La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó este martes reformar el Código Penal para sancionar a medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales que reproduzcan o transmitan “mensajes o comunicados originados o presuntamente originados” por pandillas.

La reforma, propuesta por el presidente Nayib Bukele, fue aprobada con los votos de 63 diputados de 84 en el Congreso y con dispensa de trámite, es decir sin estudio ni discusión parlamentaria.

El diputado Rodrigo Ávila, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), propuso que la iniciativa pasara a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para ser estudiada, pero no alcanzó los votos para ello.

La reforma al Código Penal establece penas de 10 a 15 años de cárcel para quienes “elaboren, participen en su elaboración, facilitare o fabricare textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual que haga alusión a las diferentes agrupaciones”.

Igual sanción se aplica a medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digital que “reproduzcan o transmitan” mensajes de pandillas.

El Congreso suspendió, a petición de Bukele y sin ningún estudio o discusión, varios derechos constitucionales, entre ellos el de la defensa durante un proceso judicial e inviolabilidad de las telecomunicaciones.

“Primer paso a la censura”

Tras la aprobación de la normativa sin ningún análisis, la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes), organismos internacionales y la oposición salvadoreña denunciaron que la decisión es el primer paso para la censura.

“Consideramos estas reformas como un claro intento de censura a los medios de comunicación. Prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto”, dice la Apes.

Agregó que el periodismo aporta datos valiosos y es fundamental para comprender el impacto de las pandillas y de los grupos criminales “que han sangrado al país desde hace décadas”.

“Estas reformas mordaza son una nueva herramienta para criminalizar el trabajo periodístico”, advirtió.

*Con información de EFE*

Si queremos algún día ser un país desarrollado, debemos hacer lo que los países desarrollados hacen, no lo que ellos nos dicen que hagamos. https://t.co/5ZONxm8RId

— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 6, 2022

#Comunicado Desde APES expresamos nuestra preocupación por reformas mordaza @PDDHElSalvador @PVacaV @RELE_CIDH @RSF_esp @FIP_AL @VDSorg @Cristosal @FESPAD_sv @idhuca pic.twitter.com/A36nBv4hdV

— APES (@apeselsalvador) April 6, 2022

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) junto a más de 15 entidades periodísticas de las tres Américas, emitieron este martes un comunicado en el que exhortan a “defender el valor del periodismo profesional en el ecosistema digital” frente a las grandes plataformas.

Las entidades dijeron que los las organizaciones supranacionales, así como los países de la región, deben poner en agenda y asignar como prioritario el valor de los contenidos periodísticos en las plataformas digitales, asegurando condiciones para una retribución justa y razonable.

El texto recuerda que, después de años de investigación sobre la posición de dominio de las empresas tecnológicas globales en el mercado de la comunicación, Australia dictó el 25 de febrero último el Código de Negociación de Medios y Plataformas Digitales, que prevé mecanismos de arbitraje obligatorio que asegura que dichas plataformas, como puertas de acceso a internet, paguen a los medios por uso que hacen de sus contenidos y de los cuales obtienen beneficios directos e indirectos.

Así también en Europa se discute la Ley de Mercados Digitales a fin de impedir que las grandes plataformas digitales abusen de su poder en el mercado. También en Estados Unidos, la News Media Alliance, en representación de casi dos mil medios, gestiona una autorización en el Congreso para negociar de manera directa con las plataformas.

Las entidades resaltan que los medios periodísticos actualmente cuentan con más audiencia que nunca, “pero lo ingresos que financiaban el periodismo profesional son absorbidos por intermediarios que concentran más del 80 por ciento de la publicidad digital mundial.

También se destaca el valor de los contenidos digitales como esenciales para la información de la sociedad y vitales para la salud de la democracia, pero, a pesar de ello, el sostenimiento del periodismo está en riesgo.

“Los miembros de la industria periodística creemos que deben existir abordajes coherentes a nivel global para hacer efectivo un derecho que tiene su base tanto en la propiedad intelectual como en las normas de defensa de la competencia”, dice la misiva.

Prácticas abusivas

Las agrupaciones también consideran fundamental que se eviten las prácticas abusivas en el mercado de la publicidad digital, “donde las plataformas son a la vez árbitros y jugadores principales”. Se debe poner suma atención, advierten, a los algoritmos que condicionan la distribución de los contenidos y su llegada a la sociedad.

Recuerdan la Declaración de Windhoek + 30, impulsada por la Unesco, que expresa preocupación por la severa crisis económica como una amenaza existencial para los medios, y recuerda que la sostenibilidad es un requisito clave para su independencia.

La declaración “reclama a los gobiernos ‘garantizar (…) flujos de financiación de fuentes públicas a los medios’. Y a las compañías digitales les pide que apoyen de diversas formas; por ejemplo, a través de acuerdos de asociación inclusiva y medidas financieras, dice el texto.

Aunque reconocen algunos avances en esta materia de empresas como Google o Facebook tendientes a pagar a los medios de algunos países por licencias de sus contenidos, creen que la compensación no debe ser una decisión unilateral de las plataformas, sino el fruto acordado de un derecho universal, preexistente y proporcionado para los editores.

“Necesitamos promover un ecosistema digital sano y equilibrado, en el que la opacidad de los algoritmos no termine decidiendo qué información es relevante para una persona o una sociedad, y en el cual la desinformación pueda combatirse con periodismo profesional y de calidad”, enfatiza la declaración.

Firman la declaración estas asociaciones periodísticas:

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) – Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) – Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica (OTI) – Grupo de Diarios América (GDA) – Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) – Medios Informativos de Canadá (NMC, Canadá) – Alianza de Medios Informativos (NMA, EE.UU.) – Alianza de MediosMx (México) – Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC, Honduras) – Asociación de Medios de Jamaica (MAJ, Jamaica) – Sociedad Dominicana de Diarios (SDD, República Dominicana) – Asociación de Medios de Información (AMI, Colombia) – Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP, Ecuador) – Consejo de la Prensa Peruana (CPP, Perú) – Asociación Nacional de Periódicos (ANJ, Brasil) – Asociación Nacional de la Prensa (ANP, Bolivia) – Asociación Nacional de la Prensa (ANP, Chile) – Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA, Argentina).

“Cuando veo a la prensa atacar diciendo que compré dos millones y medio de latas de leche condensada, (mi respuesta es) que se vayan a la p… que los pa…, prensa de mi….”, afirmó Bolsonaro en un evento privado ante decenas de seguidores, que aplaudieron su intervención y la celebraron con risas.

“Que la prensa se meta en el **** esas latas de leche condensada”, agregó el jefe de Estado, que ha sido acusado de promover los crecientes ataques a la prensa y a los periodistas en los últimos dos años en el país.

El líder ultraderechista pronunció sus insultos en un evento privado en un restaurante en Brasilia, pero el video en que el mandatario pronuncia sus declaraciones en medio de ovaciones fue publicado en las redes sociales por varios de sus seguidores.

En el evento estuvo presente el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, que se sumó a los que aplaudieron.

Las declaraciones de Bolsonaro fueron una respuesta a las informaciones publicadas por diferentes medios sobre el aumento de los gastos gubernamentales con alimentos.

Según datos oficiales citados por los medios, ese gasto fue en 2020 de US$360 millones, con un aumento superior al 20% en relación a 2019, entre todos los organismos del Poder Ejecutivo.

Entre los gastos fueron destacados US$440 mil en chicles y otros US$3 millones en leche condensada, producto que Bolsonaro dice que no falta en sus desayunos, lo que desató una enorme ola de memes en internet.

El Gobierno aclaró que tales gastos se refieren a todo el Ejecutivo, incluyendo las Fuerzas Armadas, y que la mayor parte de las compras estuvo destinada a las raciones que se ofrecen a los militares en servicio, incluyendo la leche condensada por su valor energético y su alto grado de preservación y los chicles por ayudar en la higiene bucal en circunstancias en que es difícil lavarse la boca.

Los insultos del jefe de Estado a la prensa fueron apoyados por el diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del mandatario, en un mensaje que publicó en sus redes sociales.

“Con la peor de las intenciones nos insultan de todo, desde nazis hasta genocidas, y ¿tenemos que respetarlos? ¿Tenemos que argumentar racionalmente? Claro que no. Contra asnos, éste es el lenguaje correcto”, afirmó el legislador.

Bolsonaro es acusado de incentivar los ataques a la prensa

Bolsonaro hizo sus polémicas declaraciones un día después de que la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj) divulgara un informe según el cual los ataques a la prensa brasileña saltaron desde 135 en 2018 hasta 208 en 2019 y 428 en 2020, incentivados por la propia retórica del jefe de Estado contra los medios.

El órgano sindical atribuyó el recrudecimiento de los ataques a la prensa en los dos últimos años a la llegada al poder en Brasil del líder ultraderechista, que asumió su mandato en enero de 2019.

“En la evaluación de la Federación Nacional de los Periodistas ese crecimiento está directamente vinculado al bolsonarismo, movimiento político de extrema derecha capitaneado por el presidente Jair Bolsonaro, que repercute en la sociedad por medio de sus seguidores”, afirmó la presidenta de la Fenaj, María José Braga.

“Hubo un aumento no sólo de los ataques contra la prensa en general, sino especialmente de los ataques de ese grupo que, naturalmente, lo hace como forma de control de la información. Usa sus ataques para desacreditar a la prensa con el fin de que la población siga informándose en las burbujas bolsonaristas, que son lugares de propagación de informaciones falsas y fraudulentas”, agregó la dirigente sindical.

De acuerdo con el informe de la Fenaj, así como en 2019, Bolsonaro “fue nuevamente el principal autor de agresiones contra la prensa” en 2020.

El jefe de Estado, añadió, fue responsable por 175 ataques (40.89%) del total, de los que 145 fueron ataques genéricos y generalizados a los medios de comunicación o periodistas, 26 agresiones verbales, una amenaza directa a un periodista, una amenaza directa a un medio de comunicación y dos ataques a la Fenaj.

Para Braga, la postura del presidente sirvió de incentivo para que sus auxiliares y seguidores también adoptaran la violencia contra periodistas como práctica recurrente.

Otro informe divulgado el lunes por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) indicó que la mayoría de las 580 agresiones a los medios de comunicación que Brasil contabilizó en 2020 provinieron de Bolsonaro y de sus hijos.

Según RSF, el mandatario brasileño y sus tres hijos legisladores fueron responsables de 469 ataques, lo que corresponde al 85% de las agresiones de autoridades a los medios de comunicación del país el durante año pasado.

Neldy Vanesa Rodríguez Andrade del juzgado de Turno de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, emitió la resolución que prohíbe al periodista intimidar a Torres mediante cualquier medio electrónico y redes sociales.

La orden prohíbe el acceso al domicilio o trabajo de la excandidata presidencial durante tres meses a partir de la resolución, de lo contrario se certificará lo conducente contra el periodista por el delito de desobediencia.

José Rubén Zamora presidente de El Periódico indicó que la resolución es ilegal y que será apelada, además señaló que la medida afecta la labor periodística y es un mal precedente para la libertad de prensa nacional.

Intentamos obtener una declaración de Sandra Torres pero fue imposible contactarla.

https://twitter.com/partidoune/status/1032642970565128192

Baldetti y Jovel también denunciaron

El pasado 5 de julio la canciller Sandra Jovel denunció a Zamora por violencia psicológica por las publicaciones de prensa que critican la gestión de Jovel en El Periódico.

De igual forma, Roxana Baldetti en el 2014 accionó en contra del periodista luego de ser mencionada en varios reportajes publicados en ese medio de comunicación.

Gustavo Angulo, conocido como Cherry, fue detenido el martes en un operativo de las autoridades colombianas en el corregimiento de La Guayacana, departamento de Nariño, una convulsa zona cocalera fronteriza con Ecuador, informó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en rueda de prensa.

Angulo “fue quien presuntamente interceptó la camioneta en la que se movilizaban” el periodista Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60), en la población ecuatoriana de Mataje, cuando realizaban un reportaje sobre el narcotráfico en la frontera a finales de marzo, agregó.

#LoÚltimo Primeras imágenes del traslado a Bogotá de Gustavo Angulo, alias Cherry, presunto autor material del secuestro de equipo periodístico ecuatoriano. Fue capturado en Tumaco, Nariño. pic.twitter.com/tHsuxB5VgZ

— Karen L. Gamba (@KarenL_Gamba) July 18, 2018

Posteriormente los entregó al frente Oliver Sinisterra, al mando de Walther Arizala, alias Guacho, un exguerrillero de las FARC que se apartó del acuerdo de paz que desarmó y transformó en partido a la otrora guerrilla comunista.

La muerte en cautiverio de los miembros del equipo periodístico fue anunciada por el gobierno ecuatoriano el 13 de abril y sus cuerpos fueron hallados a finales de junio en la selva colombiana.

Los captores pretendían la excarcelación de allegados a Arizala presos en Ecuador, a cambio de la liberación de los rehenes. Según los disidentes, la negociación se frustró por los operativos militares.

A raíz de este caso, Colombia y Ecuador lanzaron una feroz cacería contra Guacho a ambos lados de la frontera. En el marco de la ofensiva, el 7 de julio fue detenido el presunto custodio del grupo de prensa.

En La Guayacana, donde fue capturado Cherry, fueron asesinados tres agentes judiciales colombianos el pasado miércoles, presuntamente por hombres de Guacho, señalado por las autoridades de Colombia de ser el brazo armado del Cartel de Sinaloa de México.

Según Villegas, Angulo alcanzó a concentrarse en una de las zonas pactadas entre las FARC y el gobierno para el desarme y la reinserción social de los exguerrilleros, pero luego se unió a la disidencia.

Sin un mando unificado, los disidentes operan en alejados puntos de Colombia donde disputan las rentas del narcotráfico y de la minería ilegal. Según inteligencia militar, contarían con unos 1.200 combatientes.

El municipio de Tumaco, al que pertenece La Guayacana, es el área con más narcocultivos del mundo.

Hasta 2017, había 209.000 hectáreas sembradas con hojas de coca en Colombia, una cifra récord, señaló un reciente informe de Estados Unidos.

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