En el Tribunal de Mayor Riesgo B se desarrolla el juicio por el caso Alaska, donde nueve militares son acusados de ejecuciones extrajudiciales por la muerte de manifestantes en el 2012, informaron este martes 23 de enero fuentes judiciales.

Este martes se presentó el último perito a declarar en el caso y confirmó el contenido del dictamen pericial. La defensa de los acusados decidió renunciar a la presentación de algunos medios de prueba.

El coronel Juan Chiroy Sal, uno de los acusados, pidió declarar ante el Tribunal y dar su versión de los hechos. Tres soldados más también solicitaron declarar y dar su testimonio de lo ocurrido el 4 de octubre de 2012.

“Dios es testigo que lo que voy a decir es la verdad y no hay otra verdad que yo pueda inventarme en este tribunal”, esas fueron las primeras de palabras de Juan Chiroy al dirigirse ante el Tribunal.

El juicio se encuentra en su etapa conclusiva y varios sindicados decidieron declarar.

Chiroy indicó que se encontraba fuera del país recibiendo un curso en El Salvador y que regresó a Guatemala el 3 de octubre de 2012, un día antes de los hechos.

“Yo andaba más empeñado en mis estudios que andar planificando un hecho, no era mi intención ir a confrontar a la población”, dijo al Tribunal.

“Yo lo que esperaba realmente al llegar allí era un cordón policial, lastimosamente lo que encontré fueron dos patrullas, les pregunté por el comisario Catalán, ´está allá arriba´ me dijeron. Solo eso me dijeron, agarraron su vehículo y se fueron”, señaló Chiroy al indicar las actuaciones cuando llegó al lugar de las manifestaciones.

“Cuando yo estaba dando la orden de retroceder fuimos objeto de una emboscada, todas las características de ese ataque, fue una emboscada. Fuimos atacados de todos lados, de diferentes ángulos, de todas las elevaciones, de los laterales y el único vacío que se quedó fue el barranco”, detalló.

El coronel Chiroy y ocho soldados son acusados de los delitos de ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa por la muerte de seis personas y 34 heridas. Estos hechos ocurrieron durante una manifestación de pobladores de Totonicapán.

Todo habría iniciado cuando los manifestados fueron atacados por un guardia de seguridad privada que custodiaba un camión cargado con cemento. Dato que fue relacionado por Chiroy. “Cuándo se incendió ese camión fue cuando el elemento de seguridad accionó el arma contra la integridad física de los manifestantes”, relató.

Niega acciones

Chiroy continuó relatando los hechos y aseguró que ningún medio de prueba presentado por el Ministerio Público acredita su participación al supuestamente haber ordenado que se disparara contra los manifestantes.

“No hemos visto ninguna imagen, ningún video, ninguna fotografía donde se vea que el elemento esté atacando a la población, si hablamos de una proporcionalidad de fuerza, eran 125 manifestantes por un soldado. Entre todos los elementos solo había 11 que iban armados.

De acuerdo con el coronel, se contaminó la escena del crimen y que la investigación carece de objetividad.

Dijo, además, que un soldado fue capturado por los manifestantes y que al sentirse acorralado por las personas decidió lanzarse hacia un barranco, una alternativa de intentar resguardarse debido a que había amenazas de quemarlo.

Aseguró que 18 soldados también resultaron heridos y que el Inacif no los tomó en cuenta para declarar en el caso.

“Yo no ordené disparar”, resaltó Chiroy. “Durante estos siete meses que llevamos en este debate, les puedo decir que en mi corazón hay paz, yo he venido a este tribunal en paz y durante estos 11 años en mi corazón ha habido paz”, dijo.

Pide justicia

Chiroy también declaró que meses después de haber sido detenido, su mamá fue asesinada en su vivienda. Esto sucedió el 13 de marzo de 2014, cuando fue encontrado el cadáver de Manuela Sal Siquinajay de 71 años, en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

“Mi señora madre fue asesinada brutalmente y no se robaron ni un alfiler. Hasta el día de hoy, nunca se ha aclarado esto. No puedo pensar yo que fue un hijo de algún afectado de Totonicapán. De todo pasa por mi cabeza y hasta el día de hoy, la muerte de mi señora madre sigue impune. Todo eso a mí me deja en duda, pero que sea el Señor que haga justicia en su momento”, concluyó.

Piden declarar

Los acusados Edin Adolfo Agustín Vásquez, Dimas García Pérez y Abraham Gua Cojoc también declararon ante el Tribunal.

Edin Adolfo indicó que, al llegar al lugar de la manifestación, varias personas comenzaron a acercarse y gritaban, por lo que optó por refugiarse al lanzarse a un barranco.

Aceptó que hizo disparos al aire, pero que fue solo para tratar de dispersar a los manifestantes.

Dimas García también aceptó haber disparado, pero que al igual que Edin Adolfo disparó al aire para dispersar a los manifestantes que lo rodeaban.

Aseguró que, al regresar a la Guardia de Honor se le ordenó entregar el arma que tenía asignada.

Abraham Gua Cojoc afirmó que sí disparó para dispersar a los manifestantes que se acercaban al camión que custodiaba y que lo hizo para buscar refugio. Dijo que fue golpeado por algunas personas y que no ameritó recibir tratamiento médico.

El exministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, fue beneficiado este martes 16 de enero con falta de mérito por el caso en el que el Ministerio Público (MP) lo señaló de no haber acatado una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) de desalojar a manifestantes que exigían la renuncia de la fiscal Consuelo Porras.

Barrientos, quien es señalado por el MP de incumplimiento de Deberes y desobediencia, obtuvo ese beneficio este martes durante la audiencia de primera declaración, en la que la jueza a cargo del Jugado Duodécimo de Instancia Penal, Wendy Coloma, señaló que el MP no sustentó su acusación y que lo que presentó en contra del exministro fueron indicios y no medios de prueba suficientes para que fuera ligado a proceso penal, como lo pedía la Fiscalía.

Además, la jueza señaló que, con base en el Código Procesal Penal se ordena la libertad de Barrientos y no se le aplica ninguna medida sustitutiva.

La PNC capturó el pasado 11 de enero a Barrientos señalado de desobedecer una orden judicial para despejar decenas de bloqueos de rutas que exigían la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.

“Se coordinó la aprehensión del señor David Napoleón Barrientos Girón por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia”, informó ese día la Fiscalía en un comunicado.

El extitular de la cartera de seguridad fue detenido en su residencia en la capital y remitido en una patrulla policial al edificio de tribunales.

Barrientos renunció al cargo el 16 de octubre luego que la Fiscalía solicitó a la máxima entidad judicial del país, la CC, su destitución por negarse a desalojar por la fuerza a los manifestantes.

La nota precisó que Barrientos “omitió actos propios de su función relacionados a cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público (…), al no cumplir con lo ordenado en resolución” de la CC.

A principios de octubre pasado, miles de personas cerraron varias carreteras en diferentes regiones de Guatemala, incluida la capital, para exigir la salida de la fiscal, acusada de emprender acciones judiciales para supuestamente evitar la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo.

Horas antes de que fuera beneficiado con esa medida, Barrientos cuestionó su captura y señaló que siempre se cumplo con lo requerido por la CC y que no solo el Ministerio de Gobernación tuvo participación en el tema de los bloqueos.

“Voy a declarar porque hemos revisado el caso y realmente no hay caso. Nosotros como Ministerio de Gobernación cumplimos con todas las directrices de la Corte de Constitucionalidad y no tendría por qué existir una orden de captura, porque yo estaba asistiendo al Ministerio Público a dar mis declaraciones”, dijo Barrientos.

Además, dijo que “vemos con extrañeza la forma en que repentinamente cambia el Ministerio Público el giro de este caso”.

“Hemos revisado detenidamente todas las acciones y no hay incumplimiento -de deberes- y tampoco hay ninguna desobediencia. El Ministerio de Gobernación es el encargado de formular las políticas de seguridad, la paz y el orden público y eso se ha hecho. Las directrices que ha dado la Corte -de Constitucionalidad- se han trasladado a las direcciones que corresponden, principalmente a la dirección de la Policía Nacional Civil”, señaló el exfuncionario.

Añadió que “en la sentencia de la CC hay varios actores, no solo es el Ministerio de Gobernación, extrañamente, pues, solo el Ministerio de Gobernación está viviendo esta situación”.

El Congreso de la República emprendió acciones legales por las agresiones contra diputados que se registraron el pasado 15 de noviembre al término de la sesión en la que se eligió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó este lunes 20 de noviembre la presidenta del Organismo Legislativo, Shirley Rivera.

Al mismo tiempo, algunos diputados condenaron las acciones violentas registradas frente al Legislativo y hubo uno que dijo que ese tipo de confrontaciones son de alto riesgo, pues hay congresistas que portan armas y se puede tornar escenarios complejos.

Aunque en el Congreso no se tiene claro el número de parlamentarios que fueron agredidos, Rivera señaló que podrían ser más de 20; además, dijo que la denuncia fue sustentada con fotografías y videos que fueron captados por los sistemas de videovigilancia del palacio Legislativo.

“La denuncia la hizo el representante legal del Congreso de la República, el mandatario que tenemos y fue fundada en videos, en fotos y desconozco exactamente cómo está planteada la denuncia”, refirió Rivera.

Respecto a si se tiene el número exacto de parlamentarios agredidos, Rivera señaló que no, pero dijo que “creo que fueron más de 20 compañeros”.

Opiniones

El diputado Boris España condeno esos hechos y dijo que entre los agredidos hubo una diputada embarazada.

“Quiero, de manera enérgica, condenar las manifestantes que hubo en contra de compañeros diputados, dijo España, quien dejó entrever que algunos parlamentarios tuvieron que ver con las protestas, aunque no dijo nombres no partidos políticos.

España dijo que ese tipo de acciones solo desgastan más la imagen del Congreso.

“No es la manera de construir Guatemala, un llamado a los compañeros diputados que tuvieron que ver con salir a que estas personas cargaran piedras, esperamos no vuelva a suceder”, añadió.

Por su parte, la diputada Lucrecia Marroquín aseguró que fue atacada de forma directa y que los agresores no eran manifestantes y que otros salen en TikTok, por lo que exige que se les aplique la ley.

“En lo personal fui atacada (…) las personas que estaban afuera no eran manifestantes, eran grupos de choque y violentos, ellos iban a matarnos. Creo que eran jóvenes con un rencor adentro que no puede con ellos, ellos no son pagados, no buscan paga, ellos quieren destruir”, dijo Marroquín.

Agregó que “eran personas de más de 30 años que querían agredir a los diputados y se tiraron contra las mujeres, porque no tenemos la fuerza de un hombre, eso no es válido”.

Agregó que a los diputados “afines a esos grupos” no se les hizo nada, porque “ya tenían un objetivo”, dijo Marroquín.

En tanto, el diputado Rudio Lecsán Mérida dijo que “la función del Estado es prevenir el delito y aquí es preocupante que a la hora de salir (del Congreso) un diputado en la noche, porque algunos tienen seguridad, otros portan armas y se puede dar un enfrentamiento muy lamentable para el país y a lo mejor eso están provocando y perfectamente lo pueden (lograr)”

Por lo anterior, le pidió a la Junta Directiva que accione para garantizar la integridad de los parlamentarios.

El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) le dio trámite a un amparo interpuesto por autoridades indígenas y ancestrales en contra del presidente Alejando Giammattei, la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la Feci Rafael Curruchiche y el juez séptimo penal Fredy Orellana, informaron este viernes 10 de noviembre fuentes judiciales.

La CC también remitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los expedientes relacionados con el amparo contra Porras, Curruchiche y Orellana.

El amparo planteado por las autoridades indígenas solicita que se otorgue la protección constitucional de amparo “declarando la amenaza de violación al principio de supremacía constitucional, a nuestro derecho a elegir, al voto universal, secreto y único, a la efectividad del sufragio y a la libertad del voto.

Además, solicita que se deje en suspenso la resolución emitida por el juez Orellana “que ordenó los allanamientos ejecutados el 12 y 13 de septiembre de 2023 en instalaciones del Centro de Operaciones del Proceso Electoral y el Registro de Ciudadanos”.

También solicite que por medio de amparo “se conmine a la fiscal general y jefa del Ministerio Público y al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad a abstenerse de realizar solicitud y ejecutar cualquier acción que ponga en riesgo o amenaza los derechos y principio individualizados”

Sumado a eso, en el amparo piden que “se conmine al presidente constitucional de la República para que ordene al director de la Policía Nacional Civil abstenerse de acatar ordenes o solicitudes de las autoridades impugnadas que ponga en riesgo o amenaza los derechos y principio individualizado”.

Además, le solicitan a la Corte que se ordene la separación del cargo “ipso facto” de Porras, Curruchiche y Orellana.

Sin embargo, este viernes se conoció que el CC le dio trámite al amparo interpuesto por las autoridades ancestrales, pero para determinar si procede o no le fijó 48 horas al presidente Giammattei para envié un informe circunstanciado referente a los actos señalados por las autoridades indígenas.

“Para resolver si procede o no el amparo provisional, que el Presidente de la República de Guatemala, autoridad denunciada remita el antecedente del caso o, en su defecto informe circunstanciado, dentro del perentorio término de cuarenta y ocho horas, con la salvedad de que, si no tuvieren en su poder lo mencionado, informe a esta Corte al respecto y remita el requerimiento a donde corresponda para dar cumplimiento a lo ordenado”, detalla la CC en su resolución.

Además, la resolución detalla que “por razón de competencia” se remite “para conocer y emitir pronunciamiento, copias certificadas del escrito inicial del amparo instado y del escrito relacionado en esta resolución a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que continúe con el trámite correspondiente al amparo” contra Porras, Curruchiche y Orellana.

La Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala (Empagua) publicó un comunicado este 13 de octubre en el que señala que hay riesgo inminente de que la capital, Mixco y Chinautla se queden sin agua debido a que se mantiene tomada la planta de El Tesoro, en Chimaltenango, y piden a las autoridades que la liberen.

La planta El Tesoro fue tomada por manifestantes que exigen la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras; los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana.

En el comunicado se menciona que el abastecimiento se está acabando y eso afectará en eso sectores mencionados y califica la situación como “una de las mayores crisis que jamás habíamos vivido”.

Explican que desde el lunes 9 de octubre, un grupo de personas “secuestraron la presa El Tesoro, que abastece a más de la mitad de la ciudad de Guatemala, áreas de Mixco y de Chinautla”.

Señala que: “El agua es de los vecinos y sus familias, de los pacientes en hospitales, de los niños en las escuelas. El agua es un servicio básico y esencial que todos necesitamos, pero la situación se agrava día a día. El tiempo corre y los sectores afectados por esta crisis aumentan”.

Explica que áreas de Chinautla, áreas adyacentes de Mixco, así como las zonas 1, 2, 3, 6,7, 8, 11, 12, 13 y 19 son afectadas por la situación y que este 13 de octubre también se sumaron al problema la zona 17 y la colonia Atlántida, zona 18.

“El riesgo de quedarnos sin agua es inminente. Como empresa, hemos buscado incansablemente el diálogo, el entendimiento para poder reestablecer el servicio de agua que es de ustedes”, se lee en el comunicado.

Piden accionar

En el documento Empagua también menciona que se requiere la intervención de la Policía Nacional Civil y autoridades para que se retome el control de la presa El Tersoro, para garantizar la seguridad de la planta y se pueda restablecer el servicio de agua lo antes posible, por lo que es fundamental que actúen con prontitud y eficacia.

“No podemos permitir que este sabotaje continúe dañando a nuestro país”, señala Empagua en el comunicado.

Empagua también publicó una carta abierta al ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, en la que le piden intervención inmediata para liberar El Tesoro.

Carta Abierta al Señor Ministro @NapoleonBG_ :

Solicitamos su intervención inmediata para restablecer el suministro de agua en sectores afectados por el secuestro de la Planta el Tesoro.

Lee la carta completa aquí: #Guatemala #ServiciosEsenciales #EMPAGUA pic.twitter.com/Jd6opdB2hY

— Empagua (@empagua_gt) October 13, 2023

Sin agua

En la zona 7 de la capital, en las colonias cercanas a la Bethania, los pobladores se quejan que no tienen agua desde el pasado martes.

Irene Chalí, residente en la colonia Mario Martínez de Lejarza, dijo que desde e martes no tienen servicio de agua y este es muy importante pata todos, por lo que pidió que se restablezca lo antes posible.

Dijo que el agua es vital y sobre todo que hay muchos niños y se requiere este servicio para muchas actividades en casas y comercios.

Pidió al Gobierno que solucione el problema -de las manifestaciones- y así se pueda restablecer el agua en la capital.

Afirmó que por el momento el agua la están reciclando y con el poco de agua que lavan trastes la usan para limpiar sanitarios. Reconoció que ningún camión cisterna ha llegado para abastecerlos.

Dijo que los bloqueos no son buenos y añadió que en esos sectores siempre hay deficiencia de agua, pero los cobros de la municipalidad llegan puntuales.

Irene Chalí, vecina de zona 7 de la capital que habla de la falta de agua en su colonia debido a la toma de la planta El Tersoro, Chimaltenango. (Video Guatevisión: Leslie Sánchez)

Filadelfo Contreras, otro vecino dijo que estar sin agua no se puede soportar y que para palear la crisis están racionando el agua. Dijo que los trastes y la ropa no la han podido lavar.

Recordó que nunca habían estado sin una sola gota de agua.

Filadelfo Contreras, otro vecino dijo que se queja de falta de agua. (Video Guatevisión: Leslie Sánchez)

Militares veteranos tienen prevista una jornada de protesta durante tres días en puntos estratégicos para el comercio del país, por lo que cámaras empresariales le exigen a las autoridades garantizar la movilidad, pues al no haberla se violan derechos fundamentales de la población y se generan pérdidas millonarias para Guatemala.

Grupos de veteranos militares tienen planificado manifestar este 4, 5 y 6 de octubre en distintos puntos del territorio nacional.

Las manifestaciones y bloqueos se efectuarán en puertos, aeropuertos y carreteras por al menos 20 asociaciones de veteranos del Ejército, que presionarán por la iniciativa 5664 que les daría Q120 mil a cada uno.

La Cámara del Agro Camagro interpuso un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se garantice la libre movilidad en las carreteras, puertos y aeropuertos del país, puntos que serán bloqueados por militares veteranos.

#CongresoGT | Para mañana continúa programado el inicio de tres dias de bloqueos en puertos, aeropuertos y carreteras por parte de alrededor de 20 asociaciones de veteranos del Ejército quienes presionan por la iniciativa 5664 que les daría Q120 mil a cada uno. @prensa_libre pic.twitter.com/8MpHHmkaAn

— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) October 3, 2022

“Ante las acciones ilegales de bloqueos de carreteras y accesos a puertos y aeropuertos, estamos presentando una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Solicitamos al máximo tribunal constitucional proteger a los ciudadanos en general en contra de las amenazas de violaciones a derechos garantizados en la Constitución Política de la República”, señala Camagro.

En tanto, la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) señaló que las acciones anunciadas por los militares veteranos constituyen un “delito flagrante”.

“Bloquear carreteras y accesos a puertos, aeropuertos, aduanas y fronteras constituye delito flagrante”, detalla la CCG en un comunicado.

“Circula en redes sociales la coacción de grupos que amparándose en el derecho a manifestar amenazan públicamente con bloquear carreteras y accesos importante del país durante tres días consecutivos de no ser resueltas sus peticiones”, dice la misiva de la CCG.

Bloquear carreteras y accesos a puertos, aeropuertos, aduanas y fronteras, constituye delito flagrante pic.twitter.com/JJS5LeNWF3

— Cámara de Comercio de Guatemala (@CamComercioGT) October 3, 2022

Agrega que “estas amenazas al margen de la ley alejan el desarrollo del país, ahuyentan al inversionista nacional y extranjero y degenera en menos oportunidades y empleos tan necesarios en el país, especialmente para las personas más necesitadas”.

También añade que “la Corte de Constitucionalidad ha resuelto reiteradamente, ordenando a las autoridades responsables del orden público: presidente de la República, ministro de Gobernación y director de la Policía Nacional Civil, actuar de manera inmediata, liberando los puntos carreteros y accesos bloqueados, preservando los derechos de locomoción y las libertades de comercio, industria y trabajo de todas las personas que vivimos en el país”.

“Exigimos a las autoridades que cumplan su responsabilidad constitucional y anticipándose a estas amenazas no permitan este tipo de acciones de parte de grupos que actúan en la ilegalidad”, concluye el comunicado.

Además, la Cámara de Comercio Americana en Guatemala (AmCham) se pronunció acerca de los bloqueos e hizo un llamado a los sectores para unirse por el desarrollo del país, “fomentando medidas proactivas y el diálogo serio en busca de soluciones para evitar afectar al resto de la población”.

“Ante las manifestaciones anunciadas para este martes 4, miércoles 5 y jueves 6 que se realizarán en puntos importantes como el Aeropuerto Internacional La Aurora, Aeropuerto San José de Escuintla, Puerto Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Puerto Quetzal, puntos fronterizos, así como carreteras de Río Hondo, Zacapa, Puente El Zarco, Retalhuleu y otros sitios de alto tránsito vehicular, AmCham Guatemala hace un llamado a la reflexión para tomar conciencia sobre estas medidas que representan, no solo un impacto monetario, sino que también inconvenientes a los trabajadores en horarios laborales, esenciales para ganar su sustento diario, desplazarse con seguridad hacia sus destinos y sus hogares”, refiere un comunicado.

“En AmCham Guatemala siempre hemos creído que el diálogo es esencial para encontrar soluciones, respetando las demandas de cada uno de los sectores, pero es imposible que no tomemos conciencia de la situación en la que estamos de crisis de infraestructura y movilidad, tanto por el estado de las carreteras como por los bloqueos ilegales, tenemos empresas y trabajadores que han perdido horas con todos estos incidentes”, aseguró Juan Pablo Carrasco, presidente de Amcham Guatemala.

De acuerdo con Amcham Guatemala, “en el último mes se ha registrado más de una manifestación por semana, en promedio se cuantifican hasta 19 bloqueos mensuales y en un año sobrepasan los 200”.

Agrega que “en un día de paralización las pérdidas ascienden hasta los Q280 millones en las exportaciones. Con una hora de bloqueos se pierde lo equivalente a 43 mil salarios mínimos y 37 mil canastas básicas, como reveló un reciente estudio presentado por Cabi Analytics”.

Agrega que “otro aspecto para considerar es la mala imagen que el país recibe tras los bloqueos, en especial en puntos fronterizos y aeropuertos que representan la primera impresión de turistas e inversionistas al llegar al territorio nacional, ocasionando retrasos en vuelos y advertencias internacionales a nivel extranjero”.

Señala que, sumado a esto, “los desastres naturales que han causado derrumbes, socavamientos y complicaciones a la infraestructura nacional, que limitan la locomoción en distintas áreas de Guatemala”.

“Las últimas lluvias han afectado importantes rutas del país, generando dificultades para que millones de guatemaltecos realicen sus actividades diarias, lo que se ha convertido en cuantiosas pérdidas que impacta en un alto costo a la economía, además, de impactar en la calidad de vida, tiempo invertido en el tráfico, estructura de las viviendas y Vías alternas que no están adecuadas para una mayor carga vehicular, entre tantas consecuencias más”, dice el documento.

El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) anunció este lunes que el próximo miércoles 21 de septiembre realizará una masiva movilización de personas hacia la capital de Guatemala para una marcha que saldrá desde varios puntos y se dirigirá hacia el centro histórico.

En una conferencia de prensa simultánea en varios departamentos del país, Codeca confirmó que se espera una masiva asistencia de personas a la marcha en la capital, la cual empezará a las 6 horas.

Explicaron que Codeca y otras organizaciones sociales, pobladores en general y estudiantes universitarios se concentrarán en El Trébol, Obelisco, Periférico y Metro Norte y desde allí saldrán marchas hacia la zona 1 de la capital.

Explicaron que las comunidades de Occidente se reunirán en la calzada Roosevelt y puente del Periférico; los del Sur lo harán en El Trébol; los del Norte en Metro Norte y las personas que lleguen del Oriente se reunirán en El Obelisco.

Desde allí, se espera que arranquen las cuatro caminatas, las cuales se unirán en el Centro Histórico para exigir sus demandas.

Reiteraron que el interior del país no habrá bloqueos de carreteras y que toda la movilización será en la capital.

Demandas

Explicaron que la marcha es para mostrar su repudio y rechazo hacia lo que consideran como desmedida ambición y avaricia “del sistema corrupto y criminal”, que según ellos tiene cooptado los tres poderes del Estado.

Explican que la corrupción inició desde lo que creen es un fraude electoral que llevó a la presidencia a Alejandro Giammattei , quien luego impuso magistrados, jueces y fiscales del Ministerio Público para que actuaran con impunidad en todo el país.

La protesta es, según Codeca, para exigir la renuncia del presidente Giammattei, de la fiscal Consuelo Porras y de los diputados del Congreso, que ha trabajado para aprobar leyes que incitan incita a la violencia en el país, restringen los derechos ciudadanos y buscan privatizar los bienes del país.

También criticaron la persecución penal de los defensores de los derechos humanos y lo de los territorios quienes, según ellos, únicamente se han dedicado a defender los preceptos que están garantizados en la Constitución Política de Guatemala y en convenios internacionales.

También rechazaron la persecución penal contra fiscales y jueces honestos, que, según Codeca, solo han luchado por la justicia y por llevar ante ella a criminales de cuello blanco.

“Exigimos la renuncia también de Consuelo Porras, que su único trabajo ha sido fomentar la impunidad para favorecer a los corruptos y defender a los asesinos a los corruptos y defender a los asesinos de defensores de derechos humanos y también perseguir a defensores de derechos humanos a través de la simulación de delitos”, dijeron representantes de Codeca en una de las conferencias que dieron en el interior del país.

Elecciones transparentes

Los representantes de Codeca también exigieron al Tribunal Supremo Electoral que actúe con imparcialidad y responsabilidad para garantizar igualdad de derechos de los partidos políticos que van a participar en las elecciones generales del 2023.

Alto costo de la vida

Otra de las demandas por las que protestará Codeca es por el alto costo de la vida, pues creen que el Gobierno ha favorecido los intereses de los ricos y se ha olvidado de los pobres, a quienes castiga con precios altos en los servicios básicos y la canasta básica.

Señalaron que el Gobierno ha saqueado las arcas nacionales y ha permitido que cada vez haya más pobres mientras protege a los millonarios.

“Ya es hora de poner un alto a este gobierno, los millonarios siguen siendo millonarios y los pobres más pobres”, dijo otro de los dirigentes de Codeca en la conferencia simultánea.

Varias organizaciones sociales y universitarias han convocado para una serie de movilizaciones por varios sectores de la Ciudad de Guatemala el jueves 11 de agosto, para protestar contra el Gobierno y exigir que se respete la autonomía universitaria de la Usac.

De acuerdo con la Asamblea Social y Popular (ASP), serán cuatro movilizaciones las que se trasladará a partir de las 6 de la mañana hacia el Congreso de la República, donde leerán comunicados haciendo ver su descontento por la situación por la que atraviesa el país, según ellos, a causa de la corrupción y el alto costo de la vida.

Las concentraciones tendrán lugar en la Universidad de San Carlos, zona 12; Iglesia la Parroquia, zona 6; Puente El Incienso, zonas 7; y Centro Histórico, zona 1.

Según la ASP, las cuatro vertientes tienen como objetivo congregarse frente al Congreso de la República donde harán ver su inconformidad, pero previo a eso algunas pasarán frente a otros organismos del Estado, como el Ministerio Público, Palacio Nacional y Corte de Constitucionalidad.

Entre las demandas de las organizaciones están ponerle un alto al alto costo de los productos de la canasta básica y los combustibles, atacar la corrupción y frenar las detenciones de defensores de Derechos Humanos.

La Asamblea informó que, en apoyo a la resistencia universitaria, quienes desde hace semanas se oponen a la designación de Walter Mazariegos como rector de la Usac, a las 9.30 horas tendrán “un acto político y reivindicativo” en el Paraninfo Universitario, en la 2ª. y 12 calle de la zona 1.

Complicaciones en el tránsito

Debido a las movilizaciones, autoridades de Emetra prevén que haya complicaciones en el tránsito desde horas de la mañana.

Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala, señaló que los automovilistas deberán tomar vías alternas y anticipar los viajes para evitar complicaciones en el tránsito.

Ante las movilizaciones, Montejo sugiere transitar por la Avenida Petapa, Anillo Periférico, Avenida Don Bosco, Bulevar Liberación, zona 13; 1ª. calles de las zonas 1, 2 y 6, Bulevar La Democracia, Calzada San Juan, Calzada Roosevelt, Plaza Mariachis y Avenida El Cementerio.

Agregó que, según sus cálculos, las movilizaciones podrían concentrarse en el Congreso a eso de las 10 de la mañana.

Representantes de organizaciones civiles, indígenas y campesinas, anunciaron que, desde este martes 5 de abril, y hasta el jueves 7 de abril, realizarán protestas en varios puntos del país, para “exigir que se detenga la corrupción y el robo de los recursos de los pueblos y que cese la violencia sistemática del Estado”, según las agrupaciones.  

Integrantes de la Asamblea Social y Popular de Guatemala (ASP), ofrecieron una conferencia de prensa en la que también demandaron transparencia en el proceso de selección de candidatos a ocupar el puesto de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) y que no se proteja al “pacto de corruptos”.   

Desde hoy empezaron las protestas frente a las sedes del Ministerio Publicó en varios municipios de Quiché, Alta Verapaz, San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Huehuetenango y Chimaltenango.  

El miércoles está programado un plantón en la capital dese las 10 horas y una concentración y vigilia en la plaza Central de la Ciudad de Guatemala.  

El jueves saldrá una marcha hacia el Congreso de la República y posteriormente al MP. 

“No más corruptos en el MP. La democracia guatemalteca agoniza”, resaltaron los organizadores de las protestas.  

“Los pueblos y las comunidades estamos profundamente preocupados por el giro que ha tenido el país en los últimos años al perder la poca democracia y las escasas garantías constitucionales que apenas se mantenían”, se lee en un comunicado de prensa de ASP. 

Agrega que “no solo están en peligro las sentencias de la Corte de Constitucionalidad relacionadas al derecho de consulta de los pueblos indígenas, sino casos juzgados por genocidio y otros relacionados con actos de corrupción en los diferentes niveles del Estado”. 

“La represión contra las comunidades indígenas y campesinas ha sido una constante en la historia de este país construido sobre el despojo y la explotación. Las acciones del Ministerio Público, en complicidad con las empresas nacionales y de capital extranjero debido que hoy operan gracias a negociaciones ilegales y corruptas, han servido para impulsar la criminalización, persecución y judicialización de lideres y lideresas comunitarias, de Autoridades Indígenas, de activistas defensores y defensoras de derechos humanos, de comunicadores comunitarios, de comunidades enteras, jueces, juezas, fiscales exfiscales, mandatarios que hoy son prisioneros políticos, tienen arresto domiciliar, orden de captura o atraviesan juicios y otra serie de ataques”, se lee en el documento. 

Afirman que esa persecución y criminalización es para garantizar los intereses de los grandes empresarios, mientras la mayoría de la población pasa penas y dificultades.  

“En lugar de tomar medidas para reducir al impacto del alto costo de la vida y el aumento de precios generalizado, el Gobierno sigue protegiendo los negocios de los privilegiados; mientras la mayoría de la población sufrimos con los altos costos del transporte, la energía eléctrica, el gas, la gasolina y todos los artículos de primera necesidad” se lee en el comunicado.  

Agregaron que los subsidios que se aprueba el Gobierno son temporales y van dirigidas a las empresas, pero el enriquecimiento y el aprovechamiento de políticos y empresarios corruptos no para y no tiene límite.  

“Nos manifestamos exigiendo que se detenga la corrupción y el robo de los recursos del pueblo, que se tomen medidas reales y efectivas para reducir el impacto del alto costo de la vida; para exigir que cese la violencia sistemática desde las instituciones corruptas del Estado, contra nuestras hermanas y hermanos y demandamos que el proceso de selección de candidatas y candidatos a ocupar el puesto de Fiscal General de la República no proteja al Pacto de Corruptos, ni los privilegios de los empresarios”, explica el comunicado.  

Rechazan a Consuelo Porras y otros aspirantes al MP 

Los integrantes de la agrupación también manifestaron su rechazo a que dentro de las o los candidatos para dirigir el Ministerio Público estén Consuelo Porras, actual jefa del MP;  Jorge Luis Donado, actual Procurador General de la Nación; José Enrique Urrutia Estrada, abogado de la Fundación contra el Terrorismo; Henry Alejandro Elias, actual magistrado de la Sala de Femicidio y magistrado de la Corte de Apelaciones; Oscar Dávila, director de la Comisión Presidencial contra la Corrupción y Gloria Dalila Suchité, magistrada suplente de la Sala Segunda de Mayor Riesgo. 

Señalan que todos ellos son parte del denominado Pacto de Corruptos. 

“Hacemos un llamado a la población guatemalteca, a las organizaciones sociales y a los sectores diversos a nivel nacional para que se tomen medidas contra el alto costo de la vida, que termine la persecución de quienes defienden derecho y que para dirigir el Ministerio Público se seleccione a personas que garanticen una justicia pronta y cumplida para el Pueblo.  

Otras acciones de este día 

En Quiché hubo una caminata que fue organizada por la Asamblea Departamental Multisectorial Quiché, la cual se concentró frente a la Gobernación Departamental y también frentes al del MP,   en donde entregaron memoriales. 

Los manifestantes protestaron por el alto costo de los productos de la canasta básica, los combustibles y el alto precio al pasaje del transporte urbano y extraurbano. 

Manifestaron su rechazo a la reelección de Consuelo Porras en el MP. 

Tomás Racancoj sacerdote de Quiché calificó de intimidatoria la presencia de un fuerte contingente de la PNC que acompaño la caminata. 

Protestas de salubristas 

Por medio de un comunicado, salubristas del Sindicato Nacional San Juan de Dios anunciaron que se preparan para efectuar bloqueos a escala nacional este miércoles 6 para exigir al Ministerio de Salud “el cumplimiento inmediato del artículo 146 numeral 16-2021. 

Indicaron que el referido numeral ordena la incorporación de trabajadores por contrato al renglón permanente, así como la creación de plazas que ahora no están disponibles. 

Indicaron que el referido numeral ordena la incorporación de trabajadores por contrato al renglón permanente, así como la creación de plazas que ahora no están disponibles. 

Dirigentes de los inconformes afirmaron que los bloqueos serán en puntos estratégicos en el territorio nacional, así como de la ciudad de Guatemala.

Como si se tratara de un juego de pingpong, la Presidencia, el Ministerio de Gobernación y la Dirección General de Tránsito de la PNC, evaden la responsabilidad de informar sobre cuáles fueron los acuerdos alcanzados con transportistas para que liberaran las rutas que tenían tomadas en protesta contra una ley que los obliga a pagar un seguro para terceros.

El Gobierno habla de “mesas de diálogo” con los transportistas que se oponen a la entrada en vigor del acuerdo gubernativo 17-2020 que los obliga al pago de un seguro y que ha sido prorrogado en varias oportunidades, pero no da detalles sobre los acuerdos alcanzados para liberar las rutas y sobre la dinámica que se tendrá para tener esos acuerdos. Tampoco queda claro qué pasará con la ley que los mantiene en discordia.

Se intentó conocer la opinión del Ministerio de Gobernación, pero personal del departamento de Comunicación señaló que es un tema que le compete a la Presidencia de la República, pero al hacer la consulta en el Ejecutivo se remitió al Departamento de Tránsito de la PNC, donde afirman que es un tema que le copete a Gobernación.

Sin embargo, después Presidencia compartió información que, según dicen, se requirió a la Dirección General de la PNC.

“Como resultado de la reunión se llegó al acuerdo de continuar aportando en las mesas de diálogo con el objetivo de trabajar un reglamento que se adecúe a las necesidades de la población, usuarios y transportistas”, refiere un comunicado.

“Las partes coincidieron en la necesidad de continuar las mesas de diálogo con el fin de llegar a acuerdos que permita al gremio de los transportistas retomar labores y suspender cuanto antes los bloqueos de carreteras que alteran la vida de la población y generan cuantiosas pérdidas económicas al país”, agrega la comunicación, que reitera que para profundizar en el tema se debe “consultar con Departamento de Tránsito, pues ellos manejan la información”.

#ComunicadoOficial | El @GuatemalaGob a través del Ministerio de Gobernación, a la población en general informa: pic.twitter.com/3sXy0VQtgf

— MinGob (@mingobguate) January 27, 2022

Deponen medidas

Más de 20 carreteras en diversos puntos de Guatemala quedaron libres para el tránsito el martes pasado después de que decenas de transportistas desistieran de los bloqueos que llevaban a cabo desde el lunes, en rechazo al seguro obligatorio para terceros en caso de accidente.

El Gobierno guatemalteco indicó mediante sus canales de comunicación que los transportistas desbloquearon las rutas tras un “diálogo” con la Policía Nacional Civil, que contaba con un fallo judicial para removerlos de la vía pública.

Dicho fallo fue emitido el lunes por el máximo tribunal de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, a solicitud de la Cámara de Comercio del país centroamericano.

Los transportistas iniciaron el lunes con los bloqueos y persistían el martes en muchos departamentos, en búsqueda de que el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei derogue una ley que los obliga contratar un seguro para pagar los daños que causen a terceros en accidentes.

La medida provocó que decenas de vehículos queden varados tanto el lunes como el martes, lo que ha causado millonarias pérdidas comerciales, de acuerdo con las cámaras empresariales, que calificaron los bloqueos como “ilegales”.

En un comunicado, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), manifestó que en los últimos meses los incidentes en las carreteras han ocasionado las pérdidas de vidas humanas, por lo que consideran importante la implementación del seguro.

Por su parte, la Cámara del Agro calificó los bloqueos como “actos criminales” y exigió a las autoridades desalojar a los transportistas como lo ordenó el fallo de la Corte de Constitucionalidad, que busca garantizar la libre locomoción de la población.

Los transportistas se oponen a la vigencia del seguro, que debe ser contratado obligatoriamente en los próximos seis meses como límite.

La contratación del seguro obligatorio de los transportistas se debe a los constantes accidentes de tráfico que solo en los últimos cinco meses han dejado al menos 167 muertos en las carreteras del país centroamericano, de acuerdo con registros oficiales.

El acuerdo que los obliga a contratar un seguro fue aprobado en 2020 durante la Administración del presidente Jimmy Morales, pero aún no cobra vigencia debido a la negativa de los transportistas, que mantienen un diálogo con el Gobierno de Giammattei.

Con información de EFE