La Corte de Constitucionalidad (CC) dio con lugar un amparo provisional que deja en suspenso el Presupuesto 2024, el cual, pese a críticas y cuestionamientos, ya fue sancionado por el presidente Alejandro Giammattei y publicado en el Diario de Centro América, informaron este lunes 18 de diciembre fuentes judiciales.

La resolución de la CC se debe a una solicitud que hizo la Fundación Probienestar del Minusválido (Fundabiem), debido a que en el presupuesto actual no se les asignó fondos como en años anteriores, por lo que señalaron que decenas de personas que se benefician de sus servicios serían afectadas.

El presupuesto aprobado para el 2024 es de Q124 mil 879 millones; sin embargo, el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, le pidió a Giammattei que lo vetara porque ven alunas “ilegalidades”.

En el Proyecto de Presupuesto que el Ministerio de Finanzas envió al Congreso de la República se incluía un techo de Q14 millones para Fundabiem, pero por una enmienda al artículo 114 de asignaciones especiales, el presupuesto para esa fundación se retiró.

De esa cuenta representantes de Fundabiem plantearon un amparo en la CC en busca de revertir la aprobación del Presupuesto 2024 y que sean incluidos en este.

Además, se sabe que el amparo también fue promovido por grupos indígenas y que la resolución no fue unánime. La votación fue cuatro a uno.

Édgar Tuy, síndico de la Alcaldía Indígena de Sololá, a quién amparó la CC para que se suspendiera de forma provisional la aprobación del Presupuesto 2024, dijo que la acción es una de varias que han interpuesto ante la alta Corte.

Además, agregó que el recurso contra el erario fue porque no estaba orientado a problemas estructurales del país que, a su criterio, son salud, educación y desarrollo.

“Es un regalo para los 108 diputados que votaron por el presupuesto, y esperen hay otro regalo más para el 1 de enero”, detalló.

Tuy añadió que los recursos que han planteado han sido contra diputados y Giammattei presidente.

Lo avala

El pasado 15 de diciembre el presidente Alejandro Giammattei sancionó el Presupuesto, pese a las solicitudes del presidente electo, Bernardo Arévalo de León, para que fuera vetado.

Giammattei, quien dejará el cargo el próximo 14 de enero, confirmó que el presupuesto fue aprobado por su decisión, tras ser publicado en el diario oficial.

Giammattei se refirió al presupuesto durante un acto junto al Ejército de Guatemala donde se pronunció al respecto durante su discurso.

“En el presupuesto del año entrante, que fue sancionado el día de ayer y publicado el día de hoy, hay un avión, un buque y un helicóptero más para seguir engrandeciendo a nuestro ejército”, subrayó Giammattei.

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, había pedido el pasado 13 de diciembre a Giammattei que vetara el presupuesto aprobado por el Congreso para 2024 pues contenía “múltiples ilegalidades” que “inducen a la corrupción”.

En una carta pública, Arévalo de León aseveró que el “presupuesto aprobado por el Congreso nos afecta como país”.

“Está en sus manos corregir esta traición al pueblo”, había advertido Arévalo de León, quien detalló que el presupuesto para 2024 contiene “múltiples ilegalidades” además de “asignaciones presupuestarias cuestionables, opacas y que inducen a la corrupción”.

El presupuesto aprobado en noviembre por el Congreso para 2024 fue de 15.600 millones de dólares aproximadamente mientras que en 2023 fue de 14.300 millones de dólares.

Entre los puntos más criticados del presupuesto para 2024 se encuentra un aumento presupuestario de US$383 millones para el Ministerio Público (MP), institución señalada de intentar revertir los resultados de los comicios celebrados este año y de buscar un “golpe de Estado”, de acuerdo con Arévalo de León.

Además, el nuevo erario nacional contempla reducciones millonarias para las carteras de Salud, Educación y Gobernación (Interior).

El presupuesto fue aprobado por la mayoría oficialista del partido Vamos, del presidente Giammattei, y sus aliados en el Congreso.

Con información de EFE

Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala, publicó este 13 de diciembre la carta que le envió al mandatario guatemalteco Alejandro Giammattei en el que le pide que vete el decreto 18-2023 del Congreso de la República con el cual se aprobó el presupuesto 2024, pues considera que este “contiene graves violaciones al marco legal e irregularidades que afectarán la gestión pública, el bienestar social y el desempeño económico del próximo año”.

La carta dirigida a Giammattei está fechada el 7 de diciembre de 2023 y fue recibida en la Secretaría General de la Presidencia el 8 de diciembre pasado.

Arévalo detalla cuatro puntos por los cuales considera que el presidente Giammattei debería vetar el decreto 18-2023 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024.

En el punto 1 de la carta, Arévalo señala “múltiples ilegalidades”. “Los cambios incorporados tanto en el dictamen emitido por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda como por medio de enmiendas presentadas durante la sesión plenaria, permitieron la inclusión de disposiciones que contravienen varias leyes ordinarias, principalmente la Ley del Organismo Ejecutivo (LOE), la Ley Orgánica de Presupuesto (LOP), la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (LOSAT), la Ley Orgánica del Banco de Guatemala y la Ley de Contrataciones del Estado (LCE), entre otras”, señala la carta de Arévalo.

Señala que varias disposiciones menoscaban la autoridad, competencia y rectoría que los ministros tienen en toda la República para los asuntos propios de su ramo y de las políticas públicas correspondientes a sus funciones sustantivas.

También menciona que perjudica “la facultad legal de ejercer la administración de los recursos financieros, al establecer una serie de normas sin justificación técnica sobre obras o servicios que se deben atender, reprogramaciones específicas y una serie de prohibiciones que de ninguna manera responden a la planificación institucional ni guardan concordancia con los planes operativos anuales y multianuales o con planes estratégicos”.

Agrega que las normas impuestas constituyen un abuso de la facultad legislativa para modificar el presupuesto presentado por el Organismo Ejecutivo.

Señala en particular los artículos 56 y 69 del decreto aprobado y señala que atentan contra el mandato que el artículo 35 de la LOE asigna al Ministerio de Finanzas Públicas para cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico hacendario del Estado, incluyendo el ejercicio de la función de programar, negociar, registrar, controlar y administrar el endeudamiento público.

La carta menciona que el artículo 114 del Decreto aprobado recorta drásticamente la asignación presupuestaria de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) lo que viola lo dispuesto en la literal a) del artículo 33 de la LOSAT, en la que se fija el porcentaje del total de los tributos internos y al comercio exterior recaudados que se deben transferir a la SAT.

“Este artículo limita el avance y continuidad en los planes para fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado que incluso su Gobierno ha respaldado con el fin de contar con los recursos para la prestación de bienes y servicios indispensables para la población”, le dice Arévalo a Giammattei en la carta.

También hace ver que por medio del artículo 122 del decreto aprobado se contravienen disposiciones de la LOP, “al introducir la obligación del pago de deuda pública ilícita, mediante la priorización y protección del financiamiento de proyectos realizados bajo el amparo de estados de excepción, cuya vigencia finalizó hace varios meses”.

Añade que también se fijan plazos para la devolución de recursos no ejecutados, distintos a los que expresamente establece la LOP. La inclusión de diversas obras sin justificación, mediante extensas tablas y listados que no fueron incorporados en el proyecto original elaborado por el Organismo Ejecutivo, contraviene el espíritu de la LCE, pues limita la competencia y los negocios favorables a los intereses del Estado en lo que concierne a contrataciones públicas.

Asignaciones cuestionables

El punto número 2 de la carta habla de las asignaciones presupuestarias las cuales califica de cuestionables, opacas y que inducen a la corrupción.

“El Decreto contiene disposiciones que priorizan asignaciones cuestionables de gasto e inversión pública: a) En el artículo 118 se consigna un número sin precedentes de organizaciones no gubernamentales -con un monto asignado de Q5 mil 191.63 millones seleccionadas sin criterios claros y transparentes”, se lee en el documento.

También se señala que se ha demostrado que una buena cantidad de estas organizaciones no cuentan con experiencia, son desconocidas o tienen evidentes nexos con actores políticos.

También señala que hay proyectos de inversión no planificados y sin justificación técnica que permita entender por qué se priorizan por sobre otros proyectos similares que las comunidades están demandando en todo el territorio nacional.

“Es muy grave que algunos de estos proyectos ni siquiera aparecen registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP); c) Los artículos 117, 122 y 129 aluden a proyectos de inversión de ejercicios fiscales pasados, incluyendo dragados, los cuales son imposibles de fiscalizar y por lo tanto, constituyen focos de corrupción, así como proyectos de inversión realizados por medio de estados de excepción, los cuales propician la adquisición de deuda pública ilegal”, se lee.

El presupuesto aprobado por el Congreso nos afecta como país.
Es por ello que envié una carta al presidente @DrGiammattei exponiéndole sus múltiples ilegalidades y solicitándole el veto.

Está en sus manos corregir esta traición al pueblo. pic.twitter.com/KxFggIWduS

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) December 13, 2023

Reducción a la inversión social

El punto 3 de la carta aborda lo que Arévalo considera una “reducción arbitraria de las inversiones sociales con impacto negativo en el bienestar social y el crecimiento económico”.

Señala que al incluir normas para orientar y priorizar gasto público a favor de organizaciones no gubernamentales y proyectos de inversión “cuestionables y opacos”, se contribuye a  reducir techos presupuestarios de ministerios tales como el de Salud, Educación, Desarrollo Social y Gobernación, los cuales son esenciales para la producción de bienes y servicios públicos que garantizan derechos y promueven el bienestar social, la seguridad de los ciudadanos y el crecimiento económico.

“En el contexto de la urgente obligación del poder público para mejorar la calidad y cobertura de la salud, la educación, la protección y asistencia social, así como de los servicios de seguridad en el país, estos recortes injustificados de las asignaciones presupuestarias limitan el cumplimiento de los deberes constitucionales del Estado, así como de los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz y en los compromisos internacionales de los cuales es signataria Guatemala, tal como la Agenda 2030 para el Desarrollo”, le menciona Arévalo a Giammattei.

Amenaza

El punto 4 de la carta menciona lo que el presidente electo considera como una “amenaza” al pago oportuno de la deuda pública y al financiamiento de la inversión pública con significativa afectación de la calificación de riesgo país.

“Las disposiciones que obligan al Organismo Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, a obtener una previa autorización del Congreso de la República para emitir, negociar y colocar los Bonos del Tesoro hasta por un monto igual al de los vencimientos que se produzcan durante el ejercicio fiscal de 2024, es decir, a ejecutar la revolvencia (roll over) de la deuda pública (artículos 56 y 69), constituyen una amenaza que podría afectar el pago oportuno del servicio de la deuda pública, comprometer innecesariamente la calificación del riesgo país y desfinanciar rubros de inversión pública y gasto social relevantes”, se menciona en el documento.

Afirma que estos artículos causan un deterioro importante del clima de negocios e inversiones, lo que tendrá consecuencias negativas en la estabilidad macroeconómica del país, así como en la creación de más y mejores empleos.

“En virtud de todo lo expuesto anteriormente, que se suma a los criterios y preocupaciones expresadas por múltiples voces de la sociedad guatemalteca, entre las que se incluyen organizaciones civiles, autoridades indígenas, gremios empresariales, sindicatos, entidades académicas, centros de pensamiento, entre otros, existen suficientes elementos para que vete el Decreto 18-2023, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinticuatro, con fundamento en el artículo 178 de la Constitución de la República, cumpliendo así con su calidad de garante de la Constitución y con su deber de velar por los intereses de todos y cada uno de los habitantes de la República”, concluye la carta.

Aprobación del presupuesto

El pasado 30 de  noviembre la alianza oficialista en el Congreso logró la aprobación del presupuesto nacional en su tercera lectura y redacción final, pese a las advertencias y solicitudes del gobierno electo, que pidió que no se aprobara el presupuesto porque complicaría la ejecución de recursos en el 2024.

Con 115 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el decreto 18 – 2023, que da vida al presupuesto nacional para el próximo año, contando con un monto de Q124 mil 879 millones.

Las autoridades ancestrales Iximulew presentaron este lunes 4 de diciembre un amparo contra el Congreso de la República por haber aprobado el presupuesto 2024 ya que, de acuerdo con su percepción, este no se apega a las necesidades de los pueblos de Guatemala.

El pasado 30 de noviembre, con 115 votos a favor, la alianza oficialista en el Congreso de la República logró la aprobación del presupuesto nacional de Q124 mil 879 millones pese a las advertencias y solicitudes del gobierno electo, que solicitó que no se aprobara porque eso complicaría la ejecución de recursos en el 2024.

De esa cuenta que este lunes autoridades ancestrales accionaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en busca de revertir la aprobación del presupuesto 2024.

Santos Alvarado, autoridad indígena de Chuarrancho, señaló que presentaron una acción inconstitucional de amparo en contra del Congreso de la República por haber aprobado el presupuesto 2024, porque que “no va en favor de los pueblos de nuestro país”.

“Como autoridades ancestrales tenemos el compromiso de velar por el derecho común de nuestros pueblos y del pueblo de Guatemala en general, para exigir los derechos que nos corresponden”, señaló Alvarado.

Antes de su aprobación, diputados del Movimiento Semilla señalaron que presupuesto nacional dejará una serie de candados a la administración del presidente electo, Bernardo Arévalo, por lo que justificaron sus votos en contra con el argumento de que era una herramienta legal “acoplada a grupos afines a la corrupción”.

“Mi voto fue en contra, al igual que el de mi bancada, porque es un presupuesto que no es un instrumento afectivo para el desarrollo del país, tampoco procura el bienestar y mucho menos pone controles efectivos para la transparencia o para el combate contra la corrupción, es un presupuesto que viene a premiar a los golpistas y a castigar al pueblo de Guatemala”, dijo recientemente Román Castellanos, subjefe de bancada del Movimiento Semilla.

Además, el diputado Armando Castillo, de Visión con Valores (Viva), que al principio de esta legislatura era afín a la alianza oficialista, ocupando puestos dentro de la Junta Directiva, en la recta final de su periodo se desmarcó y justificó su voto en contra del presupuesto nacional.

“No es un presupuesto técnico, no es un presupuesto que esté pensando en la población.  Quiero recordarles que un presupuesto se defina como el instrumento de desarrollo para ese y cualquier otro país, no solo es la suma y balance de partidas, un presupuesto refleja la intención de los gobernantes, y en este caso de los congresistas”, explicó Castillo.

Autoridades indígenas se reúnen este lunes 4 de diciembre en la 7a avenida y 9a calle de la zona 1 de donde partirán en una marcha para rechazar el presupuesto 2024 aprobado por el Congreso de la República y para pedir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios.

Santos Alvarado, autoridad indígena de Chuarrancho, informó que quitarán el plantón que mantienen en el referido lugar, también harán la marcha que se dirigirá al Organismo Judicial, luego a la Corte de Constitucionalidad y posteriormente a la sede del Ministerio Público (MP) en Gerona.

Indicó que presentarán un amparo en contra del Congreso de la República por el presupuesto 2024 que aprobó, el que consideran en “ilegal porque no favorece a nuestros pueblos y además un procedimiento que llevaron que no es lo que indica la ley”.

Agregó que declararon no gratos a los diputados que apoyaron con su voto la aprobación del presupuesto y que se les retirara la inmunidad a los cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

También indicaron que comerciantes han llegado para un diálogo y saber cuándo van a quitar el plantón, por lo que este lunes 4 de diciembre quitarán las carpas que tienen instaladas.

Dijo que falta que personas se unan a la lucha “para rescatar a nuestra Guatemala”.

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Miguel Felipe Pajarito, un dirigente de Sacapulas, Quiché, anunció que regresarán a los territorios a efectuar asambleas y determinar las acciones a seguir.

Añadió que también apoyan a la manifestación que permanece frente a la sede del MP.

Resaltó que otra de las peticiones es que el presidente Alejandro Giammattei vete el presupuesto 2024 aprobado.

Previo a la marcha, autoridades indígenas efectuaron ceremonia sobre la 7a avenida.

El binomio presidencial electo integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera compartió este viernes 1 de diciembre un comunicado relacionado con la aprobación que hizo el Congreso de la República del presupuesto nacional 2024.

En una sesión que duró varias horas el jueves 30 de noviembre, el pleno del Congreso aprobó con 115 votos a favor el decreto 18 –2023, que da vida al presupuesto nacional para el próximo año, contando con un monto de Q124 mil 879 millones.

En ese sentido, Arévalo y Herrera en su comunicación señalaron que el Congreso de la República aprobó “un presupuesto absurdo, corrupto e ineficiente. Un presupuesto que representa una traición directa a los valores y necesidades del pueblo”.

Agregaron que este presupuesto “nos afecta como país. A los sectores productivos, sector empresarial y especialmente a quienes más necesitan del desarrollo”.

“A las y los diputados que aprobaron este presupuesto: condenamos enérgicamente su decisión”, externaron.

Según Arévalo y Herrera, los legisladores han actuado en contra de los intereses y el bienestar del pueblo de Guatemala, pues “su responsabilidad constitucional era proteger y servir a nuestra Nación, pero han elegido el camino de corrupción y traición a su patria”.

En la comunicación, al presidente Alejandro Giammattei le manifestaron que este presupuesto dista mucho del que el mandatario envió al Congreso.

“Señor Giammattei, el verdadero compromiso con una exitosa transición no puede ignorar que los diputados han elegido un presupuesto espurio e ilegal. Le corresponde vetar el presupuesto, y evidenciar su interés por un proceso de transición justo y transparente, en beneficio del pueblo de Guatemala”, pidió el binomio.

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Al pueblo de Guatemala el binomio electo le indicó: “no permitiremos que este acto quede sin respuesta. Emprenderemos de inmediato las acciones legales necesarias para impedir la implementación de este nefasto e ilegal presupuesto. Tengan la certeza que haremos que los recursos del país se utilicen de manera eficiente y transparente, poniendo siempre en primer lugar los derechos y necesidades de las familias”.

También agregaron, “trabajaremos incansablemente para garantizar que cada centavo contribuya significativamente al bienestar de las y los guatemaltecos. No dejaremos que nadie se interponga entre el pueblo y su nueva primavera”.

La alianza oficialista logró la aprobación del presupuesto nacional en su tercera lectura y redacción final, pese a las advertencias y solicitudes del gobierno electo, que pidió que no se aprobara el presupuesto porque complicaría la ejecución de recursos en el 2024.

En las últimas semanas, Movimiento Semilla ha informado que el presupuesto nacional dejará una serie de candados a la futura administración de gobierno.

Congresistas de esta agrupación política, justificaron sus votos en contra del presupuesto nacional, argumentando que era una herramienta legal acoplada a grupos afines a la corrupción.

Trabajaremos incansablemente para garantizar que cada centavo contribuya significativamente al bienestar de las y los guatemaltecos.

No dejaremos que nadie se interponga entre el pueblo y su nueva primavera. pic.twitter.com/wdWASVwjG7

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) December 1, 2023

La madrugada de este miércoles 22 de noviembre, luego de una sesión que duró varias horas por la elección de magistrados de la Corte de Apelaciones, los diputados aprobaron el presupuesto 2024 para el Congreso de la República.

Con 89 votos, el pleno aprobó el presupuesto de ingresos del Organismo Legislativo para el ejercicio fiscal 2024.

El monto aprobado para el otro año es de Q1 mil 194 millones 150 mil.

Según el monto del presupuesto, 1 mil 65 millones 400 mil son de ingresos corrientes.

Mientras que 128 millones 750 mil son de ingresos propios, según los datos del Legislativo.

Pero de dónde se obtienen los otros Q128 millones que figuran en el presupuesto del Congreso.

El Organismo Legislativo argumenta que son Caja y Bancos (ahorros), por lo que solo se considera como su presupuesto solicitado los Q805 millones y solo se añaden los ahorros.

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Presupuesto 2024

• Q805 millones – Congreso
• Q245 millones – Procuraduría de Derechos Humanos
• Q13 millones – Parlacén
• Q2.4 millones – Corte Centroamericana de Justicia

¿De dónde se obtienen los otros Q128 millones que figuran en el presupuesto del Congreso?

El Organismo Legislativo argumenta que son Caja y Bancos (ahorros), por lo que solo se considera como su presupuesto solicitado los Q805 millones y solo se añaden los ahorros.

— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) November 22, 2023

Presupuesto nacional 2024

El Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar el presupuesto nacional del 2024, que servirá para el primer año del gobierno electo de Movimiento Semilla.

El dictamen favorable del presupuesto nacional que asciende a Q124 mil 880 millones, recibió dictamen favorable de la Comisión de Finanzas el pasado 23 de octubre.

Si los diputados no aprueban la iniciativa de ley, el nuevo gobierno deberá de trabajar con los mismos recursos que se usarán en este 2023.

El poco tiempo que le queda al Congreso para la discusión y posible aprobación del presupuesto pone presión sobre los diputados.