El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, autorizó un aumento del 10% al monto total de las pensiones de los jubilados del Estado, la cual será efectiva a partir del próximo 1 de noviembre de 2022.

La cartera de Finanzas Públicas publicó este miércoles 26 de octubre, en el Diario de Centro América, el Acuerdo Gubernativo 267-2022 en el que acordó otorgar a partir del 1 de noviembre de 2022 un incremento de 10% al monto total de las pensiones de los beneficiarios del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado y lo incorporados al mismo, según el Decreto 30-2011 del Congreso de la República.

Agrega que este incremento no podrá ser menor a Q300.

El acuerdo publicado este miércoles también menciona que el último incremento otorgado al monto de las pensiones civiles del Estado por el Organismo Ejecutivo data de 1998, por medio del Acuerdo Gubernativo 954-98 y también el Acuerdo Gubernativo 66-2000 del 26 de enero de 2000 cuando se otorgó una bonificación mensual, sin que se haya cumplido con incrementar las referidas pensiones, conforme lo que establece la ley.

En el nuevo acuerdo, el Ejecutivo menciona que la Oficina Nacional de Servicio Civil, al autorizar las pensiones bajo el del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado deberá tomar en consideración el porcentaje al que se hace referencia en este.

Agrega que el Ministerio de Finanzas Públicas deberá efectuar operaciones presupuestarias, financieras y contables que originen la aplicación del incremento a las pensiones.

El acuerdo también establece que los casos no previstos serán resueltos por la cartera de Finanzas o la Oficina Nacional de Servicio Civil.

Este acuerdo entra en vigor a partir de mañana 27 de octubre de 2022.

El Gobierno de Guatemala difundió un video del presidente Alejandro Giammattei en el que afirmó que el aumento a las pensiones del Estado es gracias a “la sana y estable macroeconomía del país, a la buena gestión en materia de recaudación y las políticas de contención del gasto”.

Señaló que la decisión de aumentar las jubilaciones se hizo en Consejo de ministros y reafirmó que este aumento no podrá ser menor a Q300.

“Desde 1998 las clases pasivas civiles, los jubilados del Estado, esas personas que han dado más de 20 años de su vida al servicio de la nación, no recibían ningún ajuste en sus ingresos. Hoy en mi gobierno tenemos las condiciones que nos permiten hacer justicia social con ustedes y continuar por la dignificación de todos los trabajadores del Estado”, dijo Giammattei en el video.

Foto Prensa Libre

“Está amenazada la sostenibilidad de las pensiones”, dijo a la AFP el argentino Fabio Bertranou, director del Equipo de Trabajo Decente de Países de la OIT para el Cono Sur de América Latina.

Señaló que uno de cada dos trabajadores en América Latina no está registrado ni cotiza en la seguridad social, que lo cubre por enfermedad, desempleo y vejez.

“El desafío del sistema (de pensiones) es que tienes mucha informalidad”, indicó Bertranou durante la 19 Reunión Regional Americana de la OIT que se celebra en Panamá.

De 2005 a 2015 la tasa de trabajadores que cotizaba se incrementó de 36% a 44% debido a una mayor formalización del trabajo, gracias a una expansión económica producto de los buenos precios de las materias primas, según la OIT.

Aún así, unos 145 millones de trabajadores no cotizan a la seguridad social en Latinoamérica.

Trabajos informales

En los últimos años la región ha sentido una desaceleración económica que podría afectar la formalización laboral, al tiempo que surgen otras relaciones laborales con la aparición de nuevas tecnologías y el trabajo autónomo.

“Dado lo que ha pasado en el mercado de trabajo, entendemos que se ha ralentizado ese progreso que hubo en la última década”, señaló Bertranou.

Por ello, urgió a apostar por el trabajo formal, lo que permitiría mayores ingresos para el sistema de seguridad social.

“Es imperioso trabajar en la formalización, no solamente porque es bueno para la productividad y los derechos, también es bueno para la sostenibilidad de la protección social”, dijo.

Para ello planteó la formalización de los trabajadores que no cotizan al seguro social, sobre todo los obreros por cuenta propia, así como el aumento de recursos y políticas gubernamentales que favorezcan el empleo formal.

Sin embargo, Bertranou advirtió que “la informalidad ni siquiera la vamos a resolver en una década, es un camino a recorrer”, dijo.

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