El congresista electo por el Partido Republicano, George Santos, se encuentra bajo investigación penal tras admitir haber mentido en buena parte de su currículum, informaron este miércoles 28 de diciembre medios estadounidenses, citando a fiscales de Nueva York.

La victoria de Santos, hijo de inmigrantes brasileños nacido en Queens, ayudó al Partido Republicano a asegurarse una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes al ganar una banca por un distrito de Nueva York en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Pero una investigación del diario The New York Times puso en duda aspectos clave sobre su educación y trayectoria laboral revelados durante la campaña electoral.

Santos reconoció recientemente en dos entrevistas diferentes que había inventado partes significativas de su CV: confesó que no se había graduado de la universidad, ni había trabajado en el Citigroup Bank y en el Goldman Sachs Investment Bank, a pesar de haber afirmado lo contrario.

“Los numerosos inventos e inconsistencias asociadas con el congresista electo Santos son poco menos que asombrosas”, declaró la fiscal del condado de Nassau, Anne Donnelly, en un comunicado retomado por varios de los principales medios de comunicación estadounidenses.

“Los habitantes del condado de Nassau y otras partes del tercer distrito deben tener a un representante en el Congreso honesto y responsable. Nadie está por encima de la ley y si se cometió un delito en este condado, lo perseguiremos”.

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Santos, quien derrotó al demócrata Robert Zimmerman en un distrito que se extiende a ambos lados de Queens y Long Island, es parte de una “ola” republicana en Nueva York que impulsó al partido a una mayoría de 222-212 en la Cámara baja en Washington.

Varios demócratas han exigido al líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que convoque una votación para expulsar a Santos si no renuncia.

Sobre su territorio, que comprende unos 100 kilómetros cuadrados, la compañía tiene los mismos poderes que cualquier otro condado floridiano.

Cuántos impuestos se cobran, cómo se invierten, la seguridad y hasta la dirección de dos ciudades son decisión de Walt Disney World Resort.

El área, donde están construidos los parques temáticos, hoteles y demás instalaciones recreativas de la empresa, se llama The Reedy Creek Improvement District (RCID) o “distrito de impuestos especiales”.

Sin embargo, este “estatus especial” está amenazado tras una serie de choques entre la compañía y el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis.

Los ejecutivos de Disney han mostrado oposición a una controvertida ley aprobada en Florida que prohíbe hablar sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas primarias.

Bautizada por sus críticos como la ley Don’t Say Gay (“No digas gay”), la medida permite que padres presenten demandas contra los distritos escolares si algún educador viola sus disposiciones.

Como represalia, el mandatario, de quien se habla como posible candidato para la Casa Blanca en 2024, exhortó este martes a la legislatura estatal dominada por su partido a revertir la fórmula de “gobierno propio” de la empresa.

Las expresiones de DeSantis trajeron al foco público la concesión del RCID, una disposición desconocida para muchos y que está enormemente relacionada con el éxito de los negocios de Disney.

¿Por qué fue creado el RCID?

A mediados de la década de 1960, luego de la popularidad alcanzada por Disneyland en California, el creador de este imperio del entretenimiento, Walt Disney, comenzó la planificación de un segundo parque temático, pero esta vez en la costa este del país.

En ese entonces, el centro de Florida, donde se ubican los condados de Orange y Osceola, estaba en pleno desarrollo, con la construcción de nuevas carreteras y una gran autopista cercanas a un aeropuerto.

Disney vio una gran oportunidad para establecer en la zona su proyecto y compró miles de hectáreas que, según la propia página web del RCID, en aquel momento suponían un grupo de tierras baldías y pantanosas, sin infraestructura de servicios básicos.

En 1967 la legislatura del estado creó el RCID, lo que permitió al gigante del entretenimiento construir su enorme complejo fuera del marco regulatorio de los condados adyacentes, pero con la condición de que se responsabilizara de su desarrollo sin inversión gubernamental.

¿Cómo funciona el RCID?

El distrito especial está compuesto por los parques temáticos y las ciudades Lake Buena Vista y Bay Lake. Dentro de sus límites hay 19 “dueños de terreno”, entre los que se encuentran Disney y sus subsidiarias.

La compañía debe encargarse de asuntos tan diversos como la generación y distribución de energía, reglamentar los códigos de construcción, así como la policía, emergencias médicas y los bomberos.

El RCID financia sus operaciones mediante impuestos, tarifas a propietarios y arrendatarios, los ingresos por los servicios públicos y la emisión de bonos.

Una junta de supervisores de cinco miembros elegidos por los propietarios gobierna la zona.

Además, el distrito cuenta con acuerdos intergubernamentales para manejar la vigilancia y el sistema judicial.

¿Por qué es amenazado por DeSantis?

La ley “Don’t Say Gay” fue propuesta por la mayoría republicana de la legislatura estatal y firmada por DeSantis el pasado 28 de marzo.

Disney, presionada por sus empleados, que realizaron protestas mientras el proyecto era discutido y enviaron cartas a sus directivos, anunció que retirará los donativos políticos al Partido Republicano en la Florida.

También expresó que su meta como empresa es que la legislación sea revocada o derrotada en las cortes.

“Nuestros empleados ven el poder de esta gran compañía como una oportunidad para hacer el bien. Yo estoy de acuerdo”, dijo el CEO de Disney, Bob Chapek, en declaraciones al medio estadounidense Politico.

Chapek, además, se disculpó porque en un principio la empresa evitó expresarse sobre el proyecto.

De acuerdo con Politico, las donaciones de Disney a los republicanos en el ciclo electoral de 2020 ascendieron a US$913 millones, mientras que la contribución directa para DeSantis fue de US$50.000.

Ante las acciones de la multinacional, la legislatura estatal considera una ley para eliminar el RCID y otros cinco distritos de impuestos especiales.

En la actualidad, el legislativo de Florida celebra una sesión especial en la que evalúa cambios a sus distritos electorales.

DeSantis afirmó el martes en conferencia de prensa que enmendaría la agenda para incluir la propuesta contra Disney.

“Anuncio que estamos ampliando la convocatoria de lo que van a considerar esta semana”, sostuvo.

“Sí, considerarán los mapas congresionales, pero también considerarán la terminación de todos los distritos especiales que se promulgaron en Florida antes de 1968, y eso incluye el Reedy Creek”, agregó.

La propuesta de ley podría ser aprobada el viernes, adelantaron miembros del legislativo estatal, y la derogación del RCID ocurriría en junio de 2023.

¿Qué pasaría si se revierte el RCID?

Jenniffer Bradley, una senadora estatal del Partido Republicano y quien apoya la pieza legislativa, comentó el martes a varios medios que los distritos de impuestos especiales tendrán que ceder sus poderes a los condados en los que se encuentran sus territorios si se aprueba la propuesta.

Además, tendrán la oportunidad de cabildear ante la legislatura para que la decisión sea revertida.

No obstante, ni DeSantis ni los legisladores han ofrecido más detalles sobre lo que sucedería si culminara el estatus de RCID.

De acuerdo con medios estadounidenses, los gobiernos locales en donde operan tendrían que asumir los gastos de infraestructura, lo que en el caso de Disney representa miles de millones de dólares.

También supondría un reto administrativo y regulatorio por la realidad de la empresa como un área turística que recibe millones de visitantes anualmente.

El impacto que tendría para la compañía, que emplea a unas 70.000 personas, tampoco es claro.

Al momento, los condados de Osceola y Orage no han emitido opiniones sobre la iniciativa, tampoco Walt Disney World.

Durante su paso por el congreso de los Estados Unidos, Schock se mostró en contra de la comunidad LGBT.

El político de 38 años fue congresista por Illinois entre 2009 y 2015, lo grabaron mientras colocaba un billete en la ropa interior de un bailarín en un bar gay de México.

Durante su paso por el congreso de Estados Unidos Aaron Schock se caracterízó por su lucha en favor de los valores familiares y contra la comunidad LGBT en Estados Unidos.

Respaldó políticas homofóbicas, entre ellas que las personas abiertamente gay no pueden servir en las Fuerzas Militares y la prohibición del matrimonio homosexual. También votó en contra de proteger a las personas de la comunidad LGBT de los delitos de odio.

Salió del congreso en 2015 señalado de usar dinero de los contribuyentes de forma inapropiada. Acordó el pagó de US$100 mil para que le retiraran los cargos de corrupción.

https://twitter.com/MadeOnKrypton/status/1144362447366774784

Con información de Díario La República de Perú.