Diecisiete extrabajadores del Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentaron este 9 de febrero un memorial en la institución con el que buscan el pago de prestaciones laborales por el tiempo que desempeñaron funciones y señalan que en algunos casos, el atraso en el pago de ese beneficio es de ocho meses.

El memorial va dirigido a Blanca Odilia Alfaro Guerra, magistrada presidente TSE y allí exponen la situación que enfrentan los extrabajadores.

Los empleados afectados son:

1. Alba Patricia Molina Grijalva,
2. Ana Elizabeth Barillas Morales,
3. Lidia Doretty Arias Osorio,
4. Grabiela Issaeva Taylor Santos,
5. Estuardo Alfonso Molina Achtmann,
6. Eduardo Arturo Rivera Maldonado,
7. Jesús Chiquitó Gil,
8. Gadiel Enrique Abalos Castañeda,
9. Maria Gabriela Sánchez Paz,
10. Rodolfo André Chali Andrade,
11. Olga Mercedes Morales Santos,
12. Hilda Carolina Lainfiesta Cáceres,
13. Zoila Adaljiza López Rodas,
14. Anaheli Seleste Guerra González,
15. Dora Beatriz Lemus Garcia,
16. Ericka Jeannette Ramos Montenegro,
17. Karina Odeth Morales Orellana

En el documento, los afectados mencionan que, por razones personales, muchos trabajadores renunciaron o les fue rescindido el contrato en el TSE en los meses de junio a diciembre de 2023 y enero del año 2024.

Añaden que hicieron el procedimiento respectivo como lo regula el artículo 46 del Pacto Colectivo suscrito entre el Sindicato de Trabajadores y autoridades del TSE.

“Al darle trámite, la Dirección de Recursos Humanos y notificarnos el Acuerdo y resolución respectiva, se nos hizo del conocimiento que se nos harían efectivas las prestaciones que nos corresponden de conformidad con la ley”, dice el documento.

Añaden que de la mencionada resolución ya pasaron más de ocho meses y que a la presente fecha no se los han pagado.

Le recuerdan a la magistrada Alfaro, que en una reunión sostenida el 4 enero pasado, ella de forma verbal informó que la institución contaba con el presupuesto necesario para el pago y que confiaran en Dios, pero no les han pagado.

Lidia Arias, una de las que presentó el memorial indicó que no importa el tiempo durante el cual trabajaron para el TSE y que tienen derecho a sus prestaciones, por lo que exigen que le den respuesta al memorial que presentaron.

Afirmó que algunos extrabajadores han tenido embargo de sus cuentas y de algunos bienes pues al haber sido empleados del TSE habían convenios con bancos para otorgar créditos a tasa preferencial, pero como las prestaciones no las han pagado.

Expresó que el convenio con el banco señalaba que si algún empleado tenía préstamo y se retiraba o terminaba relación laboral con el TSE, este pagaría la deuda con las prestaciones respectivas y hasta donde el monto alcanzara.

Lidia Arias extrabajadora del TSE que pide pago de presataciones laborales. (Video Guatevisión: La Red)

Elizabeth Barillas, otra de las afectadas refirió que han dado un plazo hasta el 16 de febrero para que se les pueda pagar sus prestaciones, pues ya fueron pacientes durante ocho meses.

Expresó que el presupuesto 2023 ya estaba contemplado el pago de esas prestaciones por indemnización, así que el Ministerio de Finanzas no tiene que hacer ningún aporte para ese pago.

Los afectados aseguran que si en esa fecha no les depositan sus prestaciones se reservarán el derecho iniciar acciones legales por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Elizabeth Barillas, extrabajadora del TSE luego de presentar memorial para que les paguen prestaciones. (Video Guatevisión:La Red)

Pide paciencia

Nancy García, integrante del sindicato de trabajadores del TSE, mencionó que desconoce qué contiene el memorial presentado por extrabajadores.

Afirmó que ha habido cambio de presidencia en el TSE y ahora de ministros con el nuevo Gobierno y que no hay un pleno de magistrados del TSE integrado y por esas situaciones les han pedido paciencia a los afectados.

García expresó que no es que el TSE no quiera pagar las prestaciones, pero que el presupuesto de la institución ha sido afectado y recortado, y por eso han acudido al Congreso de la República a exigir el derecho de los trabajadores.

Añadió que el momento político que existe es imposible que las gestiones se hagan de la noche a la mañana.

Afirmó que entre los afectados hay algunas personas que renunciaron hace 15 días y eso no se puede dar de un día para otro.

Sí se pagará

Aseguró que gracias a las gestiones de los sindicatos sí se dará el presupuesto, pues ya la presidenta del TSE habló con ministros y la Contraloría General de Cuentas y por eso sí se hará ese pago de prestaciones de ley.

Nancy García, del sindicato de trabajadores del TSE afirma que sí se pagarán las prestaciones. (Video Guatevisión: La Red)

Sin respuesta del TSE

Se consultó al TSE una postura sobre el tema y en comunicación social refirieron que ya el sindicato de trabajadores había emitido una sobre el tema.

María Isabel Salazar Urrutia, viceministra de Administración del Trabajo, a cargo de la Inspección General de Trabajo, informó este lunes 22 de agosto que se han realizado monitoreos para verificar el cumplimiento del pago del Bono 14 y salarios mínimos en el país y se determinó que la primera prestación ha sido cancelada por el 91% de empresas pero que hay varios sectores que han incumplido con esta y otras obligaciones laborales.

Salazar Urrutia participó en la conferencia de funcionarios públicos en el Palacio Nacional de la Cultura, e informó que en el tema del cumplimento del pago de Bono 14, y destacó que desde el 16 de julio empezó el proceso de verificación en las empresas y después de eso se fija un plazo para la inspección de trabajo, en donde el inspector acude a los centros de trabajo a verificar si se ha cumplido con la obligación laboral.

Señaló que todo el proceso de verificación e inspección tarda uno 25 días y a partir de allí ya se pueden obtener datos.

Dijo que fijaron una meta 2 mil 600 inspecciones en todo el país y se espera que se alcance o supere, y que hasta el momento cerraron con 2 mil 385.

Salazar puntualizó que el monto verificado de quetzales en salario correspondiente a la prestación del Bono 14 fueron Q128 millones 759 mil 28.16 y durante las visitas encontraron que había un incumplimiento de casi un 10%, es decir que casi el 91% de las empresas verificadas de los empleadores individuales y jurídicos sí pagaron el Bono 14.

Agregó que durante las verificaciones, en la fase inicial, se logró que mediante la Inspección General de Trabajo se lograran recuperar Q23 millones 150 mil 757.58 que fueron pagados a los trabajadores que no habían recibido el beneficio en el plazo establecido por la ley.

Afirmó que la meta de inspección más alta del país es en la capital, por ser el centro de trabajo o que concentra la mayor cantidad de empleadores, pues es casi el 70% del trabajo formal está en la capital.

Puntualizó que 107 inspectores tuvieron a cargo el operativo y determinaron que casi el 91% de empresas cumplieron con el pago de Bono 14 y el pago de salario mínimo. Acotó que este tipo de operativos se hacen dos veces al año, uno en julio y otro en febrero.

La mayoría de visitas que se hicieron fue a comercios, servicios, sector agrícola y recordó que anteriormente los inspectores llegaban a un centro comercial y allí hacían la verificación de los empleadores, pero ahora se verificó de puerta en puerta las sedes sociales de las empresas, fuera de los comercios.

Es por ello que se inspeccionaron panaderías, hoteles, sector de servicios financieros, comercio y actividades agrícolas en fincas, e industria de alimentos.

Los que más incumplieron

En el 10% de empresas o sectores que más incumplieron con el pago del Bono 14 y pago de salario mínimo, lo encabezó el de comercios y donde hay más incumplimiento en el sector informal y por eso van a enfocar operativos en esa área.

Afirmó que en el sector de empresas de seguridad privada, la inspección determinó que es el sector que más incumple con todas las prestaciones laborales pues el 80% no cumplen con ellas.

Según información que proporcionó Salazar al final de la conferencia, dijo que en administraciones anteriores se cobraba entre Q1.4 y Q1.5 en promedio al año, mientras que ahora solo hasta agosto llevan Q4 millones 454 mil en sanciones impuestas y pagadas efectivamente a la inspección de trabajo.

Además, que tienen un monto que supera los Q400 mil relacionados con el pago en la vía ejecutiva de procesos judiciales a través de embargos de cuentas.