Este lunes 2 de agosto de 2021, el gobierno de Guatemala publicó el Acuerdo Gubernativo 156-2021 que contiene un nuevo aplazamiento al acuerdo gubernativo 17-2020 que se refiere al reglamento para la contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros.

Los transportistas y pilotos de taxis, mototaxis y buses cumplen una jornada de protestas y bloqueos en la capital y el interior del país con el que buscan que el gobierno derogue de una vez el acuerdo gubernativo 17-2020 que les obliga a pagar un seguro de responsabilidad de terceros.

Rolando López, vicepresidente de la Asociación de Taxis de Guatemala, dijo que buscan que la Corte de Constitucionalidad  de una vez resuelva que no es legal el pago de ese seguro.

Expresó que al sector les afecta ese seguro obligatorio, puesto que no hay gran cantidad de turismo en el país, por la pandemia del coronavirus, y por eso el trabajo y los ingresos han mermado y eso les ha generado pérdidas económicas.

Agregó que el 70% de vehículos que funcionan como taxis no están registrados y no autorizados, lo que se convierte en competencia desleal.

Dijo que en febrero del en que presentaron una acción de inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad contra el acuerdo 17-2020 y que hace un mes esa corte ya conoció el expediente y esta pidió que el Gobierno y el Ministerio Público presenten sus argumentos.

Los transportistas dijeron que si entra en vigor el pago de seguro el afectado sería el usuario, pues se incrementaría el costo de la canasta básica y costo de operación por el servicio.

Durante las múltiples manifestaciones que los transportistas han realizado en el país durante este año, han mostrado también su rechazo al seguro obligatorio, pues señalan que no pueden pagarlo debido a la falta de clientes y también porque es un acuerdo discriminatorio, pues solo obliga a pagar el seguro a estos gremios, cuando en realidad debería ser requisito para todo vehículo del país.

Mauro Ramírez miembro de la Asociación de Transportistas de la capital expresó que el seguro obligatorio que contempla  el acuerdo gubernativo 17-2020 no es viable pues además que no los protege a ellos en algún accidente, esto repercutirá en el incremento al pasaje y por ende en la canasta básica de cada uno de los guatemaltecos.

Afirmó que el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, ha salido diciendo que ha tenido varias reuniones con los transportistas, lo cual es falso, pues incluso ellos lo han citado al funcionario y solamente los ha tenido de un lugar a otro.

Señaló que Reyes ha dicho que no entiende por qué los transportistas protestan, y la respuesta es porque el Gobierno no escucha al pueblo.

“Ya no queremos otra prórroga del acuerdo 17-2020, lo que queremos es que se quite definitivamente”, comentó Ramírez.

La postura de la Unidad Nacional

En un comunicado de prensa que emitió la Unidad Nacional por la Víctimas de Tránsito, señalan que los accidentes viales son la segunda causa de muerte y primera de heridos y mutilados en Guatemala.

Señalan que: “Ante las descaradas e inhumanas acciones de un grupo no representativo de los vehículos de transporte comercial del país, fingiendo ser víctimas para pedir se viole la ley derogando el reglamento 17-2020 señala.

• Guatemala está harta de transportistas que todos los días matan y causan discapacidades a familias de todo el país sin siquiera pedir perdón; acostumbrados a huir y nunca pagar ni un centavo a las víctimas.

• Las víctimas de tránsito no tienen los Q3 millones que los transportistas gastan en bloqueos. Con eso pagarían meses de seguro.

• Es falso que el seguro impacta en la Canasta Básica (0.023%). Sí lo hacen los accidentes viales en el Salario Mínimo: el 2 mil 439% (costo promedio por víctima de tránsito).

• Protestan para no tener cómo pagar a sus pilotos, ocupantes y terceros en caso de accidentes. En todos los países existe el 17-2020, en ninguno se suspendió por la pandemia.

• 25 años de muertos y heridos que teniendo derecho recibieron nada. El presidente -Alejandro Giammattei- elige entre un negocio de centavos para unos pocos, o cumplir y hacer cumplir la ley, repartiendo entre las víctimas millones en ayudas al año, dejando un legado histórico, social y humano. En la Unidad Nacional no le saldrá un líder en ascenso.

• La Unidad Nacional está atenta a aplaudir y apoyar al presidente, o reaccionar en defensa de las vidas que protegemos, las de todos.

Algunos datos

Según la Unidad Nacional, implementar el seguro obligatorio beneficiará a 18 millones de guatemaltecos y no solo a los transportistas.

Señalan que el Gobierno no tiene que hacer ninguna inversión para implementar el seguro obligatorio y los taxistas solo Q0.33 por viaje que realicen.

Explican que la tasa de mortalidad es de 2.805%, y que según la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (Agis), 1 de cada 4 transportistas se accidenta al año.  La tasa de lesionados por accidentes viales es del 56%.

La Unidad Nacional tiene contabilizado que 63 mil 873 han muerto a consecuencia de accidentes de tránsito en los últimos 25 años, 1 millón 460 mil han quedado heridos o discapacitados.

Taxistas de cinco asociaciones participaron este miércoles 17 de febrero en una manifestación en las calles del centro de la capital para mostrar su rechazo al acuerdo gubernativo 17-2020, reglamento para la contratación de seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y carga.

Hugo Xicará, representante de los taxistas, dijo que llegaron a la Procuraduría de los Derechos Humanos, en la zona 1 de la capital, para solicitarle al procurador Jordán Rodas que presente un amparo que impida que entre en vigencia acuerdo gubernativo 17-2020, del Ministerio de Gobernación, que les quiere imponer un seguro obligatorio.

Explicó que la normativa viola derechos constitucionales de igualdad, vida y propiedad porque ese gremio no da servicio de transporte público sino de personas.

Refirió que ese seguro que las autoridades están exigiendo debe ser para toda la población que tiene vehículos.

Agregó que otro motivo por el que se oponen es porque en estos momentos están enfrentando problemas económicos derivados de la pandemia, pues no hay mucho trabajo, no hay turismo ni mucha actividad económica que les permita agenciarse de fondos.

Recalcó que no están en contra de la prevención vial, ni de la prevención del delito, pero que en este momento los taxistas no pueden asumir ese gasto. Además, que si las autoridades quieren imponer un seguro, debe ser para toda la población y no solo a los taxistas.

También criticó que el seguro sea solo por daños a terceros, con lo cual sus sus taxis no quedan cubiertos si alguien sin seguro los choca.

Xicará dijo que la prima anual de dicho seguro oscila entre Q3 mil 500 y Q4 mil, pero las aseguradoras quieren que se haga en tres pagos y por el momento los taxistas no tienen ese dinero para pagarlo.

Añadió que fueron atendidos por Saúl Orellana, auxiliar de la PDH para asuntos el área central, quien se comprometió a pasar la información al departamento jurídico y analizar si es procedente presentar un amparo.

El viernes los taxistas irán a la Corte de Constitucionalidad para proceder legalmente contra este artículo y si las autoridades no derogan el acuerdo tomarán otras medidas más drásticas en la capital y los departamentos.