La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió este viernes 2 de diciembre rechazar un amparo solicitado por el juez de Mayor Riesgo Pablo Xitumul contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que decidió suspenderlo del cargo luego de que le retirara la inmunidad por solicitud del Ministerio Público (MP), informaron fuentes oficiales.

La resolución de la CC mantiene en firme la suspensión de Xitumul mientras el profesional resuelve su situación jurídica.

Cuando la CSJ decidió retirarle la inmunidad a Xitumul en febrero pasado, también determinó que debía ser separado de su cargo como presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C.

En el amparo, Xitumul argumentó a la CC que la decisión de la CSJ no contaba con la fundamentación legal necesaria porque “no se cumplió con realizar el análisis y estudio exhaustivo” sobre su situación jurídica.

Pierde inmunidad

La CC resolvió el 3 de noviembre pasado que el juez anticorrupción Pablo Xitumul podrá ser investigado por una denuncia interpuesta en su contra por un agente de la Policía Nacional Civil.

La Corte de Constitucionalidad falló en contra de Xitumul y confirmó que perdió su inmunidad y la Fiscalía de Guatemala podrá investigarlo por un supuesto caso de abuso de autoridad cometido en 2019.

La resolución fue avalada por unanimidad por los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad que conocieron el caso.

El juez Xitumul, presidente del juzgado de mayor riesgo “C” del Organismo Judicial, se encuentra suspendido de su cargo desde marzo de 2022, porque el Supremo de Guatemala lo separó para que se resolviera una denuncia penal en su contra.

Esta denuncia la interpuso el inspector policial José Cuxaj, quien acusa a Xitumul por abuso de autoridad durante una inspección policial al vehículo del juez el 2 de febrero de 2019.

Sin embargo, el juez acusó del mismo delito al agente policial, por supuestamente haberlo agredido durante el incidente y el inspector fue enviado a juicio el 28 de marzo de este año.

Xitumul ha sido juez de mayor riesgo desde 2011 y ha dictado sentencias condenatorias contra exfuncionarios en casos de corrupción y contra militares retirados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996).

También fue uno de los tres jueces que condenaron por genocidio en 2013 al general Efraín Ríos Montt, presidente de facto entre 1982 y 1983.

Además en 2018, Xitumul sentenció a 15 años de prisión a la exvicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti por un caso de corrupción.

La Federación Latinoamericana de Magistrados advirtió en un informe emitido el 18 de octubre pasado que los jueces y magistrados de Guatemala que han emitido fallos anticorrupción en el pasado ahora están viendo vulnerados sus derechos.

Según la presidencia de esta organización de magistrados, “los jueces guatemaltecos están en situación de peligro inminente, de criminalización y de necesaria salida del país”.

Al menos 23 operadores de justicia entre jueces y fiscales de Guatemala se han exiliado en Estados Unidos desde 2019 por persecución penal en su contra.

El juez Xitumul ha rechazado la resolución del máximo tribunal y señaló que se trata de una decisión que tiene como fin lograr que no pueda volver a impartir justicia.

La Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal de Guatemala, resolvió este jueves 3 de noviembre que el juez anticorrupción Pablo Xitumul podrá ser investigado por una denuncia interpuesta en su contra por un agente de la Policía Nacional Civil.

La Corte de Constitucionalidad falló en contra de Xitumul y confirmó que perdió su inmunidad y la Fiscalía de Guatemala podrá investigarlo por un supuesto caso de abuso de autoridad cometido en 2019.

La resolución fue avalada por unanimidad por los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad que conocieron el caso.

El juez Xitumul, presidente del juzgado de mayor riesgo “C” del Organismo Judicial, se encuentra suspendido de su cargo desde marzo de 2022, porque el Supremo de Guatemala lo separó para que se resolviera una denuncia penal en su contra.

Esta denuncia la interpuso el inspector policial José Cuxaj, quien acusa a Xitumul por abuso de autoridad durante una inspección policial al vehículo del juez el 2 de febrero de 2019.

Sin embargo, el juez acusó del mismo delito al agente policial, por supuestamente haberlo agredido durante el incidente y el inspector fue enviado a juicio el 28 de marzo de este año.

Xitumul ha sido juez de mayor riesgo desde 2011 y ha dictado sentencias condenatorias contra exfuncionarios en casos de corrupción y contra militares retirados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996).

También fue uno de los tres jueces que condenaron por genocidio en 2013 al general Efraín Ríos Montt, presidente de facto entre 1982 y 1983.

Además en 2018, Xitumul sentenció a 15 años de prisión a la exvicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti por un caso de corrupción.

La Federación Latinoamericana de Magistrados advirtió en un informe emitido el 18 de octubre pasado que los jueces y magistrados de Guatemala que han emitido fallos anticorrupción en el pasado ahora están viendo vulnerados sus derechos.

Según la presidencia de esta organización de magistrados, “los jueces guatemaltecos están en situación de peligro inminente, de criminalización y de necesaria salida del país”.

Al menos 23 operadores de justicia entre jueces y fiscales de Guatemala se han exiliado en Estados Unidos desde 2019 por persecución penal en su contra.

El juez Xitumul ha rechazado la resolución del máximo tribunal y señaló que se trata de una decisión que tiene como fin lograr que no pueda volver a impartir justicia.

El Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) en una resolución rechazó una apelación que fue planteada por la Supervisión General de Tribunales y confirma la resolución del 25 de junio del 2019 emitida por la Junta de Disciplina Judicial promovida en contra del abogado Pablo Xitumul.

Con esto se cerró el proceso administrativo por falta de pruebas en este caso de Xitumul, juez suspendido del cargo.

En sus consideraciones, el CCJ estableció que el apelante indicó en su memorial de apelación de fecha 29 de julio de 2019, presentado ante la Junta de Disciplina Judicial, que no se hizo una valoración objetiva sobre las declaraciones de los tres testigos José Lindo Cuxaj Ajpop, Gustavo Adolfo Fuentes González y Juan Carlos Morales Vega; por lo que considera que la Junta de Disciplina Judicial se concretó a analizar los medios de prueba rendidos a través de una apreciación subjetiva del contenido de las mismas, omitiendo analizarlas como establece la ley, en forma objetiva.

Xitumul es investigado por el Ministerio Público (MP) por una denuncia interpuesta por el inspector de la Policía Nacional Civil (PNC), José Cuxaj, quien lo señaló de no haberle permitido la inspección del automóvil en el que se transportaba el juzgador en febrero de 2019.

El MP investigó el incidente cuando agentes de la PNC intentaron allanar el vehículo del juez por sospechoso, pero este se opuso y hubo un intercambio de palabras, insultos y forcejeo que quedaron grabados en vídeo, por lo que Xitumul denunció a los policías y estos al juez.

El 22 de marzo del 2022, Xitumul, juez presidente del Tribunal Primera Instancia del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con competencia para conocer procesos de Mayor Riesgo, Grupo C, fue separado del cargo, con goce de salario, según una resolvió la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Luego el 28 de marzo, Salvador Humberto Molina Robles, juez de Primera Instancia Penal de Turno de Mixco, decidió enviar a juicio al inspector de la PNC, José Lindo Cuxaj, sindicado de abuso de autoridad por un incidente que tuvo con el juez Pablo Xitumul en 2019.

Para leer más: Corte Suprema de Justicia designa al juez suplente que sustituirá a Pablo Xitumul en el Tribunal de Mayor Riesgo “C”

Según el expediente judicial, el inspector José Lindo Cuxaj Ajpop agredió a Xitumul de Paz cuando se opuso a la revisión de su vehículo durante el operativo y también agrega que el juez le pidió al policía que “no fuera abusivo”.

Salvador Humberto Molina Robles, juez de Primera Instancia Penal de Turno de Mixco, decidió este lunes 28 de marzo enviar a juicio al inspector de la Policía Nacional Civil (PNC), José Lindo Cuxaj Ajpop, sindicado de abuso de autoridad por un incidente que tuvo con el juez Pablo Xitumul en 2019. 

Xitumul era juez presidente del Tribunal  Primera Instancia del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con competencia para conocer procesos de Mayor Riesgo, Grupo C, pero el pasado 22 de marzo fue separado del cargo, con goce de salario, para que dilucide su situación jurídica por el proceso que lleva por el incidente con el inspector de la PNC.  

En la resolución de Molina, se lee que el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Mixco será el encargado de conocer el juicio contra el inspector Cuxaj, quien en su momento fue señalado por el juez Xitumul de agresión cuando se opuso a la revisión de su vehículo durante un operativo.  

El documento judicial establece que se admitió la acusación formulada por el Ministerio Público en el que se acusa al inspector Cuxaj de abuso de autoridad. 

El inspector de la PNC está libre con medidas sustitutivas y según el juez Molina, así permanecerá en la misma situación jurídica a disposición del juzgado respectivo.  

Añade que se señala audiencia de ofrecimiento de pruebas hasta el 8 de abril de 2022 a las 12 horas, debiendo las partes presentar sus respectivas guías de medios de prueba. 

El juez Xitumul dijo, a la salida de la audiencia, que las partes tuvieron la oportunidad manifestarse en torno a la acusación y que afortunadamente el juez decidió enviar el caso a debate oral y público para que lo conozca un Tribunal Segundo de Sentencia de Mixco 

 Xitumul dijo que la defensa del agente argumentó que los hechos que se le señalan a PNC no eran ciertos, que él solo atendía su trabajo en dar seguridad. 

Añadió que su defensa aportó videos, peritajes de expertos del Inacif y evaluaciones psicológicas que le hicieron a él y a su familia el día que ocurrió el incidente con el PNC.  

Los hechos 

El 2 de febrero de 2019 agentes de la PNC tenían un operativo en el kilómetro 20 de la ruta a San Juan Sacatepéquez, cerca de la vivienda del juez Xitumul. 

Según el expediente judicial, el inspector José Lindo Cuxaj Ajpop agredió a Xitumul de Paz cuando se opuso a la revisión de su vehículo durante el operativo y también agrega que el juez le pidió al policía que “no fuera abusivo”. 

Según la versión del juez Xitumul, que obró en el proceso, se mencionaba que el inspector de la PNC agarró del cuello al juez y videos tomados por la familia de este demostraron que el policía sí lo tomó de esa manera.  

Sin embargo, el inspector de la PNC acusó a Xitumul de no haberle permitido inspeccionar el automóvil del juez y su familia en 2019.  

En octubre de 2021, el juez pesquisidor de la Sala Segunda de Apelaciones, Eduardo Galván, recomendó retirar la inmunidad a Xitumul por el caso.  

Luego de varios proceso judiciales, el 9 de febrero de 2022, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró con lugar las diligencias de antejuicio promovidas por la Fiscalía de Delitos Administrativos en contra del juez Pablo Xitumul de Paz. 

Mismo caso, dos denuncias 

Este incidente entre el juez Xitumul y el inspector de PNC José Lindo Cuxaj Ajpop generó dos denuncias, la primera del togado hacia el agente y luego una del agente hacia el presidente del tribunal de mayor riesgo C. 

En la primera, de este lunes 28 de marzo, el juez ya envió a juicio al inspector de la PNC por abuso de autoridad y será el Tribunal Segundo de Sentencia de Mixco quien decida el futuro del agente.  

El proceso de la contrademanda interpuesta por el agente Cuxaj Ajpop, todavía está a la espera de que se programe una audiencia en el Juzgado de Turno de Mixco para se decida si procede que el caso vaya a juicio, pero esta vez contra el juez Xitumul.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó este viernes 25 de marzo a Luis Fernando Archila Lima para que sustituya como suplente al juez Pablo Xitumul al frente del Tribunal de Mayor Riesgo “C”, luego de que este último fuera separado del cargo luego de que se le retirara el derecho de antejuicio.

De acuerdo con fuentes del Organismo Judicial (OJ), Archila Lima se integrará a la judicatura el 30 de marzo próximo.

El juez Pablo Xitumul fue notificado de que había sido separado del cargo con goce de salario el pasado 22 de marzo mientras resuelve su situación jurídica, pese a que días antes el juzgador había dicho que si eso ocurría se corría el riesgo de que los casos que el conocía se quedaran estancados.

A Xitumul se le retiró la inmunidad por los magistrados de la CSJ para que sea investigado por la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP), que lo investiga por un incidente que el juez tuvo con un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

Xitumul es uno de los jueces más renombrados en Guatemala gracias a que en los últimos años ha enviado a prisión a varios exfuncionarios vinculados a casos de corrupción o delitos de lesa humanidad, lo que, según él, le ha valido para que sea perseguido en los tribunales.

El juzgador condenó a 80 años de prisión al expresidente José Ríos Montt por genocidio en 2013; además, en 2018 condenó a la exvicepresidenta Roxana Baldetti a 15 años de cárcel por el caso Agua Mágica. También condenó a más de 800 años a Marvin Montiel Marín, el “Taquero”, un narcotraficante que ordenó asesinar a 15 ciudadanos nicaragüenses y un holandés en 2008, cuando estos viajaban en un autobús y Montiel creyó que llevaban droga.

El MP investigó un incidente ocurrió en 2019, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intentaron allanar el vehículo del juez por sospechoso, pero este se opuso y hubo un intercambio de palabras, insultos y forcejeo que quedaron grabados en vídeo, por lo que Xitumul denunció a los policías y los policías al juez, por lo que se solicitó el retiro del derecho de antejuicio.

El juez Xitumul, quien tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destinadas a que el Estado de Guatemala lo proteja debido a los fallos emitidos, ha dicho que ha sido denunciado más de 30 veces por familiares o amigos de personas que condenó.

Xitumul señaló que la contradenuncia prosperó y que “eso es lo que pretendían y hasta que lo lograron hoy”.

Pablo Xitumul de Paz, Juez de Primera Instancia del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con competencia para conocer procesos de Mayor Riesgo, Grupo C, fue separado del cargo, con goce de salario, según una resolvió la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Según la resolución, de fecha 16 de marzo de 2022 y que fue entregada al propio juzgador este 22 de marzo, establece que la separación del cargo de Xitumul cobra efecto a partir de que el juez haya sido notificado.

La mencionada resolución tiene el voto disidente de la magistrada vocal cuarta, Delia Dávila y agrega que la separación es mientras dilucida su situación jurídica.

En el documento se menciona que el 9 de febrero de 2022, la Corte Suprema de Justicia dictó resolución en el expediente 171-2019 promovido por el Ministerio Público (MP), a través de la fiscalía de Delitos Administrativos, en el cual se le retiró la inmunidad al Xitumul.

La suspensión del cargo es debido a que el juez Xitumul ya no goza de derecho de antejuicio y tiene una investigación en curso.

Xitumul es investigado por el MP por una denuncia interpuesta por el inspector de la Policía Nacional Civil (PNC), José Cuxaj, quien lo señaló de no haberle permitido la inspección del automóvil en el que se transportaba el juzgador en febrero de 2019.

El MP investigó el incidente ocurrió en 2019, cuando agentes de la PNC intentaron allanar el vehículo del juez por sospechoso, pero este se opuso y hubo un intercambio de palabras, insultos y forcejeo que quedaron grabados en vídeo, por lo que Xitumul denunció a los policías y los policías al juez, por lo que se solicitó el retiro del derecho de antejuicio.

Retiran derecho de antejuicio

En octubre del año pasado, el juez pesquisidor de la Sala Segunda de Apelaciones, Eduardo Galván, recomendó retirar la inmunidad a Xitumul.

En esa oportunidad, Xitumul dijo que los riesgos de que declarara con lugar el retiro de su inmunidad era que remitan el caso a un juez, que lo citen y soliciten su captura para reactivar todas las denuncias en su contra.

Xitumul es uno de los jueces más renombrados en Guatemala gracias a que en los últimos años ha enviado a prisión a varios exfuncionarios vinculados a casos de corrupción o delitos de lesa humanidad, lo que, según él, le ha valido para que sea perseguido en los tribunales.

Las condenas del juez

El juzgador condenó a 80 años de prisión al expresidente José Ríos Montt por genocidio en 2013; además, en 2018 condenó a la exvicepresidenta Roxana Baldetti a 15 años de cárcel por el caso Agua Mágica. También condenó a más de 800 años a Marvin Montiel Marín, el “Taquero”, un narcotraficante que ordenó asesinar a 15 ciudadanos nicaragüenses y un holandés en 2008, cuando estos viajaban en un autobús y Montiel creyó que llevaban droga

El juez Xitumul, quien tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destinadas a que el Estado de Guatemala lo proteja debido a los fallos emitidos, ha dicho que ha sido denunciado más de 30 veces por familiares o amigos de personas que condenó.

El juez de Mayor Riesgo “C”, Pablo Xitumul, presentó un amparo contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el retiro de su inmunidad y asegura que los procesos que conoce pueden ser anulados, pues el Consejo de la Carrera Judicial ahora tiene la facultad de suspenderlo de la judicatura, lo que representaría un retraso en la resolución de varios casos.

A criterio de Xitumul, la resolución de la CSJ constituye una violación al debido proceso y el principio de legalidad, debido a que su expediente no estuvo a la vista de todos los magistrados al momento de decidir retirarle la inmunidad, por lo que, junto a su equipo legal, acordaron presentar un amparo.

“Con mis abogados analizamos que -los magistrados de la CSJ- violentaron el debido proceso y el principio de legalidad, porque y hubo votos razonados que coincidieron en que la resolución ya estaba elaborada y solamente hicieron la pantomima de discutirlo entre algunos magistrados, porque estas tres magistradas -que razonaron su voto- indican que nunca se les puso a la vista el expediente correspondiente”, asegura Xitumul.

El juzgador asegura que “no existe fundamento alguno y no existe pesquisa a excepción de la misma denuncia del policía, y mis pruebas de descargo no fueron aceptadas por el juez pesquisidor y remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia y por eso el amparo”.

Agregó que espera que la Corte de Constitucionalidad (CC) le otorgue el amparo provisional, “ya me notificaron y ya le requirieron a la Corte Suprema de Justicia los antecedentes, imaginemos qué van a mandar, pues dónde están mis pruebas, no me escuchó el pesquisidor y el expediente no fue puesto a la vista de los de todos los magistrados”.

También afirmó que la ley faculta que una vez presentada la solicitud de amparo y “si los hechos denunciados fueran notoriamente ilegales la Corte estaba facultada de decretar el amparo provisional, pero no lo hizo y lo hará una vez tenga los antecedentes que pidió a la Corte Suprema de Justicia y para eso les dio 48 horas, por lo que ya debieron enviar el expediente y las próximas horas la Corte de Constitucionalidad resolverá y espero que sea con lugar porque es notoria la ilegalidad”.

Procesos en riesgo

Xitumul señaló que el retiro de la inmunidad puede tener consecuencias en los casos que conoce el tribual en pleno, pues en la mayoría de estos los tres jueces ya conocen las pruebas y es improbable que otro juzgador asuma, pues lo que corresponde que los casos sean cancelados y se empiecen de nuevo.

“La consecuencia de declarar con lugar el antejuicio es que la Corte Suprema de Justicia remite la resolución al Consejo de la Carrera Judicial y está motivada dentro del plazo de 3 días la separación del cargo al funcionario, no obstante, tal vez por las acciones planteadas hasta el momento no ha sucedido”, reiteró.

Dijo que el Tribunal que dirige informó a la Cámara Penal de un proceso con alrededor de 24 procesados y que “dentro de poco entraremos a la fase correspondiente de las conclusiones, entonces sí se perjudicaría mucho a los usuarios al separarme del cargo, porque el Tribunal ya no seguiría porque los tres jueces ya tuvimos contacto con la prueba y sería la suspensión definitiva y sería otro tribunal que repetiría el asunto, sería perjudicar a muchos usuarios”.

El pleno de magistrados de la CSJ declaró con lugar el 9 de febrero las diligencias de antejuicio promovidas por la Fiscalía de Delitos Administrativos en contra del juez Xitumul.

De acuerdo con la resolución de la CSJ, se declaró “ha lugar a formación de causa por mayoría” en el caso de Xitumul, quien podrá ser investigado por el MP por una denuncia interpuesta por el inspector de la PNC, José Cuxaj, quien lo señaló de no haberle permitido la inspección del automóvil en el que se transportaba el juzgador en febrero de 2019.

Las denuncias, capturas y pérdidas de inmunidad de abogados, fiscales y jueces que han cooperado en la lucha contra la corrupción en Guatemala genera preocupación a la comunidad internacional, que señala que esas acciones emprendidas por la fiscal general Consuelo Porras y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) obedecen a un patrón de intimidación y venganza que socava el estado de derecho.

El pasado 9 de febrero, la CSJ a solicitud de la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) le retiró la inmunidad al juez de Mayor Riesgo D Pablo Xitumul de Paz, quien condenó a 15 años de prisión a la expresidenta Roxana Baldetti por un caso de corrupción y a 80 años de cárcel al expresidente José Efraín Ríos Montt por delitos de lesa humanidad, entre otros.

Además, las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron el jueves 10 de febrero a la exmandataria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por un caso que se encuentra “bajo reserva”.

Se trata de Leysi Indira Santizo Rodas, quien en declaraciones a periodistas a su arribó a la Torre de Tribunales, explicó que desconocía el motivo de su captura cuando se encontraba en su residencia.

“No he cometido ningún delito”, aseguró la exmandataria de la Cicig, un organismo de las Naciones Unidas que colaboraba con Guatemala en el combate a la corrupción y la impunidad hasta que fue expulsada en 2019 por decisión del presidente en aquel momento, Jimmy Morales, al señalarla de “inferencia en asuntos internos”.

Además de la exmandataria de la Cicig también ha sido capturada la abogada guatemalteca Eva Xiomara Sosa, exfiscal de la Feci, quien añadió que considera que su captura es en represalia por su labor al frente de la Cicig, un ente que entre 2014 y 2019, de la mano del Ministerio Público, emprendió una histórica lucha anticorrupción en Guatemala en la que imputaron a más de 200 políticos y miembros de la élite empresarial.

Por lo anterior, este viernes 11 de febrero, Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., señaló que esas acciones son preocupantes porque socavan el estado de derecho y dejó claro que estas obedecen a un patrón de intimidación y venganza contra quienes luchan contra la corrupción e impunidad en Guatemala.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Nichols refirió que “las acciones del 10 de febrero de la fiscal general de Guatemala contra los fiscales anticorrupción actuales y anteriores continúan un patrón de intimidación y venganza contra los individuos responsables de luchar contra la impunidad. Estas acciones preocupantes socavan el estado de derecho”.

El mensaje de Nichols fue replicado por Todd Robinson, exembajador de EE. UU. en Guatemala y subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, y escribió en su cuenta de Twitter que su país sancionó a Consuelo Porras por situaciones similares a esta.

“La FG (fiscal general) fue sancionado precisamente por acciones cómo estás”, escribió en su cuenta de Twitter en referencia a lo dicho por Nichols.

La FG fue sancionado precisamente por acciones cómo estás. https://t.co/MVh6cyAoQV

— Todd Robinson (@Digby06) February 11, 2022

Además, el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó este viernes su “preocupación” por la detención de “al menos dos personas” que colaboraron con la Cicig.

El secretario general recordó hoy que todo proceso judicial debe “cumplir con los requisitos de un juicio justo y del debido proceso, y que es deber de todas las instituciones nacionales respetar y observar la independencia del poder judicial”.

Añadió que la Cicig, que operó en Guatemala durante 12 años, hasta 2019, lo hizo según un mandato establecido entre el Gobierno y la ONU.

Las detenciones del jueves generaron ya ayer críticas en varios sectores de la población guatemalteca, en especial contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien en septiembre pasado fue sancionada por Estados Unidos acusada de “obstruir” casos de alto impacto.

En tanto, la Unión Europea (UE) “expresa su profunda preocupación por el continuo deterioro del estado de derecho en Guatemala, en el que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscal General han iniciado acciones legales en contra de jueces, abogados y fiscales independientes, resultando en arrestos y pérdida de inmunidad judicial”.

En un comunicado señala que “también notamos que estas acciones fueron precedidas por una larga campaña en redes sociales que incluye intimidación y amenazas, especialmente en contra de personas que conformaron el equipo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y de la Comisión International contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)”.

“Hacemos un llamado a las autoridades a que garanticen la seguridad de las personas en detención y a que salvaguarden su derecho al debido proceso. La Unión Europea va a monitorear de cerca la situación y continuará trabajando con sus socios internacionales para hacer valer el respeto al estado de derecho, la democracia y los derechos humanos en Guatemala”, concluye el documento.

Postura del MP

De acuerdo con el MP, no se criminaliza ninguno de los procesos y ellos están obligados a investigar todos los hechos que sean denunciados.

“Al Ministerio Público conforme a su mandato constitucional le corresponde la investigación y persecución penal, la cual desarrolla siempre de forma objetiva, imparcial y técnica. El deber ser de esta institución es velar porque se cumplan las leyes del país, sin distinción alguna, tiene la obligación de investigar toda denuncia presentada sin que esto signifique criminalización, es el cumplimiento al mandato constitucional como en cualquier país democrático del mundo”, refirió el MP.

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró con lugar este miércoles 9 de febrero las diligencias de antejuicio promovidas por la Fiscalía de Delitos Administrativos en contra del juez Pablo Xitumul de Paz, asimismo falló a favor del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el magistrado Ranulfo Rafael Rojas, sobre quien la Feci planteó la solicitud de retiro de inmunidad.

De acuerdo con la resolución de la CSJ, se declaró “ha lugar a formación de causa por mayoría” en el caso de Xitumul, juez de Primera Instancia del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala con Competencia para Conocer Procesos de Mayor Riesgo Grupo “C”.

Por lo anterior, Xitumul podrá ser investigado por el MP por una denuncia interpuesta por el inspector de la PNC, José Cuxaj, quien lo señaló de no haberle permitido la inspección del automóvil en el que se transportaba el juzgador en febrero de 2019.

En octubre del año pasado, el juez pesquisidor de la Sala Segunda de Apelaciones, Eduardo Galván, recomendó retirar la inmunidad a Xitumul.

El juez Xitumul ha dicho que los riesgos de que declare con lugar el retiro de su inmunidad es que remitan el caso a un juez, que lo citen y soliciten su captura para reactivar todas las denuncias en su contra.

Xitumul es uno de los jueces más renombrados en Guatemala gracias a que en los últimos años ha enviado a prisión a varios exfuncionarios vinculados a casos de corrupción o delitos de lesa humanidad, lo que, según él, le ha valido para que sea perseguido en los tribunales.

El juzgador condenó a 80 años de prisión al expresidente José Ríos Montt por genocidio en 2013; además, en 2018 condenó a la exvicepresidenta Roxana Baldetti a 15 años de cárcel por el caso Agua Mágica. También condenó a más de 800 años a Marvin Montiel Marín, el “Taquero”, un narcotraficante que ordenó asesinar a 15 ciudadanos nicaragüenses y un holandés en 2008, cuando estos viajaban en un autobús y Montiel creyó que llevaban droga.

El MP investigó un incidente ocurrió en 2019, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intentaron allanar el vehículo del juez por sospechoso, pero este se opuso y hubo un intercambio de palabras, insultos y forcejeo que quedaron grabados en vídeo, por lo que Xitumul denunció a los policías y los policías al juez, por lo que se solicitó el retiro del derecho de antejuicio.

El juez Xitumul, quien tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destinadas a que el Estado de Guatemala lo proteja debido a los fallos emitidos, ha dicho que ha sido denunciado más de 30 veces por familiares o amigos de personas que condenó.

Xitumul señaló que la contradenuncia prosperó y que “eso es lo que pretendían y hasta que lo lograron hoy”.

“Esperemos que todo transcurra con normalidad y de pronto hasta una falta de mérito consigamos porque no hay nada en mi contra, yo si tengo los elemento en contra del denunciado”, reiteró.

Con respecto a lo que opina de la decisión de CSJ dijo: “entiendo que no es una cuestión personal, sino solo bastaría recordar cómo llegaron ellos (los magistrados) ahí, quién los eligió y quién los promovió, por ahí puede estar el asunto”.

Falla a favor de magistrado

En tanto, la CSJ falló a favor del magistrado titular del TSE, Ranulfo Rafael Rojas, a quien decidieron mantenerle la inmunidad, luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) solicitara su retiro para ser investigado en el marco del caso Fénix, pues hay indicios de que Rojas, también exmagistrado de la CSJ, habría incurrido en los delitos de obstrucción de justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

La Feci presentó el 8 de octubre de 2020 una solicitud de retiro de inmunidad al magistrado Ranulfo Rafael Rojas, del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Según se informó, la petición para que se le quite el derecho de antejuicio al magistrado Rojas, es porque se quiere abrir una investigación por su posible vinculación en el caso de corrupción conocido como Fénix, cuando este fungía como agente fiscal del MP.

Según un comunicado del MP, la petición es para que se le retire la inmunidad a Rojas, y así pueda ser investigado por los delitos de obstrucción de justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Agregó que la labor de investigación en el caso Fénix, permitió la reapertura del caso por el delito de lavado u otros activos, en virtud que se observaba la existencia de una estructura criminal organizada para lavar dinero u otros activos, específicamente producto del traslado de fondos públicos al sistema financiero.

El documento refiere que el magistrado Rojas Cetina, dentro del marco de sus atribuciones como agente fiscal del Ministerio Público, “realizó en distintos tiempos dentro de los expedientes asignados, actos encaminados a promover impunidad a los actores, tal es el caso que inobservó el mandato constitucional que en todo momento debe de garantizar el Ministerio Público en cuanto a velar por el estricto cumplimiento de las leyes y garantizar el debido proceso”.

Proceso contra Erika Aifán continúa

Además, los magistrados conocieron la solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra Erika Lorena Aifán Dávila, jueza de Mayor Riesgo D, y “se rechazó in límine por mayoría (…) las enmiendas de procedimiento planteadas por la referida juez y se ordenó remitir al juez pesquisidor las presentes diligencias de antejuicio, para que continue desarrollando su atribución y remitir su informe con posterioridad a la Corte Suprema de Justicia”.

La Fundación contra el Terrorismo presentó el lunes 24 de enero una solicitud de antejuicio en contra la jueza Aifán, con la que la juzgadora, que ha sido ampliamente elogiada por Estados Unidos, acumula tres procesos de ese tipo.

La solicitud fue planteada por dicha fundación porque, según argumentan, Aifán ha conocido, sin autorización de la Cámara Penal, procesos que no han sido elevados a Mayor Riesgo.

De esa cuenta se le señala de haber cometido los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato.

Además, el Ministerio Público (MP) solicitó el martes 18 de enero, por segunda vez en una semana, el retiro de inmunidad para la jueza Aifán.

Dicha solicitud de antejuicio (retiro de inmunidad) obedece a la “posible” participación de la jueza en los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato”, según detalló el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

Hace unos días, Estados Unidos acusó al Gobierno de Guatemala de “debilitar” el sistema judicial del país e intentar “obstruir las investigaciones sobre corrupción” después de que el Ministerio Público emitiera el 13 de enero la primera solicitud de retiro de antejuicio para Aifán.

Foto Prensa Libre

Mazariego una de las personas más allegadas a Roxana Baldetti fue sindicados de defraudar las finanzas de la municipalidad de Chicamán y será el Tribunal de Mayor Riesgo C, presidido por Pablo Xitumul que conocerá el caso.

VEA: Exdiputada Emilenne Mazariegos llora implorando por su libertad