salud, Kron tiene un cierre provisional como medida precautoria y el proceso está en fase administrativa.

La empresa Kron Científica e Industrial, SA dijo este 3 de marzo estar dispuesta a devolver los Q7.3 millones de las 30 mil pruebas de detección de covid-19 que, según el Ministerio de Salud en una denuncia penal, fueron compradas con irregularidades.

Juan Pablo Arocha, representante de la compañía, fue citado por diputados y respondió que sí estaba anuente a la devolución del dinero en el caso de que eso corresponda “porque en ninguna circunstancia queremos afectar a salud de los guatemaltecos”.

La empresa fue denunciada en el Ministerio Público (MP) y el caso es investigado por la Fiscalía contra la Corrupción. Aquí están señalados Arocha y Ronaldo Estrada, quien fue gerente financiero de Salud en 2020 cuando se firmó el contrato y actualmente es viceministro de Deporte y la Recreación con licencia sin goce de sueldos.

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Arocha informó que seis mil pruebas de las 30 mil bajo cuestionamiento fueron reemplazadas bajo los mecanismos de carta de compromiso del contrato entre Salud y Kron.

Kron Científica e Industrial SA ha facturado Q67 millones al Estado de Guatemala.

Asimismo, señaló que en el Área de Salud de Huehuetenango hubo otro lote reportado con defectos y del cual se haría el mismo procedimiento de cambio, pero no se ha concretado porque Salud ya no respondió desde febrero las comunicaciones con la empresa. Cabe mencionar que la denuncia contra Kron fue interpuesta la tercera semana de ese mes.

Según Arocha, Kron ha entregado documentación al Ministerio de Salud y la Fiscalía. Durante la citación el ejecutivo ratificó que Kron no ha falsificado pruebas de detección de covid-19, un supuesto que surgió a partir de que Atila Biosystems, el fabricante de las pruebas PCR, señalara en un comunicado que los registros no coinciden con las ventas a Kron. Cuestionado en rueda de prensa posterior a la citación, Arocha dijo que la compañía tiene documentación de que ha hecho compras a Atila, su único proveedor, aún después de la denuncia de Salud.

El Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía contra la Corrupción efectúa este viernes 26 de febrero dos diligencias de allanamiento en la sede y bodegas de la entidad mercantil denominada Kron Científica Industrial, S.A.

Las diligencias se efectúan en seguimiento a la denuncia presentada por irregularidades en la compra y suministro de pruebas para detectar el covid-19.

La Policía Nacional Civil informó que en coordinación con la Fiscalía Contra la Corrupción los cateos se llevan a cabo en las zonas 12 y 16.

Decomisan pruebas

De manera preliminar se informa el hallazgo de pruebas de covid-19, las cuales serán embaladas por técnicos del MP, de igual forma documentos que auxiliares fiscales consideran importantes.

Esto surge luego de que el Ministerio de Salud denunciara ante el ente investigador la compra falsa de 30 pruebas y que fueron distribuidas en el Hospital de Chimaltenango y en el Área de Salud de Huehuetenango.

La denuncia detalla que luego del concurso de licitación, la compra fue adjudicada a la referida entidad por un monto de Q 7 millones 350 mil.

Este evento de compra fue aprobado por el gerente general administrativo financiero del Ministerio de Salud, Ronaldo Estrada Rivera, quien actualmente es viceministro del Deporte y la Recreación y pidió licencia si goce de sueldo mientras continúa la investigación y por la denuncia en su contra.

En el contrato quedó expresado que la entrega del producto sería en forma parcial, dentro del plazo contractual que se cuentan a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra y se harían las entregas en la bodega central de UPRISAL en la 11 avenida “A” 13-76, colonia La Verbena en la capital.

Sin embargo, el contratista realizó entregas del producto contratado en las instalaciones del Hospital Nacional de Chimaltenango y en la Dirección de Área de Salud de Huehuetenango.

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La denuncia resalta y hace énfasis en el lugar de entrega real, el cual es contrario a lo convenido en el contrato. Al hacer la entrega en un lugar distinto al convenido, las pruebas carentes de autenticidad habrían sido usadas y descartadas.

El MP indicó que las diligencias continúan en desarrollo.

El presidente Alejandro Giammattei cuestionó este 24 de febrero la investigación del Ministerio de Salud sobre el caso de pruebas falsas por Q7.35 millones que dio como resultado una denuncia ante el Ministerio Público (MP).

En rueda de prensa luego de un acto con la Unión Europea, el gobernante dijo que la investigación de la Comisión Presidencial contra la Corrupción (CPCC) “da otras luces que no es exactamente lo que dice -el Ministerio de- Salud”.

La jefa de esa cartera, Amelia Flores, denunció a la empresa Kron Científica e Industrial, SA, al actual viceministro de Deporte y la Recreación, Ronaldo Estrada Rivera, y a otros trabajadores del ministerio por la compra de 30 mil pruebas para la detección de covid-19 que no cumplían con la calidad requerida y que según el fabricante Atila Biosystems no vendió a Kron, por lo cual señala que fueron falsificadas.

En particular, Flores resalta que dichas personas firmaron la constancia de ingreso de las 30 mil pruebas moleculares o PCR, pero estas en realidad no entraron en bodega ni en la fecha ni cantidad descrita en la factura electrónica sino en dependencias en Chimaltenango y Huehuetenango.

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Pero Giammattei apuntó que “más que un fraude” al Estado hay “irresponsabilidad administrativa de alguien que se hizo el loco y cobró las fianzas de un contrato”. Y aseguró: “ese es el verdadero origen del problema”.

Sin mencionar a qué sectores se refería, Giammattei sostuvo que “se está tergiversando la atención de lo que realmente pasó”, pero la CPCC presentará pruebas al MP para abonar al caso. Y resaltó que el Ejecutivo busca deducir “las responsabilidades administrativas” que correspondan y se respetará el debido proceso y la presunción de inocencia.

Guatevisión solicitó y quedó a la espera de una declaración de Salud sobre el cuestionamiento de Giammattei a la investigación de ese ministerio.

El vicepresidente Guillermo Castillo visitó Huehuetenango este 23 de febrero y se refirió al caso de pruebas falsas por Q7.3 millones el cual fue detectado inicialmente en ese departamento y demandó separar del cargo a los funcionarios implicados.

“Es un atentado contra la salud y contra la vida de las personas que adquisiciones de esa naturaleza se esté realizando”, señaló Castillo sobre la compra de 30 mil test de covid-17 que el Ministerio de Salud compró a la empresa Kron Científica e Industrial SA, de lo cual el fabricante, Atila Biosystems, asegura que no le vendió y que cree que las pruebas fueron falsificadas en Guatemala.

Fue justamente en Huehuetenango donde se activó la primera alerta sobe las anomalías en las pruebas, desde lo cual empezó la averiguación que terminó con una denuncia en la Fiscalía contra la Corrupción.

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Castillo agregó que este caso “es un crimen de Estado” y que la justicia pueda dar información verídica que esclarezca los hechos.

Asimismo, y sin mencionar al presidente Alejandro Giammattei, con quien mantiene un distanciamiento, expuso que los funcionarios que estén implicados deben ser separados de los cargos, al tiempo que, en aras de la transparencia, las compras del ministerio deben tener un proceso de saneamiento.

Hasta ahora Salud no ha destituido personas, pero sí denunció a Ronaldo Estrada Rivera, exgerente financiero de Salud y actual viceministro del Deporte y la Recreación; Claudia Fuentes Estrada, jefa del Departamento Administrativo de Salud; Byron Echeverría Ochoa, supervisor de bodega y suministros, así como a Juan Pablo Arocha Urbina y Luis Alfredo Arocha Bermúdez, gerentes de Kron Científica e Industrial, SA.

La compra de pruebas falsas para covid-19 por parte de Salud sigue en la mira, luego de que la ministra de Salud, Amelia Flores, denunciara ante el Ministerio Público las supuestas irregularidades en la compra del producto que al final resultó ser falso.

En ese sentido, en la denuncia se señala a funcionarios de esa cartera como a la empresa “Kron Científica e Industrial, Sociedad Anónima” que vendió las pruebas falsas.

Ronaldo Estrada Rivera, ahora viceministro del Deporte y la Recreación y uno de los señalados, dijo que el asunto comienza con una solicitud de pedido en septiembre 2020 por parte de Francisco Coma, viceministro de Hospitales, y autorizado por la viceministra administrativa, Nancy Pezzarossi.

El documento es una solicitud de pedido que pasa directamente al área administrativa y compras para elevar los eventos, “es un proceso administrativo normal”.

Según Estrada, quien en ese entonces se desempeñaba como gerente general administrativo financiero del Ministerio de Salud, hubo tres oferentes en ese evento y se adjudicó a la empresa de menor precio “que cumplía con los requisitos de ley, en este caso la empresa Kron”.

Afirmó que esta empresa presentó todos los documentos que se requerían en las bases y según el funcionario, algunos de los  más importantes que requerían era el certificado de inscripción en la Dirección General de Regulación y Vigilancia del Ministerio de Salud.

“Es decir, ellos presentan un documento que el mismo Ministerio emitió. Ese documento es importante porque en las bases de todos los eventos se solicita cuando se trata de medicamentos”, afirmó.

Añadió que si la empresa no aparece como distribuidora de la casa matriz, “las bases excluyen a las empresas, pero en este caso el documento sí está presentando”.

Desconoce si hubo falsificación de documentos

Según el funcionario, si hubo falsificación de documentos “eso no pudo haber sido de nuestro conocimiento”, es decir estos documentos en el área administrativa se limita a recibir la licencia sanitaria, patentes de comercio, identificación del representante legal y otra documentación.

Añadió que los documentos se toman como verídicos, como auténticos, a menos a que se pruebe lo contrario, según Estrada.

Señaló que la documentación de regulación fue validado internamente y emitido meses antes de la licitación, por lo que “no había ningún indicio de que fuera falso”.

Además, Kron presentó una carta de la empresa Atila BioSystems que garantizaba la distribución y según Estrada, en un comunicado la referida empresa sí era distribuidor de Atila.

Explicó que en el contrato en el que él comparece, en el que se hizo la compra, la empresa se compromete a cumplir con la calidad y las especificaciones del producto que se le está contratando.

También presenta una declaración jurada en la que afirma que todos los documentos que está presentando son verídicos, luego bajo esa información se procede a recibir las pruebas.

Por qué el cambio de punto de entrega

El contrato establecía que estas se recibirían en bodegas del Ministerio de Salud en la zona 7 de la capital. De acuerdo con Estrada, es que las pruebas llevan una cadena de frío y en la referida bodega no hay este recurso.

Se dispuso la entrega en la zona 7 porque se trata de una compra centralizada, una compra que hace la unidad ejecutora central con el fin de distribuir los productos a otras unidades ejecutoras.

“Lo usual es que se ponga esa dirección-en la zona 7- pero no hay cuartos fríos, entonces por instrucciones escritas se enviaron las pruebas, 15 mil a Chimaltenango y 15 mil al Área de Salud de Huehuetenango. Según él, el proveedor hizo las entregas completas.

“Decisión correcta”

Cuando se le cuestionó si la orden de que se entregaran las pruebas directamente a los hospitales la dio el viceministro Coma, Estrada respondió que sí y que fue “la decisión correcta, la decisión que había que tomar”.

Al preguntarle que si sabían que no tenían cuartos fríos para recibir estas pruebas en la sede de la zona 7, por qué cuando se elabora el evento de compra colocan esta dirección y no la de los hospitales, Estrada dijo es porque suelen enfocarse en la forma y no en el fin.

El fin de hacer la compra de las pruebas es que llegaran en buen estado a los lugares donde se iban a usar como Chimaltenango y Huehuetenango que en ese entonces eran los departamentos con más contagios.

“No tenía sentido hacer una especie de trasiego en la bodega de la zona 7 donde alquiláramos un cuarto frío, para el día siguiente alquilar un camión y mandar las pruebas al punto”, aseguró.

Además, el proveedor fue contactado para pedirle que fuera entregar las pruebas a los otros puntos, según tiene él entendido.

“Nunca he visto una de estas pruebas”

Estrada dijo que lo importante es que las pruebas entraron al Ministerio y “eso es el espíritu de la compra centralizada, estos son insumos sumamente delicados, es algo muy técnico, es algo que si usted lo ve no sabemos ni qué es, porque yo nunca he visto una de estas pruebas”.

Ministra firmó resolución

Reconoce que el contrato con Kron es él el que comparece y firma, “la función legal de la ministra es aprobar el contrato como tal y eso lo hace por medio de una resolución, esa resolución ella la firmó y todo el expediente lo tuvo ella a la vista, lo revisaron sus asesores y secretaría ejecutiva del despacho, en otras palabras, ella es parte de este proceso, ella no puede ponerse del lado de víctima o de agraviada, simple y sencillamente porque ella forma parte de este proceso”.

Agregó que los involucrados tienen grados distintos de responsabilidad en todo el proceso, aunque según él, el proceso de adquisición “es completamente transparente y legítimo”.

Dijo que por lo sucedido “esta siendo bombardeado en redes y su nombre está siendo destruido sin ninguna justificación”.

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Al cuestionarle que quién no se dio cuenta que quien estaba firmando el contrato no era el representante que estaba indicado en la oferta, Estrada respondió que esa parte no la ha visto personalmente y si fue así es un error que no necesariamente es constitutivo de delito.

Estrada afirmó que el lunes 22 de febrero se enteró que el Área de Salud de Huehuetenango fue la que reportó el primer fallo en las pruebas y enviaron una oficio al Laboratorio Nacional de Salud (LNS) para que revisaran las pruebas. El 13 de enero recién pasado recibieron el informe del laboratorio, a esa fecha ya no era posible ejecutar la fianza.

Añadió que las áreas respectivas hubieran notificado al departamento administrativo sobre un problema, la situación fuera otra.

“Aquí lanzaron la piedra sin darse cuenta de que aquí estamos compareciendo todos en un expediente”, señaló.

Afirmó que el lunes se reunió con la ministra Amelia Flores. El viernes 19 de febrero se reunió con ella “casualmente” en una reunión de trabajo y le preguntó sobre la denuncia en su contra, y según él, ella le dijo “no, no es contra usted, es solo contra la empresa”.

Luego él le insistió que la denuncia sí es en su contra. Dijo que el domingo 21 de febrero alguien filtró la información y resultó que aparecía él individualizado en la denuncia.

Estrada dice que no ha tenido acceso al estudio que hizo el LNS, además, hay que separar dos cosas, uno es el proceso de adquisición y la documentación.

Afirmó que en la reunión con la ministra, ella quedó de analizar si modificaba la denuncia o no, modificarla en qué sentido, en hacer un desistimiento parcial hacia su persona y otros funcionarios porque no habría ningún indicio.

Estrada afirmó que la acusación es espuria y no tiene fundamento jurídico.

La Dirección General de Regulación y Vigilancia se encarga de verificar que los medicamentos que le venden a Salud no sean falsos y según Estrada en el proceso de compra no hay anomalía.

Señaló que la ministra está mal asesorada en algunos temas, lo que la perjudica a ella y al gobierno. También señala problemas de comunicación en el proceso.

Finalizó al decir que hasta que el ministro de Cultura, Felipe Aguilar, o el presidente de le República se lo pidan, “ahí estaré”, esto cuando le preguntaron si permanece aún en el cargo de viceministro del Deporte y la Recreación.

Afirmó que puso a disposición su cargo.

Ministra se pronuncia

Luego de las declaraciones del viceministro en La Red, la ministra de Salud, Amelia Flores, afirmó “precisamente no es correcto”. Añadió que el viceministro Coma hizo el análisis de a dónde debería ir cada prueba, “pero él no dijo mándenlo directamente a cada unos de los lugares”.

Explicó que los procesos administrativos se deben realizar en base al contrato, porque muchas veces se hace un contrato con una empresa, ya sea de reactivos o medicamentos y en este se puede incluir que estos se entreguen directamente a cada uno de los lugares. Esto lo indicó la funcionaria en una citación con diputados de la Bancada UNE.

Señalamiento contra Estrada en la denuncia

Ronaldo Estrada Rivera en calidad de gerente general administrativo financiero del Ministerio de Salud. Su participación deviene de haber firmado el contrato correspondiente, sin haber verificado el cumplimiento de requisitos legales pertinentes, facilitando con dicha actuación que se concretare el actuar de la organización delictiva apuntada; pudiendo haber impedido la consumación, si se hubiese dado por él una actuación diligente y responsable.

Con información de La Red

Ronaldo Estrada Rivera continúa en el cargo de viceministro del Deporte y la Recreación a pesar de la denuncia en su contra planteada por el Ministerio de Salud por haber participado en una compra supuestamente anómala de 30 mil test PCR para la detección de covid-19 por Q7.35 millones.

El funcionario dijo a Prensa Libre que puso a disposición su cargo, pero que cuenta con la confianza del ministro de Cultura, Felipe Aguilar, y el presidente Alejandro Giammattei. Prensa Libre intentó comunicarse con Aguilar, pero no contestó su celular.

Estrada Rivera asumió el cargo el viceministro del Deporte y la Recreación el 13 de enero de 2021. Previamente, del 1 de junio al 8 de noviembre de 2020, fue gerente administrativo financiero del Ministerio de Salud.

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Sin embargo, ahora enfrenta señalamientos de Salud, que la semana pasada lo denunció por los delitos de fraude, conspiración y falsedad material.

El proceso de adquisición no está siendo cuestionado, el problema, fuera de mi gestión, es que en noviembre o diciembre Huehuetenango reportó problemas con las pruebas ya adquiridas. Ronaldo Estrada Rivera, viceministro de Deporte y la Recreación.

Estrada Rivera dijo a que las pruebas de detección no fueron recibidas en la bodega de Unidad de Proyectos de Infraestructura de Salud  (Uprisal) porque no cuenta con cadena de frío, ante lo cual, y por instrucción de Francisco Coma, viceministro de Hospitales, los test fueron enviados a los hospitales y áreas de Salud de Huehuetenango y Chimaltenango donde sí existe equipo para la conservación.

“El proceso de adquisición no está siendo cuestionado, el problema, fuera de mi gestión porque yo dejé el cargo el 8 de noviembre, es que en noviembre o diciembre Huehuetenango reportó problemas con las pruebas ya adquiridas”, mencionó.

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Aseguró que en los expedientes de compra se pueden cometer errores, como que quien firmó por Kron Científica e Industrial SA fue Juan Pablo Arocha Urbina y no el representante legal Luis Alfredo Arocha Bermúdez, a quienes no conoce según subrayó, sino que se da prioridad al código de Registro de Proveedores del Estado que denota que las empresas, en este caso Kron, ha brindado servicios con anterioridad.

No obstante, enfatizó que una vez él firmó el contrato, este pasa al despacho ministerial donde, después de tres filtros, hubo firma de la ministra, Amelia Flores.

Para Estrada Rivera, la denuncia es espuria y ya se presentó en el Ministerio Público para presentar documentación en descargo de la denuncia planteada por Flores la semana pasada.

Qué hizo

De acuerdo con la denuncia, Estrada Rivera y Juan Pablo Arocha Urbina, de Kron Científica e Industrial SA, firmaron el contrato administrativo 50-2020, compra de 30 mil test durante el estado de Calamidad y aprobado el 8 de octubre de 2020, de la cual se desprenden estas irregularidades: Arocha Urbina no es el gerente general y representante legal de la empresa sino Luis Alfredo Arocha Bermúdez.

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El contrato decía que las pruebas debían entregarse en la bodega central de la Unidad de Proyectos de Infraestructura de Salud  (Uprisal), 11 avenida A 13-76, zona 7, colonia la Verbena, sin embargo, no fue así, porque no se cumplieron los plazos de entrega ni los test fueron entregados en los hospitales y áreas de Salud de Chimaltenango y Huehuetenango.

Esos cambios, según Salud, fueron para generar el pago por Q7 millones 350 mil a favor de Kron.

La denuncia expresa que Estrada Rivera firmó el contrato con Kros Científica e Industrial, SA “sin haber verificado el cumplimiento de requisitos legales pertinentes, facilitando actuación que se concertare el actuar de la organización delictiva apuntada” y asegura que pudo haber evitado la consumación del acto “si se hubiere dado por él una actuación diligente y responsable”.

Desde el Ejecutivo no se han tomado acciones sobre Estrada Rivera.

Patricia Letona, secretaria de Comunicación de la Presidencia, declaró que el Gobierno es respetuoso del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho legítimo de defensa.

“Si existen indicios de la comisión de algún delito, es obligación de todo funcionario presentar la denuncia penal correspondiente, sustentando la acusación con la evidencia debida. Esta obligación cobra mayor relevancia al tratarse de un asunto relacionado a la salud de los guatemaltecos en donde las autoridades respectivas deben hacer efectivo el compromiso de velar por los debidos procesos administrativos para garantizar la calidad del gasto y el fortalecimiento del sistema de salud”, añadió.

Señaló que el Ejecutivo reafirma “su compromiso en favor de la transparencia y no tolerará actos de corrupción en ninguna instancia”.