Un caso de robo de un niño es investigado por el Ministerio Público y la Fiscalía contra la Trata de Personas, luego de una denuncia interpuesta por una mujer, quien asegura que fue separada de su hijo en la casa donde laboraba.

Alexander Colop, jefe de la Fiscalía de Sección de la Fiscalía contra la Trata de Personas, informó que en 2018 una mujer dio a luz y llevó a su bebé a la casa donde trabajaba.

Luego, la madre fue despedida y la separaron de su hijo, por lo que interpuso una denuncia ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia.

Según el MP, la mujer tuvo que retirarse a su lugar de origen sin su hijo, mientras autoridades investigaban el caso.

El miércoles 22 de febrero del año en curso, el Ministerio Público efectuó allanamientos en busca de indicios que esclarecieran el paradero del menor y otros detalles del caso.

Además, buscaban aprehender a dos personas, señaladas por la mujer de haberla separado de su hijo.

Según Colop, durante los operativos localizaron a un niño de 5 años, quien cumple con las características brindadas por la mujer, por lo que se puso bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación para efectuar las pruebas necesarias y corroborar la identidad del menor.

Además, la Policía Nacional Civil capturó a dos personas, identificadas como Regina Pineda y Víctor Manuel de Jesús Palma, señalados por el delito de sustracción de menores de edad.

Licenciado Alexander Colop, Fiscal de Sección de la Fiscalía contra la Trata de Personas, brinda detalles de los resultados de la diligencia coordinada por la Unidad contra la Venta de Personas y Adopciones Irregulares. pic.twitter.com/g9jEmpaEAI

— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 22, 2023

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El período de Jorge Luis Donando Vivar al frente de la Procuraduría General de la Nación (PGN), concluyó el pasado miércoles 18 de mayo y ahora el Gobierno de la República deberá nombrar a su sucesor en los próximos días.

Kevin López Oliva, confirmó que ese día concluía el período de Donando Vivar y que al frente quedaba el subprocurador.

El departamento de Comunicación Social de la PGN informó que quien ocupa el cargo, de forma interina, es Walter Bran, hasta que el Presidente nombre al nuevo titular.

Bran se desempeña como director de Dirección de Procuraduría de la jurisdicción voluntaria.

López Oliva afirmó que el presidente Alejandro Giammattei confirmará en las próximas horas al nuevo titular de la PGN, respaldado con el respetivo acuerdo gubernativo.

El funcionario dijo que para este puesto corresponde una evaluación holística de las personas más destacadas y que no hay un procedimiento establecido para la elección, pero que el mandatario sí está analizando varios perfiles.

El abogado del Estado

El PGN es el abogado del Estado, es decir que cuando el Ejecutivo tiene que actuar en los tribunales de justicia “lo hace a través del Procurador General de la Nación, a través de una instrucción que se le da para que actúe en diversos casos, pero fundamentalmente en temas laborales y contencioso administrativo”, explicó Francisco Quezada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

Además, tiene funciones de asesoría en el sentido de que el Estado “le hace consultas y obtiene su visto bueno” en la tramitación de determinado expediente; también interviene en procesos privados, notariales, sucesorios.  “Aparece como una voz del Estado, dando una opinión de como se ha tramitado el proceso” indicó Quezada.

El experto detalló que el Procurador también interviene en procesos penales en nombre del Estado, fundamentalmente cuando “los intereses pecuniarios del Estado puedan ser lesionados”.

También interviene como parte del proceso e independiente del Ministerio Público, aboga por los intereses de menores y todas las aquellas personas que “no tengan capacidad personal para defenderse o hacer valer sus derechos” indicó.

Respecto al riesgo que pueda representar para el Estado de Guatemala que alguien ocupe el cargo de forma interina, Quezada refirió que quien está de forma interina “es una manera de llenar un vacío, pero no puede tomar decisiones de fondo” y esto lo que hace es mantener activa la institución “no sería un riesgo, porque la administración es continua” dijo Quezada.

Nombrado por Jimmy Morales

Jorge Luis Donado Vivar fue juramentado como jefe de la PGN el 19 de mayo de 2018, por el entonces presidente Jimmy Morales, para un período de cuatro años.

Donado llegó en sustitución de Anabella Morfín, quien entregó el cargo el 18 de mayo de ese mismo año.

En octubre del 2015, Morales confirmó en una entrevista con Prensa Libre, que Donado Vivar lo había asesorado en el plan de trabajo.

La extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), había señalado a Donado de haber defendido a Rubén Estuardo Rosales Sánchez, sindicado de lavado de dinero, y hombre de confianza la familia Mendoza Matta, también relacionada con el narcotráfico, según una publicación de Plaza Pública.

Un documento detallaba que, por una interceptación telefónica a Obdulio Mendoza Matta, se descubrió que quien pagaba la defensa de Rosales Sánchez, era Mendoza.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicó este miércoles 4 de mayo su decisión de de aprobar y publicar el acuerdo de solución amistosa de la Petición 1287 – 19, Zury Ríos Sosa, de Guatemala a través de su Informe de Homologación No. 61/22. 

El comunicado menciona que el caso se relaciona con “la responsabilidad internacional del Estado por la ausencia de garantías para la participación política de Roberto Molina Barreto y Zury Mayte Ríos Sosa quienes, en el 2019, se postularon a las elecciones presidenciales sin poder participar porque los organismos internos se negaron a aceptar la inscripción de su candidatura, pese cumplir con los requisitos habilitantes para postular a un cargo de elección popular”. 

Según el informe 61/62, petición 1287-19, el 24 de mayo de 2019, la CIDH recibió una petición presentada por Zury Mayté Ríos Sosa, en la cual se alegaba la responsabilidad internacional de la República de Guatemala por la violación de los derechos humanos contemplados en varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su perjuicio, el de su hija y el del señor Roberto Molina Barreto. 

El documento publicado este 4 de mayo por la CIDH explica que en agosto de 2021 se dio inicio formal al procedimiento de solución amistosa que culminó con la firma de un acuerdo en diciembre de ese mismo año, mediante el cual el Estado reconoció “las obligaciones que le corresponden en relación con las garantías del derecho humano de participación política establecidas tanto en la Constitución Política de la República de Guatemala como en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. 

Añade que, en virtud de eso, “el ejercicio de dicho derecho universal no puede limitarse o restringirse por ningún motivo, partiendo de la igualdad de derechos que le asiste a los hombres y mujeres para participar e involucrarse en la vida política de la nación, siempre y cuando se cumplan los requisitos habilitantes, que deberán ser calificados por las entidades correspondientes, previo a participar a un cargo de elección popular”. 

El 28 de diciembre de 2021, las partes firmaron un acuerdo de solución amistosa, en cuyo texto se establece lo siguiente: 

 El documento menciona que el Estado de Guatemala, a través del Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar comprometió a implementar medidas de reparación consistentes en:  

1. El reconocimiento del derecho humano de participación política de las solicitantes y la improcedencia de límites o restricciones al mismo  
2. Realizar 2 campañas de sensibilización a través de la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos para promover la igualdad en la participación política de las mujeres  
3. Realizar 2 foros con las distintas instituciones educativas, privadas y públicas, a efecto de fomentar la igualdad en la participación política de las mujeres. 

En el informe 61/62 también se menciona que las víctimas del presente caso, Zury Ríos, su hija y Molina Barreto, renuncian a la indemnización económica generada por la afectación a sus derechos convencionales. 

La CIDH también refiere que en el Informe de Solución Amistosa 61/22, se valoró la cláusula declarativa de reconocimiento de responsabilidad y en vista de que las partes decidieron diferir el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa con posterioridad a su homologación por parte de la Comisión, se continuará con el seguimiento de la implementación de las medidas de no repetición acordadas, hasta su cumplimiento total y de conformidad con los plazos establecidos en el cronograma diseñado por las partes para tal fin. 

“La CIDH valora los esfuerzos desplegados por ambas partes durante la negociación del acuerdo para alcanzar una solución amistosa que resultó compatible con el objeto y fin de la Convención y saluda los esfuerzos realizados por el Estado para acudir a este mecanismo de resolución alternativo de conflictos al tiempo que le invita a seguir utilizando para otros asuntos en trámite ante el sistema de peticiones y casos individuales. Asimismo, congratula a la parte peticionaria y valora sus esfuerzos para participar en la negociación e impulso de este acuerdo”. 

La petición de Ríos 

El 15 de mayo de 2019, La candidata presidencial del partido Valor, Zury Ríos, solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) ordenó revocar su inscripción en el proceso electoral. 

Ríos buscaba revertir la decisión del máximo tribunal guatemalteco, alegando que su resolución atenta contra los derechos de los guatemaltecos a elegir y ser electos. 

El Tribunal Supremo Electoral anuló ese 15 de mayo la inscripción de Ríos en cumplimiento de la orden de la CC. 

Las razones de la CC 

La CC dejó fuera de la contienda electoral a Ríos y Molina Barreto, por la prohibición que establecen los inciso a) y c) del artículo 186 constitucional. 

Zury Ríos es hija de José Efraín Ríos Montt, quien el 23 de marzo de 1982 gestó un golpe de Estado que finalmente lo llevó al poder.  

Estos fueron los argumentos que invocó la CC 

• La prohibición contenida en la literal c) del Artículo 186 de la Constitución Política de la República tiene carácter atemporal y, por ende, es aplicable, en cualquier tiempo, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del caudillo o de los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, o que como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno. 

• Según la Corte, en la resolución se afirma que si bien, en Constituciones anteriores, la limitación a que hace referencia el artículo 186 surgió con límite temporal –para el período electoral siguiente-, en la Constitución de 1985 se modificó esa temporalidad a la limitación y le dotó de carácter indefinida. 

• La Corte hizo relato del contexto socio político en el que esta norma fue modificada. Para lo cual hacer una presentación de hechos históricos relevantes acaecidos en el país durante los últimos 100 años. 

• La Corte puso en relieve lo ocurrido entre 1982 y 1986, periodo dentro del cual se promulgó la actual Constitución. Durante ese tiempo, específicamente el 23 de marzo de 1982, hubo un rompimiento al orden constitucional que puso fin a la presidencia del General, Fernando Romeo Lucas García. Luego de varios meses asumió la presidencia de la Junta Militar de Gobierno, José Efraín Ríos Montt, quien relevó de sus cargos al resto de miembros de la junta. 

• En agosto de 1983 al ser derrocado por un movimiento liderado por un alto mando militar que ubicó en la Jefatura de Estado al General Oscar Humberto Mejía Víctores, este asumió el compromiso de traspasar el gobierno de militares a civiles, incluyendo la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, la reorganización de partidos políticos y el establecimiento de la libre competencia electoral. 

• Estos sucesos dieron pie al período democrático guatemalteco actual. Por lo que es en la Constitución de 1985 donde se prevé la limitación con carácter atemporal y cuyo objetivo es proteger los más altos cargos del Organismo Ejecutivo –Presidente o Vicepresidente de la República–, y resguardar el Estado Democrático de Derecho. 

• La Corte señala que debido a las constantes alteraciones al orden constitucional el legislador constituyente lo llevaron a establecer una prohibición de tal naturaleza que garantizara la alternabilidad democrática en el ejercicio del poder, evitando el retorno a esas prácticas negativas. 

• La Corte es enfática en afirmar que la medida de limitar a un pariente cercano de la estirpe, a acceder al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República encuentra lógica, porque otorga preeminencia al bien común ante el interés particular. 

• La Corte de Constitucionalidad citó, además, como respaldo de su fallo, pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha delineado la posibilidad de que los propios Estados regulen diversos límites del derecho de elegir y ser electo de acuerdo con sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales. 

• El fallo hace alusión al carácter pétreo del Artículo 186, el cual, impide efectuar interpretación que varíe el sentido textual de la prohibición contenida en la literal c), en congruencia con la literal a) del artículo 186 del texto constitucional. Conferirle alcances diferentes a lo expresamente previsto, dice la Corte, implicaría reformar tácitamente la norma, lo cual está estrictamente prohibido y contravendría los valores democráticos del Estado de Guatemala. 

La entidad CNO S.A., conocida antes como la Constructora Norberto Odebrecht, presentó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala un memorial con el que busca conciliar con el Estado de Guatemala.  

La intención de la entidad es que Guatemala efectúe una liquidación “apegada al contrato principal” del proyecto “Rehabilitación de la ruta existente y ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2 Occidente, del tramo de Cocales -Tecún Umán”, comprendida por 140 kilómetros, además plantean que se les pague por rubros de los trabajos hechos en el tramo carretero, según Edwin de León, jefe de Abogacía Civil de la Procuraduría General de la Nación (PGN).  

El tramo al que se refiere es el que la empresa debía trabajar entre Cocales, Patulul, Suchitepéquez y Tecún Umán, San Marcos.  

Guatemala ya evacuó la audiencia ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y según de León, la posición fue “negativa rotunda” de llegar a una conciliación con Odebrecht.  

Al no haber conciliación, la empresa CNO S.A. puede presentar la solicitud formal de arbitraje que posteriormente da paso a una demanda en contra del Estado de Guatemala, por lo que estiman que en un año aproximadamente pueda haber un laudo arbitral.  

 ¿Cómo inició todo? 

La solicitud de conciliación se da derivado de la liquidación del contrato para el tramo de 140 kilómetro que hizo la Dirección General de Caminos, con la cual se determinó que hay un saldo a favor del Estado de Guatemala por US$370 mil 588.66 (Q2 millones 845 mil 898.56) que debe pagar la constructora.  

Posteriormente Odebrecht presentó un recurso de revocatoria que no ha sido resuelto, lo que generó que acudiera al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio que notificó a la PGN el 22 de marzo pasado.  

El contrato fue suspendido por orden judicial, derivado de la judicialización del caso Odebrecht donde figuran exfuncionarios como Alejandro Sinibaldi. 

Según de León, entre los diferentes contratos que se le otorgó a la empresa, estaba este tramo carretero, que luego fue suspendido en el 2013 y derivado de esa situación se procede a su recepción y liquidación por parte de la Dirección General de Caminos. 

Señaló que los US$370 mil 588 son por concepto de liquidación del contrato y que la empresa es la que debe pagar a Guatemala ese monto. 

En cuanto a cuándo podría haber alguna solución al arbitraje planteado por Odebrecht, de León explicó que este proceso tiene varias fases y que la primera es la de conciliación, que ya se evacuó; posteriormente al no existir un acuerdo, se presenta por parte de ellos la solicitud formal de arbitraje y la respectiva demanda en contra del Estado de Guatemala. 

Estas diligencias toman meses, pero son más expeditas que por la vía judicial y se espera que en un año ya se tenga un laudo judicial en un año, si se cumplen bien los tiempos.  

Lo que busca la empresa 

Lo que quiere la empresa Odebrecht quiere es que el  Estado de Guatemala haga una liquidación apegada a la ley, al contrato principal y modificado, y que se le reconozcan ciertos trabajos que en apariencia ejecutaron y no se les pagó, pero no establecen un monto pues más adelante lo van a analizar.  

El contrato administrativo fue suspendido por parte del Estado de Guatemala y como en ese momento había situaciones que no se habían terminado, había un monto a favor del Estado y esa es la inconformidad de la empresa. 

En el 2013, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) adjudicó a la empresa brasileña Norberto Odebrecht la ampliación a cuatro carriles de 140 kilómetros de la ruta CA-2 Occidente, carretera de la Costa Sur, pero la obra, salpicada por pago de sobornos, quedó inconclusa y es un calvario para los conductores.

El proyecto comenzó en mayo del 2013. Partía de Cocales, Suchitepéquez, y debía terminar en Tecún Umán, San Marcos, pero cinco años después, la construcción estaba a menos de la mitad y abandonada, mientras  el Gobierno buscaba liberar el tramo con un desistimiento que la empresa brasileña.

La obra la comenzó el gobierno del Partido Patriota. El entonces ministro de CIV, Alejandro Sinibaldi, quien firmó el contrato por Q3 mil millones.

La ampliación debía terminar 30 meses después de inaugurada; es decir, a finales del 2015.