Justo Márquez, un español de 60 años enfermo de cáncer, ha pedido ingresar voluntariamente en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, en Málaga, porque, debido a su estado de salud, tiene miedo de “estar solo” y en la cárcel tendría compañeros que le podrían “atender y socorrer”.

EFE informó que Márquez asegura que también padece problemas de corazón, depresión y ansiedad y que lo han llevado en varias ocasiones a los servicios de salud mental, donde la respuesta que ha obtenido siempre ha sido que “visite a su médico de cabecera” y “recetarle nuevos tratamientos”, por lo que se siente “desahuciado” por los servicios sociales y sanitarios.

“No encuentro ayuda por ninguna parte y entrar en la cárcel es la idea que he tenido, pero no quiero cometer ningún delito”, afirmó a EFE Márquez.

El español está “desesperado” por encontrar una solución a su problema y dejar de estar “las 24 horas del día solo”.

El lunes 4 de septiembre acudió a la prisión de Alhaurín de la Torre para pedir su ingreso con un cartel en el que ha escrito: “Quiero ir a la cárcel”.

Afirma que seguirá protestando a las puertas del centro hasta que resuelvan su situación.

Márquez habló con el director de la prisión, quien le ha denegado la posibilidad de ingresar voluntariamente en ella sin haber cometido un delito.

Lea también: Los ratones transparentes que podrían mejorar los medicamentos contra el cáncer

Justo Márquez ha residido gran parte de su vida en Nerja (Málaga), motivo por el que ha elegido este centro penitenciario de la provincia para hacer su petición.

Este hombre, padre de cinco hijos, a quienes hace meses que no ve, estuvo durante dos años en prisión cuando era joven por problemas con las drogas, pero ahora afirma estar “limpio” desde hace más de tres décadas y, aunque desearía ingresar en prisión, no quiere volver a delinquir. EFE

Además, no podrá acercarse a menos de 300 metros de ella durante tres años, según la sentencia, a la tuvo acceso EFE este lunes 27 de febrero.

La jueza le considera autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia contra la mujer y le impide comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento, directo o indirecto durante otros tres años, el mismo tiempo durante el que estará privado el derecho de tenencia y porte de armas.

Constata en la sentencia que el hombre, “de una manera pública y notoria, ante miles de personas, agredió a su esposa con intención de menoscabar su integridad física y de humillarla en público, sin que conste que le causara lesiones, si bien se produjo un maltrato evidente y real”.

Durante el juicio, tanto el hombre como la víctima se acogieron a su derecho a no declarar; la mujer, que se encontraba muy nerviosa, solo intervino para insistir en que su marido nunca la había maltratado ni tampoco la obligaba a decir esto. De hecho, la mujer no interpuso denuncia.

La jueza accedió así a la petición de la fiscal, que mencionó en el juicio dos intervenciones de la Policía que reflejan una situación conflictiva en la pareja y que, además, constatan la “relación de poder” que mantiene el hombre sobre la víctima.

La fiscal también recordó que, en un vídeo posterior en esa misma red social, la mujer admitió que su esposo le había pegado dos palizas.

La magistrada aclara que, en España, no es necesaria la denuncia de la víctima en los delitos de violencia de género, debiéndose castigar una vez que se tiene conocimiento de su comisión.

“Basta con el simple hecho de la retransmisión en directo de la bofetada para que los poderes públicos desplieguen el ámbito de protección de la víctima, con independencia de que ella se reconozca como tal”, argumenta.

Y añade que, en los delitos de violencia contra la mujer, como en todos los de lesiones graves, el consentimiento de la persona agredida es irrelevante y procede el castigo en todos los casos.

El excanciller de Nicaragua Francisco Aguirre Sacasa (1997-2002), condenado a 8 años de prisión por “traición a la patria”, fue devuelto a una prisión tras permanecer casi 9 meses bajo arresto domiciliario, informó este sábado el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

“Tras la reciente audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se evidenció el incumplimiento del régimen de liberar a las personas presas políticas, la Policía trasladó nuevamente a las celdas de El Nuevo Chipote a los presos Políticos José Adán Aguerri y Francisco Aguirre Sacasa. Ellos tenían privación domiciliar bajo estricta vigilancia y en violación a sus derechos”, señaló el Colectivo.

Aunque el traslado de Aguerri, ocurrido a mediados de la presente semana, ya lo habían confirmado sus allegados, el del excanciller de 77 años fue constatado hasta este sábado por la organización humanitaria.

Hasta ahora las autoridades de Nicaragua no han negado ni confirmado los traslados de los denominados “presos políticos” hacia “El Chipote”, sede de la Dirección de Auxilio Judicial, y que organismos como el Colectivo de Derechos Humanos han denunciado como supuesto “centro de torturas” de la Policía Nacional.

El excanciller, capturado en julio de 2021 en una ola de arrestos contra opositores, fue declarado culpable y condenado a 8 años de prisión en febrero pasado por “conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional”, según la justicia de Nicaragua, en un proceso que las organizaciones humanitarias han calificado de “nulo” y “arbitrario”.

Ese mismo mes falleció en detención a los 73 años el excomandante de la revolución sandinista y también crítico de Ortega Hugo Torres, tras lo cual Aguirre Sacasa fue enviado a su casa bajo régimen de arresto domiciliario junto con otros “presos políticos” valetudinarios.

“El régimen Ortega Murillo se ha empeñado en silenciar toda voz crítica y detener arbitrariamente a las personas opositoras y en muchos casos forzarlas al desplazamiento. Desde hace cuatro años y siete meses en Nicaragua se ejecuta una sistemática represión con graves violaciones a los derechos humanos y la comisión de crímenes de lesa humanidad, hasta ahora en total impunidad”, insistió el Colectivo.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

El presidente Ortega ha tildado a los opositores encarcelados, juzgados y condenados de “traidores a la patria”, “criminales” e “hijos de perra de los imperialistas yanquis”. EFE

Con esas palabras Alexandra Jara comparte con BBC Mundo el desasosiego que siente por no tener noticias de su sobrino Josué Pacheco, uno de los reos detenidos en del Centro de Privación de Libertad Número 1 en Guayaquil, en Ecuador, donde este martes un duro enfrentamiento entre bandas rivales dejó al menos 116 muertos y decenas de heridos.

Calificada como “la peor masacre carcelaria” en la historia de Ecuador, el violento choque entre bandas comenzó el martes (28 de septiembre) y llevó a que el presidente Guillermo Lasso declarara el “estado de excepción en el sistema” penal.

• Al menos 116 muertos en una cárcel de Ecuador en enfrentamientos entre bandas rivales con granadas y decapitaciones

Detonaciones de armas de fuego y explosiones en varias áreas del penal activaron las alertas de las autoridades. Cuando los agentes policiales intervinieron, se encontraron con cadáveres con impactos de balas y efectos de granadas.

Tras la masacre, una de las imágenes más desoladoras fue la de los familiares de los presos que acudieron a la cárcel en búsqueda de información y a la morgue en el sur de la ciudad para reclamar el cuerpo de sus fallecidos.

Desesperación, desorden y caos reinaban en estos lugares, mientras los policías intentaban controlar la situación y, puertas adentro, médicos buscaban dilucidar la identidad de los cadáveres.

“No nos vamos a mover”

Este jueves en la mañana, mientras hacía la fila en la morgue para saber qué ocurrió con el joven de 24 años de edad, Jara explicó a BBC Mundo a través de la línea telefónica que hasta ahora no había recibido ninguna información sobre su sobrino.

“Nos van a hacer entrar para reconocer el cuerpo”, afirmó, admitiendo que por la cantidad de gente en fila la espera aún podía tomar muchas horas.

La mujer explicó que son muchos los familiares de los presos que se han congregado allí y que han expresado su malestar haciendo ruido y manifestándose en la calle para protestar.

“Aquí vamos a estar firmes hasta que nos den resultados de mi sobrino. No nos vamos a mover“, aseguró.

Otros reclamaban justicia.

“Queremos justicia, señor presidente, al menos muestre la cara, por las madres que estamos sufriendo aquí por nuestros hijos”, dijo una mujer a las afueras del penal, según recogió la prensa ecuatoriana.

“Mi hermano, llamen a la policía, necesitan entrar al pabellón 5 (…). ¡Es mi hermano, no un perro!”, exclamó otra mujer en el mismo lugar.

En declaraciones recogidas por el diario El Universo, una mujer de 35 años llamada Nancy relató que reconoció la cabeza de su pareja en un video.

“Cómo le voy a decir a mi hija que a su papá le cortaron la cabeza, esa es la peor muerte“, dijo.

“Se escuchaban gritos de la gente, mujeres se desvanecían”

La periodista del medio ecuatoriano Primicias, Carolina Mella, estuvo afuera de la morgue junto a los familiares.

En conversación con BBC Mundo, cuenta en detalle el drama que se vivió allí.

“Había cientos de personas, madres, abuelas, padres, hermanos, esposas, que estaban afuera de la morgue, en shock y desesperados por tener información. Algo tan básico como eso”, explicó.

Mella cuenta que muchos llevaban más de 24 horas en la incertidumbre, sin saber si su familiar, si su hijo o esposo formaban parte de los fallecidos.

“Ellos no solo se enteran por los noticieros de lo que está pasando, sino que también por fotografías y videos que circulan por Whatsapp. Hablé con un joven que su hermano había sido asesinado. Le pregunté si tenía información, si les habían dicho algo, y me respondió: ‘Vimos la cabeza’“, señaló.

“Esas fotografías vienen de adentro y las comparten a través de chats y redes sociales. Y así es como los familiares se enteran”.

Entre el caos y desconcierto que se vivía en el lugar, Mella explica que cada cierto rato las autoridades salían con un listado de nombres.

“Cada vez que nombraban a alguien, se escuchaban gritos de la gente, mujeres se desvanecían. Era como que hasta ese momento no querían creer que sus familiares estaban muertos”.

En general, los familiares ahora se muestran precavidos ante posibles represalias, precisa Mella.

“Al interior de las cárceles, para poder sobrevivir, los presos tienen que hacerse parte de una de las bandas. Es difícil que pasen bajo perfil, sobre todo en esta penitenciaria, que ha sido conocida como el infierno mismo (…) Los familiares tienen temor de que cualquier cosa que ellos digan se malinterprete por los líderes de las bandas. Entonces lo que impera es el silencio“.

“Esta gente vive en barrios que se han creado como invasiones, que viven en covachas, en el lodo, sin acceso a agua potable, electricidad o alcantarillado. Con esa vulnerabilidad de pobreza, esos barrios son aprovechados por estos grupos delictivos”, ahonda.

Silvana Tapia, investigadora y activista ecuatoriana de la organización Alianza contra las cárceles, le dijo a BBC Mundo que episodios como el de Guayaquil “no ocurren sin una larga historia y de larga data por detrás y, sobre todo, no ocurren sin la participación del Estado“.

Tapia asegura que “existe una elevada corrupción en los funcionarios penitenciarios” de Ecuador y pide “cuestionar seriamente el origen del armamento que se está utilizando en estos eventos sangrientos”.

También apunta al hacinamiento como “factor crucial” para explicar lo ocurrido, ya que, según ella, “todas las prisiones en el país están por encima de su capacidad y no permiten una vida en condiciones dignas”.

La sentencia del prominente multimillonario chino Sun Dawu es la más reciente de una serie de sanciones contra jefes corporativos que están efectuando las autoridades del país asiático.

Sun Dawu dirige una enorme empresa agrícola privada en la provincia norteña de Hebei, que construyó junto a su esposa a partir de unos pocos pollos y cerdos en la década de 1980.

Sun, de 67 años, se ha pronunciado en el pasado sobre cuestiones relacionadas con derechos humanos y temas políticamente sensibles en China.

Fue declarado culpable de “provocar peleas y problemas”, un cargo que se utiliza a menudo contra activistas en ese país.

Otros cargos en su contra incluyen la ocupación ilegal de tierras agrícolas, la formación de una multitud para atacar a las agencias estatales y la obstrucción de los trabajadores del gobierno en el desempeño de sus funciones. También fue multado a pagar 3,11 millones de yuanes (US$478.697).

Disputas y críticas

La compañía fundada por Sun se encuentra entre las más grandes de China, con negocios que van desde el procesamiento de carne y alimentos para mascotas, hasta escuelas y hospitales.

El empresario fue detenido el año pasado, según reportes, junto a 20 familiares y socios comerciales, por una disputa de tierras con una granja administrada por el gobierno.

En ese momento dijo que decenas de sus empleados resultaron heridos en un incidente con la policía relacionado con la disputa, según un informe de AFP.

Se dice que Sun es cercano a algunos destacados disidentes políticos chinos y en el pasado ha criticado las políticas rurales del gobierno.

Fue una de las pocas personas que acusó abiertamente al gobierno de Xi Jinping de encubrir un brote de gripe porcina africana, que afectó sus granjas en 2019 y luego devastó gran parte de la industria del país.

• Alerta sin alarma: qué hacer frente al virus porcino con “potencial pandémico” detectado en China

También fue condenado a prisión en 2003, por “recaudación de fondos ilegal”, pero el caso fue anulado tras la gran cantidad de apoyo recibido por parte de activistas y del público en general.

“Quiero asumir los cargos”

Según los reportes, Sun negó muchas de las acusaciones en su contra en una audiencia previa al juicio y se describió a sí mismo como “un miembro destacado del Partido Comunista”.

Sin embargo, admitió haber cometido errores, incluida la publicación de ciertos mensajes en internet.

“La forma en que me están investigando ahora está haciendo sufrir a quienes nos rodean y haciendo que quienes nos odian se regocijen. Quiero asumir los cargos contra mí, aunque sean graves, a cambio de la liberación de los demás. Somos personas que han hecho aportes a la sociedad”, dijo el empresario.

China ha estado tomando medidas enérgicas contra empresas y empresarios en el país.

Las principales compañías tecnológicas, incluidas Alibaba, Didi y Tencent, están siendo investigadas por una serie de problemas regulatorios.

Poorman es un sobreviviente de las escuelas residenciales de Canadá, una serie de colegios administrados por el gobierno, y operados mayormente por la Iglesia católica, que formaban parte de la política para lograr asimilar a los niños indígenas y destruir sus culturas e idiomas.

En ellos, los niños sufrían todo tipo de abusos. Se estima que unos 6.000 murieron mientras estaban en estos internados. Sus cuerpos rara vez regresaban a casa y muchos fueron enterrados en tumbas sin nombres. Hasta ahora unos 4.100 fueron identificados.

El hallazgo el pasado mes de mayo de los restos de 215 niños indígenas que fueron alumnos en otro internado en Kamloops, el más grande de país, provocó ola de indignación nacional.

Desde entonces, se han encontrado más tumbas anónimas, más de 1.100 hasta ahora, lo que ha desencadenado una especie de juicio nacional sobre el legado de escuelas residenciales de Canadá.

Los hallazgos han atraído la atención internacional sobre los abusos que sufrieron los niños en estas instituciones y, al mismo tiempo, está impulsando a los sobrevivientes de estas escuelas a hablar y contar lo que allí sufrieron.

“Sufrimos todos los niveles de abuso”

Isadore Poorman regresó con un equipo de la BBC al internado en el que estuvo en los 70 en Muskowekwan, administrado por la Iglesia.

Esta red de internados operó entre 1863 y 1998, cuando más de 150.000 niños indígenas fueron separados de sus familias.

“A los 6 años fui encerrado aquí. Fui prisionero aquí. Y cumplí mi tiempo”, cuenta Poorman, con lágrimas en los ojos.

“Es duro volver al lugar donde abusaron de ti”.

• Los siniestros internados donde murieron 6.000 niños indígenas en Canadá

Los niños que pasaron por estas escuelas sufrieron todo tipo de abusos, físicos y emocionales.

“Te despertabas y lo primero que hacías era tu cama”, recuerda Poorman en la que era la sala donde dormían en la ahora abandonada escuela. “Y teníamos que hacer la cama muy bien, como en el ejército, sin arrugas ni nada, si no nos pegaban”.

También recuerda una noche en la que un niño empezó a llorar, y luego todos empezaron a llorar también. “Era un llanto desolador. Y por esa razón le golpearon, por hacernos llorar a los demás”.

Para Geraldine Lee Shingoose, sobreviviente de otro de los internados, el abuso psicológico y mental que sufrió fue “muy traumatizante” para su autoestima e identidad.

“Eres una pecadora, eres una sucia india”. Es lo que escuchó siendo niña durante los 9 años que estuvo internada.

Hoy en día Lee tiene sordera, por lo que tiene que usar aparatos para poder oír, debido a los golpes en la cabeza que recibía.

“Sufrimos todos los niveles de abuso”.

Los niños se vieron obligados a abandonar sus idiomas nativos, hablar inglés o francés y convertirse al cristianismo.

“Entré (a la escuela) hablando saulteaux, y salí hablando solo inglés. No sé mi idioma”, dice Lee.

“Nos mantuvimos callados, porque teníamos miedo”

Lee dice que durante muchos años guardó para sí lo que le había ocurrido en el internado.

“Nunca lo compartí con mis hijos o mi familia, ni siquiera mis hermanos”, cuenta.

Es algo que se repite en otros sobrevivientes de este siniestro sistema de internados.

“Nunca hablamos de eso. Nos mantuvimos callados, porque teníamos miedo“, dice otro de ellos, Leonard Ermine. “Teníamos miedo de que si hablábamos, si volvíamos a la escuela, seríamos castigados por ello”.

“Al menos ahora sabemos qué le ocurrió a los niños que nunca regresaron de las escuelas. Aquellos que no volvieron a casa”, agrega en referencia a los hallazgos de las tumbas.

Por eso reconocen la importancia de contar sus historias.

• “Sabemos que muchos más niños están desaparecidos”: la conmoción en Canadá tras el hallazgo de los cuerpos de 215 niños de un internado

“Animo a todos los sobrevivientes de los internados a contar su historia. Las historias son importantes”, dice Poorman. “Si las perdemos, esto será olvidado”.

“Hay historias aún que no han sido oídas y ahora es el momento. El mundo está observando”, agrega, por su parte Lee.

Esperando las disculpas de la Iglesia

Los sobrevivientes aún esperan las disculpas de los líderes de la Iglesia por lo ocurrido en los internados.

La Iglesia católica fue responsable de operar hasta el 70% de los 130 internados, según la Sociedad de Sobrevivientes de Escuelas Residenciales de Indígenas.

“En 2016 escribí un mensaje al papa Francisco, pero nunca recibimos una respuesta”, cuenta Lee.

“Que la Iglesia siga sin pedir perdón, creo que es un crimen. Tienen que disculparse. Estoy hablando del Papa”, dice Robert Joseph, embajador de la organización indígena Reconciliation Canada.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien calificó los hallazgos de las tumbas como un “doloroso recordatorio” de un “capítulo vergonzoso de la historia de nuestro país”, también instó en numerosas ocasiones a la Iglesia católica a “asumir la responsabilidad” de su papel en las escuelas residenciales indígenas.

“Como católico estoy muy decepcionado por la posición que ha tomado la Iglesia católica, ahora y en los años anteriores”, dijo en una de sus intervenciones.

“No hay reconciliación sin verdad”, dice Lee.

Y para eso es importante dar a conocer sus historias.

“Volver aquí, en cierta manera me cura”, dice Poorman, desde el lugar en el que estuvo internado, en Muskowekwan. “Me levanta el ánimo saber que estoy aquí hablando de ello”.

“Nos podemos ayudar, como sobrevivientes, cuidando unos de otros, preservando cosas como esta y no olvidando, es lo más importante, no olvidar lo que sucedió aquí. El genocidio que aquí ocurrió”.

• “Como ratas de laboratorio”: los espeluznantes experimentos sobre desnutrición que Canadá hizo con los niños de las escuelas indígenas

En 2015 cuando la ciudadanía manifestó en las calles al corrupción del exbinomio presidencial, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, en las puertas del Palacio Nacional de la Cultura un grupo de ciudadanos se encadenó en manera de protesta y allí estuvo Frank Ramazzini.

El activismo de Ramazzini fue más notorio desde redes sociales en los últimos años, por medio de esas plataformas expuso videos que aseguró le enviaban informantes desde las prisiones y que denunciaron la corrupción en el Sistema Penitenciario.

Conocido como el “caníbal de Las Ventas”, por el barrio madrileño donde se produjo el crimen, el sospechoso Alberto S.G. está acusado de un delito de homicidio y otro de profanación de cadáveres.

De acuerdo con el escrito del fiscal, el suceso ocurrió a principios de 2019 cuando el procesado tuvo una discusión con su madre de 69 años en el piso que compartían en Las Ventas, junto a la famosa plaza de toros de Madrid.

Durante el enfrentamiento, el hijo estranguló a su progenitora, trasladó el cadáver al dormitorio y con “una sierra de carpintero y dos cuchillos de cocina” descuartizó el cadáver “con el propósito de ir haciendo desaparecer su cuerpo”.

“Una vez troceado el cuerpo, el acusado se fue alimentando en ocasiones durante unos 15 días de los restos cadavéricos, guardando otros restos en varios recipientes de plástico por la vivienda y en el interior de la nevera”, indica el fiscal.

También puso algunos restos en bolsas de plástico y los arrojó a la basura, añade.

Citado como testigo en el juicio este miércoles 21 de abril, uno de los agentes aseguró que el sospechoso reconoció haberse comido algunos restos crudos y haber cocinado otros o habérselos dado al perro, señaló la prensa local.

Alberto S.G. fue detenido el 23 de febrero de 2019 en su piso por la policía, que había acudido después de que una amiga de su madre denunciara su desaparición, apuntaron entonces los medios locales.

Cuando le preguntaron en la puerta si su madre estaba dentro, él contestó afirmativamente y les dejó pasar.

“Lo que se encuentra es una escena dantesca”, dijo un policía sin identificarse en la cadena Telecinco, que también evoca posibles problemas de drogadicción del joven.

La fiscalía pide una condena de 15 años y cinco meses de cárcel y una indemnización de €90 mil (US$110 mil ) para su hermano mayor.

Los tres hombres, que iban armados con cuchillos y robaron unos 600 rollos de papel higiénico, fueron condenados a 40 meses de prisión cada uno, según el periódico Mingpao de Hong Kong.

En febrero de 2020, cuando aparecieron los primeros casos de coronavirus en el centro financiero asiático, el papel higiénico se había convertido en un bien preciado por el temor a la escasez.

Los hongkoneses se apresuraron a los supermercados para abastecerse de productos de primera necesidad y alimentos.

Como los supermercados no pudieron reabastecerse con la suficiente rapidez, se formaron largas colas de clientes frente a las tiendas incluso antes de que abrieran. Tan pronto como se abastecían las estanterías, se vaciaban.

En las redes sociales, los residentes mostraban con orgullo las existencias de rollos de papel higiénico de sus pequeños apartamentos.

Los tres autores admitieron haber utilizado un cuchillo para amenazar a un repartidor a la salida de un gran supermercado en el barrio obrero de Mongkok.

Se fueron con 50 paquetes de papel higiénico con un valor en la calle de 1.700 HKD (€183, US$220 ) pero fueron detenidos por la policía.

Según el periódico Mingpao, los tres hombres, que admitieron haber cometido el robo, pidieron disculpas al repartidor y devolvieron los rollos robados.

Sin embargo, el juez dictaminó que el crimen fue premeditado y debía ser castigado con una pena de prisión, según el periódico.

La actriz Lori Loughlin fue liberada de la prisión federal el pasado lunes, después de completar una breve sentencia por su papel en el escándalo de trampas de admisión universitaria “Varsity Blues”.

Loughlin, de 56 años, conocida por su papel de tía Becky en la serie “Full House”, y su esposo, el diseñador de moda Mossimo Giannulli, se declararon culpables en mayo de cargos relacionados con fraude por pagar sobornos por un total de $500,000 para que sus dos hijas ingresaran a la Universidad del Sur de California.

También te interesaría leer:

Famosas actrices ante la justicia de Boston