El presidente Donald Trump prometió durante la campaña de 2016 hacer más difícil la inmigración a Estados Unidos, así como reducir el número de personas que se les permite permanecer en el país.

El DHS dijo que bajo la nueva propuesta, ser un actual o antiguo receptor de ciertas ayudas públicas sería considerado como “un factor de peso altamente negativo” para considerar un aplicación para obtener la residencia permanente (tarjeta verde).

“La reglamentación propuesta instrumentará una ley aprobada por el Congreso que busca promover la inmigración auto-suficiente y proteger los recursos finitos asegurando que no se conviertan en cargas para los contribuyentes estadounidenses”, dijo la secretaria de seguridad Interior, Kirstjen Nielsen.

Deben probar que no se convertirán en una carga pública

Ya se solicita a los inmigrantes que aplican a la tarjeta verde a que prueben que no se convertirán en “una carga pública”, considerando los recibos de beneficios en dinero.

Pero la nueva norma incluye un amplio espectro de beneficios públicos no monetarios que podrían ser descalificadores, como bonos de alimentación, cupones para vivienda y descuentos en las recetas de medicamentos por bajos ingresos.

El DHS que la normativa afectaría a poco más de 382.200 inmigrantes que aplican para ser residentes permanentes cada año.

La reglamentación afectaría principalmente a inmigrantes legales o personas que buscan ingresar legalmente al país, pues los inmigrantes indocumentados no son elegibles para recibir beneficios públicos.

En junio, un informe que examinó los potenciales efectos -basados en un borrador filtrado- el Instituto de Política Migratoria advirtió que muchos inmigrantes y sus familias pueden renunciar a beneficios y servicios para los que son elegibles “por temor a consecuencias reales o percibidas”

Los defensores de los migrantes también expresaron temores de las las familias podrían verse en la disyuntiva de elegir entre mantener la familia unida o acceder a las necesidades.

La reglamentación “coloca a la riqueza por encima de la familia, negando a las familias trabajadoras comunes un lugar en Estados Unidos”, dijo Olivia Golden, directora ejecutiva del Centro Legal de Políticas Sociales.

La propuesta estará sujeta a un período de comentarios de 60 días antes de entrar en vigor.