Será la primera vez en 17 años que la justicia a nivel federal lleve a término este tipo de castigo, cuya aplicación se ha vuelto extremadamente rara.

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En 1972, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la pena de muerte por considerar que equivalía a un castigo cruel e inusual debido a la manera arbitraria como se llevaba a cabo.

Pero dejó la puerta abierta a su aplicación si había un cambio en los procedimientos que hasta entonces perjudicaban a los pobres y a las minorías.

Tras hacer modificaciones a sus estatutos de aplicación, muchos estados comenzaron poco tiempo después a restablecer la pena capital.

Esta fue convalidada nuevamente en 1976 en una sentencia en la que el máximo tribunal señaló que no era inconstitucional en sí misma y que cumplía una función social por su efecto disuasorio y de castigo.

Sin embargo, su restablecimiento para delitos federales no ocurrió sino hasta 1988.

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Desde entonces, han sido ejecutadas tres personas, incluyendo a Timothy McVeigh, el responsable de un atentado contra un edificio gubernamental en 1995 en Oklahoma City, en el que murieron 168 personas, entre ellas 19 niños.

La última de estas ejecuciones ocurrió en 2003, cuando se le aplicó la inyección letal a Louis Jones, un condecorado veterano de la guerra del Golfo de 1990 que fue condenado por el secuestro, violación y asesinato de Tracie Joy McBride, una soldado de 19 años de edad.

En la actualidad, hay unas 60 personas condenadas a muerte por delitos federales, de acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés), una ONG que recopila información y promueve el debate sobre la pena capital en Estados Unidos.

Un castigo polémico y doloroso

Detrás del hecho de que desde 1988 las autoridades federales hayan ejecutado a tres reos cuando hay 60 condenados existe un conjunto de factores.

Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que su restablecimiento en 1988 estuvo confinado a un número limitado de crímenes, aunque una legislación aprobada en 1994 amplió bastante la lista hasta alcanzar unos 60 delitos.

Aunque es el castigo aplicable a actos como espionaje, genocidio, sicariato, traición o terrorismo, en realidad casi todos los condenados a esta pena por la justicia federal fueron sentenciados por alguna forma de homicidio agravado.

Según la base de datos del DPIC, no hay ningún espía ni genocida ni traidor y solamente hay uno de ellos juzgado por terrorismo: Dzhokhar Tsarnaev, el responsable del atentado contra el maratón de Boston en 2013.

Pérdida de respaldo

La pena capital también ha perdido respaldo en la opinión pública.

De acuerdo con un estudio de la encuestadora Gallup divulgado en junio, 54% de los estadounidenses consideran que este castigo es moralmente aceptable, lo que representa una notable caída si se compara con 71% de los consultados que decían lo mismo en el año 2006.

La aplicación de este castigo también se vio afectada por una serie de demandas judiciales.

“En 2005, un grupo de presos condenados a pena de muerte impugnaron el proceso de ejecución federal. Esa demanda estuvo en estudio durante los últimos 14 años. El proceso estuvo paralizado varios años, durante los cuales el gobierno decía que no tenía acceso a los medicamentos requeridos para las ejecuciones”, explica Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, a BBC Mundo.

El Protocolo Federal de Ejecuciones prevé que se realicen por inyección letal. Sin embargo, este método ha sido muy cuestionado después de haberse constatado que ha derivado en muertes lentas y dolorosas.

Muchas empresas farmacéuticas se han estado negando a suministrar drogas a las autoridades, pues no quieren que sus productos sean usados para aplicar la pena capital.

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“Durante más de una década y media, la pena de muerte federal fue algo que se dejaba de lado. Aunque no hubo una suspensión formal del procedimiento, una combinación de inercia administrativa, procesos de apelación prolongados, obstáculos prácticos y el número relativamente reducido de presos federales condenados a muerte detuvieron las ejecuciones”, escribió Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en América del Norte, cuando hace un año el gobierno de Trump anunció que reanudaría las ejecuciones.

Pero ¿por qué dio ese paso?

Disputa judicial

En julio de 2019, el fiscal general de EE.UU., William Barr, anunció la reanudación de las ejecuciones así como una modificación de las normas federales para que en lugar de usar el cóctel de tres fármacos que se venía aplicando se utilice un único medicamento, el pentobarbital, un potente sedante que ralentiza el cuerpo, incluido el sistema nervioso, hasta provocar la muerte.

Entonces, el Departamento de Justicia también hizo público un primer calendario para ejecutar a cinco reclusos, condenados por asesinatos o violaciones de niños.

Tras el anuncio se produjeron una serie de impugnaciones que concluyeron el pasado abril, cuando en una decisión dividida, una corte de apelaciones decidió levantar una medida preventiva que impedía seguir adelante con las ejecuciones.

Esta decisión fue cuestionada ante la Corte Suprema pero, este 29 de junio, los magistrados decidieron no admitir la impugnación dando así luz verde a las cuatro ejecuciones que fueron anunciadas dos semanas antes por el fiscal Barr.

Los condenados son:

• Daniel Lewis Lee, por la muerte de tres miembros de una familia, incluyendo a una niña de 8 años.
• Wesley Ira Purkey, sentenciado por la violación y asesinato de una joven de 16 años.
• Dustin Lee Honken, responsable de la muerte de cinco personas, entre ellas dos niñas de 10 y 6 años de edad.
• Keith Dwayne Nelson, condenado por secuestrar, violar y estrangular a una niña de 10 años.

La primera de estas ejecuciones ocurrió el 14 de julio y la de Purkey se realizó el 16 de julio. La de Honken está prevista para el 17 de julio y la de Nelson para el 28 de agosto.

Al anunciar el calendario de ejecuciones, el fiscal general Barr afirmó que los cuatro condenados tuvieron un proceso judicial completo y justo, de acuerdo con la Constitución y la leyes.

“A las víctimas de estos crímenes horribles y a las familias que dejaron atrás les debemos el seguir adelante y ejecutar la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia”, afirmó Barr.

“Tema de campaña”

Robert Dunham, del DPIC, cree que estas ejecuciones serán un asunto en la campaña electoral de cara a las elecciones del 3 de noviembre y destaca el hecho de que los cuatro reos escogidos fueron condenados por crímenes en los que perdieron la vida menores de edad.

“Es claro que el presidente Trump quiere que esto sea un tema durante la campaña electoral porque ya él empezó a atacar a su rival demócrata, Joe Biden, quien anunció su rechazo a la pena de muerte aplicada por el gobierno federal. Y los aliados políticos del mandatario intentan describir a Biden como alguien más interesado en unos asesinos de niños que en las familias de las víctimas”, señala Dunham.

Como parte de su actual campaña presidencial, Biden está proponiendo impulsar la abolición de la pena capital, aunque en el pasado fue partidario de la misma.

Trump ha sido un abierto defensor de la pena de muerte que históricamente ha gozado de mayor respaldo entre los votantes republicanos que entre los demócratas.

Un estudio del Centro Pew de Investigaciones, realizado en 2015, revela que el apoyo entre ambos grupos era de 77% y 40%, respectivamente.

Brenda Andrew lleva casi 15 años en el corredor de la muerte.

Esta mujer de Oklahoma, Estados Unidos, fue condenada a la pena capital tras ser hallada culpable de asesinar a su marido, Robert, en 2001.

Según la sentencia, Brenda planeó el crimen junto a su amante, James Pavatt (también condenado a muerte), para cobrar la póliza del seguro de Robert.

Basándose en las evidencias, el tribunal consideró sobradamente probada su culpabilidad.

Pero algunos de los argumentos utilizados en su contra durante el proceso fueron también objeto de críticas por creer que no eran oportunos ni relevantes para juzgar el crimen.

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Entre ellos, el jurado pudo escuchar las presuntas aventuras extramatrimoniales de Brenda desde años antes del asesinato. También se conocieron detalles sobre el tipo de ropa que solía vestir.

Además se mostró la ropa interior encontrada en su maleta después de que ella huyera a México, y que según el fiscal demostraba que no vivía como “una viuda afligida” tras la muerte de su marido.

Y estos factores, según jueces que revisaron su caso y que reconocieron “errores” durante el proceso, pudieron ser determinantes a la hora de influir en la decisión del jurado de condenarla a muerte.

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES DE OKLAHOMA

“Esos errores, en su forma más atroz, incluyen un patrón de presentar evidencias que no tienen otro propósito que el de decir que Brenda Andrew es una mala esposa, una mala madre y una mala mujer”, afirmó Arlene Johnson, jueza del Tribunal de Apelaciones Criminales de Oklahoma.

Y esa presentación de “pruebas inapropiadas”, remarcó la jueza al revisar el caso en 2007, violó “la regla fundamental de que un acusado debe ser condenado, en todo caso, por el delito imputado y no por ser una mala mujer”.

Johnson no dudaba del veredicto de culpabilidad, pero pidió revisar la sentencia de pena de muerte. Otro colega del tribunal incluso recomendó repetir el juicio, pero la mayoría de jueces determinó mantener la pena capital.

Brenda continúa a la espera de ser ejecutada. Hoy tiene 54 años.

“Prejuicios y discriminación”

Brenda Andrew es una de las, al menos, 500 mujeres que permanecen en el corredor de la muerte en el mundo, si bien Naciones Unidas alerta de que esta cifra es probablemente mayor.

Pese a no suponer más del 5% del total de personas a la espera de ser ejecutadas, Naciones Unidas alertó este mes de octubre con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte de que “su invisibilidad significa que sus necesidades están ocultas en gran medida”.

AFP

Por ello, once relatores de la ONU pidieron a los Estados que “revisen todas las sentencias de muerte contra mujeres y niñas, y que adopten políticas de género para abordar (…) los prejuicios y la discriminación que caracterizan sus investigaciones y juicios” en comparación con los hombres en su misma situación.

Precisamente, un informe publicado en septiembre por el Centro sobre la Pena de Muerte de la facultad de Derecho de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, trató de sacar a la luz la situación de estas mujeres.

Pero la tarea no fue sencilla debido a la falta de transparencia de muchos países que aplican esta pena.

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Es el caso de China, donde el porcentaje de mujeres oscila entre el 1 y el 5% del total de personas del país en el corredor de la muerte, por lo que el Centro Cornell considera que pueden ser “decenas o incluso cientos de mujeres”.

Es similar el caso de Irán, donde abogados de derechos humanos calculan que puedan ser decenas. Solo durante el año pasado, al menos 10 fueron ejecutadas.

También se desconoce el número de sentenciadas a muerte en Arabia Saudita, donde al menos nueve fueron ejecutadas desde 2015.

El país donde el Centro Cornell sí pudo cuantificar el mayor número de mujeres en el corredor de la muerte fue Tailandia, con un total de 94 (el 18% de personas que esperan ser ejecutadas en el país).

Le siguen Estados Unidos, con un total de 54 mujeres; Bangladesh (37), Pakistán (33) y Nigeria (32).

Violencia de género

El estudio también identificó los tipos de delitos más comunes por los que las mujeres suelen ser condenadas a la pena capital.

Decenas de ellas responden en países islámicos a los conocidos como “crímenes contra la moralidad”, tales como el adulterio.

Esta práctica, alerta la ONU, va en contra de los límites internacionales de la aplicación de la pena de muerte únicamente a casos que implican un asesinato de manera intencional.

El segundo delito más común para la condena capital de mujeres es el de aquellos relacionados con drogas.

AFP

De hecho, las mujeres -arrestadas en su mayoría por vender droga en la calle o actuar como “mulas” para transportarla a otro país- representan el 30% de los arrestos mundiales por narcotráfico.

Sin embargo, la mayoría de mujeres en el corredor de la muerte fueron condenadas por crímenes de asesinato, muchos de ellos a familiares cercanos.

El informe destaca que muchos de estos crímenes fueron cometidos en un contexto de violencia de género aunque, de nuevo, es imposible saber en cuántos por la falta de datos.

“En muchos casos de mujeres acusadas de matar a su marido, por ejemplo, en el juicio no se pregunta si había un contexto de violencia doméstica, por lo que no se hace ningún alegato basado en violencia de género y el tribunal nunca lo escucha”, le dice a BBC Mundo Delphine Lourtau, directora ejecutiva del Centro Cornell sobre Pena de Muerte.

“Y en los casos en que se presenta, la mayoría de veces el tribunal no los considera pruebas relevantes para entender las circunstancias del delito”, agrega.

La ONU coincide en que es extremadamente raro que el abuso doméstico sea tenido en cuenta como un atenuante durante los procesos que llevan a la pena capital.

“La imposición de la pena de muerte es siempre arbitraria e ilegal cuando el tribunal ignora hechos esenciales que pueden haber influido significativamente en las motivaciones, la situación y la conducta de un acusado de un delito capital, incluida su exposición a la violencia doméstica y otros abusos”, señalaron sus relatores.

La ONU también recuerda que la ejecución de cualquier persona por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años está estrictamente prohibida por las leyes internacionales.

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El informe del Centro Cornell reconoce la dificultad de documentar estos casos, debido a veces por la dificultad de definir la edad de las condenadas, pero todos los casos que detectaron estaban relacionados con violencia de género, matrimonio infantil y/o abuso sexual en países como Irán o Pakistán.

“Según las leyes iraníes, las niñas pueden enfrentarse a pena de muerte a partir de los nueve años de edad”, destaca Lourtau.

Teoría de la mujer diabólica

Pero si hay un factor distintivo entre los casos de mujeres condenadas a muerte respecto a los hombres, según el Centro Cornell, es el hecho de que la violación de estereotipos de género tradicionalmente asociados a la mujer suele ser un factor añadido a la hora de que se opte por la pena capital para castigarlas.

“En muchos casos, los tribunales juzgan a las mujeres no solo por sus supuestos delitos, sino también por lo que se percibe como sus fallas morales: como esposas ‘infieles’, madres ‘indiferentes’ o hijas ‘ingratas'”, declararon los relatores de la ONU.

Sin embargo, las estadísticas apuntan a que, en general, los jurados tienden a imponer la pena de muerte con menos frecuencia a mujeres que a hombres.

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Expertos legales afirman que los trastornos emocionales son considerados como atenuante en muchos de sus casos, o que el jurado suele ser más reacio a dejar viviendo a niños sin su madre que sin su padre.

Para contrarrestar esta tendencia, en muchos procesos legales contra mujeres se utiliza una estrategia identificada en documentos de criminología y género desde hace décadas: la llamada “teoría de la mujer diabólica”.

Esta táctica persigue explotar los casos en que las mujeres rompen con sus estereotipos de comportamiento tradicional para que sean sometidas a castigos frecuentemente reservados para hombres.

Según el abogado de Brenda Andrew, John Carlson, esta estrategia fue “hábilmente” utilizada por los fiscales para presentar a su clienta como una mujer que, por sus actos, renunciaba “a la protección que la feminidad suele ofrecerles a los ojos del jurado”.

DEPARTAMENTO DE CORRECCIONES DE OKLAHOMA

“Representaron a la señora Andrew como malvada de una manera únicamente femenina. La retrataron como agresivamente sexual, hostil a las nociones profundamente arraigadas de feminidad y ansiosa por profanar las normas de la sociedad sobre el matrimonio y la monogamia”, le dice a BBC Mundo.

“Para probar que era una asesina apta para ser ejecutada, demostraron que era una mujer adúltera, una que disfrutaba e incluso se deleitaba con su vida sexual mientras traicionaba a su esposo”.

“Una vez hecho, convencer al jurado de que la condenaran a muerte fue fácil”, agrega.

Preguntado sobre si el veredicto hubiera sido también de pena de muerte si su representada hubiera sido hombre, el abogado es tajante.

“No, los hombres que son juzgados por delitos capitales no tienen por qué ser representados como adecuados para recibir penas [consideradas] masculinas. Vienen preparados para la muerte. Las mujeres deben ser degradadas primero; entonces están listas para la muerte”, concluye.