El pleno del Congreso de la República inició este miércoles 22 de marzo con el camino de la aprobación de una ley que pretende que en Guatemala se vuelva a aplicar el recurso de gracia o de indulto presidencial, como parte del mecanismo para reactivar la pena de muerte.

La normativa legal necesita de dos sesiones más para determinar si se aprobará, pese a que hasta el momento solo cuenta con un dictamen favorable de una de las dos comisiones de trabajo a la que se envió para su análisis.

El análisis favorable fue emitido por la Comisión de Defensa, mientras que la Comisión de Derechos Humanos se encuentra en el proceso de elaborar dos dictámenes: uno favorable y otro desfavorable, para que los 19 miembros de la sala legislativa voten y definan que posición adoptarán, aunque la decisión final la tienen los 160 diputados en el pleno del Congreso, según reconocen algunos legisladores.

La propuesta consta de 28 artículos, en los que se detalla el procedimiento para que las personas condenadas a la pena capital planteen el recurso de gracia.

Se establece que dichas peticiones ingresarán a la Secretaría General de la Presidencia y el mandatario tendría 30 días para emitir la resolución, y en caso de que se aplique el perdón, la pena se sustituirá por la condena máxima de tiempo en la cárcel que contemple el delito por el que se juzgó a la persona.

Aunque en el pleno del Congreso la propuesta no generó mayor discusión, en la Comisión de Derechos Humanos sí hubo criterios divididos sobre la aplicabilidad de la norma.

“Si el dictamen gira en el sentido de reinstalar el indulto como una garantía, como los recursos legales que puede hacer uso la persona que está sindicada o condenada a pena de muerte, en esa línea, estaría de acuerdo, pero tendríamos que ver el dictamen”, expuso el jefe de la bancada Todos, Cornelio García durante la reunión de la sala legislativa.

Sin embargo, algunos diputados de oposición criticaron que la propuesta sea puesta en discusión a días de que empiece la campaña electoral.
“La verdad es una irresponsabilidad, porque estamos a días de que inicie la campaña (electoral) y estamos cayendo en un tema de populismo y un tema clientelar”, expuso la jefa de la bancada Winaq, Sonia Gutiérrez.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Herberth Figueroa, expuso que sometieron a votación un dictamen provisional, pero de los 19 miembros siete votaron a favor y seis en contra, por lo que se reunirán la próxima semana por el tema.

¿Se puede aplicar la pena de muerte?

A criterio de algunos diputados, la iniciativa para aplicar el indulto nuevamente representa un 50 % del proceso para volver a aplicar la pena de muerte en el país, considerando que actualmente no hay delitos por los cuales se pueda imponer la pena capital.

Algunos parlamentarios coinciden en que la salida puede ser por medio de la denuncia del Pacto de San José, del cual Guatemala es firmante, pero esto tardaría aproximadamente un año.

Mientras que la otra alternativa es la restitución textual de los delitos a los que se podía aplicar la pena de muerte, según el Código Penal, hasta antes del 2017, cuando la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional la mayoría de delitos.

Eso se podría hacer con la iniciativa 5714, que está en la Comisión de Gobernación y que pretende reformar al Código Penal y el Código Procesal Penal, para restablecer la pena de muerte, bajo el argumento de que en el país no es aplicable, debido a la creación de nuevos tipos penales y por el criterio de la peligrosidad del “agente” y no en los actos cometidos.

Pasados 12 días desde que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a elecciones e iniciara la inscripción de candidatos, un grupo de diputados encabezados por la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, presentaron una iniciativa de ley con la que buscan reactivar el tema con una normativa que establezca el procedimiento para la aplicación del recurso de gracia o indulto de la pena de muerte.

La iniciativa también es firmada por los diputados Leopoldo Salazar, Hérber Melgar Padilla, Javier Hernández, Ángel González, Sergio Arana y Douglas Rivero.

En la sesión plenaria de este miércoles 1 de febrero, la iniciativa fue leída en el pleno y enviada a las comisiones de la Defensa Nacional y de Derechos Humanos, donde se hará el análisis y se emitirán los dictámenes respectivos.

“Es una iniciativa que viene del Ejecutivo, nosotros la vamos a analizar en la Comisión de Defensa. Miren, aquí es una cosa que ya existe en el artículo 18 de la Constitución, existe la pena de muerte, aunque está vigente no está positiva, entonces el procedimiento es hacer una denuncia al Pacto de San José y retomar la obligación del Presidente de poder hacer los indultos a la pena de muerte”, expuso el diputado Hérber Melgar Padilla.

La propuesta se presenta cinco días después de que el presidente Alejandro Giammattei durante su discurso en la graduación de dos mil agentes de la Policía Nacional Civil hiciera referencia al tema.

“Y ojalá el Congreso de la República le devolviera lo que la Constitución le dice al Presidente de la República, el derecho del recurso de gracia para que la aplicación de la pena de muerte pudiera ser efectiva, porque no me temblaría la mano si son llevados y condenados a pena de muerte los que mataron a esa niña de 7 años, recientemente en Villa Nueva”, dijo el mandatario con relación al caso de Génesis Ixcajop, asesinada en Ciudad Peronia, Villa Nueva.

La iniciativa señala que tiene como finalidad “determinar” si en casos concretos procede conmutar la pena de muerte a juicio del Jefe de Estado, para ser sustituida por la privación de la libertad regulada en las leyes actuales.

A la fecha, la pena de muerte no es aplicable en el país, derivado de que existe un “vacío legal”, según reconoce la iniciativa, derivado de que no se cuenta con el recurso del indulto, con lo cual se violenta el debido proceso y el derecho de petición, detalla en la exposición de motivos.

“Vacío legal que constituye un obstáculo para la debida aplicación de dicha pena y al no existir un procedimiento adecuado para cumplir con la normativa constitucional, resulta necesario crear un mecanismo legal idóneo para cumplir con la finalidad que ésta persigue, como una forma de extinción de responsabilidad y de la sanción penal”, expone la iniciativa.

En el 2017, la Corte de Constitucionalidad resolvió declarar inconstitucional la aplicación de la pena de muerte en los delitos de parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, desaparición forzada y muerte del presidente o vicepresidente.

Mientras que en el 2004 se derogó el decreto 159, que regulaba el indulto y permitía al presidente del país suspender la ejecución.

La última ocasión en la que se aplicó la pena de muerte en Guatemala fue en el 2000; sin embargo, por el pacto de San José su legalidad ha estado en entredicho.