La estudiante universitaria, Dulce Archila, es ligada a proceso penal señalada de depredación de bienes culturales por decisión de la jueza Duodécimo Penal, Lluvia Velásquez Soto.

Archila es sindicada de haber realizado “pintas” en ambientes internos del edificio del Congreso de la República en las manifestaciones del 21 de noviembre de 2020 por la aprobación del presupuesto 2021.

En la audiencia de primera declaración, este lunes 29 de noviembre, el Ministerio Público (MP) presentó imágenes que dan la percepción que la joven es quien supuestamente aparece realizando pintas.

Mientras se desarrollaba la audiencia, en los alrededores de la Torre de Tribunales estudiantes de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala manifiestan con pancartas y consignas a favor de Archila.

Dulce Archila es la otra persona a la que le giraron orden de captura por lo que pasó en la manifestación de noviembre 2020 y en una carta compartida por su familia declaró su intención de presentarse de forma espontanea para ser escuchada por juez competente.

Como medida sustitutiva, Archila debe pagar una caución de  Q5 mil y firmar cada 15 días en el MP.

Otros dos ligados a proceso

El 24 de noviembre, Juan Francisco Monrroy Gómez y Nancy Paola Chiriz Sinto fueron ligados a proceso penal por depredación de bienes culturales, al haber sido vinculados a los daños causados al edificio del Congreso el 21 de noviembre de 2020 durante una protesta.

Las fuerzas de seguridad efectúan allanamientos este miércoles 24 de noviembre en seguimiento a una investigación por manifestaciones del 21 y 28 de noviembre de 2020.

El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas concluyó con las diligencias de allanamiento en Mixco, Villa Canales y Santa Catarina Pinula.

Añadió que como resultado se coordinó la aprehensión de dos personas por el delito de depredación de bienes culturales tipificado en la Ley para la Protección Cultural de la Nación.

Los detenidos son Juan Francisco Monroy Gómez y Nancy Paola Chiriz Sinto, esta última perteneció al partido político Winaq.

Amílcar Pop, secretario general adjunto de Winaq, informó que “al señor Monroy no lo conoce nadie del partido, no sabemos quién es, no sabemos porque dicen que es de Winaq”.

Pop añadió que Chiriz Sinto sí fue del partido, fue Secretaria Nacional de Juventud y se desafilió hace cuatro o cinco años.

Agregó: “Se ve claramente un ataque político contra el partido, nos preocupa eso por un lado, también nos preocupa un chivo expiatorio que se pueda prefabricar y sorprenda la buena fe de los jueces, esperaríamos la mayor imparcialidad de los jueces porque si estamos viendo un modelo de criminalización de los peores que hemos tenido en las últimas dos décadas”.

De acuerdo con la fiscalía, los detenidos habrían participado en daños provocados al edificio del Congreso de la República con la colocación de pintas en el muro de fachada.

Además, durante las diligencias se procedió al secuestro de evidencia que será analizada para fortalecer la investigación.

21 de noviembre

Las manifestaciones del 21 de noviembre 2020 se derivaron de la aprobación exprés del presupuesto para el 2021 por más de Q99 mil 700 millones por parte del Congreso y que fue justificado en más de una oportunidad por el presidente Alejandro Giammattei.

En esa oportunidad, un grupo de manifestantes irrumpió en el edificio del Congreso y causó daño y un incendio, por lo que hubo personas detenidas.

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La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) determinó que durante las protestas del 21 de noviembre hubo violaciones a los Derechos Humanos de los participantes, debido al exceso de fuerza con la que actuaron las fuerzas de seguridad.

28 de noviembre

A las 17 horas del día 28 de noviembre, el tono de la manifestación convocada a las 14 horas para exigir la dimisión del presidente Alejandro Giammattei cambió cuando un grupo de personas quemó un bus del Transurbano sobre la esquina de la 6 avenida y 6 calle de la zona 1.

Decenas de jóvenes celebraban la quema del autobús mientras otros observaban el siniestro y otros más lanzaban su ira frente a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que estaban en el lugar sin hacer nada, una actitud distinta a la tomada el 21 de noviembre cuando se reprimió a la población manifestante.

Partido se pronuncia

La jefa del bloque Winaq, Sonia Gutiérrez, manifestó en conferencia de prensa que condenan ese ataque y persecución a los activistas y defensores de Derechos Humanos.

Dijo que tienen conocimiento que una de las personas capturadas es Nancy Paola Chiriz Sinto, quien “se ha caracterizado en cuanto a los activistas y defensores de Derechos Humanos.

Señaló que notaron el año pasado la agresión que sufrió la capturada en 2020 por parte de agentes de la Policía Nacional Civil y que “casualidad que un año después, ahora ella es capturada”.

Añadió que la detenida fue dirigente en el movimiento político Winaq y es simpatizante, pero sobre todo es defensora de Derechos Humanos.

Señaló que esto es una ataque político, pues los dos detenidos no son trabajadores de Winaq. Advirtió que no los detendrán en la fiscalización y seguirán con la denuncia.

Eva Tecún, del Movimiento de Mujeres Tzu’nunija’, señaló como un acto de criminalización la captura de Chiriz Sinto. “El estado y su sistema de justicia demuestra su racismo en condenar injustamente a defensoras de Derechos Humanos y, contrario, protegiendo a tantos corruptos que día a día se enriquecen a costa de la corrupción en este país”, manifestó.

En medio de la pandemia de coronavirus y un repunte de pacientes por accidentes de tránsito y hechos de violencia, el hospital Roosevelt llega a su capacidad máxima en todos sus servicios, informaron este martes 9 de noviembre las autoridades de ese nosocomio, quienes claman por una ampliación presupuestaria para poder concluir el año.

“Estamos en números rojos, hemos venido gestionando ante el Ministerio -de Salud- la ampliación presupuestaria y más o menos necesitamos Q260 millones para terminar el año. Recordemos que este hospital no solo atiende pacientes covid, atiende población en general y la cantidad de pacientes por violencia y traumatizados se ha incrementado, estos son costos enormes para la institución”, señaló Marco Antonio Barrientos, director del hospital Roosevelt.

Añadió que “un paciente que viene traumatizado a veces necesita área crítica y pasa con nosotros hasta dos meses”; además, dijo que el hospital y su equipo necesitan mantenimiento y “esos son costos que se pueden postergar”.

“No vamos a dejar de atender, ¿qué vamos a hacer? que Dios nos ampare, tenemos que hacer lo que sea necesario y esperemos que luego la Contraloría -General de Cuentas- no sea tan dura, pero yo no puedo dejar de atender a la población”, señaló Barrientos en conferencia de Prensa.

De acuerdo con Barrientos, aunque el Ministerio de Salud hace las gestiones para que esa ampliación presupuestaria sea un hecho, el trámite avanza lento. Agregó que recientemente la cartera les asignó Q8 millones, pero estos fueron invertidos en corto tiempo, ahora se agiliza la asignación de otros Q33 millones, pero lo que se requiere son Q260 para concluir el 2021.

Barrientos reiteró que no todo es covid-19 y que el resto de los servicios del hospital están saturados.

También hizo un llamado a la población para que se vacune contra el coronavirus y que no descuiden las medidas de bioseguridad, principalmente porque se acercan las fiestas de fin de año.

Barrientos dijo que los fondos para el pago de salarios están “guardadito” y señaló que el hospital está por arriba del 93% de abastecimiento de medicamentos, oxígeno y alimentos “con la ley de emergencia estamos haciendo compras de diversos medicamentos, pero esto es covid, atendemos infinidad de casos”.

“Previo a la pandemia aplicábamos 25 quimioterapias al día, ahora hemos llegado a 60 y 70 quimioterapias diarias y los pacientes renales también se han incrementado considerablemente y necesitamos recursos para atenderlos”, finalizó Barrientos.

Con información de La Red

El ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, en declaraciones este jueves 4 de febrero, informó sobre cómo se manejó el presupuesto para este 2021.

Puso como ejemplo que el Ministerio de Desarrollo Social va a estar ejecutando sobre un presupuesto de Q1 mil 104 millones con un techo de Q7 mil 104.

Explicó que lo que se está haciendo es quitar esos Q6 mil millones para dejar a este Ministerio con un techo real para que ordenadamente pueda ejecutar con el presupuesto con el que cuenta este año.

Dijo que es un presupuesto operativo, un presupuesto interno, “el presupuesto sigue siendo el vigente, que es el de apertura y lo que el presidente Giammattei dijo que es íbamos a hacer esa readecuación presupuestaria en cada uno de los ministerios para que la sumatoria de todos esos techos reales sean los Q94 mil 354 millones”.

Cuando le consultaron sobre las declaraciones de un viceministro de que supuestamente no fueron tomados en cuenta para la readecuación, González Ricci respondió que respecto del presupuesto es un tema operativo para volverlo real y tener un déficit real.

Dijo que la reunión con cada uno de los ministerios es normal y “yo como ministro de Finanzas no participé en cada una de las reuniones, pero sabíamos de las reuniones, y el presidente tomó en cuenta la información que yo le iba trasladando de los avances en las mesas de discusión”.

Según él, son temas de interpretación, pues lo que dijo un viceministro es que en las readecuaciones que hizo cada ministerio, que obedece a una reunión del presidente con cada uno de los ministros.

Recordó que la ley orgánica del Ejecutivo permite y obliga por así decirlo, a que cada ministro readecué su presupuesto.

Afirmó que las reuniones que se efectúan desde noviembre y Giammattei se le informaba de los avances. En esta mesa de trabajo estuvo el vicepresidente Guillermo Castillo y varios sectores para reunir información.

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Ya con la información, el presidente se reunió con cada uno de sus ministros para determinar cuál era el techo presupuestario.

“El Ministerio de Finanzas no es un super ministro que le ponga techos a todos”, manifestó.

Agregó que el proceso es legal y “no es que se haya hecho a escondidas” en el que cada ministerio le solicita a Finanzas la readecuación.

“Pero sí hubo comunicación, sí hubo información, nosotros no participamos en cada reunión, pero todos estamos enterados de lo que está pasando.

Enfatizó que Giammattei se refirió a una readecuación presupuestaria, no dijo modificar el decreto 25-2018 que es el presupuesto vigente. Lo que se va a hacer es lo que manda la ley, que son la readecuaciones por no tener un presupuesto autorizado para este año.

Dijo que esto es totalmente normal y no es sustituyendo lo que tiene que hacer el Congreso, sino es un mecanismo con lo que ordenarán de inmediato el gasto, la calidad y transparencia del uso de los recursos.

Añadió que Q13 mil millones no tienen fuente de financiamiento porque son bonos covid-19, “esos bonos ya no los tenemos”.

Entonces la garantía de que el presupuesto es de Q94 mil 354 millones es que los Q13 mil millones no tienen fondos disponibles y no se pueden usar.

Si se quisieran usar, se tendría que ir al Congreso a pedir más deuda, y según el ministro, es lo que el presidente no quiere, sino trabajar con los techos presupuestarios ajustados y revisados.

Agregó que proyectan un déficit fiscal del 3.4 por ciento, que lleva la ruta a regresar al 2%.

El presidente Alejandro Giammattei anunció en cadena nacional este miércoles 27 de enero la readecuación del Presupuesto para el 2021, el cual quedó en Q94 mil 354 millones.

De acuerdo con el mandatario, con la readecuación del Presupuesto “se prioriza las necesidades más sentidas de la población ocasionadas por problemas históricos y estructurales y otras más recientes como los embates de la naturaleza y la pandemia”.

Añadió que Guatemala no recurrirá a nuevas deudas externas debido a que la economía del país no está en esa capacidad y que el Presupuesto 2021 será Q13 mil 388.4 millones menor respecto al del 2020 que llegaba a Q107 mil 742.4 millones.

“Tendremos un presupuesto menor, pero con objetivos muy claros“, dijo el mandatario, que agregó que “con esas acciones avanzaremos en la política de gobierno ante los nuevos desafíos mundiales”.

Refirió que se priorizará la reconstrucción nacional, la reactivación económica, la atracción de empleos y la compra de vacunas contra el coronavirus; además,  se dará atención al combate a la desnutrición y al fortalecimiento de la justicia, la seguridad, la educación y los mecanismos de transparencia.

“El monto que se presentó es incluso menor al sugerido por los tanques de pensamiento y a los Q99 mil 700 millones que habían sido solicitados y que fueron archivados por el Congreso de la República”, dijo el madatario.

Distribución del presupuesto

Egresos

• Funcionamiento Q61 mil 879.1 millones (65.5%)
• Inversión Q17 mil 863.9 millones (18.9%)
• Servicios de la deuda Pública Q14 mil millones 611 millones (15.6%)

Financiamiento

• Ingresos tributarios Q64 mil 27 millones (67.9%)
• Ingresos no tributarios y donaciones Q4 mil 799.1 millones (5.1%)
• Emisión de bonos y préstamos externos (aprobados) Q22 mil 147.9 millones (23.4%)
• Saldos y caja y otros Q3 mil 380 millones (3.6%)

El pasado 21 de noviembre, decenas de guatemaltecos acudieron a la Plaza de la Constitución para protestar con la aprobación exprés del presupuesto para el 2021 por más de Q99 mil 700 millones.

Durante una de las protestas, las fuerzas de seguridad utilizaron la fuerza “extrema” para disolver algunos focos aislados de violencia; sin embargo, muchos ciudadanos que manifestaba de forma pacífica fueron afectados, de acuerdo con informes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

El presupuesto para el 2021 fuer aprobado por el Congreso de forma exprés y, de acuerdo con sectores sociales, este no se apegaba a la realidad del país, pues se había hecho varios ajustes a programas que contribuyen con la educación y la salud.

Luego de la presión social, el Gobierno y el Congreso dieron marcha atrás y anunciaron que se ajustarían al presupuesto vigente del 2020.

Las cinco juntas directivas que integran los 48 cantones de Totonicapán confirmaron este lunes una manifestación pacífica para el miércoles 9 de diciembre.

La movilización es “en contra de los actos y resoluciones del Organismo Ejecutivo y Organismo Legislativo que atropellan al pueblo de Guatemala”, por lo que líderes comunitarios y pobladores de Totonicapán están llamados a manifestarse, según un comunicado de los 48 cantones.

Están llamados a unirse al movimiento, previsto para las 6 d la mañana y en el que habrá bloqueos de rutas, todos los vecinos y comerciantes del pueblo. En esta oportunidad y a causa de la pandemia de coronavirus la participación será voluntaria.

“A todo el pueblo de Totonicapán del área urbana y rural se solicita

su apoyo y respaldo a esta lucha en el sentido de no abrir sus

negocios de toda clase durante ese día de la manifestación”, señala el comunicado.

Además, refiere que todos los participantes deben cumplir con las normas de bioseguridad como el uso de mascarilla, aplicación de alcohol en gel y guardar el distanciamiento social.

Se informó que todos los participantes deben portar sus documentos de identificación y si se pertenece a alguna organización se debe portar la respectiva credencial.

La movilización y bloqueo de carreteras está programada para las 6 de la mañana en las siguientes ubicaciones:

• Salida a Panquix
• Centro de Totonicapán
• Chuipatán (entre el límite de Chipuac y La Nueva)
• La Pistola
• Cuatro Caminos

En los últimos días, varios sectores han mostrado su inconformidad con el Gobierno y los diputados, tras la aprobación de un presupuesto para el 2021 de Q99 mil 700 millones, mismo que fue archivado por el Legislativo.

A solicitud de Giammattei, los emisarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) visitaron Guatemala para recabar información sobre los acontecimientos posteriores a la aprobación presupuesto de 2021, en especial el sábado 21 de noviembre, donde hubo un incendio provocado en el Congreso más una represión policial a manifestantes.

En un comunicado de prensa este 4 de diciembre la Misión Especial de la (OEA encabezada por Fulvio Pompeo, informó que culminó sus actividades en Guatemala.

Del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2020, la referida Misión se reunió con diversos actores políticos y sociales, entre estos autoridades nacionales, gobiernos locales, comunidades indígenas xinca, maya ixil y garífuna, sociedad civil, iglesias y universidades.

También con tanques de pensamiento, sector empresarial, comunidad internacional, jóvenes, excancilleres y representantes de los medios de comunicación.

Explica que a través de las reuniones sostenidas con los diferentes actores, se recabó información que permitió a la Misión conocer sus puntos de vista sobre la conflictividad por las demandas políticas y sociales en el país, y la voluntad de todos por establecer mecanismos de comunicación y diálogo en el marco de la Constitución, los procesos de fortalecimiento de la democracia y el respeto irrestricto al Estado de Derecho.

Añade que los expertos de la Misión tomaron nota que existen puntos coincidentes y preocupaciones comunes entre la gran mayoría de actores entrevistados, sobre los cuales es necesario tomar medidas específicas.

Entre estos se encuentran: la percepción sobre corrupción e impunidad, la transparencia en los asuntos públicos, la conformación del presupuesto 2021 y el procedimiento legislativo para su aprobación.

También la omisión legislativa en la designación de magistrados de la Corte de Justicia y Corte de Apelación, la necesidad de garantizar un procedimiento transparente para la renovación de la Corte de Constitucionalidad, la preocupación sobre los criterios de competencia de la Corte de Constitucionalidad, la falta de canales de comunicación adecuados entre las autoridades del Estado.

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Puntos que coinciden

Otros puntos coincidentes son la garantía del derecho a la protesta social, el uso de la fuerza pública en las manifestaciones y las agresiones contra personas y bienes públicos, conocer los avances sobre las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público por estos sucesos y la necesidad de contar con mecanismos permanentes de interlocución multisectorial.

Habrá informe

Añada el comunicado que los hallazgos y recomendaciones que surjan de esta Misión, que estarán contemplados en el informe respectivo, tendrán el objetivo de contribuir a mejorar la institucionalidad democrática de Guatemala, a través de la generación de espacios permanentes de comunicación inclusiva y diversa, que generen acuerdos multidimensionales entre todos los sectores de la sociedad guatemalteca.

Esto en el marco del respeto a la Constitución y, de acuerdo con los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana.

Voluntad de diálogo

La Misión destaca la voluntad de diálogo que en las diferentes conversaciones mantenidas demostraron todos los actores, especialmente, la de Alejandro Giammattei y el vicepresidente, Guillermo Castillo.

Afirma que ambos funcionarios reiteraron el deseo de encontrarse para coordinar el trabajo a futuro sobre los temas identificados por la Misión, en el marco de las funciones otorgadas por la Constitución y teniendo presente la necesidad de abordar soluciones urgentes, como la agenda de reconstrucción por los estragos de los recientes fenómenos naturales, la atención de la salud y en lo relacionado con la pandemia del covid-19 y otras enfermedades, la alimentación y la nutrición infantil.

Resalta que la Misión recibió de parte de Giammattei, la expresión de la voluntad política para acometer un proceso de ajustes urgentes que contribuyan a una gestión pública efectiva y transparente.

Carta democrática

La Misión fue solicitada al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, por Giammattei, en el marco del artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana, como mecanismo preventivo de cooperación y diálogo para el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Finalmente, la Misión agradece la apertura encontrada en las autoridades y en los distintos sectores entrevistados. Esto permitió contar con una visión integral sobre la situación política del país; además, el informe será publicado en los próximos días con los hallazgos y recomendaciones correspondientes.

El presidente Alejandro Giammattei dio por concluido el trabajo del Centro de Gobierno, una dependencia que, incluso, generó cisma con la vicepresidencia, pues de acuerdo con varias fuentes, duplicaba funciones.

El anuncio fue hecho durante una conferencia de prensa en la que también participó el vicepresidente Guillermo Castillo, quien días atrás propuso al mandatario que renunciaran en conjunto, debido a irregularidades en la administración pública.

De acuerdo con Giammattei, el Centro de Gobierno, dirigido por Miguel Martínez, operará hasta el 31 de diciembre de este año.

“Hemos decidido a partir del 31 de diciembre dar por concluida la comisión de Centro de Gobierno”, refirió el mandatario.

Durante la conferencia, tanto Giammattei como Castillo dijeron retomarán el diálogo y trabajarán en beneficio de la población; además, se le pidió la renuncia a los ministros, viceministros y secretarios de estado para evaluar cada caso y con base a los resultados se tomarán decisiones para arrancar en enero del 2021 con el Gabinete idóneo.

“Celebro la apertura del vicepresidente para ser parte fundamental de ese proceso en beneficio del país”, dijo Giammattei, quien  agregó que ya empezaron con el análisis del presupuesto para el 2021.

Dijo que Castillo por ser el coordinador del gabinete económico definirá los mecanismos para que lo recursos se enfoquen en dos vías: reactivación económica por el impacto de la pandemia y reconstrucción nacional por los daños causados por las tormentas Eta e Iota.

“Se abre una puerta muy exitosa en el país. Sin duda el mecanismo de establecer el dialogo será la base fundamental de las acciones que tomemos en enero del año entrante”, dijo el presidente.

El deshielo entre Giammattei y Castillo trajo una reacción de Estados Unidos. Michael Kozak, subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, tuiteó: “el llamado a la unidad y los siguientes pasos marcados por el presidente Giammattei y el vicepresidente Castillo son importantes para reiniciar un diálogo nacional, la recuperación tras Eta e Iota y promover reformas para la prosperidad y democracia en Guatemala”.

El llamado a la unidad y los siguientes pasos marcados por el presidente Giammattei y el vicepresidente Castillo @GuatemalaGob son importantes para reiniciar un diálogo nacional, la recuperación tras Eta e Iota y promover reformas para la #Prosperidad y #Democracia en Guatemala. https://t.co/5LWqyweLyK

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) December 5, 2020

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al gobierno de Guatemala que ofrezca garantías de seguridad para el trabajo de la prensa, tras las agresiones que sufrieron una decena de periodistas durante el segundo fin de semana consecutivo con protestas sociales.

El fin de semana último continuaron las protestas sociales en contra de decisiones del presidente Alejandro Giammattei y del Congreso relacionadas con el presupuesto nacional.

En ese marco, el 28 de noviembre, grupos de personas encapuchadas agredieron a los periodistas Felipe Garrán, Élmer Vargas, Pablo Juárez y Fernando Cabrera, de Guatevisión y Prensa Libre; Oscar Rivas, de Nuestro Diario; Roberto Cabrera, de la radio Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER), y Jovanna García, de la revista Ruda.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, instó al Gobierno “a garantizar que los periodistas puedan trabajar libremente sin ningún tipo de represalias, tal como lo remarcan los principios constitucionales de Guatemala”.

Canahuati, presidente de Grupo Opsa, San Pedro Sula, Honduras, instó a las autoridades a investigar, señalar y juzgar a los responsables, “mensaje que debe ser enviado a grupos violentos y agentes de seguridad para que no sigan agrediendo a periodistas”.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, director del diario La Voz del Interior, de Córdoba, Argentina, subrayó: “Exigimos que se resguarde la seguridad de los periodistas, ya que es esencial que gocen de garantías para que puedan informar con libertad sobre situaciones que afectan a los ciudadanos”.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) pidió a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos que envíen al país a sus relatores para la libertad de expresión.

Según la APG, desde que el presidente Giammattei asumió la Presidencia el 14 de enero, y hasta el 14 de noviembre, se registraron más de 125 agresiones contra periodistas, que incluyen, entre otras, presiones, amenazas, ataques físicos, detenciones, ciberataques y acoso judicial.

También denunció que fueron asesinados dos periodistas, Mario Ortega y Bryan Leonel Guerra.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de mil 300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

Mientras decenas de guatemaltecos protestaban en la Plaza de la Constitución, un grupo de encapuchados estacionó una unidad del Transurbano frente al Palacio Nacional y le prendió fuego.

#URGENTE

En las inmediaciones del Palacio Nacional prenden en llamas una unidad de TransUrbano. pic.twitter.com/ycfsjswm9r

— Felipe Garrán_GTV (@FeliGarran_GTV) November 28, 2020

Momento de tensión se vivieron en el lugar, pues mientras la unidad se incendiaba, los encapuchados la arremetieron en contra de los agentes de la PNC que resguardaban el lugar, quienes debieron salir corriendo para ponerse a salvo, pues el grupo portaba palos y tubos.

Segunda arremetida pic.twitter.com/2Sni107PmG

— Felipe Garrán_GTV (@FeliGarran_GTV) November 28, 2020

De acuerdo con la información, la unidad del Transurbano que fue incendiada estaba estacionada una hora antes frente al Portal del Comercio, pero los encapuchados se negaron a dar declaraciones y de forma escueta uno de ellos dijo que la unidad era “una donación”.

Debido a los incidentes, un contingente de antimotines de la PNC se movilizó al lugar, pues los policías que fueron asignados para dar seguridad en la protesta no cuenta con equipo de protección.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) solicitó una investigación por el incendio del bus y determinar la inacción de los agentes policiales cercanos al momento del incidente; la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) explicó a la magistratura de conciencia que una persona desconocida lanzó una bomba molotov para incendiar la unidad.

Como medida preventiva las líneas de Transmetro que operan en el centro histórico suspendieron el servicio.

Llegan antimotines

Ante los disturbios provocados por este grupo de personas fue necesaria la presencia de las Fuerzas Especiales Policiales (FEP), quienes incluso también fueron repelidos por este grupo violento, incluso hasta representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) fue disperso por los encapuchados.

Por esta serie de incidentes la Policía Municipal de Transito (PMT) informó que las líneas del Transmetro, que operan por el centro histórico han sido deshabilitadas.

Después de pasar más de una hora golpeando con bates y empujando la unidad del Transurbano para botarla, este grupo de personas la incendiaron nuevamente y no dejaron que los bomberos intervinieran para apagar el incendio. Esto sucedió alrededor de las 20:30 horas.