Este viernes 18 de noviembre se cumplen 5 días de bloqueos en el país por parte de transportistas que exigen que el precio de los combustibles, en especial del diésel, se congele y que el Gobierno tome acciones para frenar el alza en la canasta básica, medicamentos y derivados del petróleo.

Asociaciones y gremiales de transporte colectivo y pesado comenzaron una serie de bloqueos el lunes 14 de noviembre en varios puntos del país, pues buscaban llamar la atención del Organismo Ejecutivo y que este intervenga para frenar el alza en los precios de los combustibles.

Provial reportó este viernes que los transportistas siguen tapando 11 puntos en distintas partes del país.

Hasta el momento no hay paso en:

CA 2 – Oriente (Escuintla – Frontera El Salvador)

• Km 257 CA-2 Frontera Tecún Umán
• Km 265 CA-2 Cruce a Catarina
• Km 275 CA-2 Cruce Orizaba (hacia Malacatán, San Marcos)

RN 01: Quetzaltenango – San Marcos

• Km 242 RN-1 en San Antonio Sacatepéquez
• Km 243 RN-1 San Pedro Sacatepéquez, San Marcos
• Km 211 RN-1 San Juan Ostuncalco (ingreso a Xela)

Rutas en Quetzaltenango

• Km 196 Cito-180 (Las Rosas) ingreso a Xela
• Km 195 RN-9N Olintepeque

CA 2 – Occidente (Escuintla – Frontera Tecún Umán)

• CA 2 – Oriente (Escuintla – Frontera El Salvador)
• Km 162 CA-2 Oriente Frontera Pedro de Alvarado (Solo turismo y liviano)

Ruta Interamericana

• CA-1 Frontera San Cristóbal (ocupada desde el 16 de noviembre)
• Km CA-1 Occidente (Libramiento de Chimaltenango)

La propuesta de transportistas

Los transportistas se reunieron con autoridades el pasado martes para plantearles la propuesta de congelar el precio del combustible en el país.

Marlon Prera, Gremial de Transporte Urbano de Villa Nueva, concedió una entrevista a La Red, en donde aseguró que, si el gobierno no accedía a su propuesta los bloqueos continuaría por semanas.

El encuentro fue con el viceministro de Energía y Minas, Luis Ayala, en donde expusieron su petición de que se congelen los precios de los combustibles y así apoyar a los empresarios y a la población en general para evitar más alza en otros productos, incluida la canasta básica; sin embargo, al no llegar a un acuerdo los bloqueos se han extendido toda la semana en distintos puntos del país.

“Creemos que el diésel o el combustible debería andar por los Q22 a Q25 por galón… creemos que la solución es congelar el precio en Q25 de los distintos combustibles o un promedio entre Q22 y Q27, dependiendo del tipo de combustible congelarlo a la alza esto significa que no pase este precio y si baja el barril de petróleo pues tiene la tendencia a bajar”, comentó Prera en la entrevista con La Red.

El lunes pasado, el ministro de Energía y Minas Alberto Pimentel, mencionó que los precios de los combustibles en Guatemala están siendo afectados por la dinámica internacional.

Dijo que, en relación a la propuesta de los transportistas de fijar el precio de los combustibles, el Gobierno solo puede hacer lo que la Ley les permite, pero en el caso de el país la Ley de Comercialización de Hidrocarburos impide que el ministerio o cualquier institución estatal pueda intervenir en el mercado fijando precios, pues sería ilegal.

Afirma que se analizan dos opciones para enfrentar la crisis del combustible, una es un nuevo subsidio al diésel, pero tendrían que acudir al Congreso de la República y además ver disponibilidad de recurso y determinar el plazo por el cual podría ser otorgado.

La segunda opción es una especie de fondo compensatorio que sin fijar precio, el consumidor final recibiría un precio determinado, pero la diferencia con el precio referencia tendría que ser absorbido por dicho fondo.

Pese que el presidente Alejandro Giammattei cedió a los transportistas una prórroga de seis meses para la contratación del seguro por daños a terceros, los bloqueos anunciados para este lunes 24 de enero continúan vigentes.

Los puntos exactos donde los transportistas bloquearan las calles no han sido compartidos, pero integrantes de este movimiento afirman que se trata de una medida que se hará en puntos estratégicos en los 22 departamentos del país.

Un representante, que por temor a represalias prefirió el anonimato, explicó que no es posible pagar ese seguro, aseguran que el costo tan elevado de alimentos de primera necesidad les impide cumplir con esa disposición.

El acuerdo 17-2020 fue emitido por el expresidente Jimmy Morales, el mismo ordena que cualquier tipo de transporte público cuente con un seguro para respaldar a cualquiera de sus usuarios al momento de un accidente.

Pero la administración de Giammattei no ha podido cumplir con la disposición y aunque enero ha sido marcado por un elevado número de accidentes de tránsito y personas fallecidas a consecuencia de los mismos, el Ejecutivo accedió a volver a dar una prórroga para su cumplimiento.

Buscan su derogación

Los transportistas no precisan la cantidad de personas que participaran en los bloqueos, aunque estiman que se trata de un número considerable porque abarca a pilotos de transporte pesado, transporte urbano y extraurbano, taxistas y moto taxis.

“Comenzamos a las seis de la mañana y será indefinida (la protesta) hasta que el presidente derogue el acuerdo; si el presidente nos dice que nos da dos años, 50 años o lo que sea no se lo aceptamos, nosotros no somos juguetes del Estado y si nos toca vamos a dormir en los bloqueos”, refirió uno de los representantes que prefiere no ser citado.

El entrevistado añadió: “Habrá bloqueos de carreteras y algunas manifestaciones a las gobernaciones y municipalidades, así se darán de cuenta la magnitud de personas que nos van a apoyar”.

Víctor Bonilla, uno de los líderes de los transportistas pidió una disculpa a la población porque reconocen que afectarán a muchos que buscarán llegar a su trabajo, “todos tenemos una lucha y hoy nosotros queremos terminar este problema de raíz para que no tengamos dentro de otros seis meses volver a lo mismo, ya son dos años con este problema”.

Primera opción: El diálogo

Ante el aviso de bloqueos a nivel nacional de parte de transportistas el Ministerio de Gobernación explicó que cuentan con un protocolo ante este tipo de escenarios, donde la primera alternativa es el diálogo y el respeto a los Derechos Humanos de los manifestantes y de la población civil ajena a la medida.

Pablo Castillo, vocero de la institución, explicó que en escenarios como estos piden el acompañamiento de instituciones que observen el debido respeto a las garantías humanas, donde los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) siempre buscan la manera de convencer a los inconformes de levantar los bloqueos.

“La PNC tiene sus protocolos para el manejo de estas situaciones, al momento que se den los bloqueos anunciados por el grupo de transportistas la institución policial deberá actuar conforme a lo que ley establece”, explicó Castillo.

Reiteró que la primera medida será convencer a los inconformes de levantar bloqueos, pero en caso que el diálogo no rinda frutos la PNC tiene respaldo legal para hacer uso de la fuerza.

“Si ellos no deponen su actitud y si portan objetos que puedan ser usados en contra de la integridad física del resto de guatemaltecos también se puede hacer uso de la fuerza, desde el Ministerio de Gobernación se hace un llamado a manifestar de forma pacífica como lo norma la Constitución, pero no podemos manifestar bloqueando los derechos de los demás ciudadanos”, enfatizó.

Respetan postura pero no bloquearán

En tanto, la Gremial de Transportes y la Coordinadora Nacional de Transportes dijeron a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que, aunque respetan la postura de sus compañeros, no apoyarán las medidas de hecho como el bloqueo de vías.

Aclararon que no están de acuerdo con los altos precios que quieren cobrar las aseguradoras, pero esperan que se llegue a un acuerdo por medio del diálogo.

“Nosotros no estamos en contra del seguro obligatorio; estamos en contra de la cantidad exorbitante que pretenden cobrar las aseguradoras”, dijo Rony Mendoza, presidente de la Gremial de Transportes.

Agregó que respeta la postura de otros compañeros pero que el seguro es necesario y se debe dialogar para bajar el costo.

“Se puede manifestar sin vulnerar los derechos de los demás, porque mis derechos se terminan donde empiezan los de los demás”, enfatizó Mendoza respecto de los bloqueos anunciados para este lunes.

Augusto Toledo, vicepresidente de la Coordinadora Nacional de Transportes, se expresó en ese mismo sentido y aseguró que no participarán de los bloqueos.

Enfatizó también que no están de acuerdo con lo que quieren cobrar las aseguradoras, pero afirma que el seguro contra terceros en el transporte es necesario, y de hecho lo debe tener cualquier vehículo, pesado o liviano.

La Coordinadora Nacional de Transportes emitió un comunicado en el que refleja esas posturas y llama al diálogo.

La razón es el elevado costo de los combustibles en Quiché, que en comparación a otros departamentos es muy alto, según denuncian.

Los manifestantes exigían al gobernador departamental realizar las verificaciones en las gasolineras, e hicieron una comparación con el precio de los combustibles en Quetzaltenango, en donde está más bajo que en Quiché.

Afirmaron que hay denuncias de transportistas de que en algunas gasolineras no les dan la cantidad exacta por lo que están pagando y las autoridades no lo verifican.

Además exigieron que se realice una verificación a la construcción de las carreteras a San Antonio Ilotenango y San Pedro Jocopilas, las cuales están por culminarse y se están destruyendo por el mal material que colocaron, en planchas de concreto hidráulico y en el asfalto en otro sectores del proyecto.

Este lunes 2 de agosto de 2021, el gobierno de Guatemala publicó el Acuerdo Gubernativo 156-2021 que contiene un nuevo aplazamiento al acuerdo gubernativo 17-2020 que se refiere al reglamento para la contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros.

Los transportistas y pilotos de taxis, mototaxis y buses cumplen una jornada de protestas y bloqueos en la capital y el interior del país con el que buscan que el gobierno derogue de una vez el acuerdo gubernativo 17-2020 que les obliga a pagar un seguro de responsabilidad de terceros.

Rolando López, vicepresidente de la Asociación de Taxis de Guatemala, dijo que buscan que la Corte de Constitucionalidad  de una vez resuelva que no es legal el pago de ese seguro.

Expresó que al sector les afecta ese seguro obligatorio, puesto que no hay gran cantidad de turismo en el país, por la pandemia del coronavirus, y por eso el trabajo y los ingresos han mermado y eso les ha generado pérdidas económicas.

Agregó que el 70% de vehículos que funcionan como taxis no están registrados y no autorizados, lo que se convierte en competencia desleal.

Dijo que en febrero del en que presentaron una acción de inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad contra el acuerdo 17-2020 y que hace un mes esa corte ya conoció el expediente y esta pidió que el Gobierno y el Ministerio Público presenten sus argumentos.

Los transportistas dijeron que si entra en vigor el pago de seguro el afectado sería el usuario, pues se incrementaría el costo de la canasta básica y costo de operación por el servicio.

Durante las múltiples manifestaciones que los transportistas han realizado en el país durante este año, han mostrado también su rechazo al seguro obligatorio, pues señalan que no pueden pagarlo debido a la falta de clientes y también porque es un acuerdo discriminatorio, pues solo obliga a pagar el seguro a estos gremios, cuando en realidad debería ser requisito para todo vehículo del país.

Mauro Ramírez miembro de la Asociación de Transportistas de la capital expresó que el seguro obligatorio que contempla  el acuerdo gubernativo 17-2020 no es viable pues además que no los protege a ellos en algún accidente, esto repercutirá en el incremento al pasaje y por ende en la canasta básica de cada uno de los guatemaltecos.

Afirmó que el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, ha salido diciendo que ha tenido varias reuniones con los transportistas, lo cual es falso, pues incluso ellos lo han citado al funcionario y solamente los ha tenido de un lugar a otro.

Señaló que Reyes ha dicho que no entiende por qué los transportistas protestan, y la respuesta es porque el Gobierno no escucha al pueblo.

“Ya no queremos otra prórroga del acuerdo 17-2020, lo que queremos es que se quite definitivamente”, comentó Ramírez.

La postura de la Unidad Nacional

En un comunicado de prensa que emitió la Unidad Nacional por la Víctimas de Tránsito, señalan que los accidentes viales son la segunda causa de muerte y primera de heridos y mutilados en Guatemala.

Señalan que: “Ante las descaradas e inhumanas acciones de un grupo no representativo de los vehículos de transporte comercial del país, fingiendo ser víctimas para pedir se viole la ley derogando el reglamento 17-2020 señala.

• Guatemala está harta de transportistas que todos los días matan y causan discapacidades a familias de todo el país sin siquiera pedir perdón; acostumbrados a huir y nunca pagar ni un centavo a las víctimas.

• Las víctimas de tránsito no tienen los Q3 millones que los transportistas gastan en bloqueos. Con eso pagarían meses de seguro.

• Es falso que el seguro impacta en la Canasta Básica (0.023%). Sí lo hacen los accidentes viales en el Salario Mínimo: el 2 mil 439% (costo promedio por víctima de tránsito).

• Protestan para no tener cómo pagar a sus pilotos, ocupantes y terceros en caso de accidentes. En todos los países existe el 17-2020, en ninguno se suspendió por la pandemia.

• 25 años de muertos y heridos que teniendo derecho recibieron nada. El presidente -Alejandro Giammattei- elige entre un negocio de centavos para unos pocos, o cumplir y hacer cumplir la ley, repartiendo entre las víctimas millones en ayudas al año, dejando un legado histórico, social y humano. En la Unidad Nacional no le saldrá un líder en ascenso.

• La Unidad Nacional está atenta a aplaudir y apoyar al presidente, o reaccionar en defensa de las vidas que protegemos, las de todos.

Algunos datos

Según la Unidad Nacional, implementar el seguro obligatorio beneficiará a 18 millones de guatemaltecos y no solo a los transportistas.

Señalan que el Gobierno no tiene que hacer ninguna inversión para implementar el seguro obligatorio y los taxistas solo Q0.33 por viaje que realicen.

Explican que la tasa de mortalidad es de 2.805%, y que según la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (Agis), 1 de cada 4 transportistas se accidenta al año.  La tasa de lesionados por accidentes viales es del 56%.

La Unidad Nacional tiene contabilizado que 63 mil 873 han muerto a consecuencia de accidentes de tránsito en los últimos 25 años, 1 millón 460 mil han quedado heridos o discapacitados.