Guatemala tiene la tasa más alta de ocupación penitenciaria de América Latina, solo superada por Bolivia, según un estudio presentado este miércoles 20 de julio por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

La investigadora de este centro académico privado guatemalteco, Corinne Dedik, explicó en una presentación virtual sobre el análisis que la tasa de ocupación de las cárceles en el país centroamericano es del 363 %, mientras que en Bolivia asciende al 264%.

Belice, con el 50 %, y Chile con el 91%, son los países de América Latina que tienen las tasas más bajas de ocupación penitenciaria.

22 cárceles en Guatemala

Dedik explicó que Guatemala cuenta con 22 cárceles del Sistema Penitenciario distribuidas en 12 de los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, pero solo cinco de ellas son para el cumplimiento de sentencias, mientras que el resto son preventivas.

La investigadora del Cien añadió en la presentación virtual desde ciudad de Guatemala que las cárceles locales fueron diseñadas para 6 mil 842 presos, pero en la actualidad hay 24 mil 833 personas detenidas por diferentes delitos, es decir una amplia sobrepoblación.

Según el estudio, del total de presos, 12 mil 769 cumplen diferentes condenas y los otros 12.064 están en prisión preventiva.

La experta recomendó a las autoridades del Gobierno que preside Alejandro Giammattei la construcción de un plan de infraestructura a mediano y largo plazo que contemple cárceles para el cumplimiento de condenas y también de alta seguridad.

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Cárceles para mujeres

Dedik manifestó que en las cárceles de mujeres también se ve el hacinamiento y como ejemplo citó la prisión de Santa Teresa, en Ciudad de Guatemala, que tiene un 517 % de su ocupación, y el Centro de Orientación Femenina (COF), con el 758 %.

La expresidenta (2012-2015) guatemalteca Roxana Baldetti se encuentra precisamente en la prisión de Santa Teresa, imputada por varios casos de corrupción.

Guatemala es uno de los 25 países más violentos del mundo, según datos de organismos internacionales, y solo en la década entre 2010 y 2020 contabilizó más de 60.000 asesinatos, de acuerdo a información de entidades humanitarias. EFE

Los hallazgos de objetos ilícitos como drogas, celulares o armas son habituales en los centros carcelarios del país. Hace apenas seis días en una requisa, las autoridades encontraron tres armas, cuatro celulares, cuchillos, cargadores de celulares, chips, y otros en las bartolinas donde están recluidos los cabecillas del Barrio 18.

El descontrol en las prisiones guatemaltecas continúa, pese a que las autoridades insisten en que retomaron el control desde el año pasado. El caso del hallazgo de celulares en Matamoros no es el único, porque ayer encontraron 139 de estos aparatos en el centro carcelario de Barrios, Izabal, los cuales podrían estar siendo utilizados para hacer llamadas extorsivas desde las prisiones.

La cárcel Matamoros está adaptada en un espacio de la base militar que tiene el mismo nombre, para encarcelar a personas con algo perfil de peligrosidad como narcotraficantes o quienes cuya vida corre peligro como políticos o empresarios. Está catalogada como una prisión de alta seguridad, porque tiene celdas pequeñas conocidas como “bartolinas”.

El hacinamiento, la falta de un reglamento de sanciones administrativas y la infraestructura son algunos de los problemas medulares del Sistema Penitenciario, que se deberían atender, porque causa deficiencias en su funcionamiento como la inseguridad y poca supervisión.

El escaso control en los prisiones también se debe a la sobrepoblación que hay en los centros, porque están hacinadas en más del 370 por ciento. Diálogos en su boletín ‘Crecimiento, hacinamiento y ¿colorismo?’ resalta que, la población penitenciaria aumentó de forma significativa en las últimas dos décadas, ya que, en 2000 había 6 mil 974, mientras que para 2018 la cifra fue de 24 mil 303.  El informe destaca que, el incremento fue de 248 por ciento y se inició entre 2008 y 2010, porque se ingresaron casi 3 mil personas adicionales a las cárceles.

Corrupción

Entre finales de agosto y principios de septiembre, las autoridades efectuaron la distribución de cabecillas de pandillas en distintos centros carcelarios del país. Según la Policía Nacional Civil (PNC), los trasladados a Matamoros fueron Aldo Ochoa, alias “el Lobo”, principal jefe de la pandilla; Rudy Alfaro, alias “el Smurf”; Gustavo Pirir, mote “el Hammer”; Fernando Muñoz, conocido como “el Happy”, y Mayro de León, alias “el Viejo Zacapa”.

Corinne Dedik, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas (Cien) con especialidad en asuntos de privación de libertad, explica que Matamoros es una cárcel que más se acerca a un régimen de alta seguridad y es preocupante que encuentren objetos ilícitos y lo cual forma parte de la corrupción y negligencia de los guardias operativos que no registran bien las encomiendas y tampoco tienen un control apropiado.

Opina que estos ingresos son una combinación de corrupción y falta de revisiones estrictas como se debería efectuar. Agrega que falta una cárcel con mayor espacio y de alta seguridad, debido a los perfiles criminológicos de los reos como pandilleros, crimen organizado, entre otros.

Durante la campaña presidencial del mandatario Alejandro Giammattei, uno de los temas centrales que trataba era la inseguridad del país, en donde afirmaba que la mayoría de las extorsiones y ataques armados se planificaban por los reos que están en prisión, así como también las prisiones de máxima seguridad eran vulneradas con facilidad, porque los privados de libertad tenían acceso a celulares y otros artículos ilegales.

Por lo que ofreció que en su gobierno se iba a priorizar el trabajo del Ministerio de Gobernación y el Sistema Penitenciario para evitar estos delitos. Además, afirmó que se construirían nuevas cárceles para retomar el control de los presos.

El gobierno planifica la construcción de dos cárceles en el suroccidente del país con el préstamo millonario que otorgó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pero a pesar de que esta es una promesa presidencial, en el primer año de gobierno no se inició con la construcción.

Para Dedik la infraestructura penitenciaria es una tarea que viene desde hace muchos años atrás, y se asume que para este año el gobierno entregó la planificación del presupuesto para los proyectos. “Más de un año después no se ve ningún cambio sostenible, no se avanza. El tema de la infraestructura es un tema medular, porque causa todos los demás problemas como la falta de control interno, el desorden, la falta de servicio, etc.”, expresa.

En opinión de Eddy Morales, exdirector del Sistema Penitenciario, el hallazgo de las armas en Matamoros implica que, su ingreso corrompió a los soldados que están en el retén para el ingreso a la cárcel y se vulneró la seguridad de ese centro, porque los protocolos están diseñados para que estos objetos ilegales no entren.

Personal

Morales expresa que otro de los grandes problemas que tiene el Sistema Penitenciario es que falta un reglamento disciplinario del régimen personal penitenciario, pero como no existe Presidios se rige por la Ley del Servicio Civil, el cual no regula la separación del cargo, por lo que la aplicación de procedimientos administrativos contra el personal y los agentes penitenciarios sean débiles.

Del 1 de enero de 2018 al 9 de marzo de 2021, más de 150 agentes del Sistema Penitenciario y un trabajador administrativo fueron destituidos por procesos disciplinarios. Mientras que ese mismo lapso más de 40 agentes fueron suspendidos porque estuvieron capturados o en prisión preventiva. Así como también, más de 360 agentes y ocho trabajadores administrativos fueron suspendidos por alguna sanción disciplinaria.

Morales añade que mientras se desarrolla el proceso administrativo contra el personal, como mecanismo inmediato para evitar que los sigan colaborando con el ingreso de ilícitos a los centros u otras activiades es relevar a todo el personal del centro carcelario, llevar a personas idóneos y capacitadas, con especialización en el tema.

El Sistema Penitenciario fue consultado respecto a que si los agentes y el personal administrativo que está en prisión o detenido se le suspende el salario, por qué motivo se les aplica la sanción disciplinario, en qué casos se puede destituir de forma inmediata al trabajador y cuáles son los motivos frecuentes por los que se le destituye, pero respondió que esa información debe consultarse por medio de Información Pública.

La autoridad penitenciaria de Arizona (oeste de EE. UU.) informó que el martes “517 internos de la unidad ASPC-Tucson Whetstone dieron positivos en la prueba de covid-19″, según un comunicado.

“Los reclusos que dieron positivo están actualmente alojados en áreas separadas y reciben la atención médica apropiada”, añadió el texto. “No se les permitirá volver con la población general hasta que hayan recibido la aprobación de los médicos”.

Arizona suma más de 180 mil casos, de los cuales mil 429 están en sus centros penales.

Siete presos han fallecido, una cifra muy inferior a los 51 que reporta California, 22 en su cárcel de San Quentín, al norte de San Francisco.

El último recluso murió el 3 de agosto en un hospital “por lo que parecen ser complicaciones relacionadas con covid-19”, según informó el departamento de Correcciones de California.

Un día antes informó de la muerte, en las mismas condiciones, de un condenado a muerte en San Quentín, donde entre el 24 y 26 de julio, habían fallecido otros cinco reclusos.

California suma más de 524 mil casos positivos y 9 mil 700 muertos por covid-19.

Para evitar una mayor mortalidad en las prisiones, donde es difícil controlar los contagios, las autoridades liberaron 15 mil 683 reclusos desde el 11 de marzo, que respondían a delitos menores o estaban por cumplir su condena.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) realizó este sábado 6 de junio 150 hisopados a personal administrativo y a reos del Centro de Detención Preventivo para Hombres de la zona 18 capitalina, para rastrear casos de coronavirus en dicho centro carcelario después de la muerte de dos privados de libertad que estaban contagiados del nuevo virus, según informó el Ministerio de Gobernación.

Rodolfo Escobar, jefe de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP). Indicó que las pruebas se efectuaron al personal y a todos los reos del sector 1, luego que la institución solicitó la evaluación masiva al personal médico.

“Estamos determinando si algún privado de libertad está contagiado y así iniciar la evaluación médica correspondiente para clasificar quien se queda acá (en el centro preventivo), quien es asintomático y quien sintomático, para que pueda ser trasladado de forma directa al lugar que se tiene preparado ya con suficientes espacios para encamamiento directo”, afirmó.

La institución informó que con base a los resultados de las pruebas enviaran a los reos al centro Fraijanes II que fue preparado como hospital temporal para atenderlos.

Nos encontramos en Hiroshima, en una casa de transición destinada a delincuentes que están a punto de ser liberados de la cárcel y, por lo tanto, de volver a integrarse en la comunidad.

Ahí Toshio Takata, de 69 años, explica que infringió la ley porque era pobre.Quería un lugar donde vivir de forma gratuita, aunque fuera entre rejas.

“Llegué a la edad de la jubilación y me quedé sin dinero. Así que se me ocurrió que quizás en la cárcel podría vivir gratis”, dice Takata.

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“Agarré una bicicleta, la llevé a la comisaría de policía y le dije al hombre que había ahí: ‘Mira, robé esto'”, continúa.

Pequeño, delgado y con tendencia a reírse, Takata no parece para nada un delincuente habitual, y mucho menos alguien capaz de amenazar a un grupo de mujeres con un cuchillo. Pero tras ser liberado de su primera sentencia, esto es exactamente lo que hizo.

“Fui a un parque y las amenacé. No pretendía hacerles ningún daño. Solo les enseñé el cuchillo esperando que alguna de ellas llamara a la policía. Y una lo hizo”, explica Takata.

En total, Takata pasó la mitad de los últimos ocho años en la cárcel.

Le pregunto si le gusta estar en la cárcel. Él me hace ver que cuenta con una entrada económica adicional: sigue cobrando la pensión aunque esté dentro.

“No es que me guste, pero ahí puedo estar gratis”, dice. “Y cuando salgo, tengo ahorrado algo de dinero. Así que no es tan grave”.

Una tendencia al alza

Takata es un ejemplo de una sorprendente tendencia en la delincuencia japonesa. En una sociedad notablemente respetuosa con la ley, una proporción cada vez mayor de delitos los cometen personas mayores de 65 años.

En 1997 este grupo de edad representaba aproximadamente una de cada 20 condenas, pero 20 años después la cifra aumentó a más de una de cada cinco, una tasa que supera con creces el crecimiento de los mayores de 65 años como proporción de la población (aunque ahora son más de una cuarta parte del total).

Igual que Takata, muchos de estos delincuentes mayores son reincidentes. De los 2.500 mayores de 65 años condenados en 2016, más de un tercio tenía más de cinco condenas anteriores.

Otro ejemplo es Keiko (no es su nombre real). Con 70 años, pequeña y con buena presencia, también me cuenta que la pobreza fue su perdición.

“No conseguía llevarme bien con mi esposo. No tenía dónde vivir ni dónde quedarme. Así que robar se convirtió en mi única opción“, explica. “Incluso mujeres de 80 años que no pueden ni caminar cometen delitos. Es porque no tienen comida, ni dinero”.

Con Keiko hablamos hace unos meses en el hostal de un exdelincuente. Nos dijeron que desde entonces la arrestaron otra vez y que ahora está cumpliendo una condena de cárcel por haber robado en una tienda.

El delito más habitual

El robo, principalmente en tiendas, es con mucha diferencia el delito que más cometen las personas de edad avanzada. En su mayoría roban alimentos de un valor inferior a los 3.000 yenes (unos US$25) en comercios que visitan regularmente.

Michael Newman, un demógrafo nacido en Australia que trabaja en la empresa de investigación Custom Products Research Group, con sede en Tokio, señala que es muy difícil vivir con la “miserable” pensión básica de Japón.

En un informe publicado en 2016, Newman calculó que solo con los costos de alquiler, comida y atención médica los beneficiarios de la pensión acaban endeudados si no tienen otros ingresos. Y eso antes de pagar la calefacción o la ropa.

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Antes era habitual que los hijos se hiciesen cargo de sus padres, pero en las provincias la falta de oportunidades económicas llevó a muchos jóvenes a mudarse, con lo que los padres se tienen que valer por sí mismos.

“Los jubilados no quieren ser una carga para sus hijos. Si no pueden sobrevivir con la pensión, sienten que la única manera de no ser un lastre es hacer que los metan en la cárcel”, explica Newman.

La reincidencia es una forma de “volver a la prisión”, donde hay tres comidas diarias y ninguna factura, asegura.

Newman señala que el suicidio también se está volviendo cada vez más común entre las personas de edad avanzada. Es otra manera de cumplir lo que algunos consideran “su deber de retirarse”.

La soledad, otra de las causas

El director de With Hiroshima, el centro de transición donde conocí a Toshio Takata, también cree que los cambios en las familias japonesas contribuyeron a la ola de delitos entre ancianos, pero enfatiza las consecuencias psicológicas que tienen estos cambios, no las financieras.

“La relación entre las personas ha cambiado. Las personas están más aisladas. No encuentran su lugar en esta sociedad. No pueden soportar la soledad”, dice Kanichi Yamada, de 85 años, a quien sacaron de los escombros de su casa tras el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima cuando era un niño.

“Entre los ancianos que cometen delitos, muchos vivieron un punto de inflexión en la mitad de su vida. Hay un desencadenante. Pierden a la esposa, o a un hijo, y no pueden lidiar con eso… Por lo general, la gente no delinque si alguien cuida de ellos y los ayuda”, añade Yamada.

La explicación de Takata sobre recurrir a la delincuencia como consecuencia de la pobreza es solo una “excusa”, sugiere Yamada. El núcleo de su problema es la soledad. Y un factor que puede llevar a la reincidencia, especula, es saber que en la cárcel tienen compañía.

Es cierto que Takata está solo en el mundo. Sus padres murieron, y perdió el contacto con sus dos hermanos mayores, que no responden a sus llamadas. También perdió el contacto con sus dos exesposas y con sus tres hijos.

Le pregunto si cree que las cosas serían diferentes si tuviese esposa y familia. Dice que sí.

“Si hubieran estado ahí para apoyarme, no habría hecho esto”, asegura.

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Michael Newman explica que el gobierno japonés amplió la capacidad de las prisiones y reclutó a más mujeres como guardias de prisiones (el número de ancianas que delinquen está aumentando de manera particularmente rápida, aunque desde una proporción baja). También añade que el costo de los tratamientos médicos de las personas en prisión es cada vez mayor.

A todo eso hay que añadir otros cambios, como veo por mí mismo en una prisión en Fuchu, en las afueras de Tokio, donde casi un tercio de los internos tiene más de 60 años.

En las prisiones japonesas se hacen muchos desfiles militares, acompañados de gritos. Pero aquí estos ejercicios son cada vez más difíciles de cumplir.

Veo a un par de reclusos con el pelo gris en la parte de atrás de un pelotón que se esfuerzan por seguir el ritmo. Uno lleva muletas.

“Tuvimos que mejorar las instalaciones“, cuenta Masatsugu Yazawa, el jefe de educación de la prisión. “Colocamos pasamanos y baños especiales. Hay clases para delincuentes mayores”.

Me lleva a ver una de estas clases, que comienza con una versión de karaoke de una canción popular, The Reason I was Born, sobre el significado de la vida. Animan a los internos a cantar. Algunos parecen bastante conmovidos.

“Cantamos para mostrarles que la vida real está fuera de la prisión, que la felicidad está ahí”, dice Yazawa. “Pero aun así muchos piensan que la vida en la cárcel es mejor, y vuelven”.

Michael Newman sostiene que sería mucho mejor, y mucho más barato, cuidar a los ancianos sin el costo de los procedimientos judiciales y el encarcelamiento.

“De hecho, en nuestra empresa costeamos un modelo para la construcción de un complejo para jubilados, en el que darían la mitad de su pensión pero obtendrían comida, alojamiento y atención médica a cambio. Podrían cantar con el karaoke o jugar al ‘gate-ball‘ (un juego japonés) con los otros residentes y tendrían una relativa libertad. Costaría mucho menos de lo que el gobierno está gastando en este momento”, asegura Newman.

Pero también sugiere que la tendencia de los tribunales japoneses a imponer penas privativas de libertad por hurto “es un poco extraña, en términos de una pena que encaje realmente con el delito”.

“El robo de un emparedado de 200 yenes (menos de US$2) podría llevar a una factura por valor de 8,4 millones de yenes (más de US$750.000) para una sentencia de dos años”, escribió en su informe de 2016.

Podría parecer un ejemplo hipotético, pero conocí a un anciano en la cárcel con una experiencia casi idéntica. Lo habían sentenciado a dos años de cárcel por su segundo delito: robar un bote de pimientos por valor de US$3.

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Morio Mochizuki, que gestiona la seguridad de unos 3.000 puntos de venta minoristas en Japón, afirma que los tribunales se están volviendo más duros con los ladrones de tiendas.

“Aunque roben solo un pedazo de pan -dice Masayuki Sho, del Servicio de Prisiones de Japón-, se decidió en los tribunales que lo apropiado era que fueran a la cárcel. Por lo tanto, debemos enseñarles el camino: cómo vivir en sociedad sin cometer delitos“.

No sé si el servicio de la prisión le enseñó esta lección a Toshio Takata, pero cuando le pregunto si ya está planeando su próximo delito, asegura que no.

“No, ya basta”, afirma Takata.

“No quiero volver a hacerlo. Pronto cumpliré 70 años, seré viejo y estaré débil la próxima vez. No volveré a hacerlo”, concluye.

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