El Organismo Judicial impulsará una nueva subasta pública el próximo 18 de octubre de 2023 y entre los artículos en remate hay diversos lotes de vehículos y motocicletas para desarme, además de bicicletas y distintos tipos de maderas.

La institución resguarda este tipo de bienes por diversos procedimientos y se conservan en sus almacenes, pero tras no ser reclamados pasan a ser puestos a la venta.

La subasta pública tendrá lugar en una delegación del OJ, situada en la 10a. calle y 2a. avenida de la zona 8, colonia 20 de mayo, en San Benito Petén.

El evento está programado para el 18 de octubre de 2023 a las 10 de la mañana.

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Vehículos, motos y madera

Según el aviso publicado en el Diario Oficial, serán subastados 27 vehículos de cuatro ruedas y más de 200 motocicletas. También hay un lote de 12 bicicletas de diferentes marcas, modelos, estilos y colores.

De madera también se pondrán en venta cuatro lotes de diferentes especies y dimensiones, con precios bases desde Q1 mil hasta Q4 mil.

En la publicación se detalla qué contienen los lotes que se ofrecerán a través de la subasta pública:

• Lote de 10 vehículos de cuatro ruedas – Q21 mil 800
• Lote de 10 vehículos de cuatro ruedas – Q20 mil
• Lote de 7 vehículos de cuatro ruedas – Q39 mil
• Lote de 20 vehículos de dos ruedas – Q1 mil 900
• Lote de 20 vehículos de dos ruedas – Q2 mil 300
• Lote de 20 vehículos de dos ruedas – Q2 mil 900
• Lote de 20 vehículos de dos ruedas – Q2 mil 950
• Lote de 20 vehículos de dos ruedas – Q2 mil 750
• Lote de 20 vehículos de dos ruedas – Q2 mil 300
• Lote de 20 vehículos de dos ruedas – Q2 mil 300
• Lote de 20 vehículos de dos ruedas – Q3 mil
• Lote de 20 vehículos de dos ruedas – Q2 mil 550
• Lote de 20 vehículos de dos ruedas – Q2 mil 900
• Lote de 10 vehículos de dos ruedas y 3 ruedas – Q2 mil 000
• Lote de 12 bicicletas — Q500
• Lote de madera de diferente especies y dimensiones – Q3 mil
• Lote de madera de diferente especies y dimensiones – Q2 mil 500
• Lote de madera de diferente especies y dimensiones – Q4 mil
• Lote de madera de diferente especies y dimensiones – Q1 mil

Términos de la subasta pública

El acuerdo de la subasta especifica entre una serie de bases que está prohibido que se celebren convenios entre los participantes, que la venta será libre y la adjudicación se hará al mejor postor.

El monto de las pujas será acordado por la Comisión que presidirá el remate y los pagos deberán realizarse en quetzales, en efectivo, con cheque de caja o de Gerencia a favor de la Tesorería del Organismo Judicial.

Los precios de los bienes a subastar ya incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los bienes se venderán en el estado que se encuentran y una vez se adjudiquen no se admitirán reclamos posteriores.

Otro punto que se especifica es que los motores y piezas de los vehículos que tengan impreso algún número de identificación y se promueva su venta para desarme, no podrán activarse o registrarse, debido a que no podrán circular.

Estará prohibido el corte o desmantelamiento de los vehículos en el lugar. El plazo para el pago de los vehículos será el mismo día de la subasta, sin prorroga.

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Acuerdo

Conozca en este documento cuáles son los términos y todos los artículos que serán subastados:

DCA Subasta publica vehiculos y motos

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) publicó este 26 de julio -en el Diario de Centro América- el acuerdo 05-2023 con el que crea el Juzgado de Primera Instancia Penal para Diligencias Urgentes de Investigación con competencia exclusiva en Delitos de Narcoactividad.

En el acuerdo se establece que este nuevo juzgado será competente con exclusividad para conocer y resolver “todas las solicitudes unilaterales de actos urgentes de investigación, practicar diligencias de prueba anticipada, así como ordenar los medios de investigación que sean requeridos, ordinarios y/o especiales, para ser practicados y recabados en cualquier lugar del territorio nacional, en cualquier caso, y, resolver como corresponda, todas aquellas medidas precautorias que le sean solicitadas, siempre y cuando, sean relativas a la persecución de delitos regulados en la Ley contra la Narcoactividad”.

Añade que en los casos de ordenes de aprehensión autorizadas por este juzgado y que se hagan efectivas, este será competente para: “recibir y resolver sobre la primera declaración de la persona aprehendida el órgano jurisdiccional que sea competente para conocer de conformidad a la competencia por razón de la materia y del territorio, previamente establecida”.

Explica que en ningún momento la prórroga de la competencia otorgada al nuevo juzgado podrá interrumpir el procedimiento que se siga ante otro órgano jurisdiccional o afectar la competencia de los jueces con competencia en materia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, que les hubiere sido asignada de conformidad con las disposiciones de esta Corte.

Se menciona que en los casos en los que el nuevo juzgado con competencia exclusiva en delitos de narcoactividad conozca de algún acto judicial que esté judicializado en cualquier otro órgano jurisdiccional, debe remitir a este último, todo lo actuado a la brevedad, después que la diligencia solicitada sea finalizada.

Cómo será integrado

Según el acuerdo, el nuevo juzgado estará integrado por un juez de Primera Instancia, un secretario de instancia, un oficial III y un comisario.

La CSJ solicitará, por medio del Consejo de la Carrera Judicial para que instruya a la Escuela de Estudios Judiciales que realice la capacitación para el personal del nuevo juzgado.

Dónde funcionará

El nuevo juzgado estará ubicado en el espacio habilitado para el efecto, dentro de la sede del Ministerio Público, situada en la zona 15 de Guatemala y se establece que la Presidencia del Organismo Judicial y de la CSJ deberá suscribir el acuerdo interinstitucional correspondiente.

En segunda instancia

El acuerdo también señala que los recursos y acciones planteadas en contra de las resoluciones emitidas por el nuevo Juzgado de Primera Instancia Penal para Diligencias Urgentes de Investigación con competencia exclusiva en delitos de Narcoactividad serán conocidos por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

El documento también señala que derivado de la creación del nuevo juzgado, el Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes de Investigación que funciona en la sede del MP, en el barrio Gerona, zona 1 de la capital, a partir de la vigencia del presente acuerdo, dejará de ser competente en materia de delitos contra la Narcoactividad, y su denominación cambiará a Juzgado de Primera Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes de Investigación.

Según la CSJ, cuando para determinar la competencia en materia de delitos contra la Narcoactividad, cuando exista conexión de delitos distintos de los de Narcoactividad, dentro de una misma carpeta judicial, se establecerá, de conformidad con la procedencia de la solicitud que realice la Agencia Fiscal correspondiente.

El acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación en al Diario de Centro América, es decir el jueves 27 de julio de 2023.

Silvia Patricia Valdés Quezada, presidenta del Organismo Judicial y la CSJ, y los magistrados de esta corte inaugurarán el nuevo juzgado el jueves 27 de julio a las 9 horas, en la sede del MP en la 0 calle 15-44, zona 15 de la capital.

La agrupación política Semilla presentó una queja ante la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial (OJ) en contra del juez séptimo, Fredy Orellana y también contra la presidenta de ese organismo y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Silvia Valdés.

Según informó el Movimiento Semilla, su equipo legal presentó la queja contra Orellana por una resolución que carece de fundamento legal, que se constituye como una falta gravísima que busca alterar el orden democrático del país.

Agregan que esa resolución “muestra la intención de forma maliciosa de resolver en contra de derecho, por no desempeñar una función objetiva como juez”.

Es que el pasado 12 de julio, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) informó que a petición de ellos, el Juzgado Séptimo, dirigido por Fredy Orellana, ordenó la suspensión de personalidad jurídica del Movimiento Semilla, cuyo candidato, Bernardo Arévalo, pasó a segunda vuelta en las elecciones generales 2023.

La investigación de la Feci señalaba que en mayo de 2022, un ciudadano denunció haber sido adherido ilegalmente al Movimiento Semilla, por lo que, al realizarse la prueba científica por el Inacif se concluyó que la firma y letra fueron falsificados.

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, dijo ese día que “existen indicios que posiblemente más de cinco mil ciudadanos fueron adheridos ilegalmente al Movimiento Semilla, falsificándole su letra y firma”.

También contra presidenta del OJ

La denuncia que presentó Semilla este 18 de julio también va dirigida contra Silvia Valdés, presidenta de la CSJ y del OJ por “haber tratado de variar las formas del proceso electoral de forma unilateral a través de una resolución que carece de fundamento legal, se informó por parte del partido político”, se menciona en la queja de Semilla.

El juez Carlos Ruano presentó una recusación contra la presidenta del Organismo Judicial (OJ), Silvia Valdés, que busca que ella sea apartada del proceso de retiro de derecho de antejuicio que se inició en su contra por denuncia presentada por la Fundación contra el Terrorismo.

El juez Ruano, reconocido por Washington por su lucha anticorrupción en 2021, es señalado por la Fundación Contra el Terrorismo en un caso que involucra a la magistrada Blanca Stalling, quien fue reinstalada en ese cargo tras ser procesada en el caso “Tráfico de Influencias”.

El juez Ruano denunció en enero de 2017 que la magistrada Stalling habría ejercido presiones para que resolviera a favor de su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, quien fue detenido y procesado en el caso IGSS-Pisa.

Por ese caso, un Tribunal declaró culpable a 12 sindicados, incluyendo a Molina Stalling, quien fungía como exasesor del IGSS. La sentencia fue de seis años y tres meses y a una multa de Q50 mil y fue absuelto del delito de asociación ilícita.

Según el juez Ruano, es por ese motivo que Valdés no debió conocer la solicitud de trámite de la denuncia pues, según él, la magistrada tiene impedimento para hacerlo.

Según Ruano, Valdés ya externó opinión en el antejuicio que avaló contra Blanca Stalling.

En el memorial que presentó el juez Ruano menciona que la magistrada Valdés debió excusarse como lo hicieron el resto de sus compañeros que conocieron la petición de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, del Ministerio Público, que pedía el retiro de inmunidad contra Stalling, por supuesto tráfico de influencias.

Explica que en el escrito que interpone en contra de Silvia Valdés es para recusarla pues considera que ya habiendo conocido los mismos hechos en antejuicio 22-2017 no se inhibió, pese a que sabía que tenía impedimento de conocer esas diligencias, por ser los “mismos hechos”.

Recordó que seis magistrados de la CSJ se inhibieron de conocer un caso e invocaron el artículo 122 inciso h de la Ley del Organismo Judicial.

Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, fue ligado a proceso este 28 de febrero por conspiración para la obstrucción de la justicia en un segundo caso que el Ministerio Público (MP) le imputa al periodista.

El juez Décimo Penal, Jimi Bremer, resolvió que hay suficientes indicios para ligar a proceso a Zamora, como el audio que entregó Ronald García Navarijo, el principal testigo del Ministerio Público en los dos casos que enfrenta Zamora, uno por supuesto lavado de dinero y este por supuesta conspiración para la obstrucción de la justicia.

El 19 de enero pasado Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico; la exdirectora financiera de ese medio, Flora Emilza Silva Flores y dos abogados del periodista Romeo Augusto Montoya García y Mario Estuardo Castañeda y Castañeda fueron señalados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad en un caso por intentar desviar una investigación.

El caso nuevo es parte de una investigación que surge de la información recibida por la Feci, con la cual se logró establecer una posible conspiración para obstruir una investigación en curso relacionada a dinero posiblemente producto de lavado de dinero u otros activos que el periodista habría cometido en 2013.

Según la Feci, cuando Juan Francisco Sandoval Alfaro fue destituido como jefe de la Feci, Zamora y los otros tres involucrados “se alarmaron y se reunieron para planificar el desvío de la investigación de la recepción del dinero que posiblemente asciende al monto de por lo menos Q200 mil en efectivo y que estaba siendo investigado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad en ese entonces”.

García Navarijo, directivo bancario y señalado en el caso de corrupción “Arca”, permaneció prófugo de la justicia durante 480 días.

Una vez detenido, en 2018, un juzgado le otorgó arresto domiciliario. Ante la resolución, el Ministerio Público (MP) accionó, pero una Sala de Apelaciones dejó en firme la medida sustitutiva a favor del acusado.

Luego, el MP reveló un caso contra el periodista Jose Rubén Zamora, en el que García Navarijo figura como principal testigo.

En 2020 que la Procuraduría General de la Nación (PGN) apeló, como último recurso, ante la Corte de Constitucionalidad (CC) su oposición de la medida, pero el recurso finalmente se denegó por la máxima corte.

La CC rechazó un amparo que presentó la PGN y dejó en firme la medida de libertad condicional para Ronald García Navarijo.

La jueza separada del cargo Coralia Carmina Contreras, fue beneficiada con una resolución en la que un juez revocó la orden de captura que pesaba sobre ella, por su supuesto involucramiento en el caso Fugas, que la vincularía con otorgar ordenes de libertad, con datos falsos, para que reos pudieran salir de prisión.

El juez Séptimo Penal, Sergio Mena, llevó a cabo una audiencia a puerta cerrada este lunes 6 de febrero y en esta revocó la orden de captura contra la jueza Contreras.

En dicha audiencia solamente revocaron la orden de captura contra la jueza, y se fijó para el 29 de marzo la audiencia de primera declaración.

Ovidio Orellana, abogado de la jueza Contreras, dijo que su patrocinada se presentó a la judicatura de manera voluntaria para resolver su situación jurídica.

Confirmó que el juez Mena le revocó la orden de captura a su clienta.

Suspendida y sin inmunidad

El 18 de febrero de 2021 el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) suspendió del cargo a la jueza Coralia Carmina Contreras Flores, quien perdió la inmunidad por su vinculación al caso Fugas SP, que investiga la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público.

Según la investigación, Contreras habría firmado órdenes de libertad falsas, como jueza de ejecución penal, que favorecieron que presos, entre ellos pandilleros, pudieran salir libres de la cárcel.

El 13 de enero de ese año la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retiró el derecho de antejuicio del que gozaba la juzgadora ante la posibilidad de que haya incurrido en los cargos de cooperación a la evasión y falsedad ideológica.

El caso más polémico de Contreras fue el 23 de septiembre de 2020 cuando emplazó al Ministerio de Gobernación para que en 24 horas reuniera a 13 jefes pandilleros de la mara 18 en la cárcel Fraijanes 2.

Apenas días antes, las fuerzas de seguridad habían trasladado a esos pandilleros a otros centros para evitar juntos coordinaran crímenes y extorsiones.

El juez suplente de Mayor Riesgo B, Rudy Bautista, dejó sin efecto la orden de captura en contra del empresario suizo Jürg Widmer Probst, vinculado al caso Cooptación del Estado, y lo cita a rendir primera declaración el próximo 30 de enero.

Jürg Widmer Probst está prófugo de la justicia desde junio de 2016, vinculado con el caso de corrupción denominado Cooptación del Estado, una red criminal que, según la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), “utilizó un esquema financiero con apariencia de legalidad en muchos casos pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la precariedad financiera de las instituciones”.

Esta red fue vinculada al gobierno del Partido Patriota y al entonces mandatario Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Jürg Widmer Probst tenía orden de captura por el delito de cohecho activo. Fue contratista de grúas portuarias, representante de empresas privadas y se le ha señalado de pagar sobornos millonarios a Pérez Molina y Baldetti.

En la investigación de la desaparecida Cicig Jürg Widmer Probst, y otras personas eran señalados como operadores políticos y económicos de alto nivel que rodeaba el poder durante el gobierno del Patriota.

Agregaba que ll nivel más alto y directamente vinculado a los poderes céntricos estaba conformada por Juan Carlos Monzón Rojas y Gustavo Adolfo Martínez Luna, el primero secretario privado de Baldetti.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ahora gozarán también de un privilegio, que solo tenía el presidente del Organismo Judicial (OJ), que les permitirá viajar en avión en asientos de primera clase y que les cubre gastos por exceso de equipaje, luego de se hizo una modificación al Reglamento de Gastos de Viático.

Este viernes 13 de enero, la CSJ publicó el acuerdo número 1-2023 en el que hizo una modificación al artículo 24 del Reglamento de Gastos de Viático para el Organismo Judicial y quedó de la siguiente manera:

“Artículo 24. Vías, itinerario y exceso de equipaje Los viajes deberán hacerse por la vía más directa y en clase económica. No se reconocerán gastos consignados por escalas o rutas 056 innecesarias, ni gastos por exceso de equipaje, ni gastos en primera clase. Se exceptúa de esta disposición al Presidente del Organismo Judicial y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, se lee en el artículo reformado.

Anteriormente, este artículo 24 solo exceptuaba al presidente del Organismo Judicial y por eso era el único que podía viajar en primera clase y al que se le reconocían los gastos por exceso de equipaje, pero ahora se incluyó a todos los magistrados de la CSJ.

Aumento de salario

El Pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) incrementó a principios de diciembre de 2022 el salario para jueces, magistrados de Salas de Apelación y magistrados de CSJ.

Representantes de del Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial (STOJ) exigen a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un aumento salarial de Q10 mil para todos los trabajadores, entre auxiliares judiciales, administrativos, técnicos y personal de seguridad, esto derivado del ajuste de sueldos que se autorizó para jueces y magistrados, pues consideran que con esas acciones se violó el derecho de igualdad, establecido en el pacto colectivo de dicho organismo.

En diciembre pasado, los magistrados de la CSJ decidieron aumentarse el sueldo, fundamentados en lo establecido en el inciso “d” del artículo 27 de la Ley del Organismo Judicial, y “obviamente los estudios realizados previamente, se ha brindado un ajuste salarial”, confirmó en ese entonces Rudy Esquivel, vocero del OJ.

Según un documento que contenía los montos del aumento salarial, ahora los jueces de Paz ganarán Q20 mil; los de Primera Instancia Q33 mil 400; magistrados de Salas de Apelaciones y Salas de Apoyo, Q46 mil 700; y el magistrado presidente de Sala de Apelación, Q47 mil 100.

Respecto a la CSJ, los magistrados vocales recibirían un salario de Q67 mil; y al hablar de la presidencia el salario se eleva a Q79 mil.  Antes de estos ajustes, la Presidencia de la CSJ percibía un salario de Q46 mil 800, lo que implica que el incremento es de Q32 mil 200.

El incremento salarial no se otorgó a todos los trabajadores del OJ, pues fue exclusivo para jueces y magistrados de la CSJ.

Ante ese escenario, este miércoles 4 de enero, representantes del STOJ entregaron un memorial a la presidencia del CSJ, en el que exigen que se otorgue un incremento salarial de Q10 mil al resto de los empleados del OJ.

La petición se deriva del ajuste de honorarios que en diciembre del año pasado se otorgó a magistrados y jueces.

“Debido a las acciones dadas en cuanto a los aumentos de salarios desmedidos autorizados a Jueces y Magistrados, recientemente, con fecha 20 de diciembre del 2022, nos vimos en la obligación de presentar ante la Presidencia del Organismo Judicial un memorial, mediante el cual solicitamos aumento de salario por Q10 mil para toda la clase trabajadora del OJ, entre ellos: auxiliares judiciales, administrativos, técnicos, seguridad, debido a la violación del Pacto Colectivo y Derecho de igualdad”, señala un comunicado publicado por el STOJ.

El documento agrega que “esperamos en el primer pleno de este año, nos sea resuelto de la mejor manera nuestra petición, ya que dependiendo de dicha resolución se estarían tomando las acciones que legalmente correspondan”.

Los sindicalistas advierten que si sus demandas no son atendidas emprenderán las acciones legales que tienen a su alcance.

“El día 19 de diciembre del año 2022, fuimos enterados de un aumento salarial otorgado única y exclusivamente a jueces, magistrados y personal de confianza del OJ”, dice una parte del memorial entregado en la CSJ.

En el documento se lee que el incremento de salarios de jueces y magistrados “no fue producto de una negociación colectiva; sino se dio de forma arbitraria y en total discriminación de la clase trabajadora del OJ”.

El STOJ manifestó su inconformidad ante el incremento salarial para un grupo de trabajadores judiciales, pues en abril de 2022 fue rechazada una solicitud similar que incluía a todo el personal del OJ.

Se informó que en esa ocasión se solicitó un aumento salarial de Q10 mil, pero el pleno de magistrado de la CSJ rechazó a la petición, supuestamente por falta de presupuesto. Ahora el STOJ espera que esa solicitud sea retomada por los magistrados.

Esquivel por aparte informó que se recibió el memorial del STOJ el 20 de diciembre de 2022. “Dicho memorial ya fue enviado al pleno para que sea agendado y conocido, según estimen lo pertinente los señores magistrados”, agregó.

También dijo que para el miércoles 11 de enero se tiene programado que el pleno conozca la petición.

Aunque el caso está en investigación por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) se supone que un hombre de 23 años se suicidó dentro de una carceleta del sótano dos de la Torre de Tribunales porque su progenitora murió en un accidente vial que él propició en motocicleta, informaron autoridades.

Eugenio Abraham Cac Che, de 23 años, ingresó a la Torre de Tribunales el pasado 27 de diciembre por la noche, después de haber sido protagonista de un accidente en motocicleta en la 11a avenida y 20a calle de la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con fuentes policiales Cac Che, que es originario de Senahú, Alta Verapaz, fue conducido por agentes de la PNC después del incidente vial en el que impactó con otra motocicleta.

Cac iba acompañado de su mamá, Carmen Che Cux, de 59 años, y tras el impacto salió expulsada y sufrió lesiones graves que ameritaron trasladarla a un centro asistencial donde minutos más tarde falleció.

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Mientras Cac Che esperaba ser escuchado por el encargado del Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno de Guatemala, para determinar su situación jurídica se enteró que su madre había muerto. Eso desató una crisis, según las pesquisas, que lo hicieron privarse de la vida.

Para hacerlo se quitó las correas de sus zapatos, las que amarró con los barrotes de la carceleta para suicidarse, según las primeras averiguaciones. El hombre había sido detenido por el homicidio culposo de su progenitora.

Se está espera que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) revele la causa científica de la muerte.

En forma preliminar relataron que había sido por asfixia por suspensión y el Organismo Judicial, por medio del vocero, Rudy Esquivel, descartó que se hubiera tratado de un asesinato.