La huida de presuntos pandilleros de El Salvador por las detenciones masivas durante el régimen de excepción que está cerca de cumplir un año en su país llevó a extremar la vigilancia de fronteras en lugares como Guatemala, Honduras o el sur de México.

Pero la presencia de estos grupos en México no es nueva. De hecho, se estima que la Mara Salvatrucha (MS-13) está en ese país desde inicios de este siglo y, de una manera más formal, desde que hace casi una década creó uno de sus proyectos más ambiciosos: el llamado Programa México.

Con él, la mara trató de extender su poder en las calles de El Salvador más allá de su territorio. Sin embargo, lo cierto es que su presencia es muy poco conocida en México, donde sus autoridades tienen a los grandes carteles del narcotráfico como prioridad de combate dentro del crimen organizado.

Fue a finales del pasado mes de febrero cuando la atención mediática sobre el Programa México aumentó gracias a que Estados Unidos dio a conocer una acusación por cargos de crimen organizado y terrorismo contra 13 importantes líderes de la MS-13, así como la detención de tres de ellos en territorio mexicano.

Según el documento judicial, la MS-13 se alió en México con carteles para traficar droga y consiguió financiación controlando rutas de migrantes como la que recorre el conocido tren de carga “La Bestia”.

Los migrantes eran extorsionados a cambio de “seguridad” durante su paso por el país camino a EE.UU. y, si se negaban a pagar, eran en ocasiones lanzados desde lo alto de los vagones causándoles graves daños o incluso la muerte. También asesinaron a rivales de otras pandillas o a miembros de la propia MS-13 que trataban de huir mediante esta ruta.

Sin embargo, tras la reciente detención y deportación a EE.UU. de algunos de sus líderes, ¿cuál es la situación actual y futuro del Programa México? ¿Se está fortaleciendo gracias a la llegada de mareros que huyen de la “guerra contras las pandillas” en El Salvador?

El nacimiento del Programa México

La MS-13 está presente en México, al menos, desde los primeros años de la década de los 2000.

Algunos grupos se localizan especialmente en el sureño estado de Chiapas -fronterizo con Guatemala y lugar de paso de miles de migrantes centroamericanos cada año- y en el área de Tijuana que limita con California -compuesto aquí principalmente por personas deportadas de EE.UU.-.

El Programa México, sin embargo, tuvo como base central de operaciones el municipio de Celaya, en el estado central de Guanajuato, aunque después se extendería por al menos otros seis estados como muestra este mapa con base en información de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

Fue en Celaya donde se asentaron entre 2014 y 2015 pandilleros liderados por Hugo Armando Quinteros Mineros, alias Flaco; y Francisco Javier Román Bardales, alias Veterano; quienes llegaron a México enviados por la Ranfla Nacional (la estructura de mando de la pandilla).

La situación en El Salvador por aquel entonces era convulsa. La tregua iniciada por las maras en 2012 había terminado. La violencia y matanzas se habían recrudecido -así como los enfrentamientos de la MS-13 con grupos rivales-, y el gobierno alistaba las llamadas “medidas extraordinarias” para cortar todo tipo de comunicación desde y hacia los pandilleros en las cárceles.

Es en este contexto que miembros de la MS-13 de alto rango llegaron a México para establecer este programa. Según la investigación de EE.UU., uno de sus objetivos era ampliar la estructura de la pandilla para tener una especie de cúpula alternativa en caso de que las autoridades salvadoreñas lograran reducirlos en el país centroamericano.

“El Flaco fue enviado a México para conseguir droga y armas, para servir de traficante de personas entre Centroamérica y México… y que así la Mara Salvatrucha tuviera una extensión. Pero eso no quiere decir que se iban a asentar en México, sino que iban a hacer operaciones para El Salvador desde aquí”, matiza Carlos García, periodista e investigador mexicano experto en pandillas centroamericanas.

La relación con el narco

A la hora de asentarse en México, los miembros de la MS-13 tuvieron que relacionarse con unos interlocutores inevitables y necesarios para sus actividades: los poderosos grupos de narcotráfico del país.

Según la acusación de EE.UU., la pandilla se habría aliado en determinados momentos con el cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo y los Zetas.

En 2017, la Fiscalía de El Salvador ya hizo público como parte de las investigaciones de la llamada “Operación Jaque” que la MS-13 se había reunido meses antes con el cartel de Sinaloa, con el que acordaron importar droga hacia Centroamérica y del que lograron el compromiso de que los pandilleros podrían circular por México.

La Fiscalía también apuntó a que altos mandos de la pandilla fueron enviados para negociar directamente con Joaquín “el Chapo” Guzmán, entonces líder del cartel, si bien no aclaró si esa reunión finalmente se celebró.

En entrevista con BBC Mundo, García niega cualquier posibilidad real de “competencia” por el negocio entre ambos grupos criminales.

“No mantenían una relación de compañerismo sino comercial, de compra de droga para enviar a El Salvador. La MS-13 no iba a venderla en México y ganarle esa venta al cartel, ni tiene la capacidad ni la infraestructura de un grupo de narcotráfico”, dice el corresponsal del portal especializado Insight Crime.

Bryan Avelar, periodista salvadoreño, coincide al señalar que “no se trata de una relación de iguales, sino que las pandillas están supeditadas a las órdenes de los carteles y trabajan para ellos de una forma bastante menor”.

Actualmente basado en la frontera sur de México, Avelar asegura que en dicha zona “ninguna ruta de los migrantes es controlada actualmente por la MS-13, como sí lo podía ser hace más de una década. Las pandillas no representan un peligro para los carteles mexicanos”.

El futuro de la MS-13 en México

Washington dio a conocer que, tras ser capturados en México a finales de febrero, habían sido extraditados a EE.UU. tres importantes líderes de la MS-13 acusados de coordinar la expansión de la pandilla desde El Salvador hacia el país azteca.

Entre ellos están Marlon Antonio Menjívar Portillo, alias Rojo, y Vladimir Antonio Arévalo Chávez, alias Vampiro, considerados dos de los cabecillas.

Estos arrestos supusieron un revés tan duro para el grupo organizado en México que, de hecho, podría ser fatal para su supervivencia.

“Sin duda, esto ha sido un golpe por el que el Programa México está ahora en sus últimos días. Y la comunicación con El Salvador no existe, dadas las condiciones del penal de máxima seguridad donde los tienen allá. Es decir, los pandilleros que quedan en el Programa México están aislados”, opina García.

Uno de los mayores temores es que los miembros de la mara que huyeron de El Salvador en los últimos meses por miedo a ser encarcelados en estas duras condiciones pudieran fortalecer la presencia de la MS-13 en México. El año pasado, la Fiscalía de Chiapas en el sur del país puso en marcha un operativo antipandillas y detuvo a decenas de presuntos miembros de las maras salvadoreñas.

“Es cierto que están llegando muchos pandilleros a la frontera sur huyendo del régimen de excepción que pueden estar engordando las estructuras en México, pero todavía no hay elementos suficientes como para decir que la MS-13 se está trasladando hacia México”, le dice Avelar a BBC Mundo, quien destaca además que “lo que quieren muchos de ellos es llegar a EE.UU. para alejarse lo más posible de El Salvador”.

García es aún más tajante al rechazar “en absoluto” cualquier posibilidad de que México pudiera convertirse en el nuevo principal centro de operación de la MS-13. “Los pandilleros que huyen ya no quieren dedicarse a acciones delictivas por el miedo de que los deporten a su país y acaben en las peores condiciones”, asegura.

Además, agrega que “aunque en México existen y han existido cientos de pandilleros, estaban diseminados. Y un pandillero desperdigado no representa a la Salvatrucha ni significa que esté realmente activa. Por eso creo que la MS-13 no representa actualmente ninguna amenaza en México“.

Quizá por ello, capturar a estos líderes pandilleros no parece haber sido en absoluto una prioridad para las autoridades mexicanas.

“Pese a que estos líderes de la MS-13 llevan tantos años en el país, no ha sido hasta ahora con una operación liderada por el FBI que han sido detenidos. Esto demuestra que México no le está dando la importancia suficiente a combatir a la pandilla sino que es EE.UU. el más interesado en capturarlos y extraditarlos”, subraya Avelar.

Negociaciones con pandillas

Pese a todo, García cree que si EE.UU. ha tardado tantos años en actuar contra los líderes del Programa México podría responder a que la reciente acusación judicial y detenciones tienen también tintes políticos basados en la situación actual de El Salvador presidido por Nayib Bukele.

“Esa acusación entra en el contexto de evidenciar las negociaciones de Bukele con las pandillas. Es una manera de tratar de golpear al gobierno salvadoreño buscando pandilleros en suelo mexicano que extraditar y que puedan hablar de este tema”, afirma.

En efecto, el documento judicial estadounidense también señala a varios de los pandilleros acusados de tener roles importantes en las supuestas negociaciones entre la MS-13 y dos funcionarios de alto rango del actual gobierno salvadoreño para que redujeran sus homicidios entre 2019 y 2021.

El dictamen destaca que esta disminución de asesinatos “benefició políticamente al gobierno de El Salvador, al crear la percepción de que estaba reduciendo la tasa de asesinatos”, si bien la MS-13 continuó autorizando crímenes en los que “los cuerpos de las víctimas fueron enterrados o escondidos”.

Estos diálogos, sacados a la luz anteriormente por extensas investigaciones periodísticas como las del diario digital El Faro, han sido siempre negados por el gobierno de Bukele.

Los supuestos acuerdos, según Washington, suponían beneficios carcelarios para la MS-13 a cambio de ejercer su influencia en comunidades bajo su control de cara a garantizar la victoria del partido de Bukele en las últimas elecciones y de que el gobierno les garantizara que los líderes de la pandilla no serían extraditados a EE.UU.

“Esta acusación judicial traslada el mensaje de que si la cúpula de la MS-13 está resguardada en México, puede ser trasladada directamente hacia EE.UU. Y eso no representa un riesgo solamente para la pandilla, sino también para el gobierno de Bukele si estas personas señaladas de participar en negociaciones pudieran llegar a declarar ante una Corte”, subraya Avelar.

“Esto es una idea que parece generarle miedo al presidente por el alto costo que podría suponerle, ya que se ha negado en reiteradas ocasiones a extraditar a los máximos líderes de las pandillas como ha solicitado EE.UU.”, añade.

Una de esas peticiones de extradición recae sobre Flaco, uno de los fundadores del Programa México, y quien permanece detenido en El Salvador desde hace dos años.

Aunque uno de los casos más polémicos fue posiblemente el de Elmer Canales Rivera, alias el Crook, arrestado en 2021 y liberado meses después por las autoridades salvadoreñas “a pesar de la Notificación Roja de Interpol y la solicitud de extradición pendiente de EE.UU.”, señala la acusación de Washigton.

Según reportes de El Faro, el lugar al que el Crook se habría trasladado tras su salida de la cárcel en El Salvador habría sido, precisamente, México.

Los miembros de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), creada en el gobierno anterior con efectivos elegidos en batallones para cumplir funciones policiales, abordaron vehículos en la capital con rumbo a las fronteras con El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

“En cumplimiento de la orden emanada por la presidenta de la República y en el marco del Plan Integral de Seguridad, este día más de 600 policías militares del orden público han salido a reforzar los operativos de seguridad en los puntos fronterizos”, dijo a la AFP el portavoz de la PMOP, Mario Rivera.

Explicó que los refuerzos apuntan a “evitar el ingreso de miembros de estructuras criminales” procedentes de los países vecinos, sobre todo de El Salvador.

En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele ha declarado una “guerra” a las pandillas que ha derivado en la detención de unas 58 mil personas en el marco de un régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial desde marzo pasado.

Rivera indicó que los refuerzos fueron enviados a los departamentos de Choluteca, Valle (sur), La Paz, Intibucá, Ocotepeque (oeste), Santa Bárbara, Cortés (noroeste), El Paraíso y Gracias a Dios (este).

Los efectivos “se van a mantener por tiempo indefinido” para “evitar el ingreso de estructuras criminales, narcotráfico, sicariato, asociación ilícita, entre otros delitos”, añadió el portavoz.

La presidenta Xiomara Castro declaró el jueves “emergencia nacional”, en el marco de un “Plan Integral para el tratamiento de la extorsión y delitos conexos”, ante quejas de la ciudadanía de un repute de los delitos durante su gobierno, que se instaló en enero pasado.

“Para fortalecer esta estrategia de recuperación inmediata de los territorios sin ley en los barrios, en las colonias, en las aldeas, en los municipios y en los departamentos, declaro emergencia nacional en materia de seguridad”, anunció Castro.

La mandatario pidió también a la Policía Nacional el establecimiento de “estados de excepción y suspensión de garantías constitucionales parciales” donde sea necesario.

El director de la policía, Gustavo Sánchez, anunció que destinará más presupuesto y al menos 20.000 agentes para este propósito.

El estado de emergencia se estableció tres días después de que cientos de transportistas se manifestaran en Tegucigalpa para exigir al gobierno medidas para acabar con el “impuesto de guerra” que les reclaman periódicamente las pandillas.

Unos 400 transportistas han sido asesinados por extorsionistas en lo que va del año, según dirigentes del gremio.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que les ha declarado la “guerra” a las pandillas, advirtió este sábado 11 de junio que esos grupos tratan “de evolucionar” hacia una guerrilla montando cada vez más campamentos clandestinos en zonas rurales.

“Las capturas de pandilleros se están dando cada vez más en campamentos clandestinos en zonas rurales. Está claro que las pandillas están tratando de evolucionar hacia una guerrilla”, señaló el mandatario en su cuenta de Twitter.

En las “últimas semanas”, las autoridades han desarticulado “más de 100 campamentos” clandestinos de pandilleros en distintas zonas rurales del país, afirmó Bukele.

Tras el asesinato de 87 personas en el país, entre el 25 y el 27 de marzo, el Congreso, controlado por aliados del gobierno y a pedido de Bukele, decretó un estado de Excepción que ha sido prorrogado y en cuyo marco el gobierno mantiene la ofensiva contra las pandillas.

La “guerra” de Bukele ha puesto a miles de soldados a patrullar las calles y ha llevado a la cárcel sin orden judicial a más de 39 mil presuntos integrantes de las “maras” hasta la fecha, que se suman a otros 16 mil que ya estaban en prisión.

Según el mandatario, a las pandillas ya “les es imposible enfrentar” a los agentes policiales y a los soldados del Ejército en las zonas urbanas y por ello montan campamentos clandestinos en zonas boscosas o montañas de difícil acceso.

Pero el gobernante fue más allá y señaló, sin mencionar nombres, que esa “evolución” de las pandillas tendría lugar “bajo el auspicio de organismos internacionales y ONGs de la oposición” que, según él, “les dan cobertura legal, mediática, política y financiera”.

“Pero no lo vamos a permitir”, sentenció el presidente salvadoreño, tras afirmar que se están “desarticulando de 3 a 4 campamentos diarios” en zonas rurales.

Añadió que en esos campamentos se encuentra “armamento, droga, dinero, equipo de comunicación, documentos de extorsión y por supuesto pandilleros”.

La declaración del presidente llega el mismo día en que miembros de la Fuerza Armada y la Policía desarticularon un campamento de pandilleros en una zona boscosa rural del poblado de San Isidro, en el departamento de Cabañas, 74 kms al este de San Salvador.

En ese lugar las autoridades decomisaron varios fusiles de asalto, escopetas, pistolas, munición, drogas y dinero.

“No vamos a permitir que estos grupos criminales muten a otra forma criminal para seguir causando daño a nuestra población honrada”, agregó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

Las capturas de pandilleros se están dando cada vez más en campamentos clandestinos en zonas rurales.

Está claro que las pandillas están tratando de evolucionar hacia una guerrilla, ya que les es imposible enfrentar a nuestros agentes y a nuestras tropas en las zonas urbanas. pic.twitter.com/pf2JmcC3Mr

— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 11, 2022

Hemos dado un duro golpe a la MS-13; este día unidades del CFE y el DM-2 repelieron agresión ilegítima en Crío. Izcacal, San Isidro, Cabañas, desarticulando un campamento, donde resultó herido, un pandillero, decomisándoles armas de grueso calibre, cargadores, municiones y droga. pic.twitter.com/fwv6428zd1

— René Francis Merino Monroy (@merino_monroy) June 11, 2022

Se ha identificado a Elfidio de Jesús Portillo Corvera, de la MS13. Preliminarmente se ha contabilizado lo siguiente:
– 2 carabinas M16A2,
– 1 fusil M16A1,
– 1 fusil G3,
– 1 fusil AK-47,
– 1 escopeta Cal. 12,
– 4 carabinas Cal. 22
– 3 pistolas 9mm. #Seguimos pic.twitter.com/XB9oBwYbS1

— René Francis Merino Monroy (@merino_monroy) June 11, 2022

– 1 cargador para pistola
– 4 cargadores para AK47
– 38 cargadores para fusil M16
-18 cargadores para carabina 22
– Munición para fusil AK47
– Munición para fusil M16
– Munición para escopeta 12
– Porciones de marihuana. #Seguimos #GuerraContraPandillas. pic.twitter.com/BXINtSWVnm

— René Francis Merino Monroy (@merino_monroy) June 11, 2022

“Smiley” está escondido en algún rincón del occidente salvadoreño. Su libertad está amenazada desde que la madrugada del 27 de marzo el Congreso de El Salvador decretara el régimen de excepción en el país como parte de lo que el presidente Nayib Bukele llama “guerra” contra las pandillas.

“Smiley”, sobrenombre para proteger su identidad, asegura ser un expandillero, pero se oculta de la policía y del ejército porque lleva tatuadas las iniciales de la Mara Salvatrucha (MS13), una de las bandas del país.

Sólo eso basta ahora para ir a la cárcel en El Salvador.

La medida de excepción que solicitó el presidente Bukele tras una ola de asesinatos suspende el derecho a la defensa, a la libertad de asociación, a la inviolabilidad de la correspondencia y permite la intervención de las comunicaciones sin orden judicial así como la detención de cualquier persona hasta por 15 días.

Ante las denuncias de excesos policiales y de imposición de cuotas de arrestos, Bukele cifró en un máximo de un 1% los detenidos que pueden ser inocentes.

“Smiley” dejó de ser un miembro activo de la MS13 hace 11 años, cuando fue deportado desde Los Ángeles, lugar de origen de la pandilla, aunque los tatuajes pandilleriles sigan sobre su piel.

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En Estados Unidos pagó seis años de cárcel. Cuando volvió a El Salvador no le gustó el modo de operar de su pandilla y prefirió “vivir tranquilo”, asegura ahora desde su celular a BBC Mundo.

Hasta hace tres semanas vendía paletas heladas en la calle, pero ahora ya no sale a trabajar. “Estoy encerrado, no sé ni cómo hacer a veces. Yo no tengo por qué andar así, si yo no debo nada”, dice afligido.

“Tengo DUI (documento oficial), licencia, todo en regla. No debo nada. Yo no vivo de nada de eso del barrio (pandilla). Yo trabajo”, sostiene irritado. “Sólo por tener las letras (M y S tatuadas)”, dice sobre el temor a ser detenido.

Del avión a prisión

Genaro Godoy Monterrosa, conocido como “Satán”, no tuvo ni tiempo para esconderse. El 8 de abril el vuelo charter en el que viajaba deportado desde Estados Unidos, llegó alrededor de las 11:00 a El Salvador desde el estado de Luisiana.

Su mamá iba camino del aeropuerto, cuando Godoy le escribió desde un celular desconocido y le dijo que no fuera a recogerlo. Le explicó que se encontraba montado en un bus camino a la Dirección de Atención al Migrante, conocida como “La Chacra”, un centro empleado únicamente para los retornados vía terrestre. No se ha vuelto a saber de él.

Su familia desconoce dónde está preso o de qué lo acusan formalmente. Su hermana Ana asegura que Godoy tenía tiempo alejado de la MS13, que su vida se la ganaba entre la albañilería y las remesas enviadas desde Los Ángeles.

El delito que cometió Godoy al cruzar ilegalmente a Estados Unidos en noviembre pasado se transformó automáticamente en pertenencia a agrupaciones ilícitas en cuanto aterrizó en El Salvador. De acuerdo con el nuevo Código Penal, reformado ahora en el marco de la “guerra” contra las pandillas, eso podría costarle hasta 30 años de cárcel.

Si bien existen numerosos expandilleros que ya pagaron sus delitos en cárceles estadounidenses y que decidieron dejar allá su pasado, sus tatuajes y los registros policiacos son marcas que no pueden borrarse en este régimen de excepción.

De acuerdo a denuncias de organismos de derechos humanos y de familiares, el gobierno salvadoreño ha violado la presunción de inocencia con sus capturas mediáticas y masivas que, de acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), suman 13.000 “terroristas”.

Marcas indelebles

En esas detenciones, que son difundidas en videos y fotografías a través de cuentas oficiales del gobierno, se mostró la noche del miércoles 30 de marzo a Darwin Cecilio Martínez Hernández, entre otros, sometido y de rodillas.

La palabra “marero” (pandillero) tatuada a lo ancho de todo su pecho fue la única prueba que la PNC tuvo para detenerlo, denuncia su familia.

Esa tarde su esposa, Angélica, se encontraba barriendo la casa cuando la policía apareció. Eran cerca de las 6:30 pm y Martínez dejó su computadora para atender a los agentes, que le preguntaron si tenía tatuajes alusivos a pandillas.

Dijo que sí y de inmediato mostró su Constancia de Antecedentes Penales de julio de 2021, a la que tuvo acceso BBC Mundo y en la que se lee que “no registra antecedentes policiales vigentes ni procesos pendientes”. También les enseñó una carta de la empresa Skycom en la que consta que trabaja como teleoperador desde octubre pasado.

Martínez dijo que había dejado la Mara Salvatrucha a miles de kilómetros, allá en California, y que ahora sólo se dedicaba a trabajar y cuidar a sus hijos.

Los policías llamaron a las oficinas para corroborar su historial, pero al no obtener respuesta prefirieron llevárselo. El estado de excepción también faculta a la policía a reservarse el motivo de la detención.

Al poco tiempo lo regresaron a casa y hablaron con el Ministerio de Migración y Extranjería para conocer su condición como inmigrante, relata la esposa de Martínez.

Desde el otro lado del teléfono dijeron que todo estaba en regla. Los policías insistieron y comenzaron a inspeccionar la casa en busca de armas y droga. Su esposa estaba atenta a que no les sembraran ninguna prueba falsa, así que los agentes decidieron arrestarlo “sólo por los tatuajes”, le dice a BBC Mundo la mujer.

Cuando se disponían a salir de casa, Martínez le dijo a su hijo de cinco años que se iba a trabajar a la capital, que regresaría pronto. Pero el niño no le creyó y gritó que no le mintiera, que sabía que los policías se lo llevaban a prisión.

Y eso es lo que pasó.

Desde el centro de detención, Martínez hizo una videollamada con su esposa para notificarle que acababan de acusarlo de pertenencia a agrupaciones ilícitas, que sería trasladado pronto al penal de Izalco en Fase I. Su abogada fue a pedir información y la recibieron con gas pimienta, dice.

El pasado de “Joker”

Martínez era conocido en las calles de Rampart, en Los Ángeles, como “Joker”.

Acostumbraba drogarse y a atracar hasta que cayó preso por robo. En el Centro de Rehabilitación California superó su adicción y renunció a su vida en la MS13 luego de que su célula (banda) desapareciera. En abril de 2018 fue repatriado a Honduras, su país de origen, y por petición de su esposa se fueron a vivir al departamento salvadoreño de Sonsonate.

Decidió cambiar su vida, mientras que su mujer tomó la decisión de renunciar al “sueño americano” para reencontrarse con él y estar en familia.

Estaban felices por el nuevo trabajo de él en el callcenter y porque ella, además de criar a sus niños, sacaba unos dólares extra vendiendo cervezas en casa. Las remesas que recibían de Estados Unidos también sumaban bienestar en su nueva vida y se sentían satisfechos.

Pero desde el día que se llevaron a Martínez las cosas empeoraron. El sostén económico de la casa ha venido a menos, a su esposa ni tiempo le ha dado de tratarse el cáncer de colón que sufre y sus hijos no paran de buscar a su padre en el estudio de trabajo de la casa con la esperanza de encontrarlo ahí.

La policía volvió a la casa de Matínez una semana después. Esta vez empuñando armas y con la intención de detener a su esposa por el simple hecho de ser su pareja.

Angélica tomó el teléfono y marcó a su abogada. Quería ayuda.

“Vinieron ellos de regreso y me empezaron a apuntar con las armas y me dijeron: ‘¿A quién estás hablando?’. Uno de ellos me intentó quitar el teléfono. ‘¡Bicha, hija de la gran puta!’, me dijo. ‘¿Vos crees que la puta abogada te va a defender?'”.

Angélica dice que ha tenido que soportar el acoso policial y las injurias en redes sociales desde que la foto de su esposo se viralizó. Los insultos van desde “ratas” o “vómito de la sociedad” hasta el deseo de que le apliquen la pena de muerte.

La sociedad salvadoreña está harta de los pandilleros y no son pocos los ciudadanos que, aprovechando el contexto, estos días han denunciado a cualquier persona que lo sea o aparente serlo.

Eso le sucedió a Ricardo Stanley Hernández Tremiño, antes conocido como “Zombie”. Su hermana cree saber que un vecino lo delató para que la noche del miércoles 6 de abril se lo llevaran sin más prueba que el tatuaje “Eme Ese” de su estómago. Un policía le confirmó la denuncia ciudadana y sigue sin saber de su paradero.

Hernández tiene más de dos décadas inactivo en la MS13, desde que llegó expulsado en 2001, y no cuenta con historial criminal, asegura su familiar.

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La audiencia

La audiencia de Darwin Martínez se celebró el jueves 15 de abril en el Juzgado Especializado de Instrucción C2 de Santa Ana a puerta cerrada. Ese día la jueza, cuyo nombre quedó bajo reserva, solicitó prisión provisional contra él y 255 supuestos miembros de la Mara Salvatrucha.

La abogada de Martínez se presentó a dejar las pruebas sobre la reinserción de su defendido y la ausencia de antecedentes en el país, pero la jueza decretó que eran insuficientes. “Hay órdenes desde arriba de que no dejen salir a nadie”, dice la defensora, que pide mantener el anonimato.

De acuerdo con la organización Human Rights Watch, desde que se decretó estado de excepción se suspendieron varias garantías del debido proceso que han violado los derechos humanos de los salvadoreños.

“Smiley”, el expandillero que permanece encerrado en su casa, teme que le pase lo mismo que a sus antiguos homeboys. Desde el pedacito de espacio en el que se guarda, cree que esta política puede ser contraproducente para el gobierno: “Se le va voltear el pueblo”.

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