Las autoridades estadounidenses comenzaron el viernes 31 de julio a deportar a familias migrantes en vuelos a Centroamérica como parte de un sistema expedito para expulsar a las personas que llegaron sin autorización a través de México.

Las deportaciones aceleradas han sido una táctica utilizada por las administraciones republicanas y demócratas en un esfuerzo por disuadir los cruces fronterizos ilegales, y se producen en medio de un aumento en las llegadas.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que las familias fueron enviadas de regreso a sus países de origen, principalmente Guatemala, El Salvador y Honduras.

“El proceso de deportación acelerada es un medio legal para administrar de manera segura nuestra frontera, y es un paso hacia nuestro objetivo más amplio de lograr un procesamiento de la inmigración seguro y ordenado”, dijo el DHS en un comunicado.

El número de migrantes detenidos por las autoridades estadounidenses que cruzan ilegalmente la frontera con México aumentó un 4.5% en junio, respecto al mes anterior, a pesar de las predicciones de una caída, dijeron las autoridades en julio.

La frontera sur de Estados Unidos ha atraído un número récord de migrantes a lo largo de la pandemia y después de que América Central fuera azotada por una serie de tormentas particularmente destructivas.

Legisladores republicanos critican al presidente Joe Biden por revertir las restricciones decididas bajo el gobierno de Donald Trump, incluida la política de “permanecer en México”, que obligó a miles de demandantes de asilo de América Central a quedarse del lado sur de la frontera hasta que se procesaran sus solicitudes.

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Funcionarios del gobierno de Biden anunciaron planes el lunes para utilizar los vuelos de deportación expedita tras otro aumento en el número de familias centroamericanas indocumentadas que cruzan la frontera.

Aproximadamente un tercio de los detenidos en junio por las autoridades estadounidenses eran mexicanos, seguidos de tres países del llamado Triángulo del Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador).

La mayoría de los migrantes sudamericanos procedían de Ecuador y Venezuela.

El número de niños que cruzaron sin padres o tutores en junio, a quienes el gobierno de Biden promete reasentar en Estados Unidos en lugar de devolverlos a México, aumentó 8% desde mayo, totalizando 15.253, más de 500 por día.

Llegan primeras unidades familiares

Migración de Guatemala informó que luego de que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, informará sobre la posibilidad de retornar de forma aceleradas a núcleos familiares de migrantes que viajan de manera irregular; el viernes 30 de julio el Instituto Guatemalteco de Migración brindó atención a la primera llegada de unidades familiares bajo esta modalidad anunciada por el Gobierno de los Estados Unidos.

En el primer vuelo, procedente de Alexandria, Luisiana, llegaron a Guatemala 83 personas. Son 67 mayores de edad, 54 hombres y 13 mujeres. Además, 16 menores de edad, 9 niños y 7 niñas. Son 14 unidades familiares.

Añadió que cabe mencionar que de acuerdo con las cifras del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), de enero a la fecha han retornado desde Estados Unidos 2 mil 585 personas. Vía aérea desde México se tiene el registro de 2 mil 198 y vía terrestre 22 mil 270 en total han retornado a Guatemala 27,053 personas.

Afirma que el IGM trabaja en optimizar la atención de la población migrante retornada en coordinación con las instituciones competentes.

#Información | Migración recibe vuelo luego de que Estados Unidos reanudara los retornos familiares https://t.co/InH1Uu83cx pic.twitter.com/K6ceEvKE2l

— Migración Guatemala (@MigracionGuate) July 31, 2021

La decisión supone una victoria para Trump en un caso relacionado con una de sus principales políticas.

Los jueces fallaron por 7-2 a favor del gobierno en su apelación a la decisión de un tribunal inferior que determinó que Vijayakumar Thuraissigiam, un agricultor de Sri Lanka detenido cerca de la frontera de EE.UU. con México, tenía derecho a la revisión judicial de su solicitud de asilo denegada por las autoridades.

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La resolución, escrita por el juez conservador Samuel Alito, dictaminó que la limitación del escrutinio judicial de este caso de deportación rápida, conocida como expulsión expedita o acelerada, no violó protecciones clave de la libertad individual recogidas en la Constitución de EE.UU.

Alito escribió que se reconoce desde hace tiempo que las personas a las que todavía no se les ha otorgado una entrada legal a EE.UU. no gozan del espectro completo de derechos constitucionales y que el Congreso tiene autoridad para determinar qué derechos poseen.

“Si bien los extranjeros con conexiones establecidas en este país tienen derecho al debido proceso en los procedimientos de deportación, la Corte estableció hace tiempo que el Congreso tiene la autoridad para establecer las condiciones para la entrada legal de un extranjero a este país”, expuso Alito en su ponencia.

Dos de los cuatro jueces progresistas, Stepehen Breyer y Ruth Bader Ginsburg, se alinearon con los cincos jueces conservadores en el voto, pero no se acogieron al razonamiento de Alito.

El caso de Vijayakumar Thuraissigiam

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito con sede en San Francisco resolvió en 2019 que según la cláusula de suspensión de la Constitución, que ampara la capacidad de una persona de disputar el confinamiento a manos del gobierno, los tribunales tenían el poder de revisar las alegaciones de Thuraissigiam.

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El gobierno contestó que el fallo del tribunal de apelaciones derrotaría el propósito de las deportaciones rápidas e impondría “una severa carga sobre el sistema migratorio”.

Las políticas de línea dura sobre migración y deportación del gobierno de Trump han sido un punto central de su presidencia y la base para su campaña de reelección para el 3 de noviembre.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que representó a Thuraissigiam, había advertido que la posición del gobierno, de ser aceptada por la Corte, se podría utilizar para deportar a millones de inmigrantes indocumentados sin una revisión judicial significativa.

Thuraissigiam pidió asilo en Estados Unidos alegando que, como miembro de la minoría Tamil de Sri Lanka, había sido torturado por sus lazos políticos y sometido a golpizas y ahogos simulados.

Huyó de su país en 2016 y fue detenido en 2017 en EE.UU., cerca del cruce fronterizo entre San Diego (EE.UU.) y Tijuana (México).

Fue colocado en el programa de expulsión acelerada, un sistema que data de 1996 que hace una excepción para las personas que pueden probar un “miedo creíble” de persecución o tortura en su país de origen.

Pero las autoridades rechazaron la demanda de Thuraissigiam de miedo creíble, por lo que se detuvo el proceso de asilo.

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Las recientes olas migratorias de centroamericanos hacia Estados Unidos, encendieron los focos sobre un problema que se agudiza en la región y que tiene su origen en el atraso económico y el subdesarrollo que se vive en las comunidades y departamentos que se encuentran alejados de las capitales de los países del Triángulo Norte.

Pese a que el fenómeno generó tensión en la región debido a la política exterior implementada por el gobierno estadounidense, las autoridades de Guatemala, Honduras y El Salvador mantuvieron una posición pasiva, pues ninguno de los mandatarios se pronunció por establecer un diálogo entre los países involucra- dos para encontrar soluciones conjuntas.

Actualmente, el gobierno de México y el de los Estados Unidos, tienen previsto un programa de apoyo con un fondo por 6,000 millones de dólares (mdd) para inversiones y generación de empleos en Centroamérica y en la zona sur de México.

“Esta ayuda tiene que estar bien organizada. Existen los fondos para concretar las inversiones. Las autoridades mexicanas ya están trabajando en tener más inversión y financiar proyectos en Centroamérica para detonar las fuentes de trabajo”, explica Víctor Meléndez vicepresidente Sección Internacional para Centroamérica y el Caribe del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE).

El también presidente del Comité empresarial México-El Salvador explica que los fondos ya están aprobados para frenar el crecimiento de los flujos migratorios del Triángulo Norte de Centroamérica a Estados Unidos. No obstante, reconoce que es muy difícil pensar que con la creación de empleos y el incremento de las inversiones en Centroamérica, se frenará la migración, pues la población siempre estará en búsqueda de nuevos retos y oportunidades.

Migración añeja

En marzo pasado, se anunció como “la madre de todas las caravanas” a uno más de los grupos masivos de migrantes que salieron de Honduras. El aviso activó los focos amarillos de la política antimigratoria de Estados Unidos, y Trump amenazó con recortar la ayuda económica que cada año destina a los países del Triángulo Norte.

Por años, la migración fue velada y de baja intensidad, pero de un tiempo a la fecha, caravanas masivas parten desde los distintos departamentos de estas naciones ante la mirada atónita de las autoridades migratorias de cada uno de los involucrados.

La migración es histórica en estos territorios, debido a que los niveles salariales son hasta 24 veces menores que los que podrían encontrarse en Estados Unidos y, con el tiempo, la población con menos acceso a educación, servicios de salud y oportunidades de empleo, encuentran en ese fenómeno una alternativa para mejorar su calidad de vida.

De El Salvador salieron, en menos de seis meses, 12 caravanas. El país se encuentra en plena transición; no obstante, el nuevo presidente Nayib Bukele, que recién asumió funciones el primero de junio, realizó su primer viaje a México ya como presidente electo para reunirse con Andrés Manuel López Obrador, con quien habló sobre migración.

En ese contexto, ambos mandatarios se comprometieron a impulsar estrategias que eviten que los centroamericanos sigan migrando ilegalmente.

En tanto que el Gobierno de Guatemala prefirió guardar silencio ante el anuncio del presidente de Estados Unidos de recortar la ayuda económica a la tercia de países.

Al respecto, Ricardo Castaneda, investigador y coordinador de los tres países de la región del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), declaró para Forbes que recortar la ayuda no frena el fenómeno de la migración, al contrario, ésta puede ir en aumento debido a que en las comunidades los programas productivos que generan empleo e ingresos se recortarían.

Por su parte, el gobierno del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tiene programas en materia de educación, salud y empleo para las personas que han sido regresadas de México a territorio hondureño, aunque no se tiene información sobre la efectividad de dicho programa ante los miles de hondureños deportados desde la frontera mexicana con Estados Unidos.

* En alianza con Forbes México y Centroamérica.