La Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República emitió este lunes 17 de octubre el dictamen favorable al Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2023, por un monto de Q113 mil 931 millones 737 mil, es decir, Q1 mil 636.9 millones más del techo presupuestario solicitado por el Ministerio de Finanzas Públicas.

Ahora, en el pleno del Congreso se debe discutir el proyecto de presupuesto 2023 en tres debates o de urgencia nacional; sin embargo, eso y las fechas dependerán de lo que dispongan los integrantes de la Junta Directiva y la Instancia de Jefes de Bloque.

El exdiputado y asesor de la Comisión de Finanzas, Rudy Castañeda, fue el encargado de presentar el análisis hecho por la sala legislativa y justificó que el aumento obedece a que para el 2023 se había fijado una meta de recaudación de Q84 mil 610.66 millones; sin embargo, la SAT incrementó la previsión a Q86 mil 247.63 millones, por lo tanto, hay un superávit de Q1 mil 636.9 millones que incrementa el techo del presupuesto.

Durante la reunión hubo momentos de tensión entre quienes estaban a favor y otros que estaban en contra del proyecto de presupuesto.

Samuel Pérez, de la bancada Semilla, tras finalizar con la presentación del presupuesto solicitó a la presidencia de la comisión que se otorgara una semana para el análisis de la presentación hecha por Castañeda, pero tras someterse a votación no logró los apoyos.

Posteriormente, el diputado Luis Contreras leyó parte del dictamen y el parlamentario Joel Martínez propuso que se entrara a votar para dictaminar que fue respaldado con 17 firmas a favor y una en contra.

“No se leyó el dictamen, no tenemos copia del dictamen, no tenemos más que la presentación que se hizo, y en todo caso, cabría solo confiar. Mire el tamaño del dictamen, es enorme, por eso consideraba que teníamos que tener por lo menos una semana para poderlo discutir”, justificó Pérez, quien aseguró que, a su criterio, el presupuesto fue formado para utilizar fondos en campaña y para el pago de deuda, derivado de que hay una asignación de Q37 mil millones en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, donde se incluye a las municipalidades y Consejos de Desarrollo.

“Hemos actuado correctamente, no se vale acusarnos unos a otros bajo presunciones argumentando que nosotros estamos actuando mal, cuando la mayoría de las integrantes de la comisión hemos actuado transparentemente”, respondió la diputada oficialista, Greicy de León.

Este aumento se distribuirá de la siguiente manera:

• Universidad de San Carlos – Q400 millones
• Organismo Judicial – Q400 millones
• Corte de Constitucionalidad – Q125 millones
• Ministerio Público – Q200 millones
• Procuraduría de los Derechos Humanos Q125 millones
• Oficina Nacional contra la Tortura Q20 millones
• IGSS – Q200 millones
• Tribunal Supremo Electoral Q50 millones
• Aeronáutica Civil – Q50 millones
• Registro de Información Catastral Q25 millones
• Oenegés Q41.97 millones

Destinos del presupuesto

Ninguno de los ministerios tuvo incremento en su techo presupuestario, pero si hay otras entidades que recibirán más fondos de aprobarse el presupuesto 2023.

Por ejemplo, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) tenía en el proyecto de presupuesto un techo de Q120 millones, y sus autoridades solicitaron ante la Comisión de Finanzas un total de Q287 millones; sin embargo, en el dictamen, tras el aumento en la previsión de la recaudación sumaría Q245 millones.

Los diputados han justificado que se le otorgará más dinero a la PDH derivado de las condiciones en las que encontraron la entidad las nuevas autoridades.

Al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se estima un techo de presupuesto de Q1 mil 200 millones, principalmente para la cuota patronal EMA que representa Q759.1 millones.

La Comisión de Finanzas también emitió dictamen favorable al presupuesto del Organismo Legislativo, el cual asciende a Q832 millones, pero si se suma las asignaciones de la PDH (Q245 millones), la Corte Centroamericana de Justicia (Q2.4 millones) y el Parlacen (Q13 millones) que forma parte de su estructura presupuestaria, suman Q1 mil 065 millones.

El oficialismo en el Congreso de la República reformó la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y ahora los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) podrán ejecutar en año electoral los fondos no utilizados durante este año y obviarán la grabación digital de proyectos en áreas rurales.

Con 98 votos a favor, los diputados aprobaron este miércoles 1 de junio las reformas a la Ley de Presupuesto propuestas por los oficialistas Shirley Rivera, presidenta del Congreso, y Cándido Leal, presidente de la Comisión de Finanzas, respaldados por varios integrantes de las bancadas aliadas.

Con las modificaciones, ahora los Cocode podrán ejecutar en 2023 los fondos no usados este año y podrán obviar la grabación digital de proyectos en algunas áreas rurales.

Los parlamentarios reformaron dos artículos de la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado (decreto 16-2021), y de esa cuenta eliminaron el último párrafo del artículo 41, “Saldos de los Consejos Departamentales de Desarrollo”, y modificó el proceso de fiscalización de la obra en los departamentos contemplado en el artículo 82 de la misma normativa.

“Lo que quiere hacer el Congreso es que este año los saldos de caja no regresen al fondo común. Queremos que se queden en los Consejos de Desarrollo”, explicó Leal previo a la aprobación de las reformas.

Agregó que el objetivo era que el próximo año los Codede reciban completo el techo presupuestario para ejecutar obra nueva y negó que la medida sea populista, en el marco de una precampaña electoral y que con ello se pretenda obtener el apoyo de los alcaldes.

El diputado Samuel Pérez, del bloque Semilla y quien no votó a favor del dictamen, dijo que esa acción está vinculada con la aprobación de los Q3.2 mil millones de ampliación presupuestaria que recibió este año el Ministerio de Comunicaciones, que son para campaña política a favor del oficialismo.

Los diputados también aprobaron una enmienda para incluir proyectos de infraestructura en la Gran Cruzada por la Nutrición, que tiene una asignación de Q290 millones, por lo que diputados de oposición cuestionaron que esos fondos sean ejecutados por los Codede.

Reformas

Artículo 1. Se deroga el último párrafo del artículo 41 del Decreto número 16-2021 del Congreso de la República, ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós.

Artículo 2. Se adiciona último párrafo al artículo 82 del Decreto número 16-2021 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, el cual queda así:

“Se exceptúa de la implementación de grabación digital aquellos proyectos que, por tener ubicación en el área rural, carezca de servicios adecuados para su implementación y funcionamiento, el archivo de tales proyectos podrá estar compuesto de fotografías que muestren el avance progresivo de los mismos”.

Artículo 41. Saldos de los Consejos Departamentales de Desarrollo. Los Consejos Departamentales de Desarrollo que dispongan de recursos trasladados como aporte del Gobierno Central de ejercicios fiscales anteriores en cuentas monetarias, deberán reintegrar de oficio dichos saldos durante el mes de enero del ejercicio fiscal vigente a la cuenta monetaria GT24BAGU01010000000001100015 “Gobierno de la República, Fondo ComúnCuenta Única Nacional”, a través de transferencia bancaria vía Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR).

Deberá informar de lo actuado a la Dirección de Contabilidad del Estado y a la Tesorería Nacional para los efectos correspondientes.

Cuando dispongan de saldos en cuenta corriente constituida en la Cuenta Única del Tesoro -CUT- de recursos trasladados como aporte del Gobierno Central de ejercicios fiscales anteriores, deberán enviar un informe indicando los contratos pendientes de pago a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal vigente a la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas, quien realizará un informe tomando en cuenta que los contratos con más de cinco (5) años que no cuenten con movimiento y los saldos que no constituyan obligaciones de pago en la cuenta corriente, sean trasladados al fondo común.

Con base en el informe se faculta a la Dirección Financiera para solicitar a la Dirección de Contabilidad del Estado, para que realice el débito de la cuenta corriente del Consejo correspondiente.

Aquellos proyectos que los Consejos Departamentales de Desarrollo tengan saldos en la Cuenta Única del Tesoro y no hayan sido desembolsados los pagos correspondientes a las Unidades Ejecutoras, previo a que el Ministerio de Finanzas Públicas realice desembolsos a los mismos, deberá utilizar dichos saldos.

Con información de Enrique García

La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó este miércoles 25 de mayo el informe “Auditoría a la liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, ejercicio fiscal 2021”, en el que se destacan tres mil 438 hallazgos como resultado de 704 auditorías a entidades que administraron fondos públicos y derivado de eso se ordenó la suspensión definitiva de siete eventos por Q634 millones 017 mil 489.21.

De acuerdo con el informe, de los tres mil 438 hallazgos, dos mil 098 corresponden a la Dirección de Auditoría al Sector Municipalidades y Consejos de Desarrollo, 254 a Educación, Ciencia, Cultura y Deportes, 231 a Salud y Seguridad Social y 855 a otras direcciones sectoriales.

Además, el informe detalla que, del total hallazgos, el 90.3 por ciento están relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, contratos y convenios celebrados por las entidades sujetas a fiscalización, y el 9.7 % restante con el incumplimiento de normas de control interno de las entidades fiscalizadas.

La CGC señala en su informe que “durante el Ejercicio Fiscal 2021 se confirmaron cuatro mil 880 sanciones económicas, 57 formulaciones de cargos y 58 denuncias penales”.

Refiere que el monto de las acciones legales corresponde a Q115 millones 594 mil 256.71, de las cuales el 81.7 % es por sanciones económicas, equivalentes a Q94 millones 495 mil 784.95; el 15.1 % a denuncias penales, con valor de Q17 millones 380 mil 485.42; y el 3.2 % a formulaciones de cargos, por Q3 millones 717 mil 986.34.

“Las sanciones económicas a los funcionarios, empleados públicos y demás personas sujetas a fiscalización que incurrieron en incumplimiento a leyes y regulaciones y normas de control interno ascienden a Q94 millones 495 mil 784.95”, refiere el documento.

Además, detalla que se practicaron mil 265 exámenes especiales de auditoría que dieron como resultado mil 557 hallazgos por valor de Q668 millones 427 mil 334.35, de los cuales mil 492 son sanciones económicas por Q43 millones 706 mil 805.95, asimismo, 25 formulaciones de cargos por valor de Q4 millones 488 mil 076.01 y 40 denuncias penales por Q620 millones 232 mil 452.39.

“Las formulaciones de cargos corresponden, principalmente, a la Dirección de Auditoría al Sector Municipalidades y Consejos de Desarrollo por Q3 millones 485 mil 961.24, que equivale al 77.67 %”, agrega el informe.

También señala que se auditaron fideicomisos constituido con fondos público con entre 10 y 15 años de vencimiento, por lo que “se logró que los fideicomitentes por medio de fiduciarios trasladarán al fondo común Q391 millones 116 mil 408.43.

“Se debe continuar con auditorías de cumplimiento para trasladar lo pendiente que es alrededor de Q 125 millones 899 mil 679.53”, añade el informe.

Además, el informe destaca que siete eventos por un monto de Q634 millones 017 mil 489.21, fueron suspendidos definitivamente por incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado.

Se trata de los eventos denominados “Mejoramiento Infraestructura Portuaria Rompeolas Este y Oeste, Puerto Quetzal” con un monto de Q477 millones 947 mil 452.40; “Contratación por Procedimiento de Excepción para la adquisición de cinco puentes nuevos de acero” por Q42 mil 475 mil; “Mejoramiento de calle con recapeo en el municipio de Guatemala” por Q34 millones 971 mil 906; y “Mantenimiento y reparación de la aeronave DC3-TP67 de la Fuerza Aérea Guatemalteca” por Q32 millones 743 mil 630.81.

Además, “Adquisición de libretas para pasaportes ordinarios, para el Instituto Guatemalteco de Migración” por Q23 millones 580; “Adquisición de pares de botas tipo tácticas color negro para uso de la Policía Nacional Civil” por Q19 millones 800 mil; “Mejoramiento calle rural entrada principal aldea San Pedro, Conguaco, Jutiapa” por Q2 millones 499 mil 500.