Es uno de solo cinco estados que ejecutaron penas de muerte en 2023. Y uno de los siete que dictaron nuevas sentencias de muerte en ese mismo año.

Es un estado que va en contravía de la tendencia general del país que ha ido dejando poco a poco de lado la pena capital. En la mayoría de estados, esa medida ha sido abolida o, aunque sigue existiendo en las leyes, en la práctica las ejecuciones han sido suspendidas.

Ahora, Alabama se convirtió en el primer estado en ejecutar a una persona con gas nitrógeno, un método controversial debido a que, según sus opositores, podría implicar sufrimiento innecesario.

Kenneth Eugene Smith, de 58 años, fue ejecutado con este método este jueves por la noche.

“Hay muchas preocupaciones alrededor de este método de ejecución, porque nunca antes ha sido usado y múltiples médicos y científicos han dicho que tienen serias preocupaciones sobre la forma como será usado”, le dijo a BBC Mundo Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Smith sobrevivió a un primer intento de ejecución en 2022, cuando intentaron suministrarle una inyección letal, pero no le encontraron la vena.

El sentenciado es culpable por el homicidio de una mujer que ocurrió hace 35 años.

La pena de muerte en Alabama

Entre 2019 y 2023, 9 personas fueron ejecutadas en el estado de Alabama, una cifra solo superada por Texas (28), Oklahoma (11) y el gobierno federal de Estados Unidos (13).

“Creo que mucho de eso es cultural. Alabama siempre ha sido un estado que ha usado mucho la pena de muerte. E incluso antes de usar la pena de muerte, tenía una historia de usar otras formas de ejecución extrajudicial, incluyendo linchamientos y otras formas de violencia racial”, dice Maher.

“Muchos creen que hay un hilo conductor desde esa época hasta ahora”, agrega.

Además de un alto número de ejecuciones efectivas, Alabama es un estado que sigue dictaminando nuevas sentencias de muerte cada año.

Junto con Florida, son los estados en donde más sentencias de muerte se pronunciaron entre 2021 y 2023.

El alto número de sentencias en esos dos estados coincide con que son los únicos en los que se permite dictaminar la pena capital, incluso cuando el jurado del caso no llega a una decisión unánime.

Las leyes en Alabama permiten escoger ese castigo cuando hay al menos 10 de los 12 jurados de acuerdo.

En 2023, Florida pasó una ley que lo permite cuando al menos 8 jurados votan a favor.

En todos los demás estados donde existe la pena de muerte, es indispensable la unanimidad del jurado para determinarla.

El jurado lo integran ciudadanos del estado, que son seleccionados de la lista de votantes o de las personas que tienen una licencia para conducir, con lo cual no deben tener conocimiento especializado en leyes.

En el juicio de Kenneth Smith, el hombre que fue ejecutado en Alabama este jueves, el jurado votó por sentenciarlo a cadena perpetua, pero el juez anuló esa decisión e impuso la pena de muerte.

Eso es algo que la legislación actual del estado no permitiría.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, la mayoría de las personas que fueron ejecutadas en Estados Unidos en 2023 probablemente no serían sentenciadas a muerte hoy.

Una encuesta de Gallup de 2023 arrojó que, por primera vez desde que se realiza la medición, el porcentaje de estadounidenses que creen que la pena de muerte en el país se aplica injustamente supera a quienes creen que se hace justamente.

Serias preocupaciones

La hipoxia por nitrógeno, el nuevo método con el que Alabama le causó la muerte a Kenneth Smith, genera preocupaciones entre médicos y abogados.

En Alabama, Oklahoma y Mississippi está aprobado usar ese método, pero nunca antes se había hecho.

Pero las preocupaciones de los expertos sobre cómo se está aplicando la pena de muerte en Alabama no se limitan a ese método.

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte ha documentado varios casos de ejecuciones mal hechas en ese estado.

En 2022, el personal del Departamento de Correcciones de Alabama estuvo tres horas detrás de una cortina cerrada tratando de suministrarle la inyección leyal a Joe James Jr. Una reportera de The Atlantic describió el procedimiento como una carnicería.

“Muchas de estas ejecuciones presentan indicios de tortura. Parecen experiencias dolorosas y atroces para los prisioneros”, expresa Maher cuando se le pregunta por las ejecuciones mal hechas o fallidas.

Por otro lado, el estado tiene un historial de casos de personas que estaban condenadas a pena de muerte por crímenes que no cometieron como el de Walter McMillan, y casos en los que recaen dudas sobre la labor de los fiscales y los jueces, como el de Toforest Johnson, quien fue acusado por un testigo al que luego se conoció que le habían pagado US$5.000 para hacerlo.

En la decisión de ejecutar a una persona están involucradas varias partes del estado.

Que se prohíba o no la medida depende del Congreso estatal.

Que se le dicte la pena de muerte depende de los fiscales, los jueces y el jurado.

Pero hay una última instancia que puede evitar una ejecución: el gobernador del estado -Key Ivey, en el caso de Alabama- puede concederle clemencia a un sentenciado y reducirle la pena.

Desde 1976, el estado de Alabama lo ha hecho en un único caso.

“Como gobernadores, teníamos la facultad de conmutar las penas de todos los condenados a muerte de Alabama por cadena perpetua. Perdimos nuestra oportunidad de hacer frente a la pena de muerte y vivimos para arrepentirnos.”, escribieron dos exgobernadores de Alabama en el Washington Post en 2023.

Una minoría de las sentencias de muerte en Estados Unidos termina en ejecuciones.

Las ejecuciones suelen darse cuando los sentenciados ya han pasado décadas en condiciones de aislamiento severas, una espera mezclada con incertidumbre que es calificada por quienes se oponen a la pena de muerte como un abuso psicológico. 

La ejecución de un estadounidense condenado a muerte por el asesinato de una mujer hace 30 años, que estaba prevista para el jueves, fue suspendida en el último momento por la Corte Suprema, que consideró ilegal la ausencia de un capellán.

Willie Smith, de 52 años, iba a recibir una inyección letal en la cárcel de Holman, en Atmore, en el estado de Alabama, en el sureste de Estados Unidos.

En 1991, el condenado había secuestrado a una mujer de 22 años ante el cajero automático de un banco y, amenazándola con un arma, le obligó a darle su código de tarjeta de crédito.

Después, la llevó por la fuerza a un cementerio y la mató de un disparo en la cabeza. Puso el cuerpo en el automóvil de la joven y le prendió fuego.

Un año después fue condenado a muerte por un jurado. Desde entonces, sus abogados han intentado evitar el cumplimiento de la pena, subrayando los problemas mentales del condenado.

En las últimas semanas introdujeron de nuevo varios recursos, entre ellos la necesidad de que un capellán estuviera en la misma habitación que Smith cuando recibiera la inyección letal, algo que en este momento está prohibido en la prisión debido a la pandemia del coronavirus.

Smith deseaba que un religioso le acompañara en este ese momento y la justicia le dio la razón el miércoles último. Las autoridades de Alabama se opusieron a la decisión y apelaron ante la Corte Suprema, que rechazó su solicitud el jueves por la noche.

Los jueces consideraron que “no se puede ejecutar a Smith sin que esté presente el pastor” que el condenado había solicitado. Su ejecución podría tener lugar en las próximas horas si el estado autoriza la presencia del religioso en la habitación.

El gobierno del expresidente Donald Trump reanudó las ejecuciones el pasado julio y desde entonces se aplicaron 13 condenas a muerte. El presidente Joe Biden se opone a la pena capital, que ya ha sido abolida en 22 estados del país y en otros tres está suspendida temporalmente.