En 1608, los colonos de Jamestown, el primer asentamiento inglés de carácter permanente en América del Norte, ejecutaron por fusilamiento al capitán George Kendall, acusado de espiar para España.

En los más de cuatro siglos que han pasado desde entonces, se calcula que 1.390 personas han sido ejecutadas en Virginia, más que en cualquier otro estado del país, según datos del Death Penalty Information Center (Centro de Información sobre la Pena de Muerte, DPIC por sus siglas en inglés).

En la llamada “era moderna” de la pena de muerte en EE.UU., que se cuenta desde 1976, año en que la práctica fue restablecida después de haber sido prohibida en 1972, el estado ejecutó a 113 personas, quedando solo por detrás de Texas.

Pero ahora, 413 años después, Virginia se convertirá en el 23º estado del país, y el primero del antiguo sur confederado, que pone fin a este castigo, en una decisión considerada histórica y que tiene el potencial de influir en otros gobiernos de la zona para que sigan el mismo camino.

El pasado viernes, la Cámara de Representantes del estado aprobó por 57 votos a favor frente a 41 en contra el proyecto de ley para abolir la pena de muerte.

Una propuesta similar fue aprobada dos días antes en el Senado estatal.

Ahora, los dos textos deben conciliarse antes de ser presentados ante el gobernador del estado, el demócrata Ralph Northam, quien ya adelantó que firmará la ley, algo que se espera ocurra en abril.

“La decisión de Virginia, el estado con el número más alto de ejecuciones en la historia estadounidense, de abolir la pena de muerte envía un claro mensaje sobre las tendencias de opinión pública y apoyo gubernamental a la pena de muerte en este momento”, le dijo a BBC News Brasil la directora en jefe de investigaciones y proyectos especiales del DPIC, Ngozi Ndulue.

“Es muy significativo que el estado más prolífico en ejecuciones haya decidido que la pena de muerte es innecesaria y que castigos alternativos son preferibles”, afirmó.

Control demócrata

La decisión supone un cambio de postura en Virginia, donde el Partido Demócrata, que controla el gobierno del estado, asumió también el poder en ambas cámaras del Congreso estatal el año pasado.

Hasta hace pocos años, el legislativo del estado, entonces controlado por el Partido Republicano, se esforzaba por garantizar la continuación de las ejecuciones, amenazadas por la escasez de los componentes necesarios para la inyección letal.

Entre las medidas propuestas en aquel momento estaba buscar proveedores farmacéuticos alternativos, cuya identidad se mantendría en secreto, o incluso adoptar la silla eléctrica como método principal de ejecución.

Desde que conquistaron la mayoría, los demócratas vienen aprobando en el estado una serie de medidas consideradas progresistas en temas como el aborto o la posesión de armas.

En la votación del Senado estatal esta semana, 17 de los 18 republicanos votaron contra la abolición de la pena de muerte y uno se abstuvo, pero la propuesta salió adelante con el voto de los 21 senadores demócratas.

En la Cámara, además de los demócratas, el proyecto contó con el apoyo de dos republicanos.

La decisión también refleja un cambio en el sentimiento de la ciudadanía, tanto en el estado como en el país, donde encuestas de opinión indican que el apoyo a la pena de muerte está decayendo.

Ngozi Ndulue destaca que la cuestión genera interés bipartidario y dice que hay muchos republicanos en todo el país que apoyan la abolición de la pena capital.

En 2019, un sondeo de Gallup insinuó que un 60% de los estadounidenses prefieren la cadena perpetua a la pena de muerte como forma de castigo para los asesinatos.

Fue la primera vez desde que se empezó a hacer esa pregunta, en 1985, que una mayoría de los entrevistados se decantó por la pena alternativa a la muerte.

Costos e injusticia

Son varios los motivos que explican la caída del apoyo a la pena de muerte.

Algunos apuntan a los elevados costos para mantener a los condenados en el corredor de la muerte, a menudo durante décadas entre la sentencia y la ejecución, en procesos judiciales caros y prolongados.

También existe la preocupación de que personas inocentes sean injustamente ejecutadas. Desde 1973, más de 170 condenados a muerte acabaron siendo declarados inocentes antes de que se aplicara la sentencia.

Se sospecha que muchos otros pudieron ser ejecutados antes de que se demostrara su inocencia.

Además, hay evidencias de que la pena de muerte en Estados Unidos se aplica de forma desproporcionada sobre presos de minorías raciales.

Según el DPIC, desde 1976 fueron ejecutados 296 negros acusados de matar a víctimas blancas. En el mismo período, 21 blancos fueron ejecutados por la muerte de víctimas negras.

Durante el debate en el Senado de Virginia, el autor del proyecto de ley, el demócrata Scott Surovell, citó unos cálculos según los cuales 1 de cada 10 personas sentenciadas a muerte en el país fue condenada injustamente y también llamó la atención sobre las disparidades raciales en la pena de muerte.

Entre los argumentos de los republicanos que se opusieron a la propuesta estaba el de que algunos crímenes son tan “salvajes” que merecen la pena de muerte y que las condenas injustas o las disparidades raciales son problemas del pasado.

Antecedentes históricos

Desde su primera ejecución en 1608, Virginia destacó por el número de condenados a muerte.

En la época en la que todavía era colonia, pequeñas infracciones como matar gallinas podían resultar en la pena capital.

Durante 300 años, las ejecuciones en el estado se realizaban por ahorcamiento. En 1908, pasaron a ser por electrocución. Actualmente el método más utilizado es el de la inyección letal, pero los condenados tienen la opción de elegir la silla eléctrica.

Muchos especialistas citan la conexión histórica entre la pena de muerte en Virginia y su pasado de esclavitud y segregación de la población negra. Durante la guerra civil (1861-1865), Virginia era sede de la capital de los Estados Confederados, Richmond.

Algunos años después de la guerra, al igual que otros estados del antiguo sur confederado. Virginia adoptó rígidas leyes de segregación racial que perduraron durante décadas.

En la época eran también comunes los linchamientos de personas negras, especialmente en los estados que habían perdido la guerra.

Según la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), una de las principales organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos, entre 1882 y 1968 se registraron 4.743 linchamientos en el país, de los cuales 3.446 tuvieron como víctimas a personas negras.

Disparidades raciales

Las disparidades raciales son visibles a lo largo de la historia de la pena de muerte en Virginia. En el pasado, era común que la decisión de imponer la pena de muerte fuera influida por la raza del preso o la raza de la víctima.

Según el DPIC, 79 blancos y 296 negros fueron ejecutados en Virginia entre 1900 y 1999.

En el período de 1900 a 1969, ningún preso blanco fue ejecutado por crímenes que no resultaran en la muerte de la víctima. En el mismo período, 73 hombres negros fueron ejecutados por crímenes como violación o robo.

Un informe elaborado en 2000 por la Comisión Legislativa Conjunta de Revisión y Auditoría de Virginia reveló que, cuando la víctima era blanca, el acusado tenía tres veces más posibilidades de ser condenado a muerte que cuando la víctima era negra.

“La injusticia racial tuvo un papel central en la aplicación de la pena de muerte en Virginia durante cientos de años”, señala Ndulue.

“Por eso la abolición ahora es tan importante, tanto en un nivel práctico como en un nivel simbólico”, subraya, recordando que la decisión puede enviar un mensaje a otros de los estados que formaron parte de la Confederación.

Inocentes condenados

Uno de los casos más famosos de injusticia en la aplicación de la pena de muerte en Virginia es el de Earl Washington, un hombre afroestadounidense con discapacidad intelectual grave que fue acusado de violar y matar a una mujer en 1982 y fue condenado a muerte en 1984.

Sus abogados consiguieron suspender la ejecución pocos días antes de la fecha prevista, en 1985. Investigaciones posteriores revelaron que la discapacidad de Washington hizo que confesase el crimen, del cual era inocente, al ser coaccionado por la policía.

Esta conclusión fue confirmada por pruebas de ADN, que exoneraron a Washington. No fue puesto en libertad hasta el año 2000.

Si bien Washington fue el único preso en el corredor de la muerte en Virginia que fue puesto en libertad tras probarse su inocencia, hay otros casos notorios de injusticia y disparidades raciales a lo largo de la historia de esta práctica en el estado.

“Sabemos que [Washington] es solo la punta del iceberg”, resalta Ndulue.

Uno de esos casos fue bautizado como “Los 7 de Martinsville”, en referencia a siete hombres negros ejecutados en el estado en 1951 después de haber sido acusados de participar en la violación de una mujer blanca.

En la época en que fueron detenidos se los interrogó para que confesaran el crimen sin la presencia de abogados y bajo la amenaza de que serían entregados a una multitud para ser linchados.

A pesar de que no había pruebas que los vinculara al crimen, fueron condenados rápidamente por un jurado compuesto solo por hombres blancos.

Caída gradual

En los últimos años, el número de ejecuciones fue bajando. La sentencia no se impone en Virginia desde 2011 y las últimas ejecuciones en el estado ocurrieron en 2017.

El mes pasado, Corey Johnson fue ejecutado en Virginia, pero su pena no la aplicó el estado sino el gobierno federal.

En Estados Unidos, las ejecuciones federales se reservan para determinados tipos de delitos, que son juzgados en tribunales federales. Son independientes de las ejecuciones estatales, que se aplican para crímenes juzgados por tribunales estatales en los estados que permiten la práctica.

El año pasado, el entonces presidente Donald Trump decidió acelerar las ejecuciones federales, que no ocurrían desde 2003. En la recta final de su gobierno, 13 presos fueron ejecutados por el gobierno federal.

El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió en campaña acabar con la pena de muerte federal.

El año pasado se registró no solo el menor número de nuevas condenas a muerte de la “era moderna”, sino también el menor número de ejecuciones en tres décadas: siete personas fueron ejecutadas por los estados en 2020.

La caída fue impulsada por la pandemia de covid-19, pero especialistas resaltan que también antes del coronavirus el número de condenas a muerte y ejecuciones venía decayendo de forma gradual.

La práctica fue abolida en otros 22 estados además de Virginia y en 12 estados no se ha ejecutado a nadie en al menos 10 años.

El corredor de la muerte de Virginia tiene actualmente dos condenados a la espera de ejecución. Anthony Juniper fue sentenciado en 2005 por el asesinato de cuatro personas y Thomas A. Porter recibió su sentencia en 2007 por la muerte de un policía.

Con la abolición de la pena de muerte en el estado, la sentencia de ambos quedará en cadena perpetua.

El preso Romell Broom, condenado a muerte en Ohio y que sobrevivió a 18 pinchazos en el primer intento de ejecutarlo con la inyección letal en el 2009 podría haber muerto de Covid-19, según lo informaron medios internacionales.

El 15 de septiembre de 2009 Broom sobrevivió a su ejecución mediante inyección letal en la Prisión sur (Southern Correctional Facility), de Lucasville (Ohio), a cuatro horas de Pittsburgh, pero el equipo médico a cargo tuvo dificultades para encontrar sus venas.  Tras los numerosos intentos fallidos se decidió suspender la ejecución, debido al daño físico que habían generado los múltiples pinchazos en distintas partes del cuerpo.

Boom estaba en el corredor de la muerte por secuestrar, violar y asesinar a Tryna Middleton, una niña de 14 años a quien después de agredirla sexualmente la apuñaló siete veces en 1984.  Tres meses después, Boom obligó a una menor de 11 años a subir a su automóvil, pero la madre de la víctima pudo frustrar su escape corriendo detrás del automóvil.

Ese se atascó en el hielo, y ella logró hacer que su hija escapara.  Pero, cuando lo hizo, el vehículo de Broom pudo recuperar la marcha y , al hacerlo, le pasó encima a una de las piernas de la joven. En ese intento de secuestro, dos testigos tomaron la placa del vehículo y eso, junto al testimonio de la víctima y su madre, condujo a su arresto.

Desde el intento fallido de darle muerte con la inyección letal, Broom luchó sin éxito para evitar una segunda ejecución.  Su fecha de intento más reciente fue en junio, pero en la primavera el gobernador republicano Mike DeWine emitió un indulto y fijó una nueva fecha en marzo de 2022.

La familia reacciona

Bessye Middleton, la madre de Tryna, aseguró el miércoles 30 de diciembre del 2020 sentirse aliviada, pues ni ella ni su familia debían enfrentarse más a las apelaciones que buscaban absolver a Broom de su sentencia.

Broom muriño el pasado lunes 28 de diciembre de 2020 y se convirtió en el segundo condenado a muerte del estado de Ohio que pierde la vida tras contagiarse con coronavirus.

*Con información de El Heraldo de México, El Clarín , El Comercio

“Daniel Lewis Lee fue ejecutado utilizando la inyección letal”, informó la prisión de la localidad de Terre Haute, en Indiana, donde estaba el condenado.

Lee, de 47 años y quien era un supremacista blanco que después renunció a estas creencias, fue condenado a la pena capital por el asesinato de una niña y sus padres en 1996 en medio de un robo para obtener fondos para la “República de los Pueblos Arios”.

La pareja asesinada tenía un importante arsenal en su casa y las autoridades calcularon que en el robo Lee obtuvo cerca de US$80.000.

Las últimas palabras

En sus últimas palabras, Lee proclamó su inocencia, según un periódico local que estuvo en la ejecución, criticando al sistema de justicia por ignorar evidencia.

“Están matando a un hombre inocente”, dijo Lee, según el diario The Indianapolis Star.

La abogada de Lee, Ruth Friedman, denunció en un comunicado el “vergonzoso” proceso que llevó a la muerte del condenado y dijo que su cliente estuvo esperando cuatro horas en la camilla antes de ser ejecutado.

Lee, originario de Yukon (Oklahoma), fue condenado en Arkansas en 1999 y pasó 20 años en el corredor de la muerte.

La ejecución estaba prevista para el lunes pero la jueza de distrito Tanya Chutkan ordenó suspender la sentencia horas antes para permitir impugnaciones a los protocolos de la inyección letal, que se aplicaría a ese y a otros tres condenados a muerte por delitos federales.

El Departamento de Justicia apeló inmediatamente la sentencia de Chutkan y la Corte Suprema le dio la razón este martes de madrugada.

 Otra ejecución prevista el miércoles

La Corte Suprema estimó que Lee y los otros detenidos “no han hecho lo necesario que justifique una intervención en el último momento de un tribunal federal”.

El próximo condenado a muerte, Wesley Purkey, de 68 años, será ejecutado el miércoles, también en Terre Haute.

Earlene Peterson, cuya hija y nieta fueron asesinadas por Lee, había pedido clemencia al presidente Donald Trump pero el mandatario ignoró su petición.

Los familiares de las víctimas también solicitaron postergar la ejecución debido a la pandemia de coronavirus, hasta que pudieran viajar con seguridad para presenciar el procedimiento.

Alegaron que debían afrontar una “elección imposible” entre su derecho a asistir a la ejecución y el respeto por su salud, en el país del mundo con más fallecidos por el coronavirus, con más de 135.615 muertos.

Pero finalmente el procedimiento siguió su curso.

El gobierno de Trump, que defiende penas más duras para los criminales, anunció en julio de 2019 que la administración federal iba a volver a usar la pena capital, poniendo fin a una moratoria informal que estaba en vigor desde 2003.

La moratoria se sostuvo debido a los debates sobre los métodos de ejecución y a controversias sobre las drogas utilizadas, además de las reticencias del anterior presidente estadounidense, el demócrata Barack Obama.

Entonces, el fiscal general, Bill Barr ordenó que se ejecutara el procedimiento mediante una sola inyección legal del fenobarbital (fenobarbitona), un barbitúrico que reemplaza un método que usaba tres drogas distintas.

En Estados Unidos, la mayoría de los delitos se juzgan a nivel estatal, pero la justicia federal puede ocuparse de los crímenes más graves (ataques “terroristas”, crímenes racistas) o cometidos en bases militares.

El apoyo a la pena de muerte se ha erosionado entre los estadounidenses, según las encuestas, pero sigue siendo fuerte entre los votantes republicanos, 77% de los cuales está a favor de ese castigo para los asesinos.