Varios exdiputados, algunos exintegrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República, se libraron de enfrentar juicio en el caso Plazas Fantasma, pues este viernes 23 de septiembre durante la conclusión de la audiencia de etapa intermedia, la jueza Claudette Domínguez declaró el sobreseimiento por los delitos que eran procesados.

Entre los exdiputados señalados se encuentran César Fajardo, Alfredo Rabbé, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Carlos Herrera Quezada, Christian Boussinot, Arístides Crespo, Selvin García, Alexander Castillo, Juan Alcázar y Marcelino Chutá. En total son 59 personas las que fueron implicadas en este proceso.

Sin embargo, todos los exdiputados que eran señalados de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción fueron beneficiados con el sobreseimiento a su favor.

En el caso de Christian Boussinot, el sobreseimiento fue por el delito de extorsión y peculado por uso, relacionado con unos audios presentados por el Ministerio Público (MP), en los que el exparlamentario aparentemente exigía un “diezmo” a las personas que se contrataban mediante la modalidad de plazas fantasma.

Esa misma suerte tuvo Édgar Leonel Fernández Regalado, quien, de acuerdo con el MP, “era el intermediario entre el diputado Boussinot Nuila y empleados contratados por el Congreso, y él les cobraba parte del salario mensual que devengaban”.

Según la jueza, en este caso resolvió el sobreseimiento porque los audios fueron capturados de manera ilegal. Además, la juzgadora reiteró que la presentación de varios medios de prueba por parte del Ministerio público no se hizo de la manera correcta, por lo que no era viable enviar a juicio a los procesados.

Con respecto al señalamiento en contra del exdiputado Arístides Crespo de qué él decidía qué puesto ocuparían las personas contratadas, la jueza señaló que no hay ningún medio de investigación que permita dicho extremo.

“En este tipo penal debe tener conocimiento el funcionario que la persona propuesta no reúne los requisitos que la ley establece, situación que el Ministerio Público, con el respeto que me merece, no acreditó con ningún medio de investigación que el hoy acusado (Arístides Crespo) tenía previo conocimiento que no reunían los requisitos legales, por lo anteriormente considerado esta Judicatura considera que no existe fundamento serio para dictar un auto de apertura a juicio (…) por lo que decretos sobreseimiento en favor del acusado Arístides Crespo por el delito de nombramientos ilegales”.

El caso

La investigación del MP y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) estableció que durante el periodo de la Junta Directiva del Organismo Legislativo 2014–2015 se contrató a personas sin que llegaran a trabajar al Congreso, pero cobraron salarios de entre Q15 mil y Q20 mil, incluso, algunas personas solo tenían de escolaridad de nivel diversificado.

La investigación determinó que los sindicados prestaron su nombre y recibieron fondos por concepto de pago de planilla del Congreso, pero no se presentaban a laborar, incluso varios de ellos trabajaban para otras instituciones del Estado.

Entre los cargos que aparentemente desempeñaban figuraban secretarias, asistentes y técnicos operativos, entre otros.

En el proceso 10 señalados que se acogieron a la figura especial de aceptación de cargos, entre éstos el exlegislador Édgar Romeo Cristiani Calderón, quien desistió de ratificar el convenio de colaboración eficaz, no obstante, fungió como testigo y rindió su declaración en calidad de anticipo de prueba.

En su testimonio relató la forma en que se planificó y ejecutó un plan para la creación de las plazas y en esa oportunidad señaló a Luis Armando Rabbé Tejada, expresidente del Congreso en 2015, a quien se le solicitaba autorización de las contrataciones las cuales no podían excederse de Q. 150 mil mensuales.

El Tribunal Octavo de Sentencia confirmó este lunes 2 de marzo que Muadi creó Plazas Fantasma en el Legislativo para obtener beneficio económico.

La jueza Olly González, presidenta del Tribunal y quien dictó la sentencia,  en la audiencia detalló que Muadi contrató personal que no llegó a trabajar al Legislativo y parte del dinero de los salarios se trasladaron a un empresa de la que el condenado es “accionista mayoritario”.

El Tribunal expuso que hubo “participación coordinada” de Muadi con personal del Congreso y de la empresa Productos, Servicios y Equipos, S.A. para contratar personal que no laboró.

Agregó que Muadi sustrajo Q4.3 millones por plazas de personas que contrató en el Legislativo.

Argumentó que Ximena Toriello, exasistente de Muadi, obtuvo Q175 mil 500 y fue contratada por instrucciones del exfuncionario.

En la argumentación de la sentencia, el Tribunal determinó que Muadi dirigió una estructura criminal para sustraer el dinero del Congreso por medio de contratación de personal, los salarios que devengaron se les entregó parcialmente y el resto del dinero se trasladó a las cuentas del expresidente del Legislativo.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (MP) logró probar al Tribunal que el exfuncionario fue quien “dio las instrucciones” para contratar al personal y después sustraer el dinero de los salarios y esas transacciones se hicieron en dos bancos.

Otra de las evidencias que aceptó el Tribunal para emitir la condena fue que documentos del Registro Mercantil probaron que Muadi era accionista mayoritario de la referida empresa.

El Tribunal multó al condenado con Q4.4 millones y no podrá ejercer cargos públicos en 50 años.

Muadi se pronuncia por la condena

En la audiencia del 27 de enero, el Ministerio Público sostuvo como sus pruebas que “para desviar fondos de la institución el primer paso consistió en ofrecer a los miembros de su equipo de seguridad un pago extra de Q2 mil a su salario, los cuales serían pagados con fondos del Congreso”.

Los trabajadores aceptaron y firmaron un contrato con el Congreso por un sueldo de Q8 mil mensuales, pero nunca llegaron a laborar y en su lugar desempeñaron funciones en empresas vinculadas a Muadi.

Otros condenados por el caso

• Otros 25 implicados en el caso fueron condenados a 5 años de prisión y una multa de Q10 mil por el delito de peculado por sustracción.
• Jimena Toriello Martínez del Rosal, exasistente de Muadi, fue condenada a seis años de cárcel y Q175 mil de multa por el delito de lavado de dinero u otros activos.
• Berta del Rosario Gil Serrano fue condenada a ocho años por el delito de asociación ilícita
• Ana Lucía Reyes Bolaños condenada a 8 años, por el delito de asociación ilícita.
• Se absolvió del delito de lavado de dinero u otros activos a Axel Estuardo Pérez Pérez y Héctor Augusto Reyes.
• Ana Bertha Ruano Gil fue absuelta por asociación ilícita. Rony David Ruano Gil también fue absuelta por asociación ilícita, aunque ambos son responsables de peculado por sustracción.

Condena contra Muadi

• Por lavado de dinero recibió una condena de 13 años y cuatro meses. También una multa de Q4 millones 376 mil
• Por asociación ilícita una condena de 9 años cuatro meses.
• Por peculado fue condenado a ocho años y una multa de 40 mil.

La resolución de la Sala deja en prisión preventiva a Carlos Gilberto Solórzano Morales y a Yoni José Valenzuela Mejía. A Génesis Daniela Alvarado Xoná se le restituye la medida sustitutiva porque en esa condición comenzó el juicio.

Le puede interesar

Anabella de León saldrá de prisión, Tribunal la beneficia con medida sustitutiva

Los juzgadores que decidieron repetir el juicio son Jaime Amílcar González Dávila, Sonia de la Paz Santizo y Edith Mariela Pérez Ordoñez. El Fallo de la Sala fue emitido el 6 de noviembre último.

El Ministerio Público señala a los tres implicados de haber tenido una plaza fantasma en el Registro General Propiedad bajo el reglón 029 y que durante la vigencia de los contratos no se presentaron a trabajar en dicha institución, la cual estaba bajo la administración de Anabella De León.

En el juicio anulado, el juez Raúl Ramírez señaló que los tres implicados “tenían calidades de funcionarios públicos, ya que fueron adscritos a un contrato de carácter temporal, y que en dicho documento se le delegaban funciones a la prestación de un servicio público, el cual era remunerado con fondos públicos”.

En abril pasado, un juez los condenó a Solórzano Morales, Alvarado Xoná y Valenzuela Mejía por ser autores de los delitos de peculado por sustracción y falsedad ideológica.

A Solórzano Morales y Alvarado Xoná se les impuso una pena de 9 años y 3 meses de prisión inconmutables, y a Valenzuela Mejía, 10 años de cárcel inconmutables. Además, una multa de Q15 mil a cada uno.

El juez del Tribunal Segundo, Carlos Rivera Clavería, expuso que el falló de la Sala Tercera de Apelaciones “anula la sentencia”, pero no ordena conocer irregularidades en el proceso que concedió o retiró medidas a los imputados antes de empezar la etapa del debate.

Bonilla es señalado por un caso de una plaza fantasma en el que también estaría vinculada la exfiscal Thelma Aldana, según autoridades.

Le puede interesar

Movimiento Semilla argumenta sobre la no inscripción de Thelma Aldana como candidata | 13May

La referida Sala había otorgado el amparo provisional a favor del abogado Bonilla, quien accionó debido a que aún no cuenta con los documentos del caso en su contra sobre una supuesta plaza irregular en el Ministerio Público (MP) durante la gestión de Aldana.

El ente investigador señala a la exfiscal por la contratación de Bonilla bajo el renglón 029, desde el 6 de enero al 31 de diciembre del 2015, con un pago de Q16 mil 774.19 en enero, y otros 11 salarios de Q20 mil entre febrero y diciembre, para un total de Q236 mil 774.19.

Según el contrato, el Bonilla tenía la obligación de hacer guías didácticas, planes docentes, guías de trabajo y agendas académicas de cada actividad de capacitación que efectuara.

El 6 de mayo último, los magistrados avalaron la petición de Bonilla, quien es decano la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).