La reforma aprobada con los votos de 63 de los 84 diputados del Congreso unicameral, otorga calidad de prueba en los juicios a la “evidencia digital”, categoría que se le da a documentos digitales, mensajes electrónicos, imágenes, vídeos, datos y cualquier tipo de información almacenada, recibida y transmitida mediante tecnologías de la información y comunicación.

También permite las “operaciones encubiertas digitales que resulten necesarias, las cuales estarán a cargo de la Policía, previa autorización por escrito del Fiscal General de la República”.

Para que las autoridades fiscales y policiales puedan acceder a “contenido” de evidencia digital y que este pueda ser considerado como tal, se “requerirá orden judicial” solicitada por la Fiscalía.

Según el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Castro, la reforma “hace levantar sospechas” de que podría haber una “manipulación y se podría usar la ley como una autorización para el espionaje”.

“Nos preocupan las facultades amplias que se otorgan a la Fiscalía, incluyendo para emplear agentes encubiertos digitales”, dijo por su parte Juan Pappier, investigador de la División de las Américas de Human Rights Watch.

Para el gobierno, se trata de una figura necesaria.

“Ante una cantidad tan alta de denuncias era necesario poner atención y actuar. Quiero recalcar, frente a las difamaciones, que la figura de agente encubierto digital es un procedimiento que se ha utilizado siempre con el objetivo de incautar evidencia y ponerla a la disposición de las autoridades. Aquí no hay persecución ni espionaje, solo combate al delito”, aseguró el diputado oficialista Eduardo Amaya, en la sesión plenaria.

A principios de enero, el gobierno salvadoreño negó haber utilizado el software israelí Pegasus, desarrollado por NSO Group, para espiar a periodistas y dirigentes humanitarios en el país.

La reacción del gobierno se produjo luego de que un informe elaborado al cierre de 2021 por el laboratorio Citizen de la Universidad de Toronto, especializado en ciberseguridad, hizo la denuncia.

El diario digital El Faro aseguró que 22 de sus integrantes fueron intervenidos con Pegasus, 226 veces, entre el 29 de junio de 2020 y el 23 de noviembre de 2021. Varios otros medios también denunciaron haber sido víctimas de espionaje.

El informe destaca que el software es vendido solo a gobiernos. APES llevó el hecho ante el Ministerio Público.

“Una investigación conjunta de Access Now y Citizen Lab ha identificado el uso a gran escala del programa espía Pegasus de NSO Group contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador”, indicó el organismo en un comunicado de prensa.

Añadió que “expertos técnicos del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional han revisado el informe y verificado de forma independiente las pruebas forenses que demuestran el uso abusivo de Pegasus en el país”.

“El uso de Pegasus para vigilar comunicaciones en El Salvador devela una nueva amenaza para los derechos humanos en el país”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Agregó que “las autoridades deben detener cualquier esfuerzo dirigido a restringir la libertad de expresión, y llevar a cabo una investigación imparcial y exhaustiva para identificar a los posibles responsables”.

Es inaceptable que en El Salvador se vuelvan cada vez más cotidianas las denuncias de acoso y amenaza contra periodistas y personas defensoras de derechos humano, quienes laboran en un ambiente hostil y se encuentran en grave riesgo”, subrayó Guevara Rosas.

AI recordó que en noviembre del 2021 “se hizo de conocimiento público que periodistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil recibieron una alerta de Apple en que se les advertía que posiblemente estaban siendo sujetos de vigilancia selectiva por parte de atacantes patrocinados por un Estado”.

La verificación de AI se realizó mediante una muestra que “incluía a varios periodistas de dos medios de comunicación”.

“El análisis forense confirmó que cada dispositivo estaba infectado con el programa espía Pegasus de NSO Group”, apuntó AI y señaló que “los primeros indicios de ataque en los dispositivos de la muestra se produjeron en torno al 30 de julio de 2020” y “los signos de amenaza o intento de ataque continuaron hasta el 15 de noviembre de 2021”.

El informe de Citizen Lab señala que logró confirmar “35 casos de periodistas y miembros de la sociedad civil cuyos teléfonos se infectaron con éxito con el software espía Pegasus de NSO entre julio de 2020 y noviembre de 2021”.

A quiénes espiaron

Detalló que “los objetivos incluyeron periodistas de El Faro, GatoEncerrado, La Prensa Gráfica, Revista Digital Disruptiva, Diario El Mundo, El Diario de Hoy, y dos periodistas independientes”, además de miembros de las organizaciones Fundación DTJ, Cristosal y otra ONG.

“El hackeo se produjo mientras las organizaciones informaban sobre temas delicados que involucran a la administración del presidente (Nayib) Bukele, como un escándalo relacionado con la negociación del gobierno de un ‘pacto’ con la pandilla MS-13 para la reducción de la violencia y apoyo electoral”, apunta el informe disponible en el sitio citizenlab.ca.

El Faro publicó en su sitio que 22 integrantes de ese medio de comunicación fueron intervenidos por Pegasus 226 veces entre 2020 y 2021.

La publicación menciona que los teléfonos de las jefaturas editoriales, periodistas y personal administrativo fueron intervenidos -en algunos casos- hasta por un año y de forma constante.

Añade que este programa de espionaje permite control total del aparato: interceptar mensajes, llamadas y extraer toda la información almacenada en los teléfonos.

El Faro explica que el equipo permaneció bajo constante vigilancia entre al menos el 29 de junio de 2020 y 23 de noviembre de 2021. En total, ocurrieron 226 intervenciones, incluyendo evidencia de un operador ejecutando Pegasus desde territorio salvadoreño.

Los períodos de espionaje fueron entre 1 día y hasta un año, según la publicación.

“En 11 de los casos de empleados de este medio, el peritaje concluyó que hubo hackeo, intromisión en el aparato. En otros 11 casos, el peritaje concluyó que además hubo extracción de información. La pericia no logró determinar qué tipo de información fue secuestrada, pero el acceso que provee Pegasus permite extraer lo que sea que esté en el teléfono: fotos, conversaciones, audios, contactos. El peritaje no descarta que haya existido robo de información en los demás teléfonos, pero logró concluir sin matices que en 11 casos eso fue así”, se lee en la publicación.

Un correo electrónico de un portavoz de NSO Group, que no dio nombre, sostiene que la compañía solo provee su software a agencias legítimas de inteligencia y a fuerzas del orden para combatir terroristas y criminales.

Añadió que la empresa no sabe quiénes son los blancos de sus clientes, pero que NSO se esfuerza para asegurar que sus herramientas solo sean empleadas para usos autorizados.

Según The News Yort Times, por el momento no queda claro quién empleaba la tecnología de vigilancia para espiar a los periodistas en El Salvador y mientras tanto el gobierno de ese país ha negado tener responsabilidad y el portavoz de NSO Group no quiso responder si se le había brindado Pegasus al gobierno salvadoreño actual o al anterior.

“El gobierno de El Salvador no está de ninguna manera relacionado con Pegasus y tampoco es cliente de NSO Group”, dijo en un comunicado Sofía Medina, secretaria de Comunicaciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, según ese medio de comunicación.

“El gobierno de El Salvador sí está investigando el posible uso de Pegasus”, añadía el documento antes de describir un intento parecido de hackeo dirigido contra funcionarios del gobierno salvadoreño, según esa publicación.