Algunos de los que acceden a hablar al respecto eligen con cuidado sus palabras porque es un tema “complicado con el que hay que protegerse porque las autoridades intentan controlar”, le dice a BBC Mundo un taxista pakistaní que prefiere mantenerse bajo anonimato.

Qatar, uno de los países más ricos del mundo, no está libre de pobreza. Y si no se habla lo suficiente de ella es también por lo oculta a la vista que puede resultar.

Parte de los extranjeros que la experimentan viven en barrios aislados y peor comunicados, lejos de las zonas frecuentadas por turistas y aficionados.

Gracias principalmente al dinero del gas y el petróleo, Qatar cuenta con un producto interno bruto de US$180.000 millones que ha atraído a cientos de miles de migrantes para poder invertir en construcciones enormes en el desierto.

Qatar tiene alrededor de tres millones de habitantes. De ese total, solo 350.000 (un 10% de la población) son qataríes. El resto son extranjeros. Qataríes y expatriados occidentales cuentan con altos salarios y grandes beneficios sociales.

Según las estadísticas oficiales, Qatar eliminó virtualmente la pobreza, aunque hay otra realidad distinta para muchos migrantes del sudeste asiático.

“Muchos de los que vienen de países como India, Nepal, Bangladesh o Pakistán no tienen cualificación y apenas hablan inglés. Aunque aquí tienen mejores estándares de vida que en sus países de origen, una parte importante vive con lo justo, bajo salario mínimo y compartiendo una habitación de seis para mandar dinero a sus países”, cuenta el taxista pakistaní.

Tratamiento desigual

En un país donde qataríes y expatriados occidentales pueden ganar varias decenas de miles de dólares al año más beneficios, muchos empleados sin cualificar no tienen mayor paga asegurada que la del salario mínimo mensual, apenas US$275.

Qatar se convirtió en 2020 en el primer país árabe en abolir en efecto el controvertido sistema kafala (patrocinio en árabe) y el segundo en establecer un salario mínimo para todos los trabajadores independientemente de su nacionalidad después de Kuwait.

• Qué es el kafala, el controvertido sistema de empleo por patrocinio que “esclaviza” a los trabajadores

Cuando el kafala estaba vigente, si un empleado cambiaba de trabajo sin autorización, por ejemplo, podía enfrentar cargos penales, arresto y deportación.

Los empleadores a veces confiscaban el pasaporte de sus empleados, forzándolos en la práctica a permanecer de forma indefinida en el país.

Muchos migrantes también debían pagar una tasa de contratación a sus reclutadores de entre US$500 y US$3.500 antes de abandonar sus países.

Para ello, la mayoría tuvo que recurrir a préstamos con intereses que les dejó en posiciones vulnerables.

Como parte de su regulación en materia de derechos laborales, Qatar también promulgó una ley que permitía a los trabajadores que habían completado sus contratos cambiar de trabajo libremente e impuso multas a las empresas que confiscaban pasaportes a empleados.

Pero a pesar de los progresos, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) insisten en que “los trabajadores migrantes aún dependen de sus empleadores para facilitar la entrada, la residencia y el empleo en el país, lo que significa que los empleadores son responsables de solicitar, renovar y cancelar sus permisos de residencia y trabajo”.

“Los trabajadores pueden quedarse sin documentos por causas ajenas a ellos cuando los empleadores no cumplen con dichos procesos, y son ellos, no sus empleadores, quienes sufren las consecuencias”, dice este informe de HRW de 2020.

El año pasado, HRW señaló que los trabajadores extranjeros todavía sufren “deducciones salariales punitivas e ilegales” y enfrentan “meses de salarios impagos por largas horas de trabajo agotador”.

Y según Amnistía Internacional, las empresas aún presionan a los trabajadores para evitar que cambien de trabajo.

Un portavoz del gobierno de Qatar le dijo a la BBC que las reformas implementadas por el país están mejorando las condiciones laborales para la mayoría de los trabajadores extranjeros.

“Se ha logrado un progreso significativo para garantizar que las reformas se implementen de manera efectiva”, dijo el vocero.

“El número de empresas que incumplen las reglas seguirá disminuyendo a medida que se implementen las medidas de cumplimiento”, aseguró.

Copa del Mundo

Qatar construyó siete estadios para el Mundial, además de un nuevo aeropuerto, metro, calles y alojamientos.

La sede de la final, el Estadio Lusail, se encuentra en la ciudad del mismo nombre que prácticamente fue construida en los últimos cinco años.

Según el gobierno de Qatar, 30.000 trabajadores extranjeros fueron contratados para construir los estadios. La mayoría vinieron de Bangladesh, India, Nepal y Filipinas.

La cifra sobre el número de esos migrantes que murieron durante la preparación del Mundial es tema polémico y divisorio.

Basándose en informaciones de las embajadas en Qatar, el periódico británico The Guardian reportó que 6.500 trabajadores de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka murieron en Qatar desde 2010, cuando se le otorgó la sede del Mundial.

Pero Qatar condena tal cifra como engañosa e imprecisa, porque no todas esas muertes registradas son de trabajadores de proyectos vinculados a la Copa del Mundo y muchos pudieron haber muerto de vejez u otras causas naturales.

Qatar dice que en sus registros entre 2014 y 2020 hubo 37 muertes de trabajadores de la construcción de estadios y que solo la causa de tres de ellos estaba “relacionada al trabajo”.

Pero la Organización Internacional de Trabajo (OIT) dice que ese número no muestra toda la realidad, ya que Qatar no cuenta como vinculadas al trabajo las muertes por ataques cardíacos o insuficiencia respiratoria, síntomas comunes de insolación y cargas pesadas bajo altas temperaturas.

Según la OIT, 50 trabajadores extranjeros murieron y más de 500 resultaron gravemente heridos solo en 2021, mientras que otros 37.600 sufrieron lesiones leves a moderadas.

El servicio árabe de la BBC también ha reunido evidencia de que el gobierno de Qatar subestima las muertes entre los trabajadores extranjeros.

Tras la presión internacional por el trato a los trabajadores de los estadios y como parte de sus medidas de mejora, Qatar construyó Labour City (la ciudad del trabajo), un campo para acoger a muchos de estos migrantes.

Pero dicha instalación, para la que se destinaron cientos de millones de dólares, está fuertemente restringida para la prensa aquí en Qatar y ha sido criticada por su localización, en las afueras de Doha y lejos del lujo que aparece en las pantallas de televisión durante la cita mundialista.

*Reporte adicional de José Carlos Cueto, enviado especial de BBC News Mundo a Qatar.

El ente independiente explicó que, con un salario mínimo establecido por el Ejecutivo en 130 bolívares mensuales -unos 15,7 dólares en promedio durante septiembre-, millones de trabajadores y pensionistas solo pueden cubrir el 3,5 % del costo de la canasta alimentaria familiar.

El promedio de septiembre significa una disminución del 2,8 % respecto a agosto, cuando la cesta costaba 459 dólares, siempre según Cendas.

Asimismo, la inflación acumulada durante los primeros nueve meses fue de 111,8 %, según estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente integrado por expertos económicos y exdiputados.

Además, la moneda de Venezuela perdió casi la mitad de su valor en los últimos 12 meses, una devaluación que, pese a lo significativa, representa un avance frente a años anteriores cuando el bolívar se devaluaba hasta 50 % en un solo día.

La mayoría de venezolanos mayores de 55 años vive en la pobreza, con problemas para acceder a alimentos, medicamentos o servicios de salud, entre los que algunos no cuentan con familiares ni instituciones que les apoyen, según una encuesta presentada en septiembre por la ONG Convite.

En agosto de 2012 Maluma lanzó “Magia” su primer álbum de estudio que se convertiría en Disco de Oro en Colombia y le valió su primera nominación a los Latin Grammy como “Mejor Nuevo Artista”.

En 2015 Maluma lanzó su segundo álbum de estudio logrando combinar baladas suaves y reguetón, colaboró con grandes artistas del género urbano como Farruko y Arcángel, entre otros.

F.A.M.E., el cuarto álbum de Maluma vio la luz en 2018 y fue lanzado con el sencillo Marinero. Además de contar con grandes colaboraciones, ganó el Latin Grammy a Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo.  En mayo de 2019 Maluma presentó 11:11, su cuarto álbum de estudio, el quinto y más reciente álbum de Maluma Papi Juancho fue grabado durante la pandemia mundial en Medellín, su ciudad natal, y Miami.

Mientras en 2021 dio la voz a Mariano en la película de Disney, Encanto. Era el único galán de la historia.  En este año con su más reciente gira “Papi Juancho World Tour”, Maluma ha visitado varias ciudades en Asia, Estados Unidos, Europa y países de Oriente Medio.

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Un proceso dificil

Pero detrás de este éxito se conoce todavía poco de la vida del artista antes de llegar al estrellato.

Su nombre real es Juan Luis Londoño Arias, Maluma.  Sin duda, actualmente hay entrevistas y  el documental Lo Que Era, Lo Que Soy, Lo Que Seré de 2019 deja explorar parte de su pasado.

Por ejemplo, quería ser seleccionado de su país en fútbol, “el fútbol me dio responsabilidad, disciplina y perseverancia en mi carrera musical”, describe.  Aunque en un momento tuvo que decidir entre seguir jugando o la música, reconoce que no podía dividir su energía en las dos y él quería ser cantante.

Parte de su historia es recordar cuando era un niño y tuvo que apoyar económicamente a sus padres vendiendo sándwiches en su escuela.

Cuando tenía 10 años sus padres se separaron y esto hizo que pasara uno de los momentos más complicados para él y su familia.

“Vamos a buscar la manera de salir adelante. La poca plata que tienes en el bolsillo dámela para comprar dulces o sándwiches y venderlos en el colegio”, le dijo una vez a su mamá.   Así que vendió dulces y también hacia sándwiches para ayudar a su familia.

Luego empezó su caminar a través de distintas presentaciones en colegios, fiestas de quince años hasta que llegó una oportunidad cuando sus canciones empezaron a sonar en las radios.

Al hacerse conocido en Colombia empezó a hacer giras con ayuda de la familia.   “Tenía que pagar a todo el mundo que me acompañaba, para ahorrar costos dormiamos todos en un lugar y veíamos de qué manera podíamos ahorrar”, expresa en su documental.

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Los apagones se han convertido en un problema diario para millones de cubanos, que observan resignados cómo la corriente se va cada vez más a menudo y durante más horas.

Esto sucede en pleno verano boreal, con temperaturas difíciles de soportar sin un ventilador en funcionamiento o un refrigerador que conserve los alimentos frescos.

Los vecinos de Los Palacios, una población de unos 38.000 habitantes en la provincia de Pinar del Río, en el oeste del país, protestaron con una cacerolada la noche del jueves.

“Aquí hay niños sin comer porque no hay corriente”, exclamaba una de las participantes de la protesta espontánea, en uno de los videos difundidos ampliamente en las redes.

Los cientos de manifestantes también cantaron el himno nacional y gritaron consignas contra el presidente Miguel Díaz-Canel y los dirigentes cubanos, a quienes llamaron “barrigas llenas” o “descarados”, entre otras cosas.

#Urgente. Los Palacios en Pinar del Río en la calle… la situación del país es inaguantable, la propaganda no se come… fuerza mi gente!! pic.twitter.com/PURHnb1luv

— Mag Jorge Castro (@mjorgec1994) July 15, 2022

Las inusuales imágenes de este cacerolazo en Cuba ocurren un año después de las masivas protestas callejeras del 11 de julio de 2021, que se propagaron de forma espontánea desde la región occidental a toda la isla en pocas horas.

Un año después, la fiscalía cubana cifró en más de 700 los manifestantes procesados incluyendo penas de hasta 25 años de cárcel por sedición. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos ponen la cifra de detenidos en más de 1.400.

Este viernes, el medio oficialista Cubadebate reconoció que ocurrió la protesta en Pinar del Río en un artículo titulado “Inconformidad con prolongado apagón por tormenta local provoca incidente en Los Palacios” y “desmintió que la policía agrediera a quienes protestaban”.

¿Por qué hay apagones?

Desde hace un año la ya grave crisis económica de Cuba se ha profundizado aún más: decenas de miles de cubanos han abandonado un país donde escasean casi todos los productos, los servicios son precarios y pocos jóvenes ven un futuro.

Y donde los cortes de luz son cada vez más habituales.

Cuba tiene 5,87 GW de capacidad de generación instalada, aunque solo 3,2 GW están operativos, según el último informe de la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

Casi a diario el gobierno reporta fallas en sus centrales termoeléctricas, encargadas de cubrir la mayor parte de la demanda de hasta 3.000 megavatios (MW) en hora punta en un país en el que las renovables apenas aportan el 6%.

Por lo general, la UNE informa en los medios estatales de déficits puntuales de entre el 10 y el 20% de las necesidades eléctricas del país.

Las autoridades suelen atribuir las disrupciones de la producción y suministro a labores de mantenimiento, averías, incendios, escasez de combustible o falta de piezas por el embargo de EE.UU., entre otros motivos.

En el caso de Los Palacios, un dirigente provincial culpó del apagón del jueves a “inclemencias del tiempo” que causaron “afectaciones en un cable principal”, si bien los vecinos aseguran llevar semanas sufriendo cortes similares.

Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, cree que hay un problema estructural sin solución visible a corto plazo.

“Las termoeléctricas no están funcionando porque tienen más de 40 o 45 años de explotación, no se les ha dado mantenimiento regular ni inversión, y usan crudo nacional cubano con alto contenido de azufre”, explica a BBC Mundo.

A esto se suma la reciente escasez de diésel en la isla, donde se han observado largas colas frente a las gasolineras.

Y, por si fuera poco, la demanda de electricidad en Cuba ha crecido de forma sostenida en la última década.

“Esto se debe al aumento del consumo en el sector residencial: los familiares en EE.UU. mandan remesas y los cubanos se compran un aire acondicionado, tienen un microondas…”, explica Piñón.

Las autoridades cubanas han aplicado algunas soluciones provisionales en años recientes, como incorporar centrales eléctricas flotantes procedentes de Turquía, que aportan algunas decenas de MW.

Otros proyectos de mayor magnitud, desde la creación de un parque eólico masivo hasta una central que funcionaría con biomasa de caña de azúcar, no han llegado a concretarse o no han dado los resultados esperados.

¿Cómo afectan a los cubanos?

“Antes al menos la quitaban de una a tres horas, ahora quitan la corriente seis, siete u ocho horas seguidas. Estamos hartos”, declara a BBC Mundo una estudiante de 20 años de Pinar del Río que prefiere mantener el anonimato.

La joven asegura que los cortes de luz diarios les causan a su familia y sus vecinos graves trastornos.

“Aquí no hay muchos recursos y hay gente que no tiene con qué alumbrarse; además, no puedes dormir del calor y la incomodidad y al otro día ya tienes que levantarte e irte a trabajar o a la escuela”, protesta.

Explica que lo peor es no poder cocinar, ya que a los cortes de corriente se suma la escasez de gas.

“Para rellenar el balón de gas tienes que pasarte 3 o 4 días haciendo cola, y si tampoco hay luz la gente no tiene cómo cocinar y muchos se quedan sin comer”.

Otra joven universitaria de la provincia central de Matanzas aseguró que los apagones nocturnos le están impidiendo estudiar en plena temporada de exámenes.

Y desde San Antonio de los Baños, a unos 30 km de La Habana, un vecino explicó a BBC Mundo que cada día les cortan la luz durante 8 horas.

“A veces no la quitan durante 3 días para que la gente crea que todo va bien, y después otra vez”, asegura.

San Antonio de Los Baños es un lugar significativo, ya que allí comenzaron las protestas antigubernamentales de hace un año.

Los apagones terminaron entonces de colmar la paciencia de un vecindario golpeado por la falta de alimentos, productos de aseo y medicinas, que se echó a la calle en masa a protestar en un inédito desafío a las autoridades del Estado comunista.

¿Y en La Habana?

No todo el territorio cubano sufre de la misma manera los apagones.

“Yo no estoy notando especialmente los cortes de luz”, asegura un profesional español que vive en el barrio del Vedado en La Habana.

La capital -y en especial sus barrios más emblemáticos como el Vedado o la Habana Vieja- suele ser el último lugar en quedarse sin corriente.

“La Habana siempre ha sido protegida por el impacto político y turístico que pueda tener”, afirma Piñón.

Mientras, los cubanos en las ciudades de provincias y las zonas rurales se acostumbran como pueden a su nueva normalidad energética.

“Realmente es estresante tener que estar pensando cuándo regresará la corriente; y cuando la tienes, pensar cuándo la van a quitar y tratar de hacer todo en el momento en que la ponen: cocinar, lavar, planchar…”, lamenta la joven estudiante de Pinar del Río.

Los intensificados cortes eléctricos llegan en la mayor crisis en Cuba desde la década de 1990, cuando la caída de la Unión Soviética provocó un colapso económico en la isla, en la etapa conocida como el “período especial”.

Además de la escasez de alimentos, ropa y productos básicos, quienes vivieron el período especial recuerdan de aquellos años los constantes apagones.

Pedro Cornelio Yac García, de 23 años, se graduó de Bachillerato en Computación.  Vive junto a su hermano Gilson Gerónimo Yac de 38 años, quien padece meningitis desde los 8 meses.

Recientemente, su situación se hizo viral, ya que Pedro fue captado en el puente El Incienso cuando cargaba en su espalda a su hermano Gilson.

En redes sociales fue compartida la imagen porque además, portaba un letrero para indicar que buscaba una oportunidad de trabajo.

Prensa Libre y Guatevisión entrevistaron al joven, quien narró parte de lo que vive. Junto a su hermano y su madre, Catalina García, de 65, viven en Lo de Fuentes, en la zona 11 de Mixco.

Todos los días salen a las calles para pedir dinero, pues deben tener recursos para comprarle pañales y leche a Gilson debido a su condición.

Una de las metas de Pedro es estudiar Comunicación Social y tener una vivienda propia donde vivir con su madre y hermano.

Pedro tiene dos años de estar desempleado y su objetivo es trabajar para sufragar los gastos de la familia, ya que también pagan alquiler.

“Pasaba por mi mente que ojalá me den trabajo y ganar el sustento de cada día”, manifestó.

Se le ha dificultado hallar trabajo, pues le pedían experiencia y eso lo motivó a salir con su hermano a las calles a buscar recursos.

Para leer más: “Los heridos gritaban al ver a sus familiares muertos” el relato de un pariente de víctimas de accidente en Nentón

Agregó: “Ha sido un reto grande, ahí estoy cada día con la ayuda de Dios luchando, nunca me canso”.

La imagen compartida en redes sociales dio fruto, ya que recibió varias llamadas telefónicas con posibles ofertas de empleo.

Recibió llamadas de empresas de seguridad, monitoreo, de mueblerías y entidades del Gobierno.

Dijo que está completando los documentos para optar a un trabajo en el Ministerio de Salud, aunque no especificó para qué puesto.

Uno de sus sueños es estudiar en alguna universidad, pero sus recursos se lo limitan. “Han sido días difíciles, pero ahí estamos”, resaltó.  

Dijo que a veces también sale su mamá para acompañarlos y que algunas personas ya los conocen y los apoyan.

Pagan Q800 de alquiler al mes, cantidad que tienen que reunir; además, deben sufragar los gastos de alimentación y lo que su hermano necesita.

Catalina, madre de los dos hermanos, agradeció a Dios porque su hijo encontró un trabajo.

También agradeció a las personas que compartieron la imagen.

Si usted desea apoyar a esta familia, se puede comunicar al número de teléfono 4299-0913 Pedro Cornelio Yac García.

Decenas de jóvenes que se graduarán en Quiché empiezan a preparase para viajar en forma irregular a Estados Unidos, ya que, según explican, la falta de oportunidades y la corrupción los obliga a buscar un futuro en ese país, por lo que abandonan sus sueños y familias en Guatemala.

Según las autoridades de Educación, más de 5 mil jóvenes se graduarán del ciclo diversificado en Quiché. Muchos de ellos han llegado al final de sus estudios porque ya no contarán con el apoyo de sus padres, que ya no les pueden pagar una educación universitaria y ante la falta de oportunidades laborales deciden viajar en forma irregular a los Estados Unidos.

Ludwig Chávez es un joven de 18 años que se graduará de maestro en el Instituto por Cooperativa en Joyabaj Florencio Carrascoza, el único en ese lugar, ubicado en uno de los municipios con un alto número de migrantes en Estados Unidos. Chávez explicó que solo espera graduarse y posteriormente migrar a EE. UU., como muchos de sus compañeros.

Con voz firme comentó que en su municipio no hay empresas que lo puedan contratar, y si quisiera trabajar en el Gobierno tampoco lo podría hacer porque para eso necesita “tener cuello” con algún político o funcionario.

“Seguiré los pasos de muchos amigos y familiares y me voy para Estados Unidos, allá sí podré progresar”, señaló Chávez.

“Me da un poco de temor porque se que el viaje es peligroso; además, tendré que dejar a mi familia, la que lucho todos estos años para darme una educación, pero ellos saben que aquí en Guatemala no voy a hacer nada por mi futuro. Me da mucha tristeza, pero no hay otra salida”, agregó el joven graduando.

Harim Quezada, director del Instituto por Cooperativa Florencio Carrascoza, de Joyabaj, comentó que también trabaja como docente en una comunidad del municipio e indicó que desde que comenzó la pandemia los niños de sexto primaria empezaron también a migrar a Estados Unidos. A algunos los mandan a traer sus familiares y otros, con tan solo 14 años, deciden viajar a ese país.

Es lamentable, dice, porque en el caso de los jóvenes graduandos muchos se inscriben en las universidades en Quiché y al poco tiempo abandonan sus estudios porque no cuentan con un respaldo económico al no tener una plaza laboral y sus padres ya no pueden ayudarlos. Es allí donde otro grupo de ellos decide también salir de Guatemala y probar suerte en Estados Unidos.

Rosolino Bianchetti, obispo de Quiché, ha comentado que la migración irregular hacia los Estados Unidos es la única alternativa que muchos jóvenes y adultos han encontrado a la pobreza y a la falta de oportunidades en este país.

“Mientras no existan oportunidades laborales y de estudio en el país, la migración ilegal continuará”, afirmó.

Menores indígenas son víctimas de explotación laboral en tortillerías ubicadas en ciudades de Guatemala después de verse obligadas a salir de sus lugares de origen, según indicó el estudio “Desigualdad los tres tiempos” de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF).

El estudio valora que las condiciones deplorables en las que trabajan estas niñas son parte de las “prácticas racistas” y de la injusticia social que padece el país.

El director del Programa de Derechos Humanos y Democracia/Guatemala de PADF, Alejandro Zepeda, dijo a la Voz de América que la investigación cubrió 292 tortillerías que reclutaron a menores en áreas rurales donde existe pobreza y pobreza extrema.

“Se logró identificar a más o menos 150 – 160 (tortillerías) donde había presencia de niñas y adolescentes”, explicó Zepeda.

De acuerdo al estudio, las menores son sometidas a largas jornadas de trabajo y condiciones infrahumanas.

Quienes las reclutan para ir a trabajar ofrecen un salario que va desde los 800.00 quetzales (103 dólares aproximadamente) a 1.000.00 quetzales (129 dólares) al mes y un lugar donde dormir a cambio de que los padres autoricen que sus hijas trabajen en estos sitios.

“[El salario de las menores] representa menos de un tercio del salario mínimo aún en esas condiciones de trabajo extremo. Ocho de cada 10 niñas y adolescentes que entrevistamos no estudian”, explicó Zepeda.

Las ocho niñas -agregó- explicaron sus aspiraciones de ir a la escuela.

El estudio resalta que las condiciones de este trabajo impactan negativamente ​el derecho a la salud física, salud mental, educación, vivienda, recreación, alimentación y vida digna de las menores.

“[Sin embargo] su abordaje genera conflictividad en un país cuyo porcentaje de población en pobreza extrema se incrementa cada vez más”, dijo Zepeda.

Las autoridades aseguran que han realizado operativos para rescatar a las menores que son explotadas y trabajan en la prevención.

“Nosotros llamamos a la denuncia y esperamos que eso suceda y resultados hemos tenido bastante positivos en tortillerías y abarroterías”, aseguró Franklin Azurdia de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.

Se estima que hay más de un millón de menores de edad que trabajan en vez de estudiar, para aportar económicamente a sus familias. Muchos otros optan por emigrar a Estados Unidos.

[Colaboración Lenny Castro]

Sobre el final del siglo XX, el desarrollo habitacional del país optó por lo vertical, pero hacia abajo.

Aquí, bajo el puente del Incienso, entre las zonas 3 y 7, es donde para muchos comienza su día… Para otros, sin embargo, es el final del camino.

Al alba, pocas puertas se abren. Los descansillos y gradas están vacíos en su mayoría. Quien sale es porque sube, a la superficie, a trabajar.

Abajo no hay empleo, solo formas de sobrevivir.

Para 2005, el 44 por ciento de la población latinoamericana vivía en asentamientos.

Ahí imperan la falta de títulos de propiedad o de acuerdos en condiciones. Normas de urbanismo tampoco existen.

Bajo el puente, el sol también se pone. Por el callejón de acceso, antes de esa escalinata hacia una suerte de hades, se evidencia la operación retorno.

Bicicletas, motocicletas y zapatos que los acompañan al trabajo. Algunos mayores, otros jóvenes. Todos buscan el sostén que la superficie permite.

De repente, una carga repetida y llamativa. Vigas, tablas y reglas de madera. Adónde no llega el tendido eléctrico, son luz. En un contexto del coste del gas propano al alza, un 14 por ciento en la última semana, son el medio para cocinar.

Se cierra la noche, la vida continúa. También abajo. Con otra presión, otra movilidad, los problemas propios y los que se les crean desde arriba.

Con la pandemia de covid-19 se disparó la pobreza y la extrema pobreza en Latinoamérica.

Eso, a pesar de los paquetes de estímulo fiscal con que los gobiernos trataron de mitigar los efectos más devastadores de la crisis.

En la mayoría de los casos, los gobiernos se endeudaron para inyectar fondos de emergencia en los sistemas de salud y entregar ayudas directas a las familias más vulnerables y a las empresas más afectadas por una recesión que hizo que la actividad económica cayera 7,7% en 2020.

La pobreza llegó a su nivel más alto en los últimos 12 años, afectando a un 33,7% de la población, es decir, uno de cada tres latinoamericanos lo está pasando muy mal.

Pero el mayor retroceso histórico ocurrió entre los “pobres extremos”, aquellos que no pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

La pobreza extrema alcanzó su mayor nivel en las últimas dos décadas: 12,5% de la población, según las proyecciones hechas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.

Una estadística que quizás no dice mucho, pero que en la práctica es sinónimo de hambre.

Una de cada ocho personas se va a la cama con el estómago vacío. La mayoría no tiene agua potable, ni electricidad. Con suerte consigue un techo improvisado para cubrirse de la lluvia o el sol.

Y uno de los efectos más graves de vivir con hambre está relacionado con las secuelas que deja a largo plazo, como el irreparable deterioro en el desarrollo cognitivo y físico de los niños.

“Todo lo que se había avanzado en este siglo para disminuir la extrema pobreza se perdió durante la pandemia”, le dice a BBC Mundo Alberto Arenas, director de la División de Desarrollo Social de la Cepal.

¿Dónde aumentó más la pobreza extrema?

El aumento de la pobreza extrema depende de la situación en la que se encontraba el país al momento en que llegó la pandemia, qué tan grave fue la situación de salud pública y de qué manera reaccionó el gobierno para enfrentar la crisis, señalan expertos.

Los países de Latinoamérica donde más subió la extrema pobreza en 2020 son: México, Honduras y Ecuador, según las proyecciones hechas por la Cepal.

Comparando 2019 y 2020, en México la extrema pobreza se disparó de 10,6% a 18,3%.

En Honduras el aumento fue de 20% a 26,1%, mientras que en Ecuador subió de 7,6% a 12,8%.

• “Los gobiernos de América Latina le fallaron a la gente en la pandemia”

“Hay una relación entre la extrema pobreza y las transferencias monetarias hechas por los gobiernos”, dice Arenas, refiriéndose al dinero que el Estado le entrega directamente a las personas más vulnerables.

“Si no fuera por las transferencias monetarias los indicadores sociales serían mucho peores”, apunta, agregando que es importante mantenerlas.

La paradoja de Brasil y Panamá

Los únicos países donde bajó la pobreza y la extrema pobreza son Brasil y Panamá

Mientras en Brasil la extrema pobreza cayó de 5,5% a 1,4%, en Panamá registró una disminución de 6,6% a 6,4%.

A diferencia de lo que ocurrió en aquellos países donde las ayudas fiscales fueron menores -ya sea porque no tenían más posibilidades de endeudarse o porque el gobierno tomó la decisión de seguir una política más austera-, Brasil y Panamá focalizaron gran parte de sus desembolsos en los sectores de menores ingresos.

Eso se explica, entre otras razones, porque en la región más de la mitad de los trabajadores son informales. Por lo tanto, para llegar a ellos, la manera más eficiente en esta emergencia, dicen los expertos, era optar por la política de entregarles dinero.

• Cuánto y en qué han gastado sus recursos los gobiernos de América Latina durante la pandemia

Paradójicamente en Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro tuvo por mucho tiempo una actitud negacionista frente a la pandemia, al final del día fue el gobierno que más recursos destinó a enfrentar la pandemia como porcentaje del PIB.

Una decisión aún más compleja si se considera que Brasil es el país con la mayor deuda pública de la región.

Y es que las decisiones de gasto de esta envergadura no solo tienen un carácter técnico.

Desde un punto de vista político, por ejemplo, mientras los programas sociales estuvieron vigentes en Brasil, la popularidad del mandatario subió.

Y en la medida que esos estímulos comenzaron a ser retirados, la popularidad del presidente comenzó a bajar.

Los paquetes de estímulo fiscal

Las ayudas fiscales en Latinoamérica variaron sustancialmente de un país a otro. Los dos extremos fueron Brasil y México: mientras Brasil destinó cerca de un 8% de su PIB, México apenas gastó un 0,7%.

Esos desembolsos incluyen gasto público y medidas de alivio tributario (que se consideran como ingresos no percibidos por el fisco en relación al pago de impuestos).

Este tipo de medidas fiscales representaron en promedio un 4,5% del PIB, considerando a las mayores economías de la región, le dice a BBC Mundo Jorge Roldos, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

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Aparte de esos recursos, explica Roldos, los países también gastaron cerca de un 3,5% del PIB en el financiamiento de créditos “blandos” y garantías, principalmente a pequeñas y medianas empresas (que suelen llamarse medidas de apoyo a través de instrumentos de liquidez).

En aquel escenario, la pobreza y la pobreza extrema se dispararon en medio de una profunda recesión económica, lo cual significa que los gobiernos recibieron menos ingresos y, al mismo tiempo, tuvieron más gastos.

El resultado ha sido un aumento de la deuda y del déficit fiscal, que probablemente se convertirán en uno de los mayores desafíos que enfrentarán los países de la región cuando acabe la emergencia.

Esta se sitúa en cerca de un 15%, cifra similar a la de México o Chile, países que son mucho más pobres.

Pero el nuevo gobierno de Joe Biden y sus aliados demócratas en el Congreso parecen decididos a abordar finalmente el problema y transformar el sistema de asistencia social estadounidense.

Para ello, dentro de la ley de estímulo de US$1,9 billones para paliar los efectos de la pandemia aprobada el miércoles por el Congreso y que debía firmar Biden este jueves, se contempla una ayuda a las familias con hijos que supone el mayor paso dado por el país para atajar la pobreza infantil.

“Es un cambio fundamental en el rol de la política social en Estados Unidos”, afirma a BBC Mundo Christopher Wimer, codirector del Centro sobre Pobreza y Política Social de la Universidad de Columbia, en Nueva York.

¿En qué consiste la ayuda?

La pandemia ha expuesto de manera más cruda la pobreza infantil y ha servido al menos para llamar la atención sobre un problema estructural del sistema estadounidense.

“Ahora hay una corriente de apoyo (a esta medida) porque la gente lo está pasando mal”, dice Michelle Dallafior, de la ONG First Focus on Children, un grupo en defensa de la infancia basado en Washington.

La nueva ley amplía la cantidad de dinero y el número de familias beneficiadas por las ayudas aprobadas en 2017 por el gobierno de Donald Trump.

Se trata de una ayuda fiscal de US$3.600 anual para niños de menos de 6 años y de US$3.000 para menores de 18.

Es casi universal para todas las familias y se estima que puede reducir la pobreza infantil del 14% al 6%, según el Centro sobre Pobreza y Política Social de la Universidad de Columbia. Es decir, cuatro millones de niños saldrían de la pobreza.

La ayuda puede llegar a ser de hasta US$300 mensuales, lo que marca una gran diferencia para las familias de escasos recursos.

“Es algo muy similar a lo que otros países ricos hacen por los niños, pero es una novedad en Estados Unidos, que nunca tuvo garantizada esa ayuda”, destaca Wimer.

• El alarmante aumento de las colas para pedir comida por la pandemia de coronavirus en el país más rico del mundo

La nueva ley estipula la ayuda por un año, pero es posible que se transforme en algo permanente.

Acevedo califica la ley aprobada por el Congreso e impulsada por los demócratas como una medida “radical”.

“Señala que Estados Unidos ha tomado una decisión de invertir en la población infantil y atacar el tema de la pobreza infantil”, dice la experta, que cita ejemplos de estrategias exitosas como las de Canadá y Reino Unido en el pasado reciente.

Cuál es la ayuda y a quién beneficia

• La ayuda aumenta de US$2.000 a US$3.600 por niños menores de 6 años y a US$3.000 para mayores de 6.
• El dinero del crédito se divide: la mitad se paga a través de reembolso fiscal y la otra mitad mensualmente de julio a diciembre.
• Se acaba con la base mínima de ingreso de US$2.500, por lo que se amplía a familias sin empleo.
• La ayuda empieza a reducirse para padres solteros que ganen más de US$75.000 al año, cabezas de familia que ganen más de US$112.500 al año y parejas casadas con más de US$150.000.

¿Por qué es un cambio radical?

“Lo que hemos hecho en el pasado para ayudar a las familias era poner como condición que ganen suficiente dinero”, explica Wimer.

Las ayudas fiscales introducidas ya en 1997 concedían hasta US$2.000 por niño. Pero el monto de esa ayuda dependía de cuánto dinero ganara la familia, algo que dejaba fuera a las más necesitadas.

“Eso deja atrás a familias que no pueden encontrar trabajo o que tienen problemas de salud. Por alguna razón consideramos aceptable que sufran los niños si sus familias no podían entrar en el mercado laboral”, agrega Wimer.

Casi un tercio de los niños, sobre todo pobres y pertenecientes a minorías, no reciben ese beneficio. Cerca de un 10% queda completamente por fuera porque sus familias apenas tienen ingresos.

Pero ahora esto va a cambiar con la nueva ley.

“Esto puede alterar el contrato social de manera que los niños no sean castigados por las circunstancias de su nacimiento”.

El presidente republicano Richard Nixon ya planteó al Congreso en 1969 un plan de asistencia familiar que buscaba proporcionar un subsidio mensual a las familias con hijos.

El Senado lo rechazó. Ahora en 2021 sí lo aprobó.

“Esto en Estados Unidos es un cambio”, destaca Acevedo sobre la nueva ley.

¿Por qué EE.UU. no hizo más antes?

Los críticos temen la inflación como producto de la inyección de dólares a la economía.

Y es que esta ayuda, junto a las otras que desde hace un año se han otorgado por la crisis del coronavirus, van en contra del ADN social y económico del país.

• Por qué Estados Unidos tiene niveles de pobreza altos pese a los miles de millones que invierte en combatirla

“En Estados Unidos siempre ha habido mucha suspicacia con los sistemas de protección social, mucha reticencia con desestimular el empleo”, dice Acevedo a BBC Mundo.

“Existe la percepción de que si das un beneficio social a la gente, va a dejar de trabajar, pero nuestras simulaciones demuestran que el efecto de reducción de empleo es mínimo, insignificante”.

Wimer coincide con ella

“No hablamos de miles de millones de dólares, nadie va a decidir aceptar o no un trabajo por este tipo de ayuda de US$3.000 al año por hijo”.

Además, afirma Acevedo, toda la discusión de pobreza y bienestar social siempre ha tenido una connotación racial en cuanto a que son los grupos minoritarios los más afectados por la falta de recursos.

También ahora, critica Acevedo, hay políticos republicanos que aseguran que la ayuda impulsada por Biden beneficiará a los indocumentados.

¿Por qué el país más rico del mundo tiene un problema de pobreza infantil?

La tasa de pobreza infantil en el país más rico del mundo está por encima de la media de los países desarrollados y ha sido para muchos motivo de vergüenza.

Pero hasta ahora las medidas legislativas para atajarla fueron pocas.

“La responsabilidad del bienestar familiar en este país siempre fue individual, de los padres. Desde los años 90 se tratan de limitar beneficios sociales y requerir el empleo como condición para recibir un beneficio social”, dice Acevedo.

Los expertos coinciden en que este beneficio fiscal, sin embargo, no es la solución definitiva al problema.

“Ahora hay un cambio de perspectiva: el enfoque no es tanto el padre, al que se le acusa de no querer trabajar lo suficiente y de vivir del erario público, sino el niño, lo que necesita el niño”, explica sobre el posible cambio de paradigma.

Se estima que la medida de beneficio fiscal tendrá un costo de US$120.000 millones.

Pero el experto no sólo no lo ve como un gasto, sino como “una inversión en el futuro del país” en cuanto al beneficio económico por lo que supone en reducción de mortalidad y de gastos de salud, y en la proyección de futuras ganancias para esos niños.

“Los beneficios a largo plazo pagan por sí mismo la ayuda”, dice Wimer.