“¡La familia tiene que permanecer junta!”, gritaban cientos de personas frente al Departamento de Justicia (DOJ) en Washington, acusando al gobierno de violar derechos humanos y traumatizar niños por motivos políticos.

“Esto es una emergencia, cada día niños son arrancados de los brazos de sus padres, el gobierno Trump tiene que parar esta política”, dijo Jéssica Morales, presidente de la campaña ‘We Belong Together’ (Debemos permanecer juntos).

La protesta llega luego que el gobierno republicano confirmara que desde octubre ha separado a cientos de familias que han cruzado la frontera sin documentos.

El mes pasado, Jeff Sessions, el fiscal general que también es una especie de ministro de Justicia, anunció como política oficial el arresto y separación de todos los padres de sus niños que entraran ilegalmente.

El gobierno sostiene que la política es necesaria para reducir la inmigración ilegal, pero los críticos dicen que es cruel para quienes buscan asilo huyendo de la violencia en Centroamérica.

“Este fiscal general tomó la decisión de separar a nuestros niños de sus padres, es inmoral, es un crimen y no la vamos a aceptar”, expresó Gustavo Torres, director ejecutivo de grupo pro-inmigrantes CASA.

Este ataque ha puesto a Trump -que llegó al poder con la promesa de detener la inmigración ilegal- en la defensiva, irónicamente culpando a los demócratas de forzar a su gobierno a asumir esta política.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, del inglés) impuso una demanda contra esta medida, que considera es una violación de derechos fundamentales.

“Separar familias es más que cruel e innecesario, es una tortura”, indicó la organización.

Más solicitudes de asilo

La política busca frenar el éxodo de miles de familias pobres, la mayoría de El Salvador, Guatemala y Honduras, hacia Estados Unidos, que en la frontera entre este país y México se entregan a las autoridades para pedir asilo.

Son parte de un alza en la inmigración ilegal que ha molestado profundamente a Trump.

Solo en abril, 50.924 personas fueron detenidas cruzando la frontera sin papeles, incluyendo 4.314 niños sin compañía y 9.647 unidades familiares, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

El año pasado, el gobierno Trump comenzó a separar a inmigrantes ilegales de sus hijos, enviando a los chicos primero a sus instalaciones para luego transferirlos a padres sustitutos o familiares ya residentes en Estados Unidos.

De octubre a abril, fueron unos 700 niños separados de sus padres.

Sessions anunció el mes pasado una política de “tolerancia cero” y ordenó procesar judicialmente a cualquier indocumentado capturado, incluidos los que piden asilo.

“Hoy, estamos aquí para enviar un mensaje al mundo: no vamos a dejar que este país se desborde. Si cruzas la frontera de manera ilegal, te procesaremos”, dijo Sessions.

“Si contrabandea a un niño, entonces lo imputaremos y ese niño será separado de usted como lo exige la ley”, advirtió. “Si no le gusta, entonces no contrabandee niños por nuestra frontera”, añadió.

El gobierno sostiene que muchos padres trabajan con contrabandistas, que les enseñan que decir para solicitar asilo

En las dos semanas que siguieron al anuncio de Sessions, las autoridades arrestaron a 658 niños junto a 638 adultos, indicó en el Congreso el jefe adjunto de la Patrulla Fronteriza, Richard Hudson, que no confirmó si esas familias fueron separados.

Axel Estrada llegó como inmigrante ilegal en 2013 desde Guatemala. Con la ayuda de CASA, obtuvo un permiso de residencia que le permite estudiar y está en el primer año de la universidad.

“Si hace cinco años me hubieran separado de mi madre, hoy no estaría en la universidad”, dijo, “si esa política hubiera existido (entonces), no estaría frente a ustedes”, indicó a la multitud.