Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) informaron que en lo que va del 2024, seis presuntos pandilleros salvadoreños han sido localizados en Guatemala, de los cuales cinco han sido expulsados a su país, mientras que otro guarda prisión en una cárcel guatemalteca.

El caso más reciente fue el que ocurrió en la zona 8 de Quetzaltenango, en donde fue identificado el salvadoreño Ademir “N” de 45 años, alias “Hades”, presunto integrante de la mara Salvatrucha.

Se menciona que el presunto pandillero se encontraba de manera irregular en nuestro país, por lo que investigadores del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) coordinaron con las autoridades de  El Salvador y se estableció que era buscado allí por los delitos de lesiones, agresión sexual, desórdenes públicos, estupro, homicidio en grado de tentativa, portación, tenencia o conducción de armas de guerra.

Fue por ello que fue llevado al Instituto Guatemalteco de Migración de la frontera Valle Nuevo, Jalpatagua, Jutiapa, donde fue entregado a la policía de El Salvador.

Con arma robada

Policías de la Comisaría 11 capturaron al salvadoreño José “N” de 19 años, en la 10 avenida y 11 calle de la zona 1 de la capital.

Esta persona se movilizaba en una motocicleta y en una mariconera llevaba una pistola marca Bull Cherokee, calibre 9 milímetros con dos cargadores.

El presunto pandillero era acompañado de Flor “N” de 27 años, a quien se les decomisó un celular y tres bolsas con marihuana.

Cuando las autoridades revisaron la base de datos se estableció que dicha arma de fuego fue robada el 8 de diciembre del año pasado en la 16 calle y 4a avenida, zona 1.

Otros dos en Malacatán

En la 6 calle y 2 avenida, barrio Santa Lucía, Malacatán, San Marcos, investigadores del CAT localizaron a dos salvadoreños con antecedentes en su país.

Franklin “N” de 33 años, alias “Chapulín”, quien en El Salvador tiene tres antecedentes por violencia intrafamiliar, tráfico ilícito y amenazas.

Marco “N” de 33 años, alias “Huevo”, quien también registra un antecedente por el delito de detención por resistencia. Ambos presuntos integrantes de la mara Salvatrucha.

Los dos salvadoreños fueron expulsados del país y entregados a autoridades de ese país.

En Jutiapa

En el parque de Jalpatagua, Jutiapa, policías localizaron al salvadoreño Marvin “N”, 31, apodado “Caserola”, integrante de la mara Salvatrucha en su país, quien se encontraba de manera irregular en Guatemala.

Alias “Caserola”, desde el 2,011 a la fecha, tiene cuatro antecedentes por los delitos de robo agravado, resistencia, desorden público, agrupaciones ilícitas y homicidio. Por lo que fue llevado al Instituto Guatemalteco de Migración de la frontera San Cristóbal Frontera, Atescatempa, Jutiapa, donde fue entregado a la PNC de El Salvador.

En Petén

Investigadores del CAT, en un operativo policial en cercanías del paso fronterizo ubicado en Melchor de Mencos, Petén, ubicaron al salvadoreño Gerson José N, 27, años, alias “Popeye”, presunto integrante de la mara Salvatrucha, solicitado por un juzgado de Santa Ana, El Salvador, a través de una orden de captura por desobediencia, la cual fue girada desde el 25 de noviembre de 2022.

Esta persona tiene cuatro antecedentes criminales por tráfico ilícito, hurto, receptación y tráfico ilícito.

Por lo anterior se realizaron las gestiones para su expulsión en la frontera entre Guatemala y El Salvador Anguiatú, Concepción Las Minas, Chiquimula, donde fue entregado al personal de CAT El Salvador.

En el 2023 fueron ubicados 112 presuntos mareros salvadoreños, de los que 34 fueron capturados y procesados en Guatemala y 78 han sido expulsados y entregados a las autoridades de su país.

Investigadores de la División de Información Policial, con apoyo de policías de la Comisaría 22 de la Policía Nacional Civil (PNC) y en coordinación con el Ministerio Público reportan la detención de un supuesto pandillero salvadoreño.

Investigadores efectuaron un allanamiento en la aldea La Campana, Monjas, Jalapa, donde fue detenido el salvadoreño Carlos “N” de 43 años, presunto integrante de la mara salvatrucha, apodado “El Pelón”.

La PNC añadió que este sujeto es requerido por un juzgado de Guatemala desde el 22 de noviembre recién pasado por el delito de atentado con agravación específica.

Resaltó que alias “El Pelón” es presunto responsable de haber participado en ocasionar daños a una patrulla de la PNC el 15 de octubre de este año en esa misma aldea; ese mismo día, y por este mismo caso, fue detenido Adonías “N”, de 27.

En lo que va de este 2023, la PNC ha localizado a 104 salvadoreños en Guatemala.

De estos 104 capturados, 76 han sido expulsado de su país y 28 cumplen condena en las diferentes cárceles de Guatemala.

Para leer más: Quién es el pandillero salvadoreño expulsado de Guatemala y con qué propósito se dirigía a EE. UU.

Ampliación

Marero salvadoreño capturado por atentado con agravación especifica

Investigadores de la División de Información Policial #DIP, con apoyo de policías de la comisaría 22 y en coordinación con el MP, realizaron un allanamiento en la aldea La Campana, Monjas, Jalapa. pic.twitter.com/1BA0pBECrQ

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 24, 2023

Tres presuntos pandilleros salvadoreños fueron entregados a autoridades de ese país luego que fueron capturados en distintos lugares de Guatemala a donde habían ingresado ilegalmente en su camino hacia Estados Unidos.

El primer caso ocurrió el 2 de noviembre pasado y según las autoridades guatemaltecas en un trabajo de coordinación entre agentes del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía de México, permitió la captura de dos presuntos pandilleros salvadoreños en la Frontera El Carmen, Malacatán, San Marcos, quienes iban huyendo del régimen de excepción que impuso el presidente de su país, Nayib Bukele.

Se informó que se logró la captura de José Alexander Cortez Cruz, de 30 años, alias Toto o Lagarto, integrante de la pandilla “Tinnys Locos Sureños” del Barrio 18 y quien tenía antecedentes por agrupaciones ilícitas de fecha 7 de abril de 2016 y resistencia del pasado 23 de marzo de 2015.

También capturaron a René Alonzo Arévalo Tepaz, 31, alias Psico o Pilato, de la clica Shato Park Locos Sureños, también del Barrio 18, tiene antecedentes por homicidio agravado.

Otro caso se informó este 3 de noviembre, en donde en seguimiento a investigaciones y denuncias, policías de la Comisaría de Quetzaltenango e investigadores del CAT, ubicaron al salvadoreño Reyes de Jesús Flores Menjívar,34, alias Reynado, Vilma o Homeboy, en la terminal de buses ubicada en la zona 3 de ese municipio.

Según la PNC, el detenido es presunto integrante de la mara 18, se encontraba de manera ilegal en Guatemala en su viaje a Estados Unidos y es requerido por parte de las autoridades de El Salvador por los delitos de desórdenes públicos y agrupaciones ilícitas.

Según las autoridades guatemaltecas, las capturas de salvadoreños han aumentado a 62 en este año y quienes intentan huir hacia los Estados Unidos.

Los tres salvadoreños fueron trasladados a la frontera entre Guatemala y El Salvador, ubicada en Valle Nuevo, Jalpatagua, Jutiapa, donde se tuvo coordinación y trámite con representantes del Instituto Guatemaltecos de Migración (IGM), para luego entregarlos a la Policía Nacional Civil de la República de El Salvador.

Con capacidad para 40 mil personas, “la más grande de América” según el gobierno, la cárcel situada en Tecoluca, 74 km al sureste de San Salvador, comenzó a recibir internos hace seis meses, el 24 de febrero. La AFP visitó el presidio el lunes 22 de agosto junto a funcionarios gubernamentales de derechos humanos.

“Aquí estamos perseverando día con día, tratando de cambiar con ayuda de nuestro Dios”, alcanza a decir desde el interior de una celda José Hurquilla Bonilla, de la pandilla Barrio 18.

Organismos humanitarios han cuestionado el trato que reciben los presuntos pandilleros. La ONU denunció que entre las decenas de miles de detenidos hay al menos mil 600 menores.

La mayoría de los presos están acusados de pertenecer a las violentas Mara Salvatrucha y Barrio 18, nacidas en calles de la ciudad estadounidense de Los Ángeles a principios de la década de 1980.

“Cuando uno es niño, cualquiera le miente y lo endulza, uno cae en un error, y cuando uno ya va creciendo (…) se viene a dar cuenta”, dice Nelson Velásquez, un preso de 37 años que tiene tatuado en su cabeza “MS-13” (Mara Salvatrucha).

Velásquez habló durante una visita que el comisionado de Derechos Humanos de El Salvador, el colombiano Andrés Guzmán, y la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, realizaron a la megacárcel.

En cada celda de unos 100 metros cuadrados conviven de 60 a 75 reclusos que disponen de dos inodoros y dos piletas con agua corriente para el aseo, así como dos recipientes con agua para beber.

Con las manos amarradas, vistiendo como el resto de los prisioneros camiseta, pantalón corto y máscara de un blanco impecable, Velásquez dice que ya pagó dos condenas por diferentes delitos que sumaron 15 años, pero ahora aguarda un nuevo proceso.

Los pabellones del presidio tienen un techo curvo que garantiza la ventilación natural para los presos, además de tragaluces para filtrar los rayos del sol hacia un patio que separa las celdas.

La cárcel fue construida para recluir a parte de los más de 72 mil pandilleros detenidos bajo un régimen de excepción decretado en marzo de 2022 por el Congreso a petición de Bukele, como respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas en apenas tres días.

Del total de detenidos “a la fecha son un poco más de 7 mil los que han sido liberados”, informó este martes el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Para edificar la prisión el Estado compró 166 hectáreas, 23 de las cuales fueron utilizadas para levantar ocho pabellones que se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros de extensión, protegido por alambradas electrificadas.

“La comida no es suficiente”

Tras conversar con internos de diferentes celdas, la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, dijo que los reclusos se quejaron de que falta comida.

“Se quejan que la comida no es suficiente” y “que están en ocio, no hacen nada porque pasan encerrados”, comentó Caballero a la AFP.

El penal cuenta con comedores, salas de descanso, gimnasio y mesas de ping pong, pero solo para uso de los guardias. También hay “celdas de castigo” oscuras, sin ventanas, para sancionar a reos de mala conducta.

Hay salas para audiencias judiciales virtuales para que los presos no tengan que salir de la prisión. Tampoco pueden recibir la visita de la familiares.

Durante la visita al presidio, el comisionado Guzmán preguntó a los internos sobre su situación en las celdas y la mayoría dijo que el agua “no falta”, pero pidieron escobas y detergente para el aseo.

Un médico declaró que “a diario” se toman muestras de agua que son enviadas a laboratorio para garantizar su calidad.

Otros presos dividen opiniones: unos dicen que reciben a tiempo crema dental, cepillos y jabón, mientras otros reclaman medicamentos para quienes padecen enfermedades terminales.

“Hay mucho, mucho, mucho más trabajo que hacer desde el punto de vista de derechos humanos por ellos, pero lo estamos haciendo bien”, dijo el comisionado Guzmán. Sostuvo que los presos “están en condiciones dignas”.

La ONG de Derechos Humanos Cristosal denunció 174 muertes de detenidos bajo custodia del Estado al cumplirse el primer año del régimen de excepción, al que calificó como “una medida permanente de represión y violaciones a los derechos humanos”. La ONU pidió investigar estas muertes.

La procuradora aseguró que la prisión cuenta con un equipo médico de 50 personas entre enfermeras y médicos.

“Cuando uno es niño, cualquiera le da mentiras, lo endulza y uno cae en un error, y cuando uno ya va creciendo (…) se viene a dar cuenta”, declara a la AFP Nelson Velásquez, de 37 años, que tiene tatuado en su cabeza “MS-13” (Mara Salvatrucha).

Velásquez dio su testimonio en el marco de una visita que el comisionado de Derechos Humanos de El Salvador, el colombiano Andrés Guzmán, y la procuradora de Derechos Huamnos, Raquel Caballero, realizaron el lunes al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca, a unos 74 km al sureste de San Salvador.

La megacárcel con capacidad para 40.000 personas comenzó a recibir internos desde el 24 de febrero, y a la fecha acumula 12.114 presuntos pandilleros, en su mayoría acusados de pertenecer a las violentas Mara Salvatrucha y Barrio 18, nacidas en calles de la ciudad estadounidense de Los Ángeles a principios de la década de 1980.

Con las manos amarradas, vistiendo camiseta y pantalón corto blancos, Velásquez, recluso de la celda 13 del edificio 3, dice que ya pagó dos condenas por diferentes delitos que sumaron 15 años, pero ahora aguarda un nuevo proceso.

Los pabellones del presidio tienen un techo curvo que garantiza la ventilación natural para los presos, además de espacios tragaluz para filtrar los rayos del sol hacia un patio que separa las celdas.

Velásquez narra que el movimiento del sol determina el turno de los reclusos para que cada celda reciba algunos rayos.

“Aquí estamos perseverando día con día tratando de cambiar”, alcanza a decir desde el interior de una celda José Hurquilla Bonilla, de la pandilla Barrio 18.

La cárcel fue construida para recluir a parte de los más de 70.000 pandilleros detenidos bajo un régimen de excepción que fue decretado por el Congreso a petición de Bukele, como respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo de 2022.

Para edificar la prisión el Estado compró 166 hectáreas, 23 de las cuales fueron utilizadas para levantar ocho pabellones que se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros de extensión, protegido por alambradas electrificadas.

Opiniones encontradas

Durante la visita al presidio, el comisionado Guzmán preguntó a los internos sobre su situación en las celdas y la mayoría dijo que el agua “no falta”, pero pidieron escobas y detergente para el aseo de las celdas.

Otros presos dividen opiniones, unos dicen que reciben a tiempo crema dental, cepillos y jabón, mientras otros clamaron por medicamentos para quienes padecen enfermedades terminales.

En cada celda de unos 100 metros cuadrados permanecen de 60 a 75 reclusos que disponen de camarotes de lámina, dos inodoros y dos piletas con agua corriente para el aseo, así como dos recipientes con agua para beber.

“Hay muchísimas cosas por mejorar, y todos los días hay un equipo trabajando”, responde a los internos el comisionado Guzmán.

Organismos humanitarios han cuestionado el trato que reciben en las cárceles quienes son acusados de pertenecer a las pandillas.

En un informe tras cumplirse el primer año de régimen de excepción, la ONG de Derechos Humanos Cristosal denunció que tenía el registro de 174 muertes bajo custodia del Estado, y la calificó como “una medida permanente de represión y violaciones a los derechos humanos”.

Pero en el CECOT, según Guzmán, “los internos, dentro de los parámetros generales de un centro de reclusión, están en buenas condiciones (y) se respetan los derechos humanos”.

Ocio y comida

Tras conversar con internos de diferentes celdas, la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, dijo que los reclusos se quejaron por las raciones de comida.

“Se quejan que la comida no es suficiente” y “que están en ocio, no hacen nada porque pasan encerrados”, comentó Caballero a la AFP.

Los pandilleros recluidos, según explica la funcionaria, “están conscientes que lo que hicieron (crímenes) los ha traído (hasta) aquí”.

La procuradora aseguró que un equipo médico de 50 personas entre enfermeras y médicos atiende a los internos.

Un médico declaró que “a diario” se toman muestras del agua que son enviadas a laboratorio para garantizar su calidad.

En febrero, el CECOT inició con un severo régimen en el que los reclusos nunca salían de sus celdas, e incluso aún no se les permite recibir visitas familiares, pero para internos como Velásquez conforme pasa el tiempo “la bendición está fluyendo”, dice en referencia a que la mayoría se han declarado “cristianos”.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele lanzará una “ofensiva” contra los “remanentes” de pandillas en El Salvador para “evitar una reagrupación” de estos grupos, tras el asesinato de un policía en la comunidad de Nueva Concepción.

“Este domingo, el Presidente Nayib Bukele se encuentra reunido con el Gabinete de Seguridad”, indicó la Casa Presidencial el domingo 28 de mayo.

“Aunque estamos ganando decisivamente la #GuerraContraPandillas, lanzaremos una ofensiva contra los remanentes de estas estructuras, para evitar cualquier intento de reagrupación, como estaba ocurriendo en Nueva Concepción”, se lee en otro de los mensajes publicados en las redes sociales de la Casa Presidencial.

En la publicación se observan fotografías de Bukele, sus ministros de Defensa y Seguridad, René Merino Monroy y Gustavo Villatoro, respectivamente, y al titular de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.

Hemos iniciado la ofensiva contra los remanentes de las estructuras terroristas que el Presidente @nayibbukele ordenó hoy al Gabinete de Seguridad para erradicar cualquier intento de reagrupación.

La @FUERZARMADASV y la @PNCSV están desplegados en todo el territorio realizando… pic.twitter.com/4iGV72udj1

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) May 29, 2023

La “ofensiva” se anuncia luego de que el pasado 16 de mayo, un agente de la PNC fuera asesinado en el municipio de Nueva Concepción.

Tras el homicidio, las fuerzas de seguridad del gobierno de Bukele desplegaron a más de 5 mil elementos del Ejército y de la Policía.

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Confirman capturas

Las autoridades salvadoreñas anunciaron la noche del viernes 26 de mayo la captura de los tres supuestos responsables del crimen contra el policía, uno de ellos aprehendido en territorio guatemalteco.

La autoridades los identificaron como miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13), dos de ellos identificados como José Ochoa y Francis Gómez detenidos en El Salvador.

Asimismo, se confirmó la detención de Salvador Portillo, localizado en Jutiapa, donde fue detenido y se procedió a su expulsión inmediata al vecino país.

“Prometimos que pagarían caro por el asesinato de nuestro héroe”, declaró Bukele en respuesta a las tres capturas.

Prometimos que pagarían caro por el asesinato de nuestro héroe.

Destruimos su clica, arrestamos a sus compañeros, arrestamos a su líder, y hoy, arrestamos a los 3 asesinos.

Nunca más volverán a causar terror en nuestro país. https://t.co/s5f7zfa3Gw

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 27, 2023

Última prórroga

Aunque la comunidad internacional y organismos sociales advierten de violación a derechos humanos y detenciones de personas inocentes, el gobierno de Bukele aprobó el 16 de mayo la decimocuarta prórroga del régimen de excepción vigente desde finales de marzo de 2022.

Hasta ahora, bajo el régimen se ha superado la cifra de 69 mil detenidos.

La “ofensiva” contra los “remanentes” de pandillas se dará en el contexto del cuarto año de gestión del presidente Bukele, el cual cumple el próximo jueves 1 de junio.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el miércoles que impuso un cerco militar en torno a la ciudad norteña de Nueva Concepción, donde el martes presuntos pandilleros asesinaron a un policía.

“Establecimos un cerco de seguridad alrededor del municipio de Nueva Concepción, Chalatenango, con más de cinco mil elementos” de las fuerzas armadas y 500 de la policía” para atrapar a los responsables del asesinato del agente, aseguró el mandatario en Twitter.

En esa ciudad de unos 30 mil habitantes, ubicada a poco más de 80 km al norte de San Salvador, fue asesinado el martes un policía por presuntos pandilleros, lo que llevó a Bukele a prometer que va a “arrasar” con las pandillas, contra las que emprendió una “guerra” hace 14 meses, que ha devuelto la sensación de seguridad en el país.

La operación militar en Nueva Concepción comenzó durante la madrugada y los uniformados estaban registrando viviendas y pidiendo documentos de identificación a los transeúntes y a quienes se desplazaban en vehículos o motos, según medios locales.

Los militares y policías desplegados emprendieron la “búsqueda de los responsables del homicidio y toda la estructura de pandilleros y colaboradores que aún se esconden en ese lugar”, dijo Bukele.

Los pandilleros “pagarán caro por el asesinato de nuestro héroe“, el agente Maximino Antonio Vásquez, agregó.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que Vázquez murió al ser “atacado” por pandilleros “mientras patrullaba con otros policías” en Nueva Concepción.

Es el cuarto policía salvadoreño asesinado desde que Bukele lanzó su “guerra” contra las pandillas en marzo de 2022 y el primero este año, mientras en el país rige un estado de excepción que faculta a hacer arrestos sin orden judicial.

Ante el homicidio ocurrido ayer, de un agente de nuestra @PNCSV, por parte de pandilleros que aún se encuentran en algunos sectores de nuestro país, escondidos, huyendo del Régimen de Excepción…

Desde esta madrugada, establecimos un cerco de seguridad alrededor del municipio de… pic.twitter.com/6r8BxuLBDb

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 17, 2023

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Un segundo grupo de pandilleros fue trasladado a la megacárcel de El Salvador, confirmó este miércoles 15 de marzo, el Gobierno de Nayib Bukele, que ha emprendido una “guerra” contra las maras.

El traslado tuvo lugar al mismo tiempo en que las autoridades solicitaron que el Congreso extienda el régimen de excepción por 30 días más, con lo que se alcanzaría un año de vigencia de la medida.

El mecanismo legal utilizado por el Gobierno, le permite detenciones sin orden judicial y restringe libertades individuales a los salvadoreños.

Hasta ahora ya suman 64 mil detenciones bajo esa figura, mientras que continúan los traslados a la megacárcel construida para albergar a los posibles miembros de las pandillas.

Con este segundo traslado de 2 mil presos, ahora suman 4 mil hombres recluidos en el centro penitenciario.

Aunque el Gobierno no hizo público el plan y resguardó detalles, se tuvo conocimiento de que el traslado fue bajo “fuertes medidas de seguridad”, según un tuit que Bukele publicó.

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Piden ampliar régimen de excepción

A pocas semanas de que su “guerra” contra las pandillas cumpla un año, Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, fue el encargado de pedir que se extienda el régimen de excepción.

La megacárcel, con capacidad para 40 mil presos, tiene un severo régimen de reclusión donde los reclusos deben pagar por comida, ropa y artículos de aseo.

El recinto tiene ocho pabellones y bloques donde permanecen los reos y duermen en dormitorios múltiples, en literas de metal.

Organismos de Derechos Humanos han denunciado “violaciones al debido proceso”, muerte de personas y arrestos arbitrarios, durante el régimen impuesto por Bukele.

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En el video que se compartió en redes sociales se observa a muchos presos tatuados, descalzos, encadenados y con sus torsos desnudos, vistiendo apenas una pantaloneta blanca.

La denuncia fue presentada ante la CIDH el 7 de marzo por la organización Cristosal en representación de las 66 personas, pertenecientes a “comunidades organizadas del Bajo Lempa”, una zona ubicada en la parte sureste del país, indicó un comunicado dicha asociación.

Según Cristosal, esas personas, que actualmente están recluidas, fueron detenidas en distintas fechas durante el régimen de excepción por medio del cual el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa una “guerra” contra las peligrosas pandillas criminales.

El régimen de excepción, que está pronto a cumplir un año de vigencia a fines de marzo, permite arrestos sin orden judicial y se instauró en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo de 2022.

Desde entonces han sido detenidas más 64.500 personas, la mayoría presuntos pandilleros, pero los métodos del gobierno de Bukele han sido cuestionados por organizaciones no gubernamentales, entre ellas Human Rights Watch (HRW) y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Los casos los hemos presentado ante la Comisión Interamericana, porque hemos argumentado que a las personas detenidas se les han violado varios derechos”, indicó en una rueda de prensa el director de litigio estratégico de Cristosal, Abraham Ábrego.

“Se han violado los derechos a la libertad personal, al debido proceso, la garantía de un juez independiente e imparcial y el derecho a la defensa”, sostuvo Ábrego tras advertir que “lo que hay es una práctica arbitraria de detención de personas”.

Según Cristosal, los familiares de las 66 personas a las que representa no han recibido información sobre su condición de salud.

“Cristosal y los familiares de las víctimas solicitan a la CIDH que solicite al Estado salvadoreño tomar medidas para proteger la vida y la integridad de las víctimas durante su privación de libertad”, indicó el organismo en su comunicado.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien lanzó hace 10 meses una “guerra” contra las pandillas, apareció en una cadena nacional de medios de comunicación en la que se divulgó un video en el que se muestra al mandatario realizando un recorrido por la prisión junto un grupo de funcionarios.

La megacárcel fue construida en una zona rural aislada en un valle cercano a Tecoluca, 74 km al sureste de San Salvador, y fue inspeccionada por Bukele.

Un enlace de prensa de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno confirmó a EFE que con esta visita quedaba inaugurada la prisión.

Fue el 21 de julio pasado que el mandatario afirmó en un mensaje en Twitter que esta cárcel “tendrá espacio para 40 mil terroristas, quienes estarán incomunicados del mundo exterior”, sin que se conozca el costo de la obra.

El Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo al mandatario que esta “se constituiría en la cárcel más grande de toda América” y que “sería imposible que salga un reo” del recinto, que tiene 23 hectáreas de construcción.

Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino, y el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, indicaron al mandatario salvadoreño que la cárcel estará resguardada por 600 soldados y 250 policías. Posee un muro perimetral de 2.1 kilómetros y en el interior la seguridad estará a cargo de guardias de la Dirección General de Centros Penales.

“Toda persona perteneciente a una estructura terrorista es la que va a ingresar a este centro de confinamiento”, aseguró el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna.

Según ha informado la Presidencia, el centro penitenciario se construyó en terrenos “propiedad del Estado” en el municipio de Tecoluca, en el central departamento de San Vicente, y “funcionará alejado de las zonas urbanas”.

Las celdas son de concreto reforzado y tienen gruesos barrotes de acero. La prisión cuenta con pozos propios para extraer agua potable.

Luna anticipó que los reclusos tendrán que trabajar en esta prisión.

Aquí terminarán los días de todos los terroristas que durante años aterraron a El Salvador. Serán el ejemplo del castigo que recibirán aquellos que pretendan atentar contra la población.#CECOT #PlanControlTerritorial #GuerraContraPandillas pic.twitter.com/Z08TYebbl5

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) February 1, 2023

Pandilleros y prostitutas

Bukele afirmó que los gobiernos salvadoreños anteriores “tenían a los pandilleros [presos] con prostitutas, con [equipos de] PlayStation, con pantallas, con teléfonos celulares, con computadoras […], premiando al delincuente”.

El mandatario no precisó cuándo serán trasladados a la megacárcel los primeros de los casi 63 mil presuntos pandilleros detenidos en el marco de la guerra contra las pandillas.

La construcción de esta prisión se dio entre críticas de la oposición que ha señalado falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.

La organización Cristosal presentó a mediados de enero una demanda ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que declare inconstitucional una serie de leyes que “favorecen la corrupción”, entre ellas la Ley Especial para la Construcción de Centros Penales Bajo el régimen de excepción, aprobada en el Congreso en marzo de 2022 tras una escalada de homicidios.

En el contexto del régimen de excepción, medida denominada por Bukele “guerra” contra las pandillas, se han detenido 62 mil 900 supuestos pandilleros y ha dejado más de 7 mil 400 denuncias de atropellos a derechos humanos.

Este régimen suspende el derecho a la defensa y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, además extiende el plazo de detención preventiva hasta los quince días, cuando normalmente es de 3 días.

Los masivos arrestos, criticados por organizaciones de derechos humanos, se amparan en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. Fue aprobado por el Congreso a instancias de Bukele en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo pasado.

El viernes, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció que en las cárceles salvadoreñas hay un “hacinamiento extremo” como consecuencia de las detenciones sin orden judicial de sospechosos.

La veintena de cárceles del país tiene actualmente capacidad para 30 mil presos.

Bukele había dicho inicialmente que la megacárcel estaría terminada en septiembre. Las autoridades no han explicado las causas de este retraso.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo, #CECOT, está diseñado para que los criminales cumplan su condena sin volver a tener contacto con el mundo exterior. pic.twitter.com/6ehPug0xom

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) February 1, 2023

Si un terrorista intenta escapar del #CECOT tendrá que enfrentarse a 19 torres de vigilancia, dos cercos perimetrales de malla ciclón totalmente electrificados y otros dos cercos de concreto que garantizan que NADIE pueda salir del recinto. pic.twitter.com/WgG5fmjb3f

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) February 1, 2023

Las instalaciones del #CECOT han sido diseñadas para que los agentes penitenciarios cuenten con todas las comodidades y facilidades para ejecutar dignamente su labor. Los tiempos en los que los privilegios dentro de las cárceles eran para los terroristas terminaron. pic.twitter.com/0wo9F7j9Ry

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) February 1, 2023

Dentro y fuera de las instalaciones del #CECOT, más de 600 soldados de la @FUERZARMADASV y 250 efectivos de las @PNCSV apoyarán 24/7 en las tareas de seguridad para atender cualquier posible disturbio. pic.twitter.com/Vw7YWUPylM

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) February 1, 2023