Migrantes en la frontera sur de México lidian con la saturación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que registró un récord de peticiones en la primera mitad de 2023 en medio de un presupuesto insuficiente y capacidad limitada.

Fernando Can es un migrante originario de la capital de Guatemala que llegó esta semana a las oficinas de Comar en Tapachula para formarse y solicitar asilo con el Gobierno de México porque salió huyendo de la violencia y la delincuencia organizada de su país, pero se ha afrontado con la larga espera.

“Venimos a México a pedir ayuda para que nos permitan estar, hay muchas personas con ese objetivo en Comar, pidiendo ayuda. Pensamos quedarnos en México, que nos den la posibilidad de trabajo para tener la solicitud de refugiado, nos han dicho que es algo complicado”, expresó.

Récord de solicitudes en medio de precariedad

La Comar, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), recibió casi 75 mil solicitudes de asilo en el primer semestre del año y espera cerrar con una cifra inédita de 150 mil, según dijo su titular, Andrés Ramírez, en entrevista esta semana.

Pero el funcionario reconoció que el presupuesto es insuficiente y por ello hay tardanzas en el procesamiento de las peticiones, que incrementan en México en medio de las crecientes restricciones en Estados Unidos.

Joaquín González es uno de los cientos de migrantes cubanos que hacen fila en Tapachula, donde expresó que acudió a realizar su petición de asilo para estar de manera legal en México y no tener problemas con las autoridades.

Él confesó que después buscará seguir hacia Estados Unidos.

“Yo pienso que el 80 % de la población a nivel mundial está migrando ahora mismo, buscando economía, que no solo en Cuba, que está mala la economía, sino en otros países está mala. Vamos a Estados Unidos, tenemos fe de llegar a eso”, comentó.

Activistas piden agilizar los trámites

Ante el panorama, activistas exigieron a la Comar y a los diputados que representan a Chiapas, estado fronterizo con Guatemala, brindar la atención prioritaria a mujeres y niños migrantes que solicitan asilo en la frontera sur de México.

El director del Centro de Dignificación Humana (CDH), Luis Rey García Villagrán, exigió garantizar la seguridad de este grupo vulnerable, por lo que deben destinar mayores recursos económicos y personal para poder afrontar el flujo migratorio.

García Villagrán ha protestado a las afueras de este organismo para denunciar que tienen a las personas haciendo filas bajo condiciones inhumanas y expuestos a la corrupción y a los “coyotes”, traficantes de personas, por lo que pidió su libre tránsito sin necesidad de los trámites.

“A esta gente deben sellarles el pasaporte, seguir y caminar, no deben hacer largas filas, no deben esperar porque están bajo las inclemencias del tiempo, niños enfermos a los que no les dan nada de comer. Que les permitan pasar por todo Chiapas inmediatamente hasta donde tengan que avanzar”, manifestó.

El activista aseguró que la Comar no tiene presupuesto, por lo que los legisladores de Chiapas deben exigir en el Congreso más recursos para que no se tenga largas filas de personas.

También indicó que las mujeres y niños son víctimas de maltrato, extorsiones y son presas del crimen organizado, por lo que debe haber un nuevo procedimiento para los menores de edad.

“Nada más de ver a los niños migrantes deben darles el documento para que sigan adelante”, exigió.

Activistas y migrantes presentaron este jueves una demanda contra instancias del gobierno federal de Estados Unidos en la que argumentan que condicionar los pedidos de asilo en la frontera sur terrestre al uso de una aplicación atenta contra los derechos humanos.

La acción legal en contra del Departamento de Seguridad Nacional y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), establece que la implementación de la aplicación CBP One, que la administración del presidente Joe Biden activó este año para canalizar los pedidos de asilo, imposibilita a las personas que buscan medidas de protección en el país.

“CBP One crea esencialmente una lista de espera electrónica que restringe el acceso al proceso de asilo estadounidense a un número limitado de inmigrantes privilegiados”, apunta el texto legal introducido en una corte federal en California este jueves por las organizaciones Al Otro Lado y Haitian Bridge Alliance, junto a diez migrantes que afirman que la aplicación bloqueó su intento de pedir asilo.

El gobierno de Joe Biden lanzó CBP One en enero ante el inminente final del Título 42, la norma sanitaria activada bajo la administración del expresidente Donald Trump para frenar la pandemia de covid-19.

El Departamento de Seguridad Nacional considera la aplicación una “herramienta clave” en su política de desincentivar cruces ilegales.

Este mes las autoridades informaron que entre enero y junio 170.000 personas programaron a través de CBP One una cita para presentarse ante un puerto de entrada.

Sin embargo, decenas de migrantes apostados en ciudades fronterizas de México e imposibilitados para presentarse personalmente ante la frontera en busca de asilo han criticado el recurso desde su activación en enero, al igual que activistas.

Acceder a la aplicación exige tener un teléfono inteligente, internet y electricidad, lo que no es común entre migrantes que realizan largos y peligrosos periplos huyendo de sus países de origen.

“Incluso en las mejores circunstancias, la aplicación CBP One es notoriamente defectuosa, y su discriminatoria tecnología de reconocimiento facial ha impedido a muchos inmigrantes negros y de piel más oscura obtener una cita”, dijeron las organizaciones demandantes este jueves en un comunicado.

El documento legal establece que al devolver a los migrantes que no tengan una cita en la aplicación son expuestos a mayores peligros.

“La nueva política de devolución de la administración Biden es solo la última manifestación del esfuerzo de varios años del gobierno de los Estados Unidos para bloquear el acceso al asilo en la frontera sur”, dijo Melissa Crow, Directora de Litigios del Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS), que representa a las organizaciones y a los migrantes en la demanda.

“Al mantener el asilo detrás de una aplicación de teléfono inteligente inaccesible, la política de devolución viola nuestras leyes, se burla de nuestro sistema de asilo y deja atrás a los refugiados más marginados”, agregó.

Esta demanda es el más reciente desafío legal que enfrenta en materia fronteriza la administración Biden, que se ha enfocado en desarrollar programas y alternativas de migración legal en un intento de disminuir las estadísticas de cruces no autorizados.

Benjamín Pérez se gana la vida limpiando viviendas en Miami. Trabaja sin permiso legal, como otros miles de extranjeros que forman una mano de obra primordial para el estado de Florida. El futuro de todos ellos pende ahora de un hilo por una ley migratoria recién aprobada.

La iniciativa impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis busca, entre otras cosas, impedir la contratación de personas indocumentadas.

A partir del 1 de julio, las compañías de más de 25 empleados deberán comprobar en una base de datos federal el estatus legal de las personas a las que deseen emplear. Ignorar esa obligación y contratar a un extranjero en situación irregular conllevará multas cuantiosas.

Pérez, de 40 años, lleva dos décadas viviendo y trabajando en Estados Unidos, pero teme no poder seguir haciéndolo. Como muchos, abandonó su país natal, México, buscando una mejor situación económica. Fue albañil hasta que una lesión lo obligó a cambiar de sector.

Ahora vive en un apartamento del centro de Miami con su esposa nicaragüense y un sobrino de ella, Joel Altamirano. Los tres trabajan. Ninguno tiene permiso para hacerlo.

“Para los que venimos sin ningún documento, más que con las ganas de trabajar, se nos hacen más estrechos los caminos para encontrar un empleo”, lamenta Pérez, que pide usar un seudónimo por temor a los servicios migratorios.

“El sueño americano no es nada más que eso, un sueño”, añade. “El gobierno nos acorrala cada día más. Esta vez el trato es sin misericordia. Prácticamente ya no valemos nada”.

 “Efectos devastadores”

En Florida, un estado de unos 22.2 millones de habitantes, viven 772 mil migrantes indocumentados, según una estimación del laboratorio de ideas Migration Policy Institute.

Muchos de ellos trabajan en sectores esenciales para la economía estatal como la agricultura, la construcción y la hostelería.

Impedir que lo sigan haciendo tendrá graves consecuencias económicas, advierte Samuel Vilchez, director para Florida de la American Business Immigration Coalition, una asociación empresarial que aboga por una mejor integración de los migrantes en la economía.

“Ataca a nuestras empresas y les impide crear nuevos puestos de trabajo, generar ingresos y prestar los servicios que pretenden ofrecer”, advierte Vilchez. “Va en contra de lo que sabemos que es bueno para la economía y tendrá efectos devastadores para Florida”.

Según la oenegé Florida Policy Institute, la nueva ley podría generar pérdidas anuales de US$12 mil 600 millones para la economía del estado al reducir la mano de obra, los gastos de los migrantes indocumentados y los impuestos que pagan.

La incertidumbre creada por el cambio legal ya tiene consecuencias en los lugares de trabajo, a pesar de que aún no ha entrado en vigor y de que no obliga a denunciar la presencia de extranjeros en situación irregular.

“En la compañía donde yo trabajo muchas personas se han ido, se han movido de estado. Hay mucho temor por la ley”, dice Altamirano (otro seudónimo), un obrero de la construcción de 38 años.

 “Es injusto”

El gobernador DeSantis, que parece listo para desafiar al expresidente Donald Trump en las primarias republicanas de 2024, se ha convertido en una figura de la derecha estadounidense por impulsar una agenda muy conservadora en asuntos como la educación, el aborto o la inmigración ilegal.

La semana pasada, acusó al gobierno del demócrata Joe Biden de desatender la frontera sur de Estados Unidos y defendió la nueva ley como una medida necesaria para reducir la delincuencia y el narcotráfico vinculados, según él, a la llegada de migrantes indocumentados.

Pérez y Altamirano deploran que las autoridades los asimilen a delincuentes y se sienten víctimas de las ambiciones personales de DeSantis.

“Todos los políticos quieren su parte del pastel y nosotros pagamos los platos rotos”, dice el mexicano. “Vinimos para trabajar, enviar dinero a nuestras familias, gastarlo aquí y pagar impuestos. Esto es injusto”.

Si la ley les impide ganarse la vida, tendrán que abandonar Florida y empezar de cero en otro lugar de Estados Unidos. Adaptarse una vez más.

De momento no piensan regresar a sus países. Varios familiares dependen de sus remesas y, en el caso de Altamirano, está el temor de volver a vivir bajo el gobierno autoritario de Daniel Ortega en Nicaragua.

Pérez quisiera que el país en el que tantas horas ha trabajado reconociera, algún día, su presencia.

“Para Estados Unidos nosotros no existimos”, dice, pero este país “fue construido por gente de todas partes y yo soy uno de ellos”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes 22 de mayo que su Gobierno otorgará visas temporales de un año a centroamericanos para trabajar en las obras públicas del país, como el Tren Maya, una de las construcciones más emblemáticas de su Administración.

“Esta semana voy a presentar un programa para nuestros hermanos centroamericanos con el propósito de que puedan tener visas temporales para trabajar en las obras públicas en México, que puedan estar legalmente en nuestro país con visas temporales de trabajo”, informó el mandatario en su rueda de prensa diaria.

Los periodos de trabajo, precisó, podrían ser intermitentes y estarían bien remunerados.

“Los sueldos también en nuestro país están aumentando, en el Tren Maya los operadores, choferes, obreros, ya están ganando mejor, porque hay más demanda de empleo, entonces las empresas están pagando más. Son sueldos atractivos para venir, trabajar 15 días y regresar”, explicó.

El pasado sábado, continuó López Obrador, recibió una carta de su homólogo estadounidense, Joe Biden, para congratularlo por el trabajo realizado en cuestión migratoria y expresando su compromiso de invertir más en Centroamérica y en el Caribe.

“Estamos trabajando de manera conjunta”, aseguró el mandatario mexicano acerca de este tipo de políticas migratorias, que dijo que todavía hay que “afinar”.

“No es correcto estar rechazando migrantes cuando se necesita fuerza de trabajo. Si no, ¿cómo va a haber crecimiento? Hay lugares en Estados Unidos donde no hay trabajadores”, añadió.

López Obrador admitió que las obras públicas promovidas en su sexenio, entre las que destacan el Tren Maya y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, también están necesitadas de mano de obra.

“Nos hacen falta muchos fierreros, soldadores, incluso ingenieros, profesionales”, subrayó.

Para el Tren Maya, que recorrerá la región del sur de México y que está previsto que se inaugure el próximo diciembre, agregó que el Gobierno está mandando a conductores o mecánicos a Europa para que reciban capacitación.

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Las obras públicas, que López Obrador ha convertido en los proyectos insignia de su Administración, han estado rodeadas de polémica por el papel que están teniendo las Fuerzas Armadas en su construcción y gestión, enmarcado en una serie de estrategias que han impulsado la militarización del país.

También se ha criticado el impacto medioambiental y sobre las comunidades indígenas que tendrá el Tren Maya, efectos que el Gobierno ha negado.

Respecto a los potenciales trabajadores provenientes de los países de Centroamérica como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, desde donde muchos migrantes llegan a México en busca de cruzar hasta Estados Unidos, López Obrador no aclaró el procedimiento que tendrán que llevar a cabo para conseguir la visa temporal de trabajo. EFE

Con la finalización del Título 42 en Estados Unidos, en Guatemala y Colombia comenzarán a funcionar los centros regionales de procesamiento para migrantes, un esfuerzo por reducir la llegada de migrantes a la frontera sur de EE. UU.; sin embargo, algunos creen que este es un fenómeno que no desaparecerá si no se solucionan las causas, a esto se suma a la poca información que existe.

Este jueves 11 de mayo finaliza el Título 42 y entra en vigor el Título 8, con lo que se señala que los migrantes enfrentarán consecuencias más graves por cruzar la frontera ilegalmente.

Las personas que crucen la frontera sin solicitar asilo primero en un tercer país serán expulsadas y no serían elegibles para hacerlo en Estados Unidos; mientras autoridades estadounidenses insisten en que la vía para aplicar a procesos migratorios será a través de una cita por medio de la aplicación CBP One.

Por ahora, Guatemala y Colombia serán los países donde se implementarán los centros regionales de procesamiento para que migrantes puedan solicitar asilo, pero hay incertidumbre de cómo funcionarán por la falta de información.

“¿Qué va a pasar con aquellos que no clasifiquen? Serán miles”, advirtió este miércoles 10 de mayo el director de la Casa del Migrante en la zona 1 de la capital de Guatemala, Francisco Pellizzari.

Afirmó que hay falta de información de los centros que se implementarán en Guatemala y advirtió que pese a ello la migración irregular seguirá hasta que no se trabaje en las causas de raíz.

En los primeros cuatro meses del 2023, esta Casa del Migrante contabilizó más de 8 mil migrantes atendidos. “Es incluso un número mayor a las caravanas migrantes”, dijo Pellizzari al recordar las movilizaciones previo a la pandemia entre 2018 y 2019.

Agregó que será una cifra que estará en aumento pese a las medidas que se buscan implementar en Guatemala y Estados Unidos.

Cómo funcionarán

Mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha limitado a informar que estos lugares no serán espacios de acogida de refugiados, ni albergues y buscarán gestionar procesos de reunificación familiar, refugio y asilo, así como visas temporales de trabajo.

Pellizzari agregó que los migrantes tienen muchas dudas y falta de información, pero pese a que vence el Título 42 continúan con su camino, ya que invirtieron para el recorrido y algunos vienen desde Colombia y Venezuela.

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Indicó que como Casa del Migrante también duda sobre qué va a pasar sobre los migrantes que no aplican para el asilo o los que no saben cómo aplicar.

“Qué va a pasar con los que aplican y después tienen que esperar la respuesta, dónde van a esperar la respuesta. Hay mucha incertidumbre en lo que es la aplicación de estas medidas”, manifestó.

Dijo que la habilitación de este centro en Guatemala no incrementará el flujo migratorio, pues posiblemente los migrantes seguirán su camino irregular, aunque el fenómeno de la expulsión sigue estando.

Señaló que no se sabe qué va a pasar luego del 11 de mayo cuando venza el Título 42.

Añadió que hay que reenfocarse en el bien de las personas, y no en interese políticos partidarios, ya que a EE. UU. le interesa preparar una campaña política próxima y la migración se hace un chivo expiatorio para justificar algunas medidas para conseguir votos.

Aunque el Gobierno de Estados Unidos promulgó este miércoles una nueva norma que restringe el acceso al asilo en la frontera con México y sustituye al Título 42, una regla de la administración Trump que permitía las devoluciones en caliente de migrantes amparándose en una posible expansión del coronavirus.

Más países

El secretario de Estado de EE.UU.,  Antony Blinken, planteó este miércoles la posibilidad de que otros países se sumen al acuerdo con España y Canadá para acoger a migrantes latinoamericanos, si bien no detalló negociaciones al respecto con ningún país en concreto.

Así se expresó el líder de la diplomacia estadounidense durante una rueda de prensa con el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras sostener un encuentro en Washington.

“Estamos muy contentos y agradecidos de que España esté participando (en el acuerdo). También participa Canadá y posiblemente otros países podrían hacerlo”, dijo Blinken al ser preguntado si otras naciones europeas se sumarán al plan, informó EFE

El denominado Título 42 vencerá el 11 de mayo 2023 y el propósito era expulsar de Estados Unidos a los indocumentados durante la pandemia del covid-19, esto por temas de salud pública.

Permitía al gobierno estadounidense detener el ingreso de migrantes ilegales para prevenir esta enfermedad transmitible desde afuera de las fronteras de aquel país.

La norma estaba vigente desde marzo de 2020 cuando la impuso la administración de Donald Trump con el pretexto evitar contagios de coronavirus.

El 20 de mayo 2022, un juez estadounidense impidió a la administración de Joe Biden poner fin a la política sanitaria que Estados Unidos impuso al comienzo de la pandemia y que permitía la expulsión inmediata.

Sus orígenes

El Título 42, como se denomina la medida sanitaria que tiene sus orígenes en una ley del siglo XIX y que raramente fue utilizada, concedía a las autoridades estadounidenses la potestad de expulsar de forma inmediata y sin proceso legal a los migrantes sin visa que se presentaban en su frontera terrestre, incluso aquellos que solicitaban asilo, cita una información de AFP.

La decisión que lo amplió

La administración del demócrata Joe Biden anunció que la medida expiraría el 23 de mayo 2022, pero a pedido de 24 estados controlados por el Partido Republicano, el juez estadounidense, Robert Summerhays, emitió una orden judicial temporal que bloqueó esa acción y había dejado la medida en pie.

La decisión no fue bien recibida por la Casa Blanca, que expresó su desacuerdo con el fallo y anunció que el Departamento de Justicia apelará la decisión.

AFP destaca que con la expiración del Título 42, los migrantes podrán nuevamente presentar solicitudes de asilo tramitadas por la vía judicial, pero es un proceso que puede demorar años.

Esto ha llevado a la administración de Biden a estar bajo fuerte presión del Partido Republicano, que reclama una frontera bajo control.

Llegada de 1 millón de personas

Algunos integrantes de este partido conservador pronostican la llegada de un millón de personas a la frontera en los próximos tres meses.

En un intento por prevenir llegadas masivas a la frontera, el gobierno de Biden creó nuevas reglas que animan a los migrantes a pedir cita para sus solicitudes de asilo desde una aplicación móvil.

Pero los que se encuentran en Ciudad Juárez, México, se quejan de que la aplicación CBP One no funciona bien.

Cuántas veces ha sido usado

Desde que entró en vigor en marzo de 2020, el Título 42 ha sido usado 2.8 millones de veces para deportar automáticamente a México a los migrantes que cruzaban a EE. UU., según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Aumento de migrantes

Estados Unidos está preparado para la posible llegada de miles de migrantes a partir del viernes 12 de mayo 2023, una vez que expire una regla activada durante la pandemia que hizo casi imposible solicitar asilo en la frontera con México.

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Las ciudades estadounidenses de El Paso, Brownsville y Laredo están en emergencia y lidian como pueden con cientos de personas, la mayoría de América Latina, y otras de China, Rusia y Turquía.

En El Paso algunos migrantes duermen en las calles, se cubren del sol con sábanas o descansan sobre cartones; además, niños mugrientos piden limosnas.

Qué es el llamado título 8

Se trata de una disposición migratoria que se aplica desde hace décadas, incluso durante los últimos años, y que permite expulsar a todo aquel que entre a Estados Unidos sin una visa o documentación requerida.

Cuando llega un migrante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos llevan a cabo las llamadas “entrevistas de miedo creíble”, en las que evalúan si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país.

Si concluyen que existe, se lanza un proceso migratorio y deberá comparecer ante un juez. Entre tanto puede quedarse en EE. UU.  o bien puede ser enviado a México, en virtud de la política conocida como “Quédate en México”, para que espere allí la cita judicial.

Si estiman que no existe un peligro lo expulsan a través de una “deportación acelerada”, según información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Implicaciones para los migrantes

El Título 8, al contrario del Título 42, trae aparejadas sanciones: si el migrante intenta entrar de nuevo sin una documentación válida se le castiga con una prohibición de reingreso de al menos cinco años y posibles procesos penales.

Este permite expulsar automáticamente a quienes no califican para solicitar asilo.

El Gobierno estadounidense busca desalentar a quienes han emprendido el camino hacia ese país.

La Voz de América publicó un video en el que hace referencia a las revelaciones del diario The New York Times sobre denuncias reiteradas de explotación laboral que fueron cometidas contra niños migrantes.

Señala que según The New York Times, la respuesta del gobierno de Estados Unidos a estas denuncias de explotación laboral fueron ignoradas o pérdidas.

Según ese medio, al que hace eco Voz de América, debido a que había refugios sobrecargados la administración se apresuró a liberar los niños con poco apoyo a patrocinadores que les asignaron trabajos agotadores y peligrosos en construcciones, hoteles y mataderos.

Afirman que varias veces empleados gubernamentales veteranos y contratistas externos le dijeron al Departamento de Salud y Servicios Humanos que los niños parecían estar en riesgo, e  incluso hubo informes que llegaron al secretario Javier Becerra.

Según la publicación, las autoridades habrían perdido contacto con decenas de miles de niños después de colocarlos con patrocinadores.

Según la Voz de América, en los últimos 2 años más de 250 mil niños migrantes llegaron solos a la frontera sur de Estados Unidos, luego que el presidente Joe Biden anunciara en países latinoamericanos que los menores de edad no serían retornados a sus países.

Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Estado anunciaron el pasado 12 de abril, cambios para mejorar el programa de Menores Centroamericanos (Central American Minors, CAM), se informó en un comunicado de prensa.

Según el documento, los cambios “se basan en los esfuerzos continuos de la Administración Biden-Harris por ofrecer alternativas a la migración peligrosa e irregular hacia la frontera”.

Se explica que el CAM permite a determinadas personas, que se encuentren en Estados Unidos, “solicitar el acceso al Programa Estadounidense de Admisión de Refugiados (U.S. Refugee Admissions Program, USRAP) para un posible reasentamiento en Estados Unidos en representación de hijos suyos que cumplan los requisitos y se encuentren en El Salvador, Guatemala y Honduras”.

El documento hace referencia a que las modificaciones anunciadas en la Notificaciones del Boletín Federal (Federal Register Notice, FRN) “amplían el acceso al programa y agilizan ciertos procesos, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14010 del presidente Biden, que tuvo por objeto reinstaurar y mejorar el programa CAM”.

“El programa de Menores Centroamericanos ofrece a menores de edad en situación vulnerable una forma segura y ordenada de acceder a la protección humanitaria en Estados Unidos”, dijo el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas.

Ampliación

“Mediante la ampliación de este importante programa que se dispuso en el día de hoy, estamos reforzando las vías legales de migración para que las personas no pongan sus vidas en peligro en manos de contrabandistas despiadados”, explicó.

“Estados Unidos asumió el compromiso de promover una migración segura y ordenada en nuestro hemisferio, como dejamos en claro nosotros y nuestros socios de la región en la Declaración de Los Ángeles. Más allá de los miles de casos que hemos procesado desde el relanzamiento en 2021, seguimos decididos a buscar nuevas formas de mejorar las vías legales como el programa de Menores Centroamericanos”, comentó el secretario de Estado Antony J. Blinken.

Según el documento, entre las mejoras anunciadas incluyen las siguientes destinadas a solicitantes del programa CAM que no sean considerados elegibles para el reasentamiento como refugiados y para quienes se recomiende la permanencia temporal (parole) en Estados Unidos por otras razones humanitarias:

*Solicitantes del programa CAM que fueron entrevistados entre el 16 de agosto de 2017 y el 31 de enero de 2018 que no calificaron para acceder al estatus de refugiado y no fueron elegibles para la permanencia temporal (parole) después de que se haya dado por concluida en 2017 esa posibilidad en el marco del programa CAM ahora serán elegibles para solicitar la permanencia temporal.

*Se permitirá que las personas que brindan patrocinio económico a los solicitantes presenten una declaración jurada para aquellos casos del programa CAM que requieran dicha prueba, en lugar de exigir a los solicitantes que completen el Formulario I-134, Declaración de Patrocinio Económico, como prueba de dicho patrocinio económico.

El comunicado señala que el 15 de junio de 2021, el Departamento de Estado y el DHS relanzaron el programa CAM y ampliaron la elegibilidad para presentar una Declaración Jurada de Parentesco (Affidavit of Relationship) por parte de padres radicados en Estados Unidos que soliciten el acceso al USRAP, que ahora incluye a los tutores legales, así como a los padres y tutores legales que tengan solicitudes de asilo pendientes, o pedidos pendientes de estatus de no inmigrante U presentados antes del 15 de mayo de 2021.

Agrega que la fecha límite se ampliará a quienes hayan presentado la solicitud al 11 de abril de 2023. Asimismo, la elegibilidad ahora también se extiende a los padres o tutores legales que tengan solicitudes pendientes de estatus de no inmigrante T (visado T) presentadas el 11 de abril de 2023 o previamente a esa fecha.

El comunicado también detalla que el programa CAM se implementó en 2014 para permitir a ciertos menores de El Salvador, Guatemala y Honduras, que tuvieran familiares con presencia legal en Estados Unidos que reunieran los requisitos, su admisión en Estados Unidos con carácter de refugiados.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) estudió caso por caso la posibilidad de conceder la permanencia temporal por motivos humanitarios (parole) a quienes no reunían los requisitos para obtener el estatus de refugiado. En agosto de 2017, el DHS puso fin al componente de permiso temporal (parole) del programa CAM, y el Departamento de Estado dejó de aceptar nuevas solicitudes en noviembre de 2017.

Se añade que hasta la fecha en que cesaron las entrevistas del programa CAM el 31 de enero de 2018, casi 1 mil 800 solicitantes de dicho programa habían llegado a Estados Unidos como refugiados, y otros 1 mil 450 como personas con permiso temporal (parole).

Así lo aseguró este lunes a EFE un alto cargo del Gobierno estadounidense en la víspera de la Cumbre de Líderes de América del Norte que reunirá en Ciudad de México al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador; al de Estados Unidos, Joe Biden; y al primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

El funcionario dijo que Estados Unidos y México coordinaron “de forma muy estrecha” el plan migratorio que Biden anunció la semana pasada para frenar las llegadas de personas a su frontera sur.

Este programa prevé entregar 30 mil permisos temporales a migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, pero expulsar a México automáticamente a todos los que crucen la frontera de forma irregular.

Inversión

“Ellos sí acordaron recibir a más población”, dijo el funcionario sobre México, “pero también estamos explorando cómo expandir la inversión en Centroamérica y potenciar la prosperidad en la región”

La inversión para el desarrollo de Centroamérica es una demanda reiterada del Gobierno de México a Estados Unidos para atajar la crisis migratoria.

Biden y López Obrador hablaron de forma “muy detallada sobre estos temas” durante el trayecto de una hora por carretera que hicieron desde el aeropuerto hasta el centro de Ciudad de México, y seguirán la conversación este lunes en un encuentro bilateral, dijo la citada fuente.

El funcionario defendió que el plan, criticado por organizaciones defensoras de migrantes, busca “disuadir” a las personas a que viajen por la peligrosa selva del Darién en Panamá o “den dinero” a traficantes de personas.

El martes, la capital mexicana albergará la Cumbre de Líderes de Norteamérica, conocida como la de los Tres Amigos, con la participación de López Obrador, Biden y Trudeau.

El funcionario dijo que los mandatarios buscarán en el terreno comercial “fortalecer las cadenas de suministro frente a choques globales” como la invasión rusa de Ucrania o la competitividad con China.

De la cumbre, concluyó, saldrán una serie de acuerdos sobre “temas muy técnicos” que demostrarán que Norteamérica está “cooperando”.

“Las ilegales políticas fronterizas de la administración Biden causan daños” a los “intereses cuasisoberanos” de este estado al obligarlo a “incurrir en gastos de millones de dólares”, subraya la demanda, presentada por la fiscal estatal, Ashley Moody, en una corte federal en Pensacola, norte de Florida.

“Queremos que sean reinstauradas las políticas predecesoras” del Gobierno de Donald Trump (2017-2021) en materia migratoria, dijo hoy el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, en una rueda de prensa en la que criticó las que considera “destructivas políticas migratorias” y “de fronteras abiertas”.

El gobernador dijo que desde que el demócrata Biden asumió la Presidencia en enero pasado la Patrulla Fronteriza “ha liberado a casi un cuarto de millón de inmigrantes ilegales” en el país.

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“Es absolutamente una crisis”, manifestó DeSantis, quien aprovechó la rueda de prensa para anunciar la designación del exfiscal federal Larry Keefe como el nuevo “zar” estatal de Seguridad Pública.

DeSantis dijo que la crisis ha sido creada tras la eliminación de políticas migratorias como “Permanecer en México” instaurada en 2019 por el republicano Trump, su padrino político, actualmente motivo de una batalla judicial, y por la que unos 70.000 migrantes fueron obligados a esperar en el país vecino el desarrollo de sus pedidos de asilo.

El gobernador dijo hoy que muchos de esos solicitantes de asilo “ni siquiera califican” para ello, y más bien los números “hablan por sí solos”.

Crisis en la frontera

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) reveló este mes que en agosto pasado fueron aprehendidos más de 208 mil indocumentados en la frontera sur de EE.UU., un 2 % menos que los más de 212 mil de julio, cuando se alcanzó el mayor pico de los últimos 20 años.

El gobernador señaló que en julio más de 60 mil extranjeros ilegales fueron detenidos y posteriormente liberados por la Patrulla Fronteriza, un “gigantesco aumento” respecto a los 1.324 en esta categoría que fueron liberados en enero.

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Agregó que en el último mes completo de la Administración Trump solo fueron liberadas 17 personas que entraban en esa categoría.

La demanda es contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y agencias subordinadas como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), así como al propio secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a quien DeSantis, como recordó hoy, le pidió el pasado mes que restablezca las políticas migratorias de Trump.

La fiscal Moody manifestó que Florida gasta cada año unos 100 millones de dólares por “encarcelar a indocumentados”, además de otros montos añadidos y que están relacionados a servicios sociales.

“Los cárteles de drogas están teniendo un picnic, están viendo aumentar sus ganancias”, exclamó Moody.

En la conferencia, DeSantis anunció la firma de una orden ejecutiva mediante la cual, entre otras cosas, prohíbe a todas las agencias de Florida bajo el ámbito del gobernador que “faciliten la inmigración ilegal” a este estado, además de pedirles la recopilación de información “sobre el alcance y los costos de la inmigración ilegal”.

Precisó que Keefe será el encargado de supervisar los alcances de la orden, así como todo lo relacionado con la inmigración en este estado.

“Como exfiscal federal, vi a extranjeros ilegales que eran deportados y regresaban, y luego eran deportados y regresaban, en un ciclo interminable”, señaló hoy el flamante zar.