El 21 de noviembre de 2020 no fue un día como cualquier otro en Guatemala. Cientos de personas salieron a las calles para protestar en contra del presupuesto público que días antes aprobaron los diputados del Congreso de la República. Pero la jornada no transcurrió como la mayoría esperaban. Violencia, heridos y denuncias por brutalidad policial marcaron aquella jornada que recordamos en este reportaje especial.

El Congreso aprobó Q600 millones en una ampliación del Presupuesto General del Estado, destinado a la reprogramación de obras municipales; sin embargo, ahora, algunos jefes ediles y diputados señalan que los recursos se han distribuido de manera discrecional para favorecer a legisladores que votaron a favor de la ampliación de recursos a beneficio del partido de Gobierno.

Estos Q600 millones son parte de los Q5 mil 138 millones de ampliación al Presupuesto del 2020, modificado a través de una criticada sesión parlamentaria el Domingo de Ramos, 5 de abril.

La misma Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia informó que al aprobar el decreto 20-2020 este no incluía los criterios de distribución, pero sí ordenaba que fuera esa secretaría la responsable de la coordinación y desarrollo de dichas obras.

Una piñata grande

Miguel Ovalle, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), reconoció que dicha ampliación estaba destinada a cubrir la deuda de arrastre, “pero no para este tipo de obras —reprogramación de proyectos inconclusos—, sino para proyectos extraordinarios”.

En cuanto a la repartición de los recursos, Ovalle explicó que ha tenido conocimiento de que algunos diputados. “Han consensuado con los alcaldes y ya repartieron, aunque entiendo que no alcanza para todos y esa es la inconformidad que tienen algunos jefes ediles”, comentó.

Ovalle remarcó que la Anam no tiene nada qué ver con la entrega de esos fondos.

“Nosotros solo hicimos la gestión con el presidente para que se aprobaran Q850 millones para la deuda de arrastre, pero mi sorpresa fue que solo fueron Q600 millones, y que no era para obras de arrastre, sino extraordinarias”.

El presidente de la Anam dijo desconocer cuáles son los criterios para priorizar los proyectos, pero los jefes ediles “se dieron cuenta de que la piñata era grande, por lo que todos quieren, pero no va a alcanzar”.

A cambio de votos

Enrique Arredondo, alcalde de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, y representante de la región 4 del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), dijo que la forma en que se están repartiendo esos Q600 millones “es un juego político que siempre se ha venido haciendo para favorecer a los diputados a cambio de votos; eso es lo que exactamente pasó acá”.

Arredondo recordó que cuando se llevó a cabo la reunión del Conadur, solicitó Q850 millones para las obras de arrastre de las municipalidades. Mi “sorpresa fue que solo fueron Q600, porque no todas las obras calificaban como de arrastre, porque no habían tenido el 20 por ciento de anticipo”, explicó.

Según Arredondo, el problema más grave en estos momentos es que en muchos lugares del país no había Unidad Técnica Departamental (UTD) y un Consejo de Desarrollo para aprobar las obras, donde se determine cómo se hizo la distribución de esos Q600 millones, “sino que solo vinieron los diputados, mandaron su lista —de obras— y a compadre hablado, con los de su mismo partido, con los que ellos querían apoyar, y les dieron lo que quisieron”.

El alcalde de Nueva Santa Rosa expresó que lo que está ocurriendo con la distribución de esos Q600 es una forma de compensar a los diputados, porque aprobaron lo que pretendía el Ejecutivo.

“Al final de cuentas, los congresistas llevaron las obras y se las dieron a los alcaldes que eran afines a ellos”, manifestó Arredondo.

Lo “único que hicieron fue distribuir Q5 millones en obras para cada diputado que votó a favor de lo que quería el Ejecutivo, por lo que va a haber serios problemas; si alguien interpone demandas, van a prosperar”, sentenció el alcalde de Santa Rosa.

Reuniones afuera

El alcalde de Guastatoya, El Progreso, Jorge Orellana, aseguró que esa distribución está “malísima”, porque en el caso de El Progreso no se reunieron en la sede del Consejo de Desarrollo Departamental (Codede), sino en una finca donde no estuvieron ni representantes del Codede ni el Gobernador.

Solo asistieron los dos diputados de ese departamento y los alcaldes que citaron, y les dijeron cuánto le iba a tocar a cada uno, según Orellana.
Al del partido oficialista le dieron Q7.5 millones, y lo demás lo repartieron. “Les están dando más a los del partido Vamos”, dijo el alcalde de Guastatoya.

Cuestionan medidas

El jefe de bancada del movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, explicó que su partido consideró que la ampliación presupuestaria “tenía un montón de problemas”. “Por eso votamos en contra, y una de las razones fue porque ahí había una serie de iniciativas, proyectos y medidas que no tenían nada que ver con la emergencia”, indicó.

El parlamentario aseguró que desde el comienzo tenían claro que dentro del paquete de ampliación presupuestaria “venían medidas oscuras, poco transparentes y había vicios de forma por la ausencia de una discusión de fondo en la Comisión de Finanzas, que hubiera permitido evidenciar esos vicios”.

¿Un amparo?

Carlos Barreda, jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), informó que hace unos días citaron a Camilo Dedet, responsable de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) y al Ministerio de Finanzas (Minfin), para que explicaran la distribución de los Q600 millones.

Barreda aseveró que esos fondos son muy cuestionados, porque no tienen como objetivo el coronavirus y, además, los consejos de Desarrollo ya están conociendo una distribución sin seguir los criterios técnicos que ordena la Ley, por lo que se están violando la unidad e integralidad del

Presupuesto, y no se están respetando las resoluciones del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural.

“Lo que se evidenció fue que Dedet, el Minfin y Segeplán no se han reunido ni definido esos criterios; por lo tanto, los Consejos de Desarrollo están resolviendo sin tomar en cuenta esos criterios, lo cual a nuestro juicio es ilegal y procedería a un recurso de amparo y hallazgos de la Contraloría General de Cuentas”, aseguró Barreda. Entretanto, según Barreda, ya existen actas de lo que han efectuado los consejos de Desarrollo de departamentos como Petén, Chimaltenango, Suchitepéquez, El Progreso, Escuintla y Quiché.

Procesos están en ley

La Dirección de Comunicación Social y Protocolo de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, informó que el decreto 20-2020, que aprobó la asignación extraordinaria por Q600 millones para los consejos departamentales de Desarrollo no cuenta con los criterios de distribución que deben ser utilizados para la asignación de recursos.

Sin embargo, explicó por vía escrita, que el artículo 2 del mismo decreto indica que la Secretaría es la responsable de la coordinación y el desarrollo de dichas obras, por lo que esa dependencia se apoyó en el sistema de consejos de desarrollo, los cuales están integrados de conformidad con el artículo 9 de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

Se explicó que las propuestas de los Codedes deben ser enviadas a Segeplán para una opinión técnica, conforme al marco normativo aplicable a cada obra.

También se resaltó que la Secretaría no participa en la ejecución de proyectos, por lo que no está facultada para establecer los criterios de distribución para la inversión, por mandato de la Corte de Constitucionalidad, que en el expediente 2861-2007, de fecha 28 de enero del 2009, dictó sentencia.

El dirigente sindical Joviel Acevedo se movilizó este 26 de noviembre con cientos de maestros para demandar la aprobación del presupuesto de 2020 por Q89 mil 773 millones, para lo cual el Congreso tiene solo cuatro días.

“Como todos los años hemos venido a manifestar nuestra preocupación por el presupuesto, eso mismo estamos haciendo hoy, queremos un presupuesto que garantice todo lo que prometió el gobierno que va a tomar posesión el 14 de enero”, dijo el sindicalista en rueda de prensa antes de entrar al Palacio Legislativo, donde se iba a reunir con los diputados, recinto que evacuó al personal por medida de seguridad.

Acevedo dijo que la defensa al presupuesto no es solo por el pacto colectivo firmado este año con el presidente Jimmy Morales -que a principio de año se había proyectado en Q956 millones, es 5 por ciento del presupuesto de la cartera- sino que busca asegurar fondos para salud y particularmente educación, donde, dijo, faltan 14 mil aulas y el próximo gobernante Alejandro Giammattei se comprometió con él a dar almuerzo en las escuelas y contratar a una persona encargada de la alimentación por cada centro.

La movilización de hoy salió del Obelisco y llegó al Congreso, donde había un grupo de personas que se opone al gasto tal como está. Un grupo de estudiantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) denunció que los maestros que caminaban junto a Acevedo los agredieron.

Afuera del Congreso permanece la seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC). Mientras tanto, la sesión plenaria fue suspendida a las 14.40 horas, por falta de quórum.

De acuerdo con el GGM el presupuesto asignado para esta labor se redujo en un 97 por ciento, ya que en el 2019 se les asignó un presupuesto de Q9.5 millones, mientras que en el 2020 este aporte se reducirá a Q300 mil.

Estamos pidiendo al Estado que restituyan los fondos para el 2020 porque tenemos a nuestro cargo cuatro Centros de Apoyo Integral para Mujeres (Caimus) donde les brindamos ayuda a llevar a cabo los procesos judiciales necesarios y les damos apoyo psicológico; así como apoyo médico y de trabajo social”, explica REBECA LIRRAYEZ, de la junta directiva del GGM.

Lirrayez agrega que los Caimus también cuentan con albergues, en los que reciben a las mujeres que se encuentran en alguna situación de violencia y a sus hijos.

“Esta reducción de presupuesto nos forzará a un cierre porque no podremos trabajar con Q300 mil anuales. No podremos cubrir toda la demanda que tienen estas mujeres”, refiere Lirrayez, quien agregó que actualmente dan atención a 12 mil mujeres y a sus hijos.

De acuerdo con la integrante de la junta directiva del GGM, si se cierran los Caimus sería el Estado quien tendría que tomar control de la situación.

“Al parecer en este proyecto de presupuesto hay fondos asignados para otras oenegés que no brindan un apoyo tan puntual en buscar la erradicación de la violencia contra la mujer”, comenta Lirrayez.

Integrantes del Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) señalan que el presupuesto del Estado para el 2020 deja fuera la atención integral a las mujeres sobrevivientes de violencia, ya que se les ha retirado el 97 por ciento del financiamiento. pic.twitter.com/6AMRlmLcs3

— Pablo Juárez (@pjuarez_pl) November 3, 2019

Según el GGM,   la Ley conta el femicidio y otras formas de violencia señala que deben ser organizaciones de mujeres especializadas las que a través de los Caimus, están encargadas de brindar los servicios que contribuyan a restituir los derechos de las mujeres.

Además, se dio a conocer que el Ministerio Público, el Organismo Judicial y el Ministerio de Educación, son las instituciones que más mujeres refieren a los Caimus para que se les brinde atención.

Por su parte, ADRIANA QUIÑONEZ, representante de ONU Mujeres, Guatemala es uno de los países con más altas tazas de violencia en el mundo, por lo que es preocupante esta reducción en el presupuesto otorgado a los Caimus.

“No tenemos como darles servicio a las mujeres que sufren violencia por lo que queremos encontrar la forma, a través del diálogo, para que se puedan tener los recursos, que de por sí, son limitados y no alcanzan. Hay que generar la conciencia de que las mujeres necesitan atención”, comenta Quiñonez.

El GGM, citando datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif), manifiesta que hasta el 30 de septiembre del 2019 se registraron 551 muertes violentas de mujeres, mientras que en el mismo periodo, se llevaron a cabo 6 mil 107 reconocimientos médicos por delitos sexuales.

En una citación en el Congreso, el Ejército detalló este martes 22 de octubre las compras de armamento y equipo que proyecta hacer en 2020, para lo cual requiere un aumento de Q516 millones.

Si el Legislativo lo aprueba, la institución armada contaría con Q3 mil 400 millones para el próximo año.

El ministro de Defensa, Luis Ralda, mencionó la lista de compras que plantea la institución armada.

Dentro de esa reunión el jefe militar informó que la institución adquirió el 1 de octubre un avión Twin Otter DHC-6 400 con capacidad para 19 pasajeros, 22 paracaidistas o cuatro mil libras de carga.

Sobre esta compra, el funcionario no reveló cuánto costó ni el proveedor.

También informó que a finales de año el Ejército espera tener en funcionamiento un astillero para reparación y construcción de naves. Se ubicará en Puerto Santo Tomás de Castilla y costará Q44 millones.

Asimismo para el 12 de noviembre se espera que llegue a Guatemala el Buque Quetzal que fue comprado a Colombia por Q93 millones. Su función será el patrullaje del Pacífico

Según Ralda, la nave tiene capacidad para 15 tripulantes y 200 pasajeros, así como 45 días de autonomía en el mar.

También llegará próximamente el primer lote de los ocho mil fusiles Galil comprados a Colombia por Q80 millones, así como un lote de repuestos para la reparación de helicópteros de la institución.

La actividad en el Palacio Nacional de la Cultura fue para presentar el proyecto de Presupuesto que tiene un monto total de Q91 mil 900 millones, pero al tomar la palabra, Jimmy Morales se salió de su discurso en varias ocasiones e inició criticando a los medios de comunicación, analistas, organizaciones no gubernamentales y al grupo G13 que ha apoyado a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“Me gustaría que estuviera aquí el G13, pero gracias a ustedes por venir, gente que sí se interesan de verdad por el país”, dijo.

El G13 es el grupo de países donantes que financiaron a gestión de la Cicig y que es conformado por Canadá, Alemania, Italia, Suiza, Francia, España, Estados Unidos, Suecia, Inglaterra y organizaciones como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea, Organización de Estados Americanos y el Sistema de Naciones Unidas.

"Cuando agarramos el país no llegábamos a los 8 mil millones de USD de reservas en el Banco de Guatemala. Ahora estamos en 14 mil millones de dólares. O sea que casi hemos duplicado", #JimmyMorales en la presentación del Proyecto de Presupuesto 2020.
Vía: @DadianaC_gtv pic.twitter.com/1PLYh14ibh

— Guatevisión (@Guatevision_tv) September 2, 2019

Morales dijo que es oficial que el 3 de septiembre la Cicig saldría del país y mencionó que los tres comisionados “salieron con deshonra de Guatemala”, refiriéndose a las gestiones de Carlos Castresana, Francisco DallAnesse e Iván Velásquez.

Para Morales, la Cicig “socavó la soberanía del país, manipuló las leyes nacionales e internacionales, apuntó contra la seguridad de la Nación y violentó el orden público”.

Morales recordó cuando en septiembre de 2017, una manifestación impidió que se celebrara los actos de Independencia como repudio a las actuaciones del Legislativo y el Ejecutivo.

“Les quiero hacer la remembranza de hace dos años lo que pasó en nuestra Plaza de la Constitución donde vino gente a destrozar nuestras tarimas e invocar una bandera roja, atrasito veníaa Mayra Véliz con CNN en  español, Guatemala no se los va a perdonar”, dijo.

El presidente Morales, que también fue acusado por la Cicig de financiamiento electoral irregular mientras era secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN), mencionó que Naciones Unidas “fue creada para abonar a la paz de las naciones”, sin embargo, financió una Comisión que se dedicó a “cooptar las instituciones democráticas”.

“Ese tipo de experimentos no debemos permitirlos nunca más en el país, ese tipo de experimentos que se convierte en una amenaza para la soberanía de un pueblo”, agregó.

En la actividad también estuvo presente Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía y quien fue investigado por la Cicig de dirigir escuchas telefónicas sin orden judicial contra miembros de partidos políticos y activistas.

Valladares observaba a Morales sonriente.

Ataca a periodistas

Morales también aprovechó su discurso para atacar a varios medios de comunicación, pues cree que es por culpa de la Prensa que la población cree que la administración pública no trabaja.

“Ustedes en una nota de prensa, acusan, juzgan y sentencian al guatemalteco. Ni siquiera le han dado libertad a los jueces, para que los jueces puedan emitir un análisis y después una sentencia”, refirió Morales, que también señaló a periodistas.

Ante esta situación, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), se pronunció en contra de las declaraciones de Morales y las calificó de “abuso e insultos del Presidente de la República”.

Nos pronunciamos en contra del abuso e insultos del Presidente de la República @jimmymoralesgt a periodistas y medios de comunicación @FHLatinAmerica @IFEX @RSF_esp @FIPGUATEMALA01 @somosarticulo35 @centroknightut @FLIP_org #libertaddeexpresion pic.twitter.com/tmrTPUAReU

— Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) (@noticiasAPG) September 2, 2019

Alejandro Giammattei habló en privado con representantes de AGEXPORT sobre cómo duplicar en los próximos cuatro años la exportación de productos no tradicionales.

Posteriormente se reunió con cinco diputados de la actual legislatura que integran diferentes bancadas. Giammattei confirmó que hablaron sobre el presupuesto para 2020 ya que debe ser aprobado a más tardar el 30 de noviembre de este año y por ahora el partido Vamos no cuenta con un bloque que apoye este tema.

Sin embargo los diputados quisieron no dar detalles sobre la reunión. Melvin Caná diputado independiente pero que integró el partido UNE, aseguró que llegó a felicitarlo y que se reunieron brevemente. Mientras Marco Aurelio Pineda de FCN Nación aseguró que no vio a Giammattei y que sólo se reunió con Caná para hablar de otros temas.

Otra de las reuniones que sostuvo el presidente electo fue con el diputado federal de México, Luis Alegre, con quien conversó sobre el tren rápido, ya que México tiene un proyecto similar que podría conectarse.