La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que por “motivos personales”, este viernes 19 de enero el abogado Wuelmer Ubener Gómez González ha puesto a disposición el cargo de procurador general de la Nación.

Añadió que durante su gestión, la PGN “alcanzó logros importantes y significativos a través de la implementación de proyectos planificados y ejecutados de forma objetiva e imparcial, en defensa de los derechos de grupos vulnerables, así como a favor de los intereses del Estado”.

Durante la gestión del exfuncionario, según la PGN, fue la aprobación y publicación del Reglamento de la Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth, que contribuyó en la coordinación y agilidad en la localización de niñas, niños y adolescentes desaparecidos o sustraídos.

A decir de la PGN, también se registró el fortalecimiento de las 23 Delegaciones Regionales en todo el país y trabajó en la atención de niñez y adolescencia migrante retornada no acompañada.

El procurador general de la Nación, además de dirigir la institución, ejerce la personería jurídica de la Nación y la representación del Estado para velar por los intereses de los guatemaltecos en litigios nacionales e internacionales.

Presidencia informó que “la renuncia ya fue aceptada por el presidente de la República. Próximamente estará nombrando a un nuevo PGN”.

El 23 de mayo de 2022, el entonces presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, nombró a Wuelmer Ubener Gómez González como nuevo procurador general de la Nación para un período de cuatro años.

Gómez Gonzáles llegó en sustitución de Jorge Luis Donado Vivar, quien terminó su período el 18 de mayo del mismo año.

Según informó el gobierno en esa oportunidad, Gómez González fue nombrado para ocupar el cargo del 2022 al 2026.

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Según consta en un documento de la Secretaría General de la Presidencia de la República, Gómez González trabajó como asesor en la desaparecida Comisión Presidencial Centro de Gobierno en 2020.

Tenía el contrato CDG 08-2020, bajo renglón 029 por servicios profesionales.

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— PGN Guatemala (@PGNguatemala) January 19, 2024

Salvador González, alias Eco, no pagará Q13.2 millones que pidió la Procuraduría General de la Nación (PGN) por su responsabilidad civil, tras recibir una condena reducida en el caso La Línea.

La PGN pidió al juez suplente de Mayor Riesgo B, Rudy Eleazar Bautista, que González pagara para una reparación digna al Estado.

No obstante, a criterio de Bautista la PGN no logró demostrar los perjuicios causados por González y no otorgó la indemnización por responsabilidad civil.

El juzgador aún otorgó la oportunidad a la PGN para continuar el requerimiento por la vía civil, pero no optaron por ese procedimiento.

González, alias Eco, obtuvo una condena reducida fue por los delitos de asociación ilícita, peculado y casos especiales de defraudación aduanera, que dictó el exjuez Gálvez.

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Colaborador eficaz en caso La Línea

González fue un testigo vital para la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público en el caso La Línea.

En declaraciones ante jueces, González incriminó al exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Durante el proceso, González explicó ante el juzgado “B” de Mayor Riesgo las siglas que según dijo, utilizaron quienes integraban la estructura para mantener un lenguaje en clave.

Según declaró en 2015, cuando recién se había desvelado el caso de defraudación aduanera, se denominaba “R1” a la recaudación de impuestos en las aduanas, y “R2” al cobro de sobornos que se habría hecho para agilizar los procesos aduaneros.

Según la declaración de “Eco”, tenía conocimiento parcial de las operaciones y las coimas que se obtenían.

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Asimismo, expuso que del 61 por ciento que sabía, un 22.5% lo recibiría Pérez Molina y otro porcentaje igual se destinaba a Baldetti.

Otro 5% de las coimas eran para Juan Carlos Monzón y 2% para él. Otra parte más –de la que no dio detalles– era para la exintendente de Aduanas, Claudia Méndez, y para el superintendente en funciones.

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió este martes 20 de septiembre anular la resolución que dictó la Sala Segunda de Mayor Riesgo en beneficio del abogado y acusado Francisco García Gudiel, a favor de quien se había resuelto clausurar provisionalmente el Caso Asesoría Legal: Operación de Lavado de Activos sea clausurado.

La CC determinó que hubo un “error” en la integración de la Sala, ya que únicamente se integró el Tribunal con el magistrado presidente, César Aníbal Najarro López; la vocal I, Gloria Dalila Suchite Barrientos; y dos testigos de asistencia.

En la resolución del pasado 15 de junio se ordenó al Juzgado de Mayor Riesgo “D” clausurar el caso en el que está implicado García Gudiel por el delito de lavado de dinero; sin embargo, se resolvió el amparo sin que el magistrado José Domingo Valenzuela Herrera estuviera presente.

En el fallo que beneficiaba al acusado no huno oposición del MP, que no impugnó. La resolución de la CC se originó por una apelación que promovió la PGN contra la resolución que favorecía al procesado.

García Gudiel fue ligado a proceso penal el 28 de mayo en la causa que se sigue en su contra por estar implicado en el Caso Asesoría Legal: Operación de Lavado de Activos, informó la Fiscalía Contra la Impunidad (Feci).

García Gudiel es señalado por el Ministerio Público (MP) de haber simulado asesorías legales para lavar más de Q59 millones.

El abogado fue detenido el 9 de abril último junto al colombiano William Darío Molina Ruiz, alias “el Pana”, señalados de lavado de dinero u otros activos, pues supuestamente había obtenido dinero adquirido ilícitamente por implicados en el caso “Construcción y Corrupción Fase 1”.

García Gudiel ha sido abogado de funcionarios señalados de corrupción. También fue defensa del fallecido Efraín Ríos Montt.

En julio del 2016, por falta de respeto a la jueza Yassmin Barrios, durante el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt, el abogado García Gudiel fue sancionado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

El período de Jorge Luis Donando Vivar al frente de la Procuraduría General de la Nación (PGN), concluyó el pasado miércoles 18 de mayo y ahora el Gobierno de la República deberá nombrar a su sucesor en los próximos días.

Kevin López Oliva, confirmó que ese día concluía el período de Donando Vivar y que al frente quedaba el subprocurador.

El departamento de Comunicación Social de la PGN informó que quien ocupa el cargo, de forma interina, es Walter Bran, hasta que el Presidente nombre al nuevo titular.

Bran se desempeña como director de Dirección de Procuraduría de la jurisdicción voluntaria.

López Oliva afirmó que el presidente Alejandro Giammattei confirmará en las próximas horas al nuevo titular de la PGN, respaldado con el respetivo acuerdo gubernativo.

El funcionario dijo que para este puesto corresponde una evaluación holística de las personas más destacadas y que no hay un procedimiento establecido para la elección, pero que el mandatario sí está analizando varios perfiles.

El abogado del Estado

El PGN es el abogado del Estado, es decir que cuando el Ejecutivo tiene que actuar en los tribunales de justicia “lo hace a través del Procurador General de la Nación, a través de una instrucción que se le da para que actúe en diversos casos, pero fundamentalmente en temas laborales y contencioso administrativo”, explicó Francisco Quezada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

Además, tiene funciones de asesoría en el sentido de que el Estado “le hace consultas y obtiene su visto bueno” en la tramitación de determinado expediente; también interviene en procesos privados, notariales, sucesorios.  “Aparece como una voz del Estado, dando una opinión de como se ha tramitado el proceso” indicó Quezada.

El experto detalló que el Procurador también interviene en procesos penales en nombre del Estado, fundamentalmente cuando “los intereses pecuniarios del Estado puedan ser lesionados”.

También interviene como parte del proceso e independiente del Ministerio Público, aboga por los intereses de menores y todas las aquellas personas que “no tengan capacidad personal para defenderse o hacer valer sus derechos” indicó.

Respecto al riesgo que pueda representar para el Estado de Guatemala que alguien ocupe el cargo de forma interina, Quezada refirió que quien está de forma interina “es una manera de llenar un vacío, pero no puede tomar decisiones de fondo” y esto lo que hace es mantener activa la institución “no sería un riesgo, porque la administración es continua” dijo Quezada.

Nombrado por Jimmy Morales

Jorge Luis Donado Vivar fue juramentado como jefe de la PGN el 19 de mayo de 2018, por el entonces presidente Jimmy Morales, para un período de cuatro años.

Donado llegó en sustitución de Anabella Morfín, quien entregó el cargo el 18 de mayo de ese mismo año.

En octubre del 2015, Morales confirmó en una entrevista con Prensa Libre, que Donado Vivar lo había asesorado en el plan de trabajo.

La extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), había señalado a Donado de haber defendido a Rubén Estuardo Rosales Sánchez, sindicado de lavado de dinero, y hombre de confianza la familia Mendoza Matta, también relacionada con el narcotráfico, según una publicación de Plaza Pública.

Un documento detallaba que, por una interceptación telefónica a Obdulio Mendoza Matta, se descubrió que quien pagaba la defensa de Rosales Sánchez, era Mendoza.

Representantes de organizaciones civiles, indígenas y campesinas, anunciaron que, desde este martes 5 de abril, y hasta el jueves 7 de abril, realizarán protestas en varios puntos del país, para “exigir que se detenga la corrupción y el robo de los recursos de los pueblos y que cese la violencia sistemática del Estado”, según las agrupaciones.  

Integrantes de la Asamblea Social y Popular de Guatemala (ASP), ofrecieron una conferencia de prensa en la que también demandaron transparencia en el proceso de selección de candidatos a ocupar el puesto de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) y que no se proteja al “pacto de corruptos”.   

Desde hoy empezaron las protestas frente a las sedes del Ministerio Publicó en varios municipios de Quiché, Alta Verapaz, San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Huehuetenango y Chimaltenango.  

El miércoles está programado un plantón en la capital dese las 10 horas y una concentración y vigilia en la plaza Central de la Ciudad de Guatemala.  

El jueves saldrá una marcha hacia el Congreso de la República y posteriormente al MP. 

“No más corruptos en el MP. La democracia guatemalteca agoniza”, resaltaron los organizadores de las protestas.  

“Los pueblos y las comunidades estamos profundamente preocupados por el giro que ha tenido el país en los últimos años al perder la poca democracia y las escasas garantías constitucionales que apenas se mantenían”, se lee en un comunicado de prensa de ASP. 

Agrega que “no solo están en peligro las sentencias de la Corte de Constitucionalidad relacionadas al derecho de consulta de los pueblos indígenas, sino casos juzgados por genocidio y otros relacionados con actos de corrupción en los diferentes niveles del Estado”. 

“La represión contra las comunidades indígenas y campesinas ha sido una constante en la historia de este país construido sobre el despojo y la explotación. Las acciones del Ministerio Público, en complicidad con las empresas nacionales y de capital extranjero debido que hoy operan gracias a negociaciones ilegales y corruptas, han servido para impulsar la criminalización, persecución y judicialización de lideres y lideresas comunitarias, de Autoridades Indígenas, de activistas defensores y defensoras de derechos humanos, de comunicadores comunitarios, de comunidades enteras, jueces, juezas, fiscales exfiscales, mandatarios que hoy son prisioneros políticos, tienen arresto domiciliar, orden de captura o atraviesan juicios y otra serie de ataques”, se lee en el documento. 

Afirman que esa persecución y criminalización es para garantizar los intereses de los grandes empresarios, mientras la mayoría de la población pasa penas y dificultades.  

“En lugar de tomar medidas para reducir al impacto del alto costo de la vida y el aumento de precios generalizado, el Gobierno sigue protegiendo los negocios de los privilegiados; mientras la mayoría de la población sufrimos con los altos costos del transporte, la energía eléctrica, el gas, la gasolina y todos los artículos de primera necesidad” se lee en el comunicado.  

Agregaron que los subsidios que se aprueba el Gobierno son temporales y van dirigidas a las empresas, pero el enriquecimiento y el aprovechamiento de políticos y empresarios corruptos no para y no tiene límite.  

“Nos manifestamos exigiendo que se detenga la corrupción y el robo de los recursos del pueblo, que se tomen medidas reales y efectivas para reducir el impacto del alto costo de la vida; para exigir que cese la violencia sistemática desde las instituciones corruptas del Estado, contra nuestras hermanas y hermanos y demandamos que el proceso de selección de candidatas y candidatos a ocupar el puesto de Fiscal General de la República no proteja al Pacto de Corruptos, ni los privilegios de los empresarios”, explica el comunicado.  

Rechazan a Consuelo Porras y otros aspirantes al MP 

Los integrantes de la agrupación también manifestaron su rechazo a que dentro de las o los candidatos para dirigir el Ministerio Público estén Consuelo Porras, actual jefa del MP;  Jorge Luis Donado, actual Procurador General de la Nación; José Enrique Urrutia Estrada, abogado de la Fundación contra el Terrorismo; Henry Alejandro Elias, actual magistrado de la Sala de Femicidio y magistrado de la Corte de Apelaciones; Oscar Dávila, director de la Comisión Presidencial contra la Corrupción y Gloria Dalila Suchité, magistrada suplente de la Sala Segunda de Mayor Riesgo. 

Señalan que todos ellos son parte del denominado Pacto de Corruptos. 

“Hacemos un llamado a la población guatemalteca, a las organizaciones sociales y a los sectores diversos a nivel nacional para que se tomen medidas contra el alto costo de la vida, que termine la persecución de quienes defienden derecho y que para dirigir el Ministerio Público se seleccione a personas que garanticen una justicia pronta y cumplida para el Pueblo.  

Otras acciones de este día 

En Quiché hubo una caminata que fue organizada por la Asamblea Departamental Multisectorial Quiché, la cual se concentró frente a la Gobernación Departamental y también frentes al del MP,   en donde entregaron memoriales. 

Los manifestantes protestaron por el alto costo de los productos de la canasta básica, los combustibles y el alto precio al pasaje del transporte urbano y extraurbano. 

Manifestaron su rechazo a la reelección de Consuelo Porras en el MP. 

Tomás Racancoj sacerdote de Quiché calificó de intimidatoria la presencia de un fuerte contingente de la PNC que acompaño la caminata. 

Protestas de salubristas 

Por medio de un comunicado, salubristas del Sindicato Nacional San Juan de Dios anunciaron que se preparan para efectuar bloqueos a escala nacional este miércoles 6 para exigir al Ministerio de Salud “el cumplimiento inmediato del artículo 146 numeral 16-2021. 

Indicaron que el referido numeral ordena la incorporación de trabajadores por contrato al renglón permanente, así como la creación de plazas que ahora no están disponibles. 

Indicaron que el referido numeral ordena la incorporación de trabajadores por contrato al renglón permanente, así como la creación de plazas que ahora no están disponibles. 

Dirigentes de los inconformes afirmaron que los bloqueos serán en puntos estratégicos en el territorio nacional, así como de la ciudad de Guatemala.

La entidad CNO S.A., conocida antes como la Constructora Norberto Odebrecht, presentó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala un memorial con el que busca conciliar con el Estado de Guatemala.  

La intención de la entidad es que Guatemala efectúe una liquidación “apegada al contrato principal” del proyecto “Rehabilitación de la ruta existente y ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2 Occidente, del tramo de Cocales -Tecún Umán”, comprendida por 140 kilómetros, además plantean que se les pague por rubros de los trabajos hechos en el tramo carretero, según Edwin de León, jefe de Abogacía Civil de la Procuraduría General de la Nación (PGN).  

El tramo al que se refiere es el que la empresa debía trabajar entre Cocales, Patulul, Suchitepéquez y Tecún Umán, San Marcos.  

Guatemala ya evacuó la audiencia ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y según de León, la posición fue “negativa rotunda” de llegar a una conciliación con Odebrecht.  

Al no haber conciliación, la empresa CNO S.A. puede presentar la solicitud formal de arbitraje que posteriormente da paso a una demanda en contra del Estado de Guatemala, por lo que estiman que en un año aproximadamente pueda haber un laudo arbitral.  

 ¿Cómo inició todo? 

La solicitud de conciliación se da derivado de la liquidación del contrato para el tramo de 140 kilómetro que hizo la Dirección General de Caminos, con la cual se determinó que hay un saldo a favor del Estado de Guatemala por US$370 mil 588.66 (Q2 millones 845 mil 898.56) que debe pagar la constructora.  

Posteriormente Odebrecht presentó un recurso de revocatoria que no ha sido resuelto, lo que generó que acudiera al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio que notificó a la PGN el 22 de marzo pasado.  

El contrato fue suspendido por orden judicial, derivado de la judicialización del caso Odebrecht donde figuran exfuncionarios como Alejandro Sinibaldi. 

Según de León, entre los diferentes contratos que se le otorgó a la empresa, estaba este tramo carretero, que luego fue suspendido en el 2013 y derivado de esa situación se procede a su recepción y liquidación por parte de la Dirección General de Caminos. 

Señaló que los US$370 mil 588 son por concepto de liquidación del contrato y que la empresa es la que debe pagar a Guatemala ese monto. 

En cuanto a cuándo podría haber alguna solución al arbitraje planteado por Odebrecht, de León explicó que este proceso tiene varias fases y que la primera es la de conciliación, que ya se evacuó; posteriormente al no existir un acuerdo, se presenta por parte de ellos la solicitud formal de arbitraje y la respectiva demanda en contra del Estado de Guatemala. 

Estas diligencias toman meses, pero son más expeditas que por la vía judicial y se espera que en un año ya se tenga un laudo judicial en un año, si se cumplen bien los tiempos.  

Lo que busca la empresa 

Lo que quiere la empresa Odebrecht quiere es que el  Estado de Guatemala haga una liquidación apegada a la ley, al contrato principal y modificado, y que se le reconozcan ciertos trabajos que en apariencia ejecutaron y no se les pagó, pero no establecen un monto pues más adelante lo van a analizar.  

El contrato administrativo fue suspendido por parte del Estado de Guatemala y como en ese momento había situaciones que no se habían terminado, había un monto a favor del Estado y esa es la inconformidad de la empresa. 

En el 2013, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) adjudicó a la empresa brasileña Norberto Odebrecht la ampliación a cuatro carriles de 140 kilómetros de la ruta CA-2 Occidente, carretera de la Costa Sur, pero la obra, salpicada por pago de sobornos, quedó inconclusa y es un calvario para los conductores.

El proyecto comenzó en mayo del 2013. Partía de Cocales, Suchitepéquez, y debía terminar en Tecún Umán, San Marcos, pero cinco años después, la construcción estaba a menos de la mitad y abandonada, mientras  el Gobierno buscaba liberar el tramo con un desistimiento que la empresa brasileña.

La obra la comenzó el gobierno del Partido Patriota. El entonces ministro de CIV, Alejandro Sinibaldi, quien firmó el contrato por Q3 mil millones.

La ampliación debía terminar 30 meses después de inaugurada; es decir, a finales del 2015.

El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 30 de marzo que con relación al caso de maltrato contra personas menores en un centro comercial de la zona 16 de la ciudad de Guatemala, la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia inició de manera inmediata la investigación al respecto.

Estas acciones se dan luego del video que circuló en redes sociales y que muestra a guardias privados del complejo Cayalá agrediendo a niños que aparentemente pedían dinero en el área. La empresa, por su parte lamentó el incidente y rechazó cualquier tipo de violencia.

El MP añadió que la Fiscalía se constituyó en lugar de los hechos y de tal cuenta en menos de 24 horas se logró la individualización de tres personas.

Agregó que mediante dichas diligencias se obtuvo medios probatorios y diversos indicios para fortalecer la investigación.

La Fiscalía solicitó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) la constatación para verificar la situación de maltrato de los menores de edad, sin embargo, indicaron que no les fue posible efectuar dicha verificación derivado de que no fueron localizadas por lo que, el área de constataciones de la referida institución presentó un informe escrito recomendando el cierre administrativo dado que no ha localizado a las víctimas.

Asimismo, el abogado de la empresa se apersonó a la Fiscalía y solicitó una medida desjudicializadora; sin embargo, la Fiscalía analiza el tema y aún no ha sometido a control jurisdiccional ninguna petición.

El ente investigador añadió que la Fiscalía teniendo en cuenta que la PGN aún puede localizar a las víctimas, está dando un plazo para proceder ante el órgano jurisdiccional.

Resalta que el MP cumplió en menos de 24 horas con su mandato de persecución penal y con el objetivo de proteger integralmente a las víctimas.

La Fiscalía está a la espera que la PGN, en cumplimiento de su mandato legal, ubique a las víctimas.

Explicó que el estatus del caso es en investigación pues el expediente no ha sido sometido a control jurisdiccional.

https://twitter.com/GuatesurNews/status/1508234478895960067?s=20&t=i94R2wTQELQO7jsurVEl-A

PGN se pronuncia

La PGN emitió un comunicado en el que afirma que recibió una denuncia anónima que alertaba del posible acarreamiento de niños, niñas y adolescentes para ser sometidos a mendicidad a inmediaciones de Cardales de Cayalá en la zona 16.

Agregó que derivado de esto se realizaron varias diligencias con el fin de verificar los hechos denunciados, no habiéndose podido ubicar a ningún niño, niña y adolescente en las mencionadas condiciones, y no obstante a ello interpuso dos denuncias ante MP, una por los hechos denunciados anteriormente, y otra consecuencia del video que circuló en redes sociales y que evidenciaba un posible maltrato contra personas menores de edad.

Afirmó que el 29 de marzo la Fiscalía sometió a consideración en forma verbal de esta Procuraduría el otorgamiento de una medida desjudializadora a favor de los posibles sindicados de haber cometido acciones en contra los menores.  

Derivado de esto, la PGN asegura que fue enfática al manifestar que se consideraba prematura la aplicación de una salida altera al proceso, en virtud que a pesar de las constantes diligencias de constatación que se han realizado por parte de esa Procuraduría, no ha sido posible ubicar a los menores víctimas.

#ComunicadoPGN pic.twitter.com/OLeSJskexA

— PGN Guatemala (@PGNguatemala) March 30, 2022

Por medio de una denuncia ciudadana que llegó a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), autoridades procedieron al rescate de niños que acompañaban, presuntamente, a sus progenitoras a pedir dinero.

La información que llegó a la PDH establece que los niños y sus mamás, aparentemente, pedían dinero a los conductores en las garitas de pago del peaje en la autopista Palín-Escuintla; tanto en el sentido de ida como en el retorno.

Por esta razón los delegados del magistrado de conciencia presentaron los hechos ante un juez local, quien al evaluar la situación resolvió que los niños debían de ser protegidos por el Estado.

El juez certificó así una instrucción a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que procediera al rescate de los menores.

Capturas

En total fueron cinco los menores de edad rescatados quienes se supone se encontraban junto a sus progenitoras pidiendo dinero.

Sin embargo, las autoridades han encontrado casos en el que los niños son “prestados o alquilados” para poder generar empatía con las personas y así aumentar la posibilidad de recibir dinero.

Si las progenitoras de los niños no demuestran contar con un escenario ideal para los menores, un familiar puede presentarse ante las autoridades judiciales para reclamar su custodia, toda vez demuestre que bajo su cuidado los niños estarán con una mejor calidad de vida.

Por esa razón fueron detenidas tres personas adultas que ante las autoridades judiciales tendrán que demostrar que realmente sean familiares de los niños, de lo contrario podrían enfrentar un proceso penal de mayor complejidad.

Paralizan la autopista

A consecuencia de esta operación liderada por la PGN, a favor de los niños, la autopista permaneció cerrada por algunos minutos, lo que ocasionó dudas entre los internautas que pensaron se trataba de un accidente.

Posteriormente la empresa que administra la autopista informó en sus redes sociales que el paso había sido restablecido, tanto en el sentido de ida hacia el sur como en dirección a la ciudad.

*Con información de Carlos Paredes

En una esquina de la sala de cuidados para neonatos del Hospital Roosevelt se ubica la cuna 39. En ella hay una bebé de solo cinco meses que se aferra a la vida, pese a que ya fue desahuciada por los médicos. Pareciera que está sola en este mundo, puesto que nadie la reclama y esta es su historia.

La pequeña nació en Tapachula, México, en mayo pasado, pero la madre es de origen guatemalteco. Llegó a ese hospital porque requería de una cirugía especializada; sin embargo, fue abandonada y ahora los médicos la cuidan y le dan amor.

“Es una bebé que ahora tiene más de cuatro meses de vida, vino referida de Tapachula solo que es hija de una guatemalteca. Es una bebé que tiene un defecto de nacimiento, tiene un defecto del tubo neural que abarca un problema de la columna y además tiene hidrocefalia”, comentó Celia Castro, jefa de una de las áreas de Neonatología del Hospital Roosevelt.

Añadió que la pequeña “tuvo una infección ventricular que requirió un tratamiento hospitalario muy prolongado”, el cual tendrá repercusiones para el resto de su vida, puesto que no podrá caminar, ya que “neurológicamente no va a estar normal y va a requerir muchos tratamientos y seguimientos médicos en el hospital”.

La pequeña aún no tiene nombre, pues la madre nunca la registró y el Hospital solo se le conoce como “la bebé de la cuna 39”, a quien los médicos le han buscado donación de ropa y los tratamientos que requiere.

“El problema es que la mamá no se había presentado a ver a la bebé, se había tratado de hablar con ella porque se requerían de algunos exámenes que nosotros a través de trabajo social logramos conseguir porque la mamá no estaba interesada”, comentó la profesional.

Añadió que antes de dale el alta a la bebé, se deben aseguran que irá a un lugar donde reciba la atención necesaria, porque de lo contrario se estaría poniendo en alto riesgo.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) trata de localizar a familiares paternos de la pequeña, cuyo pronóstico de salud es reservado.

Lucrecia Prera, coordinadora del Área de Protección Judicial de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la PGN, indicó que ya ubicaron a la familia paterna, pero antes de darle egreso del hospital deben verificar que tendrá los cuidados que necesitará por el resto de su vida.

“Desde que recibimos la denuncia se tomó la decisión de iniciar el proceso de medidas de protección correspondientes, lo que ahora queda realizar es la investigación para la identificación de un familiar, de momento tenemos referencia de familia paterna a quienes estamos a la espera de evaluar y determinar si pueden responsabilizarse del cuidado y protección de la bebé”, dijo Prera.

26 niños abandonados en 2021

Con el abandono de esta bebé, la PGN ya contabiliza 26 menores abandonados en 2021, de ellos 12 son de 0 a 2 años, 10 de 6 a 13, 3 de 3 a 5, y un adolescente de entre 14 y 17.

De los 26 menores, el 46 % son niñas (12) y el 54 % niños (14). Datos de las delegaciones regionales de la PGN determinan que los abandonos se han dado en 7 departamentos distribuidos de la siguiente manera:

Guatemala 13 abandonos

• Izabal 5
• Quiché 3
• Quetzaltenango 2
• Chimaltenango 1
• Suchitepéquez 1
• Zacapa 1

Según los forenses la causa de muerte es trauma cerrado de abdomen, ya que durante el procedimiento se determinó que el menor tenía golpes en diferentes partes del cuerpo.

De esa cuenta el ministerio público conduce una investigación para determinar quién es la persona responsable por las lesiones que terminaron con la vida del pequeño Kelvin.

Luego de que se diera a conocer la causa de su fallecimiento, la Procuraduría general de la Nación, PGN, informó a través de un comunicado, que se rescató sus dos hermanos, de 9 y 15 años, quienes cohabitaban con él y según las autoridades, corrían riesgo de ser violentados.

De acuerdo con un informe de la PGN, del 1 de enero al 15 de septiembre de este año han llevado a cabo 777 rescates de menores por maltrato, mientras que la Defensoría de la niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos detalla que hasta junio de este año han acompañado 1 mil 248 casos de violencia contra menores.

Por su parte, el Inacif, señala que del 1 de enero al 21 de septiembre de 2021 han llevado a cabo 872 evaluaciones médicas en menores relacionadas con maltrato.