Según los catedráticos el problema viene desde la creación de un convenio con la Universidad de San Carlos y el Ministerio de Educación, esto ha provocado que los pagos sean irregulares.

Docentes regresarán a sus labores hasta que el Mineduc traslade los fondos a la Usac para efectuar los pagos correspondientes.

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Sobreviven de préstamos

Durante este tiempo los docentes han sobrevivido con préstamos de dinero a familiares y algunos acudieron a los bancos del sistema.

Se buscó la versión de las autoridades correspondientes, pero no respondieron las llamadas telefónicas.

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El pasado 10 de diciembre un grupo de jubilados se declararon en huelga de hambre, con el fin de exigirle al alcalde municipal de Huehuetenango que les cancelara el pago atrasado.

Nuevamente los jubilados llegaron al despacho del alcalde Gerónimo Martínez, para exigirle que cumpla con el compromiso asumido en diciembre de pagar los salarios atrasados. Los adultos mayores aseguran que están cansados de no recibir el pago de sus bonificaciones.

Engañados por las autoridades

Después de haber dejado sus mejores años al servicio de los huehuetecos, los jubilados aseguran que han sido engañados por las autoridades. La mayoría de los afectados están enfermos y pese a los acuerdos, el alcalde no ha cumplido con pagarles.

Los jubilados indicaron que su reclamo no es por gusto, pues ellos ya trabajaron y se tienen ganado el dinero que la municipalidad no quiere pagarles. El descontento se generaliza, pues cada año se gestiona un presupuesto que la corporación no cumple, aseguran los afectados.

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Los maestros indicaron que son apoyados por padres de familia porque ya están cansados que las autoridades los estén engañado, ya que han ofrecido darles contrato al menos a 150 docentes, sin embargo, ya han pasado varios meses y no se ve nada claro.

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Por otro lado varios automovilistas fueron afectados ya que el bloqueo duró aproximadamente tres horas.

Los maestros informaron que solo han recibido ofrecimientos. Hay docentes que aún esperan su contrato en escuelas de  Santa Cruz Muluá, San Andés Villa Seca, San Martín Zapotitlán y Retalhuleu. Si no son escuchados seguirán con las medidas de hecho.

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Después que Shakira pagara más de 20 millones euros a Hacienda por la cantidad supuestamente defraudada en 2011, ya que residía en España, por lo tanto, debía tributar en este país.

La Agencia Tributaria sigue el curso de la denuncia contra la cantante colombiana por los años 2012, 2013 y 2014, en los que, según los cálculos de Hacienda, defraudó más de 10 millones de euros.

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El área de Delitos Económicos de la Fiscalía de Barcelona ha pedido ahora a la Fiscalía General del Estado que se prorroguen las diligencias abiertas el pasado diciembre para seguir investigando a la cantante.

Shakira defraudó más de 10 millones de euros a la Hacienda española en tres años. La cantante colombiana eludió el pago de esa suma entre 2012 y 2014, años en los que, según la Agencia Tributaria, debía abonar sus impuestos en España porque era residente.

El ministerio público tenía previsto comunicar a mediados de junio si presentaba denuncia o querella contra Shakira por tres supuestos delitos contra la Hacienda Pública, pero ahora, tras la prórroga, tiene de plazo hasta mediados de diciembre para hacerlo.

La Fiscalía decidió abrir diligencias en 2017 a raíz de un informe remitido por la Agencia Tributaria que alertaba de un presunto fraude fiscal en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) entre 2011 y 2014.

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Fuentes del ministerio público informaron en enero de la sospecha que la artista colombiana habría eludido el pago de impuestos a la Hacienda española, simulando que en los ejercicios investigados residió más de seis meses al año en determinados países considerados paraísos fiscales.

La ley establece que, si un ciudadano pasa al menos la mitad del año (más un día) viviendo en España, se le considera residente fiscal. Y tiene que tributar en concepto de IRPF por los ingresos que obtiene en todo el mundo al tipo máximo La cantidad defraudada, según la información remitida por la Agencia Tributaria, superaría los 120.000 euros anuales, cuota a partir de la cual la evasión de impuestos está considerada delito fiscal, castigado con penas de uno a cinco años de prisión.

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