El consorcio de organizaciones de sociedad civil Mirador Electoral presentó este jueves 24 de agosto varias denuncias en el Ministerio Público (MP) por la supuesta compra de votos durante la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Guatemala, pero señaló que la Fiscalía le resta importancia a ese tipo de hechos.

El presidente de Acción Ciudadana (AC), que integra Mirador Electoral, Eddie Cux, dijo que las denuncias que se plantearon este jueves están relacionadas con hechos que documentaron durante la jornada electoral del pasado domingo 20 de agosto, cuando los guatemaltecos fueron a las urnas para elegir presidente y vicepresidenta.

Cux añadió que han observado el proceso electoral desde que comenzó la campaña; además, dijo que el domingo 20 de agosto pasado documentaron “algunos casos en donde consideramos que hubo esa mala práctica de compra del voto, que en derecho penal se conoce como coacción al elector”.

“Documentamos varios casos de algunos municipios como Santiago Atitlán (Sololá), Samayac (Suchitepéquez), como Santa Catarina Pinula (Guatemala), como Santa Cruz Chinautla (Guatemala), Senahú (Alta Verapaz), La Democracia, (Huehuetenango), San Juan La Laguna (Sololá), en donde utilizaron este tipo de estratagemas en donde le entregaban los conocidos vales de la esperanza que entregaron por parte del partido de la UNE, otros partidos vinculados al partido oficialista, otros al partido Cabal que entregaron víveres, que entregaron productos a la gente con tal de coaccionar el voto a favor de la candidata dela UNE”, dijo Cux.

Agregó que este jueves presentaron el resultado del monitoreo que hicieron en redes sociales y reportes hechos por ciudadanos.

“Estamos presentando la denuncia penal para que el Ministerio Público, tal cual es su mandato, accione y haga la investigación”, refirió.

Además, dijo que “hay que tomar en cuenta que esta no es la primera vez que presentamos denuncias, presentamos para la primera vuelta y también en el proceso electoral de del 2019 y hasta el momento no hay ningún resultado, entonces nos llama la atención el hecho de que este tipo de casos se dejan en el olvido, no accionan, pero por otra parte el mismo fiscal que estuvo en -la Fiscalía de- Delitos Electorales en el 2019 ahora está accionando y está casi vulnerando el proceso electoral y atentando contra la voluntad popular”.

Cux agregó que les preocupa la forma cómo se está instrumentalizando la acción penal por parte del Ministerio Público “para judicializar, para atentar contra la autoridad electoral, tratar de deslegitimar el proceso electoral y sobre todo, a los más de dos millones de personas que votaron a favor de un partido político, eso es muy delicado porque atenta contra cualquier democracia”.

Respecto a si los resultados electorales están en riesgo debido a las acciones del MP, Cux dijo que “hay una clara colusión entre el Ministerio Público y ahora el Congreso que tuvo acceso a información que no debiese, de hecho, creeríamos que es fraudulento el hecho de que una fiscal envíe información al Congreso cuando ellos no son parte de un proceso que está bajo investigación, creería que están tratando de preparar el terreno para dar un golpe electoral, lo cual es muy delicado”.

Se consulto del Departamento de Información y Prensa del MP sobre los señalamientos de lentitud en dichos procesos, pero no han respondido.

El MP solicitó al Congreso que suspenda al partido Movimiento Semilla, del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.

La solicitud fue requerida mediante una carta del Ministerio Público el 23 de agosto al Parlamento y confirmada este jueves por el fiscal a cargo del caso, Rafael Curruchiche, sancionado desde 2022 por Estados Unidos bajo acusaciones de corromper la Justicia en Guatemala.

La misiva indica a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, que el juzgado séptimo penal ordenó provisionalmente el 12 de julio pasado la suspensión del partido político de Arévalo de León.

Dicha suspensión, sin embargo, fue anulada por la Corte Suprema de Justicia en el mismo mes de julio, por lo que no es válida, según recordó este jueves la agrupación Movimiento Semilla mediante sus portavoces.

Actualmente, la agrupación política del presidente electo cuenta con cinco diputados, incluyendo a Arévalo de León, y en los recientes comicios del 25 de junio obtuvo 23 escaños de los 160 que componen al Congreso para el período 2024-2028, convirtiéndose así en la tercera fuerza política del país.

Arévalo de León fue elegido como presidente el pasado domingo en un balotaje donde superó a Sandra Torres Casanova.

Desde el 12 de julio pasado, el Ministerio Público, cuya cúpula también está sancionada por Estados Unidos, ha intentado detener la candidatura de Arévalo de León y Semilla, por un supuesto caso de firmas falsas en 2018 al fundar el partido.

Entre las acciones implementadas el Ministerio Público se han registrado allanamientos a la sede del Movimiento Semilla y también al Tribunal Supremo Electoral.

“Nosotros sabemos que hay una persecución política en curso, que se lleva a cabo por medio de las instituciones, fiscalías y jueces que han estado cooptados”, dijo Arévalo de León el domingo por la noche al respecto, tras ganar la segunda vuelta electoral.

La existencia de una conspiración para asesinar al presidente electo de Guatemala, denominada “Plan Colosio”, llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgarle este jueves 24 de agostos medidas cautelares a Bernardo Arévalo de León y a la vicepresidenta electa, Karin Herrera.

La CIDH, con sede en Washington, pidió al Estado de Guatemala en una resolución que tome las “medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal” de Arévalo y Herrera, pues ambos “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia”.

En el documento, la CIDH señaló que ha sido informada de que Arévalo fue sujeto de “vigilancias, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte” que incrementaron “tras la primera vuelta electoral del 25 junio de 2023”, cuando quedó en segundo lugar y pasó al balotaje con la candidata de la UNE, Sandra Torres.

Entre estas denuncias se encuentra la existencia de dos posibles planes para atentar contra la vida de Arévalo.

Uno de esos planes, del que fue informado su equipo de seguridad antes de la segunda vuelta electoral del 20 de agosto y que fue denominado “Plan Colosio”, en referencia al asesinato del candidato del PRI en México en 1994, cuenta con “participación de agentes estatales e individuos particulares”, de acuerdo con la resolución de la CIDH.

Además, un segundo plan, del que informó a Arévalo el propio Ministerio Público (MP)  la madruga del lunes 21 de agosto, al que relacionaron con presuntas “estructuras criminales de pandillas”.

Detalles sobre el “Plan Colosio” contra Arévalo

La resolución de la CIDH detalla que “el 15 de agosto de 2023, los solicitantes -de las medidas cautelares- informaron que el equipo de seguridad del propuesto beneficiario Arévalo de León recibió información preocupante sobre un plan para asesinarlo con participación de agentes estatales e individuos particulares”.

Agrega que los solicitantes “alegaron que, al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad, habrían advertido sobre la existencia de un plan denominado “Colosio”, haciendo referencia al asesinato del candidato del PRI mexicano en el año 1994, el que se implementaría para acabar con la vida del propuesto beneficiario -Bernardo Arévalo-. Según los solicitantes, tales fuentes que no se conocen entre sí”.

“El equipo de seguridad tendría cierta información sobre el referido plan desde el 4 de julio de 2023, sin embargo, fue hasta ese momento que habrían podido corroborar la información por medio de tales fuentes. En ese momento, alegaron que el propuesto beneficiario figuraba como favorito en la intención de voto”, señala la resolución.

Además, detalla que “el 21 de agosto de 2023, la parte solicitante informó que, tras la celebración de la segunda vuelta electoral, resultó electo el binomio presidencial del partido político Movimiento Semilla” y que “durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en un hotel de la Ciudad de Guatemala se habrían presentado cuatro fiscales del Ministerio Público, quienes pidieron una reunión privada con el propuesto beneficiario Arévalo de León”.

“El acta de 20 de agosto de 2023 de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión indica lo siguiente: “(…) nos encontramos constituidos en el referido lugar con la finalidad de hacer constar lo siguiente: PRIMERO: Con el objeto de hacer de conocimiento al señor César Bernardo Arevalo de León, (…) que la Fiscalía contra el Delito de Extorsión obtuvo información privilegiada relacionada a estructuras criminales de pandillas, que puede poner en riesgo la vida e integridad física del señor Arevalo de Leon, por lo que se procedió a realizar la notificación correspondiente, para que este tome las medidas de seguridad que considere pertinentes, asimismo se hizo de su conocimiento que todo lo anterior también fue informado a la Dirección General de la Policía Nacional Civil”, refiere la CIDH en su resolución.

El documento agrega que “de acuerdo con la parte solicitante, este constituiría un segundo plan de atentado” en contra de Arévalo de León.

Sin embargo, según señaló la CIDH, el Estado de Guatemala no ha tomado las medidas necesarias para proteger la seguridad del presidente electo, aun conociendo estas amenazas en su contra.

El documento detalló que el dúo que resultó ganador en las elecciones del pasado domingo ha tenido que recurrir a seguridad privada para garantizar su protección.

La CIDH alegó además que el Estado de Guatemala no le informó sobre qué medidas se tomaron en respuesta a las denuncias de un plan para atentar contra la vida de los dos políticos del Movimiento Semilla.

Como consecuencia, el organismo solicitó hoy formalmente a Guatemala que informe “sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados”.

Las medidas cautelares se conocen el mismo día en el que la Fiscalía de Guatemala solicitó al Congreso suspender al partido Movimiento Semilla, al que pertenece Arévalo.

Actualmente, la agrupación política del presidente electo cuenta con cinco diputados, incluyendo a Arévalo de León.

En los recientes comicios del 25 de junio obtuvo 23 escaños de los 160 que componen al Congreso para el período 2024-2028, convirtiéndose así en la tercera fuerza política del país.

Desde el 12 de julio pasado, el Ministerio Público, cuya cúpula está sancionada por Estados Unidos, ha intentado detener la candidatura de Arévalo de León y Semilla, por un supuesto caso de firmas falsas en 2018 al fundar el partido.

El proceso electoral guatemalteco, que inició en enero y culminó el domingo pasado, ha sido el más controvertido en la historia del país centroamericano desde la implantación de la democracia en 1986.

El asesinato de Colosio en México

El pasado 23 de marzo de 2023 se cumplieron 29 años del asesinato del candidato a la Presidencia de México, Luis Donaldo Colosio, por el PRI, quien fue asesinado en 1994 cuando asistió a un mitin en Lomas Taurinas en Tijuana.

De acuerdo con reportes de medios mexicanos, el aspirante a la Presidencia recibió dos balas, una en la cabeza y otras en el abdomen. Tres horas después del ataque confirmaron su muerte y Mario Aburto fue señalado como el asesino.

Colosio era un político militante del PRI, nació en 1950 en Magdalena de Kino, en Sonora, y durante su carrera política se desempeñó como diputado, senador, presidente del partido y titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

De acuerdo con reportes de prensa, en 1994 Colosio se postuló como aspirante a la Presidencia por el PRI siendo el mejor posicionado para ganar la elección de junio de ese año.

Con información de EFE