Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) informaron que en lo que va del 2024, seis presuntos pandilleros salvadoreños han sido localizados en Guatemala, de los cuales cinco han sido expulsados a su país, mientras que otro guarda prisión en una cárcel guatemalteca.

El caso más reciente fue el que ocurrió en la zona 8 de Quetzaltenango, en donde fue identificado el salvadoreño Ademir “N” de 45 años, alias “Hades”, presunto integrante de la mara Salvatrucha.

Se menciona que el presunto pandillero se encontraba de manera irregular en nuestro país, por lo que investigadores del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) coordinaron con las autoridades de  El Salvador y se estableció que era buscado allí por los delitos de lesiones, agresión sexual, desórdenes públicos, estupro, homicidio en grado de tentativa, portación, tenencia o conducción de armas de guerra.

Fue por ello que fue llevado al Instituto Guatemalteco de Migración de la frontera Valle Nuevo, Jalpatagua, Jutiapa, donde fue entregado a la policía de El Salvador.

Con arma robada

Policías de la Comisaría 11 capturaron al salvadoreño José “N” de 19 años, en la 10 avenida y 11 calle de la zona 1 de la capital.

Esta persona se movilizaba en una motocicleta y en una mariconera llevaba una pistola marca Bull Cherokee, calibre 9 milímetros con dos cargadores.

El presunto pandillero era acompañado de Flor “N” de 27 años, a quien se les decomisó un celular y tres bolsas con marihuana.

Cuando las autoridades revisaron la base de datos se estableció que dicha arma de fuego fue robada el 8 de diciembre del año pasado en la 16 calle y 4a avenida, zona 1.

Otros dos en Malacatán

En la 6 calle y 2 avenida, barrio Santa Lucía, Malacatán, San Marcos, investigadores del CAT localizaron a dos salvadoreños con antecedentes en su país.

Franklin “N” de 33 años, alias “Chapulín”, quien en El Salvador tiene tres antecedentes por violencia intrafamiliar, tráfico ilícito y amenazas.

Marco “N” de 33 años, alias “Huevo”, quien también registra un antecedente por el delito de detención por resistencia. Ambos presuntos integrantes de la mara Salvatrucha.

Los dos salvadoreños fueron expulsados del país y entregados a autoridades de ese país.

En Jutiapa

En el parque de Jalpatagua, Jutiapa, policías localizaron al salvadoreño Marvin “N”, 31, apodado “Caserola”, integrante de la mara Salvatrucha en su país, quien se encontraba de manera irregular en Guatemala.

Alias “Caserola”, desde el 2,011 a la fecha, tiene cuatro antecedentes por los delitos de robo agravado, resistencia, desorden público, agrupaciones ilícitas y homicidio. Por lo que fue llevado al Instituto Guatemalteco de Migración de la frontera San Cristóbal Frontera, Atescatempa, Jutiapa, donde fue entregado a la PNC de El Salvador.

En Petén

Investigadores del CAT, en un operativo policial en cercanías del paso fronterizo ubicado en Melchor de Mencos, Petén, ubicaron al salvadoreño Gerson José N, 27, años, alias “Popeye”, presunto integrante de la mara Salvatrucha, solicitado por un juzgado de Santa Ana, El Salvador, a través de una orden de captura por desobediencia, la cual fue girada desde el 25 de noviembre de 2022.

Esta persona tiene cuatro antecedentes criminales por tráfico ilícito, hurto, receptación y tráfico ilícito.

Por lo anterior se realizaron las gestiones para su expulsión en la frontera entre Guatemala y El Salvador Anguiatú, Concepción Las Minas, Chiquimula, donde fue entregado al personal de CAT El Salvador.

En el 2023 fueron ubicados 112 presuntos mareros salvadoreños, de los que 34 fueron capturados y procesados en Guatemala y 78 han sido expulsados y entregados a las autoridades de su país.

Tres presuntos pandilleros salvadoreños fueron entregados a autoridades de ese país luego que fueron capturados en distintos lugares de Guatemala a donde habían ingresado ilegalmente en su camino hacia Estados Unidos.

El primer caso ocurrió el 2 de noviembre pasado y según las autoridades guatemaltecas en un trabajo de coordinación entre agentes del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía de México, permitió la captura de dos presuntos pandilleros salvadoreños en la Frontera El Carmen, Malacatán, San Marcos, quienes iban huyendo del régimen de excepción que impuso el presidente de su país, Nayib Bukele.

Se informó que se logró la captura de José Alexander Cortez Cruz, de 30 años, alias Toto o Lagarto, integrante de la pandilla “Tinnys Locos Sureños” del Barrio 18 y quien tenía antecedentes por agrupaciones ilícitas de fecha 7 de abril de 2016 y resistencia del pasado 23 de marzo de 2015.

También capturaron a René Alonzo Arévalo Tepaz, 31, alias Psico o Pilato, de la clica Shato Park Locos Sureños, también del Barrio 18, tiene antecedentes por homicidio agravado.

Otro caso se informó este 3 de noviembre, en donde en seguimiento a investigaciones y denuncias, policías de la Comisaría de Quetzaltenango e investigadores del CAT, ubicaron al salvadoreño Reyes de Jesús Flores Menjívar,34, alias Reynado, Vilma o Homeboy, en la terminal de buses ubicada en la zona 3 de ese municipio.

Según la PNC, el detenido es presunto integrante de la mara 18, se encontraba de manera ilegal en Guatemala en su viaje a Estados Unidos y es requerido por parte de las autoridades de El Salvador por los delitos de desórdenes públicos y agrupaciones ilícitas.

Según las autoridades guatemaltecas, las capturas de salvadoreños han aumentado a 62 en este año y quienes intentan huir hacia los Estados Unidos.

Los tres salvadoreños fueron trasladados a la frontera entre Guatemala y El Salvador, ubicada en Valle Nuevo, Jalpatagua, Jutiapa, donde se tuvo coordinación y trámite con representantes del Instituto Guatemaltecos de Migración (IGM), para luego entregarlos a la Policía Nacional Civil de la República de El Salvador.

Durante un operativo en San Andrés Itzapa, Chimaltenango, las fuerzas de seguridad detuvieron al salvadoreño Marcelino Flores, alias el Chele, de 43 años, quien ingresó al territorio guatemalteco de forma irregular.

La Policía Nacional Civil informa que agentes revisaron su estado migratorio y también constataron que tiene varios antecedentes por múltiples delitos en El Salvador.

Uno de ellos es por asesinato, por un hecho ocurrido en abril de 1999, por el cual cumplió una condena de 21 años de cárcel y recobró su libertad en 2020.

Además, el sujeto tiene antecedentes por resistencia, según detalló la PNC.

Las fuerzas de seguridad pusieron a disposición de autoridades salvadoreñas al sujeto, por medio del Instituto Guatemalteco de Migración, en la frontera Valle Nuevo, Jalpatagua, Jutiapa.

Según la PNC, durante 2023 han sido 89 los pandilleros salvadoreños localizados en Guatemala, 24 cumplen condena por haber cometido delito y 65 han sido expulsado de nuestro país.

El Salvador mantiene un estado de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele, con el que busca acabar con las pandillas, señaladas de ser causantes de extorsiones y violencia contra la población.

En lo que va de este año suman 89 los salvadoreños localizados en Guatemala, 24 cumplen condena por haber cometido delito, y 65 han sido expulsado de nuestro país.#ProtegerYServir#DenunciaAnónima1561 pic.twitter.com/F6MCDXkVEM

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 27, 2023

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Érick “N”, de 20 años, alias “El Duende”, es un hombre de origen hondureño que fue recapturado este miércoles 2 de agosto por las fuerzas de seguridad.

La Policía Nacional Civil informó que “El Duende” fue aprehendido al ser sorprendido en la 20 calle y 6ª avenida, zona 1 capitalina, señalado de ser integrante de una banda dedicada a asaltar personas en las zonas 1 y 9.

Además de los señalamientos de asalto, al sujeto se le incautaron 15 bolsas con marihuana, las cuales fueron confiscadas como evidencia en la investigación.

La PNC resaltó que el sujeto ya había sido detenido el 15 de mayo por asaltos contra pilotos de vehículos particulares en la zona 9, por lo que había sido entregado a las fuerzas de seguridad hondureñas.

Capturan nuevamente a hondureño

Ya había sido expulsado del país y entregado a las autoridades de Honduras por extorsión

Fue detenido en la zona 1, se le incautó marihuana, es presunto integrante de una banda que se dedica a realizar asaltos en las zonas 1 y 9. pic.twitter.com/2z96q4kpJR

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 2, 2023

“Este hombre ya había sido remitido hacia su país de origen el pasado 7 de febrero, por tener una orden de captura por el delito de extorsión, esto luego que investigadores de Delitos Contra la Vida, DEIC, lo ubicaran en la zona 1, donde presuntamente realizaba asaltos”, detalló la PNC.

“En esa ocasión, se realizaron las coordinaciones con INTERPOL para realizar las diligencias legales para su expulsión y ser entregado a las autoridades de Honduras”, añadió la institución policial.

Además de los señalamientos de extorsión, el sujeto también tiene antecedentes por ebriedad y escándalo en la vía pública, señalaron las autoridades.

El Ministerio de Gobernación ha anunciado, desde marzo del 2022, operativos en las fronteras del país para frenar el paso de pandilleros que buscan escapar principalmente de El Salvador, debido a un estado de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele.

La medida del mandatario salvadoreño busca acabar con las pandillas y se han encarcelado a miles de supuestos integrantes; mientras, otros cientos de presuntos delincuentes han sido capturados en Guatemala por órdenes de detención requeridas en el referido país.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele lanzará una “ofensiva” contra los “remanentes” de pandillas en El Salvador para “evitar una reagrupación” de estos grupos, tras el asesinato de un policía en la comunidad de Nueva Concepción.

“Este domingo, el Presidente Nayib Bukele se encuentra reunido con el Gabinete de Seguridad”, indicó la Casa Presidencial el domingo 28 de mayo.

“Aunque estamos ganando decisivamente la #GuerraContraPandillas, lanzaremos una ofensiva contra los remanentes de estas estructuras, para evitar cualquier intento de reagrupación, como estaba ocurriendo en Nueva Concepción”, se lee en otro de los mensajes publicados en las redes sociales de la Casa Presidencial.

En la publicación se observan fotografías de Bukele, sus ministros de Defensa y Seguridad, René Merino Monroy y Gustavo Villatoro, respectivamente, y al titular de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.

Hemos iniciado la ofensiva contra los remanentes de las estructuras terroristas que el Presidente @nayibbukele ordenó hoy al Gabinete de Seguridad para erradicar cualquier intento de reagrupación.

La @FUERZARMADASV y la @PNCSV están desplegados en todo el territorio realizando… pic.twitter.com/4iGV72udj1

— Casa Presidencial (@PresidenciaSV) May 29, 2023

La “ofensiva” se anuncia luego de que el pasado 16 de mayo, un agente de la PNC fuera asesinado en el municipio de Nueva Concepción.

Tras el homicidio, las fuerzas de seguridad del gobierno de Bukele desplegaron a más de 5 mil elementos del Ejército y de la Policía.

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Confirman capturas

Las autoridades salvadoreñas anunciaron la noche del viernes 26 de mayo la captura de los tres supuestos responsables del crimen contra el policía, uno de ellos aprehendido en territorio guatemalteco.

La autoridades los identificaron como miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13), dos de ellos identificados como José Ochoa y Francis Gómez detenidos en El Salvador.

Asimismo, se confirmó la detención de Salvador Portillo, localizado en Jutiapa, donde fue detenido y se procedió a su expulsión inmediata al vecino país.

“Prometimos que pagarían caro por el asesinato de nuestro héroe”, declaró Bukele en respuesta a las tres capturas.

Prometimos que pagarían caro por el asesinato de nuestro héroe.

Destruimos su clica, arrestamos a sus compañeros, arrestamos a su líder, y hoy, arrestamos a los 3 asesinos.

Nunca más volverán a causar terror en nuestro país. https://t.co/s5f7zfa3Gw

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 27, 2023

Última prórroga

Aunque la comunidad internacional y organismos sociales advierten de violación a derechos humanos y detenciones de personas inocentes, el gobierno de Bukele aprobó el 16 de mayo la decimocuarta prórroga del régimen de excepción vigente desde finales de marzo de 2022.

Hasta ahora, bajo el régimen se ha superado la cifra de 69 mil detenidos.

La “ofensiva” contra los “remanentes” de pandillas se dará en el contexto del cuarto año de gestión del presidente Bukele, el cual cumple el próximo jueves 1 de junio.

Durante un operativo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Centro Transnacional Antipandillas fueron interceptados cuatro presuntos pandilleros en cercanías del río Suchiate, Tecún Umán, San Marcos.

Según el informe policial, los sujetos pertenecen a una pandilla y son de origen salvadoreño, a donde serán retornados para solventar su situación legal.

Se trata de Carlos Antonio Ramírez Cantor, alias “Negro“; Gabriel Isaí Morán Rosales, “Pequeño“; José Arnoldo Gutiérrez Moran, “Duende“, y José Antonio Alvarado Flores, Snupy o Boby.

Durante la inspección que agentes efectuaron, hallaron tatuajes relacionados con pandillas en distintas partes del cuerpo de los sujetos, quienes se presume que huían de las autoridades de ese país por la política antimaras que se ha impuesto.

Según la información policial, al menos 35 presuntos pandilleros salvadoreños han sido interceptados durante el año, de los cuales 29 ya fueron expulsados del país.

Las capturas se han efectuado en Guatemala, Jutiapa, Suchitepéquez y San Marcos.

https://twitter.com/mingobguate/status/1655230928900292610?s=20

“Cabe resaltar que de los 35 ubicados, 14 son pertenecientes a la mara 18 y 13 de la mara Salvatrucha; de estas capturas, 33 son hombres y dos mujeres. 29 de ellos han sido expulsados y 6 enfrentan procesos judiciales en nuestro país por haber sido sorprendidos con algún ilícito”, detalló la PNC.

Desde marzo de 2022, el gobierno de Nayib Bukele impuso un estado de excepción en El Salvador con el objeto de combatir a las pandillas, luego de incrementos alarmantes en las cifras de homicidios.

La medida ha sido criticada por organizaciones internacionales, quienes señalan que viola derechos humanos de los ciudadanos.

Sobre la @CIDH: pic.twitter.com/mkYPzZqptz

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 6, 2023

Aparte, el presidente Bukele ha defendido la política y la ha extendido con otras medidas polémicas, como la construcción de una megacárcel o la destrucción de lápidas de pandilleros en cementerios.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó este lunes que en los primeros dos días de abril no se registran homicidios en el país centroamericano, lo que es atribuido a un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales, como el derecho a la defensa.

“Segundo día de abril con 0 homicidios“, publicó el mandatario en Twitter.

Antes de ese mensaje, Bukele aseguró que marzo pasado “cerró como el mes más seguro en toda la historia de El Salvador“, no obstante no detalló si se registraron homicidios en ese mes y, de ser así, cuántos fueron.

El Gobierno del presidente Bukele atribuye al régimen de excepción y al Plan Control Territorial la disminución de homicidios, que al cierre de 2022 fue de 496 muertes.

La cifra de homicidios de 2022 es la más baja desde 2019, año en que Bukele llegó a la Presidencia. En 2019 se registraron más de 2 mil 390 muertes y en 2020 el número fue de más de 1 mil 340 asesinatos, atribuidos principalmente a los miembros de pandillas.

El país centroamericano llegó a registrar tasas de 103 y 36 homicidios por cada 100 mi habitantes entre 2015 y 2019, la mayoría de las muertes atribuidas a las pandillas.

El país registró en 2015 el año más violento de su historia reciente y en 2016 comenzó a disminuir la cifra de asesinatos, tendencia que se acentuó en el Ejecutivo de Bukele.

La polémica y cuestionada medida de régimen de excepción ya cumple un año de implementación y son más de 65 mil las personas capturadas que son acusadas de pertenecer a pandillas o colaborar con dichas estructuras.

El régimen de excepción suspende derechos constitucionales, como el de la defensa e inviolabilidad de las telecomunicaciones, además de que la detención administrativa pasa de 3 días a un máximo de 15 días.

Segundo día de abril con 0 homicidios.

Como se puede ver en la gráfica, abril 2023 ya se compara con abril 2022, mes en el que ya estaba funcionando el Régimen de de Excepción. https://t.co/BkzgkyssA2

— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 3, 2023

BUKELE NO RESPONDE A PETRO

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tachó el domingo de “falso positivo” la cifra de homicidios del Gobierno de El Salvador y aseguró que en ese país se está llevando a cabo una “destrucción democrática“.

Hasta el momento, el mandatario salvadoreño no ha reaccionado a lo mencionado por su homólogo colombiano, como sí lo ha hecho en otras ocasiones cuando Petro ha opinado sobre las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno de Bukele.

Bukele y Petro han intercambiado mensajes en Twitter desde inicios de marzo.

El mandatario colombiano aseguró en un acto de Gobierno que se pueden ver en redes “las fotos terribles -no me puedo meter en otros países- del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles, encarcelados que le da a uno escalofríos”.

El presidente salvadoreño respondió a Petro que “los resultados pesan más que la retórica” y desde entonces ambos intercambian mensajes en las redes sociales en una discusión que con el paso de los días sigue creciendo.

Miren esta realidad del falso positivo y la destrucción democrática que es la del ser humano

En mi opinión el camino para resolver los actuales problemas de la humanidad, es la radicalización del proyecto democrático. Más democracia, no menos democracia.
https://t.co/hIbkQBDUlG

— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 2, 2023

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En una de las fotos se veía un Toyota blanco destartalado. En la otra, lo que había dentro del ataúd azul que llevaba en el techo: un hombre tumbado, vivo y con las manos a la espalda, seguramente esposado.

En el hilo de Twitter del 10 de enero en el que anunciaba su captura, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, aseguró que era un miembro activo de la Mara Salvatrucha acusado de homicidio.

Y que lo habían interceptado, escondido en el Toyota, dirigiéndose a la frontera con Guatemala con la intención de salir del país.

Estos cobardes terroristas están agotando sus escondites y sus formas de querer escapar de la justicia.

Mediante un dispositivo de control vehicular se encontró que este pandillero era transportado dentro de un ataúd. pic.twitter.com/HbnOWkdKR4

— Gustavo Villatoro (@Vi11atoro) January 10, 2023

Las autoridades salvadoreñas han hablado en repetidas ocasiones de la fuga de presuntos pandilleros ante los arrestos masivos del régimen de excepción que, con 11 prórrogas, lleva ya un año en vigor y ha sido duramente cuestionado por organizaciones de derechos humanos, mientras es aplaudido por gran parte de la población salvadoreña, que ve los efectos positivos y la reducción de la criminalidad en un país que llegó a registrar la tasa de homicidios más alta del mundo.

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El gobierno de El Salvador le ha confirmado a la BBC que está colaborando con los países vecinos, con México y Estados Unidos, compartiendo información, para que sean devueltos a El Salvador.

Esa guerra contra las pandillas ha llevado a las vecinas Honduras y Guatemala, así como al sur de México, a reforzar la seguridad fronteriza y a multiplicar los operativos, que ya reportan detenciones y deportaciones.

Aunque no faltan las críticas de que en vista de las reducidas cifras, son acciones exageradas, y varias voces denuncian que entre los huidos también hay expandilleros que ya cumplieron sus penas y no deben nada a la Justicia y ciudadanos que temen detenciones arbitrarias.

“Evitar el éxodo”

“Desde que El Salvador tomó esas medidas restringiendo algunas garantías para sus ciudadanos, Guatemala estableció un plan con el propósito de evitar ese éxodo”, le confirma a BBC Mundo el ministro de Gobernación guatemalteco, David Napoleón Barrientos Girón.

“Obviamente ha habido desplazamientos. La porosidad en las fronteras de este país y de todos los países es una realidad”, reconoce. “Pero hay presencia policial, tenemos patrullajes aéreos y terrestres en las principales rutas y creemos que eso ha permitido que el país no se convierta en refugio de los pandilleros salvadoreños“.

El esfuerzo interinstitucional, en el que participan distintas unidades de policía, el Ministerio de Defensa y el Instituto de Migración, y la comunicación “constante y fluida” con las autoridades de El Salvador llevó a la detención y deportación de 115 “pandilleros salvadoreños debidamente identificados como tales” en 2022 y de 12 en lo que va de año.

Para tratar de confirmar el aumento de ese flujo, BBC Mundo trató sin éxito de obtener cifras de arrestos en territorio guatemalteco previas a marzo de 2022, cuando a pedido del presidente Nayib Bukele la Asamblea salvadoreña declaró el estado de excepción.

Los arrestos han tenido lugar en comunidades aledañas a El Salvador pero también en el norte del país, en el Petén, en zonas cercanas a la frontera mexicana. “Sin duda están huyendo de las medidas de El Salvador. Están buscando ir a México y muy posiblemente a Estados Unidos. Esa es una realidad que no podemos negar”, dice Barrientos Girón.

A través de puntos ciegos

Con el objetivo de estrechar la cooperación y articular más acciones conjuntas en materia de seguridad, varias autoridades de la región se reunieron en febrero en la capital guatemalteca.

Además del país huésped, asistieron representantes de México, El Salvador, Belice, Costa Rica y Honduras, país este último que también ha reforzado la frontera de algo menos de 400 km que comparte con El Salvador.

Ya en mayo de 2022 las autoridades hondureñas lanzaron patrullajes para “no permitir el ingreso de integrantes de estructuras criminales que buscan huir del vecino país” y en diciembre 600 elementos de la Policía Militar del Orden Público fueron enviados al área limítrofe.

“Ha habido un aumento notable de ingresos de pandilleros a territorio hondureño desde que se decretara el estado de excepción en El Salvador”, le asegura a BBC Mundo el comisionado Miguel Martínez Madrid, director de Comunicación Estratégica de la Secretaria de Seguridad.

“Están migrando de forma irregular, a través de pasos ciegos, y no por los puntos fronterizos regulares o aduanales”, prosigue.

Los centroamericanos no necesitan visa o permiso migratorio para cruzar de un país a otro en la región. Pueden ingresar solo con una tarjeta de identificación. Pero quien no quiere ser detectado usa un punto ciego, aclara.

“En su mayoría son de la Mara Salvatrucha (MS-13). Algunos migran con perfil bajo y han tratado de integrarse en la sociedad hondureña sin participar en actividades criminales, pero otros han continuado con la vida delictiva aquí o encontrado refugio en la MS-13 hondureña”.

En el momento de la publicación de este reportaje BBC Mundo sigue a la espera de obtener cifras de detenciones.

Pero los dispositivos fronterizos no son el único “efecto Bukele” —como le llaman expertos consultados por BBC Mundo— en Honduras.

En diciembre, el país instauró su propio régimen de excepción, que suspende derechos constitucionales como la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión y la inviolabilidad del domicilio, y que abarca más de la mitad de su territorio, con el objetivo de reducir la criminalidad.

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Menos al sur, más al norte

Aplicar una medida similar en su territorio es algo que descarta Costa Rica, que está enfrentando sus propios problemas de inseguridad.

Así lo zanjó el presidente Rodrigo Chaves el 25 de enero, después de que unas declaraciones del ministro de Seguridad Jorge Torres se sacaran de contexto y llevaran a titulares erróneos.

“¿Queremos seguridad al estilo Bukele? En Costa Rica no tenemos ejército, tenemos garantías. En Costa Rica no podemos arrestar a la gente como se hace en Perú y no tenemos la capacidad de declarar un estado de excepción”, respondió en una conferencia de prensa.

“Además, no estoy claro que los costarricenses queramos vivir en un régimen jurídico político como los salvadoreños. (…) Tenemos que arreglar nuestros problemas de acuerdo a nuestra realidad política. Y yo soy un ferviente amante de la democracia, la separación de poderes y del diálogo firme y claro. Entonces aquí estoy poniendo el problema como es. Pero no, lo de Bukele se lo voy a quedar debiendo”.

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Los problemas a los que hacía referencia es que entre el 1 de enero y el 15 de febrero Costa Rica contabilizó 103 homicidios, la cifra más alta en 200 años como país independiente, y eso después de cerrar 2022 como el año más violento.

Pero las autoridades descartan que en ello tengan algo que ver presuntos pandilleros llegados de El Salvador.

“En absoluto, para nada. Es una situación producto de unas disputas de territorio entre grupos criminales”, le dice tajante a BBC Mundo Randall Zúñiga, director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Es totalmente criminalidad local con algunas personas involucradas del sur del continente: Colombia, tal vez de Venezuela, pero mareros o pandilleros de El Salvador, no”.

Asegura que no han aumentado las detenciones de presuntos miembros de esas organizaciones — el promedio anual es de 25-30— y que el equipo de inteligencia encargado de darles seguimiento en el territorio no ha reportado ningún repunte de llegadas.

En 2022 deportaron a 18 extranjeros presuntamente vinculados a pandillas, 13 de ellos salvadoreños, y cuatro en lo que va de año.

Y explica que el no ser un país colindante con El Salvador ayuda a ello: “Nicaragua hace una buena contención”.

BBC Mundo intentó sin éxito obtener cifras oficiales relativas al tema de las autoridades nicaragüenses.

La misma explicación que Zúñiga dio el anterior ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, a Noticias Repetel en febrero del año pasado.

A lo que añadió que para los presuntos mareros es “más atractivo viajar hacia el norte”.

“Es más provechoso ir a un lugar donde los grupos ya están constituidos que a uno en el que no lo están. Y en este momento, no le puedo decir en el futuro, no hay un asentamiento de la MS o del Barrio 18 en Costa Rica ni en Panamá que permita que estas personas tengan un lugar donde llegar y cómo asociarse, como ocurre en los otros países”.

A México y camino a EE.UU.

Más al norte está México.

Allí, en Chiapas, el estado sureño que colinda con Guatemala, las autoridades locales formaron una fuerza especial antipandillas y apostaron policías en las estaciones de transporte público. Y el ejército mexicano desplegó en diciembre 350 soldados adicionales en las comunidades limítrofes con Guatemala.

Y es que, en el último año, conductores y propietarios de empresas de transporte público del estado fronterizo han denunciado un aumento de intentos de extorsión por parte de “delincuentes centroamericanos”.

Según reportes de medios locales, al menos tres conductores fueron asesinados por negarse a pagar y otros han recibido golpizas o les han quemado los vehículos.

Uno de los líderes de los transportistas en la zona, quien prefirió mantenerse anónimo por seguridad, se lo confirmó a BBC Mundo, que también tuvo acceso a audios de llamadas amenazantes.

Pero la presencia de estos grupos en México no es nueva, por lo que los expertos dudan de que se pueda decir tajantemente que los extorsionistas son recién llegados.

De hecho, se estima que la Mara Salvatrucha está en el país desde inicios de este siglo y, de una manera más formal, desde que hace casi una década, cuando la banda creó el Programa México.

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En octubre, la Fiscalía General de Chiapas anunció que abrió 122 investigaciones contra presuntos miembros de la MS-13 y Barrio 18. Y entre enero y septiembre de 2022 fueron detenidos 148 presuntos pandilleros, de ellos 50 de El Salvador, según datos obtenidos por la agencia AP.

En cifras más recientes, proporcionadas por la Fiscalía a BBC Mundo, entre el 1 de enero y el 9 de febrero de este año se llevaron a cabo 36 operativos y se detuvo a 13 personas, nueve de ellas salvadoreñas, y abrieron siete carpetas de investigación por delitos como portación de armas, narcomenudeo y “pandillerismo”.

El fiscal estatal para asuntos migratorios de Chiapas, José Mateo Martínez, le dijo en enero a AP que la guerra de El Salvador contra las pandillas explicaba el aumento de la actividad de estos grupos en México.

Y aseguró: “Viene gente escondiéndose de eso, pero también vienen cabecillas a establecerse, a crear un grupo criminal acá”.

Aunque Joaquín Darío Barahona Núñez, segundo comandante del Grupo Antipandillas en Tapachula, encargado de dichos operativos y quien lleva ocho años trabajando en la zona, confirma el aumento de llegadas, niega que se estén estableciendo en la zona.

“Hemos hecho detenciones y se deporta a los que tienen orden de captura, pero la mayoría está de paso“, le dice a BBC Mundo.

“Realizamos patrullajes preventivos, para que también esos pandilleros no quieran establecerse en un solo lugar. Cuando ven que hay vigilancia, salen del sitio y van a otro lado. Siguen su camino hacia delante, hacia Estados Unidos”.

BBC Mundo solicitó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU. información sobre presuntos pandilleros detenidos tratando de ingresar en el país desde su frontera con México, pero de momento no obtuvo respuesta.

Mientras, investigadores independientes como el mexicano Carlos García, especializado en estas organizaciones criminales, suscriben la tesis de que su objetivo es llegar a territorio estadounidense.

“Los pandilleros que huyen ya no quieren dedicarse a acciones delictivas por el miedo de que los deporten a su país y acaben en las peores condiciones”, asegura, y rechaza cualquier posibilidad de que México pudiera convertirse en el nuevo principal centro de operación de las maras.

“Además, habría que ver qué es lo que se considera pandilleros, porque hay activos llegando, pero también muchos que ya se han desactivado, que tienen mucho tiempo que dejaron la pandilla, entre ellos muchos cristianos, que han salido huyendo por traer tatuajes muy vistosos o llamativos”, matiza.

Sin cuentas pendientes

Es el caso de Walter, quien dice que dejó la MS-13 tras trece años de pertenecer a ella y haber pasado por varias cárceles, “por muchas cosas que la pandilla fue implementando conforme fue evolucionando”, dice sin dar más detalles.

“Renuncié aun sabiendo que iban a buscarme para quitarme la vida, porque usted sabe que salirse no es así como decirlo y ya,”, dice a BBC Mundo desde el otro lado del teléfono.

Asegura que no tiene cuentas pendientes con la Justicia de El Salvador. “Estoy 100% limpio. Cometí errores pero pagué por ellos”.

“Pero sabía que si me quedaba, iba a ser víctima de ese régimen que me iba a alejar de mi familia. Así que me dije: ‘Prefiero estar lejos pero que sepan que estoy bien, que me puedan ver aunque sea por una llamada’. Porque allí, ¿quién iba a saber de mí? Me voy a morir y no lo van a saber”.

Sus allegados reunieron el dinero para que pudiera salir del país y llegar hasta México, donde hoy se encuentra.

Aunque su plan —”como el de varios que conocí en la calle y en la cárcel y que ahora andan por aquí”, dice— es seguir a EE.UU. y esperar allí unos años, hasta que el gobierno o la situación en El Salvador cambie.

“Mi mayor temor es que, por intentar cruzar y llegar al sueño americano, me agarre Migración y me retorne. Imagínese llegar a El Salvador… No crea que me van a llevar con mi familia, voy a ir directo al Cecot”.

Se refiere al Centro de Confinamiento del Terrorismo, la nueva megacárcel de El Salvador con cabida para 40.000 presos, según el gobierno.

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Miguel también cree que ese es el destino que le espera si comete “un error” y lo terminan deportando de EE.UU.

Se sumó a las filas de la MS con trece años y pasó por numerosos centros penales. Pero tras cumplir una condena de 16 años “y al ver que mis principios y mis ideales estaban siendo pisoteados por las mismas personas en las que yo creía”, decidió desactivarse.

Con el 98% de su cuerpo tatuado, salió “de emergencia“ a Nicaragua y cuando reunió el dinero para pagar a un coyote se dirigió a EE.UU., bordeando El Salvador porque ya estaba en vigor el régimen.

“Si tú me preguntas si está bien lo que están haciendo allá en contra de la delincuencia y estos grupos, sin pensarlo te voy a decir que sí”, reconoce.

“Pero si me preguntas por el trasfondo de este asunto, todo esto viene de la suciedad, de tratos mugrosos”, apunta, refiriéndose a las supuestas negociaciones entre la MS-13 y dos funcionarios de alto rango del actual gobierno salvadoreño para que redujeran sus homicidios entre 2019 y 2021, algo que el gobierno siempre ha negado.

“Si (los pandilleros) participaron en algún delito, pues ni modo, pero con lo que no estoy de acuerdo es con que se lleven a sus mamás, a sus hijos, a ancianos, a personas que no tienen nada que ver“.

Las denuncias de detenciones arbitrarias son diarias en El Salvador.

Familiares de arrestados han llevado a cabo protestas con pancartas con mensajes como “cambio mi libertad por la de mi hijo con problemas mentales” y organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y entidades locales manifiestan que no hay manera de garantizar una defensa efectiva incluso de demostrar inocencia durante el régimen de excepción.

“Aquel que no es, no se preocupe, esa persona va a salir (de la cárcel)”, ha respondido a ello el viceministro de Seguridad, Osiris Luna.

“El que nada debe nada teme”, escribió en esa línea el diputado oficialista Walter Alemán en Twitter en abril.

“El que nada debe nada teme”

— Walter Aleman (@WalterAlemanSV) April 14, 2022

Entrevistado por la BBC, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, negó que existan detenciones arbitrarias basadas en llamadas anónimas o simples tatuajes.

• Guerra contra las pandillas en El Salvador | “Hemos encarcelado a más de 65.000 personas, y cuando manejas una operación de estas dimensiones podría haber un error”

“Podría ser que cuando llevas a cabo una operación de este tamaño, probablemente podría haber algún error y algunas personas podrían haber sido arrestadas sin tener vínculos con las pandillas. Pero miles de personas han sido ya liberadas” tras comprobarse que no era así, dijo.

Quienes huyeron prefieren no arriesgarse.

“Yo a El Salvador no vuelvo ni en caja. Ni en caja”, dice Miguel.

Es jueves en la tarde y dos equipos de adolescentes del municipio de Soyapango, en El Salvador, juegan a fútbol. Podría parecer una escena de lo más común ya que ambos grupos viven en dos barrios de la misma ciudad. Sin embargo, es la primera vez que ocurre en décadas.

El motivo de su alejamiento eran las fronteras invisibles que las pandillas de El Salvador impusieron históricamente en sus territorios y cuyos límites, sabían los vecinos de cada lugar, no podían cruzar para no entrar en zona contraria.

Jerrica, entrenadora de la escuela de fútbol en la colonia Credisa, donde la Mara Salvatrucha (MS-13) sembraba el terror, visita este día con su equipo el barrio de San José, a escasos 12 kilómetros de distancia y controlado antes por el Barrio 18. Y no puede ocultar su entusiasmo.

“No veníamos aquí desde hace más de 20 años, es como si nos separara un mundo. Así que los muchachos, que tienen 16 o 17, es la primera vez en su vida que llegan acá a jugar tranquilamente. Estaban tan emocionados que dejaron de ir a estudiar hoy por venir a conocer”, reconoce entre risas.

Ambas pandillas, cuyo origen se remonta a la migración de salvadoreños que huyeron de la guerra civil a ciudades estadounidenses como Los Ángeles en la década de los 80, acabaron siendo rivales y enfrentándose con extrema violencia antes de que sus miembros fueran extraditados de vuelta a El Salvador.

Allí se encontraron un país pobre y devastado por la guerra, lo que se convirtió en un caldo de cultivo perfecto para reclutar jóvenes y aumentar su poder mediante el control casi absoluto de territorios. Gobiernos salvadoreños en el pasado intentaron combatirlas con negociaciones y estrategias de “mano dura”, pero no funcionaron.

Seguridad y derechos humanos

Situaciones como la vivida en la cancha de fútbol de Credisa, absolutamente impensables hasta hace poco en la vida diaria del país, son cada vez más habituales y se atribuyen principalmente a un factor muy concreto: la “guerra” contra las maras que el presidente Nayib Bukele emprendió a través de un régimen de excepción que este lunes cumple un año de vigencia.

El origen de su declaración se remonta a marzo de 2022, cuando el país sufrió 76 asesinatos en solo 48 horas. Según investigaciones de medios de comunicación como El Faro, la ola de homicidios fue producto de la ruptura de un supuesto pacto entre el gobierno y la MS-13.

Aunque la propia Fiscalía de EE.UU. apuntó a este diálogo en una reciente acusación contra líderes de la pandilla, el Ejecutivo salvadoreño siempre ha negado haber llevado a cabo ningún tipo de negociación.

Ahora, tras 12 meses de régimen de excepción en los que quedaron suspendidos el derecho a la privacidad de las comunicaciones y garantías al debido proceso, como el requisito de que cualquier detenido sea presentado ante el juez en las 72 horas posteriores a su arresto, al menos 65.000 personas fueron detenidas por su presunta relación con las maras.

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Con una población de 6,3 millones de personas, estos arrestos masivos convirtieron El Salvador en el país con la mayor tasa de población carcelaria del mundo. Tanto, que el gobierno construyó en tiempo récord una “megacárcel” destinada a albergar a unas 40.000 personas en condiciones de extrema dureza y ampliamente criticadas por organismos de derechos humanos.

“Solo hay dos caminos para un pandillero: la cárcel o la muerte, no hay otro”, anunció Bukele en abril de 2022 poco después de iniciar el régimen.

“Vamos y los sacamos de donde estén proteste quien proteste, se enoje o no se enoje la comunidad internacional (…) Si los pandilleros pensaban que enfrentaban a una fuerza armada, armada hasta los dientes, no han visto la fuerza armada que van a enfrentar de ahora en adelante”, aseguró.

En este año, el gobierno recibió también un aluvión de quejas: organismos nacionales e internacionales documentaron miles de denuncias por detenciones arbitrarias, decenas de muertes y graves abusos en las cárceles o procesos judiciales sin las garantías básicas.

Sin embargo, hablar de vulneraciones de derechos humanos parece hoy secundario para gran parte de los salvadoreños, quienes se centran en destacar la evidente mejoría en la seguridad de un país que llegó a ser el más violento del mundo y que, tras asfixiarse con una tasa de 104 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, cerró el año pasado con 7,8.

“Este lugar no era nada seguro hasta que el presidente hizo eso (…) Creo que el régimen fue la mejor decisión que se pudo tomar y que está siendo el mejor presidente que ha habido”, afirma sin titubear Dennise, una joven vecina del barrio de La Campanera a las afueras de la capital, San Salvador.

“Ver, oír y callar”

En las calles de las ocho comunidades y barrios que BBC Mundo visitó en El Salvador se percibe tanto esa renovada seguridad como el apoyo mayoritario al presidente Bukele como líder de la llamada “guerra contra las pandillas” y a sus resultados.

El controvertido mandatario, que se ha convertido en toda una figura mediática internacional desde que llegó al poder en 2019 y ahora es una especie de modelo de las políticas de “mano dura” contra la violencia, cuenta con un aplastante 92% de opinión favorable en el país, según una encuesta de CID Gallup del pasado enero.

“En este momento, las estructuras de las pandillas están prácticamente desaparecidas en los territorios. Lo que ha quedado es un remanente muy poco significativo que permanece escondido en los barrios, y otros que han migrado a zonas rurales”, le dice a BBC Mundo Marvin Reyes, representante del sindicato Movimiento de los Trabajadores de la Policía.

Simbólicamente, las maras no pueden verse ya ni en las paredes y fachadas, donde antes había grandes grafitis con sus letras representativas que lucían desafiantes como muestra de poder y control territorial. Hoy son casi imposibles de encontrar tras ser tapados con pintura.

Pese a la mejoría actual, sin embargo, los salvadoreños reconocen una incertidumbre ante lo que pueda pasar ahora. Aún tienen muy reciente cuando los informantes de las maras tenían oídos en todos lados, por lo que rara vez se atreven a mencionar en alto la palabra “pandilleros”, sino que hablan de “ellos”, “los muchachos”, “los bichos”…

Es este temor el que explica también que muchos prefieran no dar su nombre ni dejarse fotografiar por periodistas. Pero es que hasta hace bien poco jamás habrían accedido a hablar con la prensa sobre cómo era convivir con las pandillas.

“Nos acostumbramos a ver, oír y callar. Así es como se vivía en medio de tanta delincuencia”, resume Carmen, habitante desde hace 24 años de La Campanera.

Este barrio es reconocido como uno de los más peligrosos del país y bastión del Barrio 18. “Aquí nadie podía decir que vivía en La Campanera porque no le daban empleo, así que ponías que vivías en otro lugar. Pero eso empezó a cambiar”, cuenta la joven sobre el estigma sufrido por los vecinos.

Estos tienen claros recuerdos de las balaceras que les tocaba escuchar cada poco tiempo y de las pisadas de los pandilleros que corrían sobre los techos de sus casas para escapar de la policía.

Y no resulta difícil imaginar este escenario de persecuciones. El barrio está formado por montones de pequeñas viviendas en largos pasajes cuesta abajo que van a dar a una montaña por la que los delincuentes huían hasta que las autoridades dejaban la zona.

Recuperación de viviendas

En la parte más baja de uno de estos pasajes es donde Sonia vive junto a su familia. Cuenta que todos sus vecinos de las casas más abajo se fueron, bien porque tenían miedo o porque fueron directamente amenazados por las pandillas, quienes acabaron quedándose con muchas de esas viviendas abandonadas.

Muchos huyeron después de que en una de esas casas mataran hace años a un policía. “Recuerdo cuando lo traían, se oían gritos, el muchacho se quejaba… Yo, como siempre que pasaban corriendo u oía ruidos, apagué mi luz y me quedé encerrada para no ver nada”, rememora la mujer.

Aún pueden verse muchas de esas viviendas abandonadas, prácticamente destruidas, y que hoy quedan como testigo del horror de las pandillas. Resulta difícil no sentir cierta inquietud o estremecimiento al adentrarse en estas casas repletas de escombros y que un día acogieron crímenes como el que recuerda Sonia.

Hoy, algunas de estas viviendas están siendo recuperadas por sus dueños o por el gobierno, que las vende a un precio mucho más bajo que en el mercado libre a personas que están apostando por empezar una nueva vida en La Campanera. Es el caso de Denisse y su padre.

“Jamás nos imaginábamos que íbamos a vivir aquí, porque este lugar era famoso por no ser seguro. Pero ya sabíamos que ya no había aquí ese tipo de personas, así que vinimos sin temor”, cuenta esta joven de 18 años que llegó hace poco más de una semana al barrio tras comprar su casa por menos de US$10.000. “Está barata”, dice.

Sonia, por su parte, se muestra optimista y dice estar pendiente de que la vivienda abandonada junto a la suya se ponga en venta, ya que quiere ampliar la propiedad. “Ahora mis niños pueden salir a jugar a la calle, son las 10:00 de la noche y seguimos fuera porque hasta una lámpara pusieron (en la calle). Antes, como no podía entrar nadie a ponerla, todo esto para allá era oscuro”, dice señalando al final del pasaje.

Comunidades como La Campanera se ven ahora repletas de grupos de militares armados que son identificados por la mayoría de vecinos como símbolo de seguridad.

En la escuela de la colonia, donde tradicionalmente han sufrido altos niveles de deserción de jóvenes que dejaban de estudiar, dicen que en los últimos meses notan cómo algunas madres de los niños más pequeños se sienten más seguras de mandarlos al centro.

Operativos antipandillas

En la comunidad Las Palmeras, en el municipio de Santa Tecla del área metropolitana de la capital, tres jóvenes permanecen cara a la pared con las manos en alto. Están siendo objeto de uno de los habituales “operativos de intervención rápida” llevados a cabo por la policía en busca de presuntos pandilleros.

Los agentes interceptan a personas de manera aleatoria en las calles o autobuses para revisar su cuerpo en busca de tatuajes identificativos de las maras y pedirles su identificación para revisar sus antecedentes.

Verónica, pareja de uno de los tres jóvenes, acude al lugar para entregar a las autoridades un documento que certifica el historial limpio de su novio. Pero debe esperar a que desde la central lo confirmen y, lamentablemente, el sistema hoy no parece ayudar. “Esto depende de la rapidez del sistema, a veces como hoy está saturado de consultas”, justifica un policía.

La joven dice que estos despliegues policiales son frecuentes en su barrio y que, en otras ocasiones, a su novio le ha tocado ser examinado hasta por 30 minutos hasta que lo dejaron libre. “Pero el que nada debe, nada teme”, defiende. “Yo estoy feliz de la vida”.

Sin embargo, estos operativos han sido uno de los principales blancos de las críticas de organismos de derechos humanos. “Lo que predomina es una arbitrariedad y discrecionalidad de la policía para definir a quiénes capturan. Debería haber una investigación previa y una orden judicial”, critica Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de la ONG salvadoreña Cristosal.

En entrevista con BBC Mundo, subraya que “tener antecedentes no es causa para detener a una persona. Tampoco otras razones que están invocando como tener tatuajes, que les encontraron determinados mensajes en el celular, o que la persona cuestionó la detención. En general, todo esto está fuera del marco legal”.

A pocos metros del operativo en Las Palmeras, María Olimpia es una de las personas que asegura haber sido víctima de esas detenciones arbitrarias. Cuenta que su nieto lleva en la cárcel desde que lo arrestaron en julio por “una denuncia de alguien que le caería mal”, pese a no contar con antecedentes ni tener “nada que ver” con pandillas.

“Él solo vendía hamburguesas y tortas en la calle”, dice casi sin poder contener el llanto. Pero, pese a su experiencia personal, la mujer no se muestra totalmente contraria al régimen de excepción.

“Está bien lo que está haciendo el gobierno. Pero sí me siento un poco molesta porque, como mi nieto, hay justos pagando por pecadores. Hay muchos que se han llevado de aquí injustamente (…). Que se haga algo para que saquen a los que no deben nada, y que el gobierno investigue antes, no cuando ya están allá (en la cárcel)”.

Entrevistado por la BBC, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, niega que existan detenciones arbitrarias basadas en llamadas anónimas o simples tatuajes y asegura que la mayoría de denuncias de familiares son probablemente falsas o se deben a que realmente no sabían que esa persona estaba inmersa en pandillas.

Sin embargo, reconoce ser consciente de abusos por parte de miembros específicos de las fuerzas del orden que no siguieron los protocolos de detención -asegura que al menos 14 de ellos han sido procesados por ello- y admite que pueda haber personas injustamente encarceladas.

“Podría ser que cuando llevas a cabo una operación de este tamaño, probablemente podría haber algún error y algunas personas podrían haber sido arrestadas sin tener vínculos con las pandillas. Pero miles de personas han sido ya liberadas” tras comprobarse que no era así, dice.

Pese a ello, “lo perfecto es enemigo de lo bueno”, justifica. “Lo que estamos haciendo es algo realmente bueno y apreciado por la población (…) Los únicos que se quejan son estos grupos de derechos humanos que no saben exactamente lo que pasa en nuestro país y la oposición política en El Salvador”.

Tras unos 20 minutos de espera, la pareja de Verónica y sus dos amigos son liberados por los agentes, que patrullan por la comunidad tocando a la puerta de algunas viviendas. La joven se queda sentada con el documento de antecedentes de su novio, sonriendo y sabiendo que pronto volverá a mostrarlo en un próximo operativo.

El pago de renta

En la colonia Montes de San Bartolo 4, de nuevo en Soyapango a las afueras de San Salvador, Cristian espera en el punto donde descansan los conductores de autobuses como él, que lleva 25 años trabajando en el sector. En este tiempo sufrió robos y ataques de las pandillas en su puesto de todo tipo.

“Pero los últimos meses no hemos tenido problemas. Y sobre todo, ahora la gente puede hacer la ruta completa, ya no tiene que estar pendiente de dónde se subía y dónde se tenía que bajar para no cruzar a otro lado (al territorio de otra pandilla)”, cuenta.

En la colindante San Bartolo 5, Sonia resalta que la desaparición de esas fronteras impuestas ha permitido incluso que los repartidores de pizza y comida rápida se atrevan a entrar a su colonia, algo que antes jamás ocurría.

“Yo misma haría como 20 años que no iba a Las Margaritas porque allí es otro sector (de otra pandilla). Y ahora que lo he vuelto a hacer, me siento libre de andar por las calles porque sé que ya no hay un límite”, cuenta con emoción esta vecina.

“Es que antes estábamos sitiados: controlaban nuestros nombres, a qué hora salíamos, quién nos visitaba, todo”, coincide Marta, habitante de la comunidad Iberia en San Salvador.

La ausencia de maras también se está notando en el “pago de renta”, es decir, la extorsión a la que muchos negocios y empresarios eran sometidos a cambio de seguir operando. Según hizo público la Federación de Empresarios del Transporte, las extorsiones a su sector se redujeron un 95% en 2022.

Tras 50 años en la Iberia, Freddy identifica como uno de sus peores momentos aquel día en el que mataron a un vecino frente a su hija por no pagar lo que le exigían las pandillas. “Era algo inexplicable, la gente perdía la vida por algo que era de ellos”.

Daniel se dedica a repartir refrescos en camión por los comercios de San Bartolo 4. Asegura que compañeros suyos tuvieron que pagar hasta US$100 mensuales para entrar a algunas zonas. Ahora, dice que “ese dinero no sale para ningún lado y se trabaja más tranquilo”.

Esto también lo certifican en el centro histórico de San Salvador, un lugar al que hasta hace pocos años no mucha gente acudía por su inseguridad y donde sus cientos de pequeños puestos callejeros también eran objetivo de extorsiones de diferentes pandillas.

Sara, comerciante de ropa en la zona desde hace décadas, dice que cuando los mareros venían pidiendo “los famosos dulces”, ya sabían que les tocaba “aportar” una cantidad que podría oscilar entre los US$10 y US$40 semanales, en función del tamaño del puesto.

“Pero ahora está todo tranquilo. Antes la gente tenía miedo de venir al centro, los jóvenes mandaban a sus mamás o a sus abuelitas a comprar. Pero ahora hay mucho turismo, hay muchas cosas bonitas”.

Las dudas sobre el futuro

Organismos y expertos críticos con el régimen de excepción reconocen su rol en la disminución de la violencia de las pandillas pero censuran el modo en que se está implementando y, sobre todo, el riesgo de que una medida planteada como excepcional pueda volverse permanente y siga permitiendo la suspensión de garantías constitucionales.

Aunque una de las mayores incertidumbres es saber cómo la situación actual de seguridad podrá mantenerse y qué ocurrirá con las pandillas en el futuro a medio plazo.

El rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Andreu Oliva, recuerda que algunos líderes de las maras continúan libres o huidos, por lo que no descarta que pudieran volver a reactivar sus estructuras con nueva gente.

“Lamentablemente, estos procesos siempre dejan personas heridas que se sienten humilladas y que, por una actitud de venganza, pueden incorporarse a estos grupos para repetir lo mismo que hicieron sus padres o hermanos”, le dice a BBC Mundo.

“Además, no sabemos cómo se va a poder mantener a tanta gente privada de libertad y qué pasará cuando salgan si llegan a cumplir sus penas. La manera en que han sido tratadas, y sin considerarse procesos de rehabilitación, deja muchas incertidumbres”, agrega.

Ábrego, de la ONG Cristosal, también subraya que tras operaciones como la que estamos viendo, “si no se interviene con programas sólidos para generar oportunidades y solventar los problemas que originaron las pandillas, tarde o temprano regresarán los mismos problemas”.

Por eso, coincide el rector Oliva, la inseguridad podría volver si dichos problemas sociales no se abordan. “Tardarán unos años pero, si esto no cambia, volverán a surgir grupos violentos. La violencia puede ir cambiando de nombre, pero se mantiene si no se trabaja en una cultura de paz”.

Reyes, del Movimiento de los Trabajadores de la Policía, apuntala que para evitar un rebrote de las pandillas es vital trabajar en prevención y educación. “Ese es el reto del gobierno, pero hoy por hoy solo se ha dedicado a la represión”, cuestiona.

El vicepresidente Ulloa coincide en que será necesario acudir a la raíz y mejorar las condiciones sociales que motivaron a miles de jóvenes a ingresar en las maras. Por ello, su visión pasa por crear en el futuro oportunidades en las áreas rurales y recuperar la industria agrícola del país.

Sin embargo, deja claro que antes de atender las causas de su origen, la prioridad ahora es capturar a los miembros de las pandillas. “Es como un fuego en el que su origen fue un cortocircuito en el sistema eléctrico. Antes de repararlo, tienes que apagar las llamas”, compara.

En las calles, los salvadoreños también muestran sus dudas sobre qué pasará pero miran con optimismo hacia el futuro tras años de acostumbrarse a un pánico generalizado en su día a día.

“Todavía estamos en transición, estamos en un ‘veremos qué pasa’. Pero esperaría que sí, que en verdad haya una solución pacífica, buena”, pronostica Marta, desde la comunidad Iberia. “El sacrificio vale la pena por los más jóvenes, para que no vivan esa zozobra que vivieron mis hijos de no poder ir a otro lugar porque su vida corría peligro”.

* Con la producción en El Salvador de Marvin Romero.

Un segundo grupo de pandilleros fue trasladado a la megacárcel de El Salvador, confirmó este miércoles 15 de marzo, el Gobierno de Nayib Bukele, que ha emprendido una “guerra” contra las maras.

El traslado tuvo lugar al mismo tiempo en que las autoridades solicitaron que el Congreso extienda el régimen de excepción por 30 días más, con lo que se alcanzaría un año de vigencia de la medida.

El mecanismo legal utilizado por el Gobierno, le permite detenciones sin orden judicial y restringe libertades individuales a los salvadoreños.

Hasta ahora ya suman 64 mil detenciones bajo esa figura, mientras que continúan los traslados a la megacárcel construida para albergar a los posibles miembros de las pandillas.

Con este segundo traslado de 2 mil presos, ahora suman 4 mil hombres recluidos en el centro penitenciario.

Aunque el Gobierno no hizo público el plan y resguardó detalles, se tuvo conocimiento de que el traslado fue bajo “fuertes medidas de seguridad”, según un tuit que Bukele publicó.

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Piden ampliar régimen de excepción

A pocas semanas de que su “guerra” contra las pandillas cumpla un año, Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, fue el encargado de pedir que se extienda el régimen de excepción.

La megacárcel, con capacidad para 40 mil presos, tiene un severo régimen de reclusión donde los reclusos deben pagar por comida, ropa y artículos de aseo.

El recinto tiene ocho pabellones y bloques donde permanecen los reos y duermen en dormitorios múltiples, en literas de metal.

Organismos de Derechos Humanos han denunciado “violaciones al debido proceso”, muerte de personas y arrestos arbitrarios, durante el régimen impuesto por Bukele.

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En el video que se compartió en redes sociales se observa a muchos presos tatuados, descalzos, encadenados y con sus torsos desnudos, vistiendo apenas una pantaloneta blanca.