El presidente de la República, Alejandro Giammatti, se entrevistará con cada uno de los seis aspirantes al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), y los encuentros serán transmitidos en los canales del Gobierno para que la población tenga acceso a la conversación. 

Kevin López Oliva, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, ofreció una conferencia de prensa este lunes 25 de abril, en el Palacio Nacional de la Cultura, en donde hizo oficial la decisión del presidente de entrevistarse con cada uno de los 6 profesionales que fueron incluidos en la nómina final de aspirantes al cargo que fue entregada por la Comisión de Postulación.  

López Oliva dijo que, aunque no existe una normativa que establezca el mecanismo de selección del nuevo jefe del MP, Giammattei realizará una evaluación holística e integral que considera los aspectos profesionales, meritocráticos y académicos propios de la persona que ocupará el cargo de fiscal general y jefe del MP. 

Agregó que, en un ejercicio pleno de transparencia, Giammattei decidió realizar una serie de entrevista a cada uno de los seis aspirantes remitidos por la Comisión de Postulación y que estas serán transmitidas a través de canal de Gobierno y estarán a la vista pública.  

Decisión soberana 

“Así mismo queremos fijar una postura, destacar que esta –la designación del nuevo jefe del MP- es una decisión del presidente Alejandro Giammattei conforme la ley en materia, la cual es soberana y es trascendental para el país por lo cual no estará sujeta a ningún tipo de presiones”, reiteró López Oliva.  

Calendario de entrevistas 

El secretario de comunicación social de la Presidencia comentó que el martes 26 de abril se estará realizando la entrevista con Herny Alejandro Elías Wilson y Darleene Apolonia Monge Pinelo. 

El miércoles 27 de abril a la actual fiscal general María Consuelo Porras Argueta y a Néctor Guillebaldo de León Ramírez. 

El jueves 28 de abril concluirá las entrevistas con Gabriel Estuardo García Luna y Jorge Luis Donado Vivar, actual jefe de la Procuraduría General de la Nación.  

 López Oliva añadió que luego de las entrevistas, el presidente Giammattei tomará el tiempo que corresponde en la ley para hacer un análisis y luego dar a conocer la designación del nuevo fiscal y jefe del Ministerio Público.  

Al ser consultado sobre si la designación del nuevo jefe del MP sería decisión que tomaría Giammattei o el Consejo de ministros, López Oliva expresó que conforme lo establece la Constitución Política de la República, es una decisión presidencial. 

Reiteró que el presidente va a dar a conocer a la población cuál ha sido su decisión basada en criterios holísticos, integrales, profesionales, meritocráticos, académicos propios de la persona que ocupe el cargo de jefe del MP. 

La Corte de Constitucionalidad (CC), realizó un a vista pública este jueves 13 de enero en la que respondió las tres opiniones consultivas que le había hecho el presidente Alejandro Giammattei tres opiniones consultivas, relacionadas a la asistencia de sus ministros y funcionarios a citaciones que les efectúan diputados, comisiones y el pleno del Congreso de la República.

La Presidencia de Guatemala quería conocer los alcances de los artículos constitucionales 161 en su literal “b”, 166 y 168.

El primero era el relativo a la irresponsabilidad de la que gozan los diputados al emitir sus opiniones. En los dos años de la novena legislatura ha sido frecuente que los congresistas de oposición critiquen con firmeza las decisiones del Ejecutivo.

Además, el artículo 166 que explica lo relativo a las interpelaciones, señalando que “los ministros de Estado, tienen la obligación de presentarse al Congreso, a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen por uno o más diputados”.

Finalmente, el artículo 168, que está relacionado a las invitaciones o citaciones de funcionarios del Ejecutivo ante el Congreso señalando lo siguiente: “Asistencia de ministros, funcionarios y empleados al Congreso. Cuando para el efecto sean invitados, los ministros de Estado están obligados a asistir a las sesiones del Congreso, de las Comisiones y de los Bloques Legislativos”.

Las consultas de Giammattei

Según el expediente de la CC, los argumentos del presidente Giammattei para hacer la consulta es porque , “si bien es cierto que los ministros de Estado están obligados a presentarse al Congreso de la República, a fin de responder la interpelación formulada por uno o más diputados, efectuada por virtud del derecho de fiscalización que a estos les asiste, y que una vez instaurado ese mecanismo de control, el funcionario objeto de interpelación no puede ausentarse del país, ni excusarse de forma alguna salvo que estuviesen fuera del territorio nacional o por quebrantos de salud; también lo es que, actualmente previo a desarrollarse el juicio político, quienes serán interpelados no obstante haber sido citados señalándoles día y hora específica, para tal efecto, deben aguardar en el parlamento de manera intémpore y en estado de espera, hasta que el aludido juicio se desarrolle, lo cual constituye un obstáculo para el desarrollo de sus funciones y atribuciones en el Organismo Ejecutivo, derivado de la obligatoriedad de su presencia física en la sede legislativa, lo que implica paralización de sus actividades administrativas”.

También que se genera incertidumbre el alcance del precepto que limita a los ministros de Estado, a salir del territorio nacional una vez planteada la interpelación, aun y cuando estos deban, por motivo de su cargo, atender y asistir a eventos internacionales importantes y relevantes para el Estado.

El expediente dice que el consultante ve que es necesario, mediante opinión de la CC, “desentrañar y precisar el alcance de la interpelación a los ministros de Estado, así como determinados aspectos de su procedimiento, con el fin de que los Organismos de Estado involucrados, cumplan efectivamente con dicho mecanismo de control político fiscalizador, de manera articulada y sin interferencias unidireccionales o recíprocas.

Respuestas de la CC

Opinión consultiva 1

1. ¿Las Comisiones del Organismo Legislativo pueden realizar citaciones a funcionarios, sobre temas que no estén relacionados con la materia de competencia de la Comisión? CC responde: No. Las citaciones solo pueden hacerse con el objeto de abordar temáticas que guarden relación con la materia que corresponde a las comisiones.

2. ¿Una Comisión puede citar o invitar a un funcionario o empleado público para tratar temas que no están relacionados con sus atribuciones y funciones administrativas? CC responde: No, los temas deben encontrarse dentro de las funciones y atribuciones legales de tal funcionario o empleado público.

3. ¿Está obligado un funcionario a rendir informe a una Comisión que por su naturaleza no está relacionada con las funciones sustantivas que realiza el órgano administrativo en que ejerce sus funciones? CC responde: No, el objeto los informes deberá guardar relación con la materia que corresponde conocer al órgano.

4. ¿Está obligado un funcionario o empleado público a asistir a una reunión o citación realizada por una Comisión, sin que se justifique en la convocatoria, la manifestación expresa del objeto de la misma y su relación con el ejercicio de las funciones y atribuciones del funcionario o empleado público? CC responde: No. Si dentro de la citación se hacen preguntas ajenas a las atribuciones del funcionario o preguntas que se alejan del objeto de la citación, el funcionario puede pedir que las preguntas se apeguen al tema o su competencia. Si las preguntas persisten, puede abstenerse, explicar por qué no puede responder y dejar en acta la razón.
5. ¿Es necesario que la Comisión forme quórum con la suma de 25% de sus miembros más el presidente de la Comisión o vicepresidente, para que reciba a un funcionario o empleado público que ha sido citado o invitado? CC responde, Sí. De acuerdo a la ley (artículo 36 de la ley orgánica del Organismo Legislativo).

6. ¿Al determinar que no existe el quórum necesario puede un funcionario o empleado público, que acuda a una invitación o citación por parte de una Comisión, retirarse de la misma?
   CC responde: Sí, de acuerdo a la ley (artículo 36 de la ley orgánica del organismo legislativo)

Opinión consultiva 2

1. ¿La prerrogativa de los diputados en cuanto a la irresponsabilidad, por sus opiniones se refiere únicamente a temas estrictamente parlamentarios y relacionados con los asuntos que corresponde conocer por sus funciones? CC responde: Sí, solo se refiere al desarrollo de sus funciones.

2. ¿La prerrogativa de los diputados en cuanto a la irresponsabilidad por sus opiniones se refiere en forma extensiva a cualquier opinión vertida por un parlamentario, aun cuando las mismas sean ajenas a los temas relacionados con el Congreso de la República? CC responde: No, solo a las que ventila en ejercicio de sus funciones.

3. ¿Cuáles serían las razones legales por las que podría restringirse el ejercicio de ese derecho o prerrogativa? La CC se abstuvo de responder por considerar la pregunta muy general.

Opinión consultiva 3

1. ¿Se inicia el procedimiento de interpelación con el planteamiento ante el Pleno del Congreso, una vez realizada la notificación al ministro o al momento de que el mismo sea juramentado en el inicio de la sesión en la que se lleve a cabo la interpelación? CC responde: El procedimiento inicia cuando el diputado la solicita, pero para el interpelado comienza hasta que se le notifique.

2. ¿Es posible que el Congreso de la República pueda autorizar a un ministro de Estado para que se ausente del país, durante el procedimiento de interpelación, ante la necesidad de asistir a un evento de carácter internacional, para atender los intereses de Guatemala? CC responde: No.
3. (Se unieron preguntas 3y 5) ¿Cuál se considera que es el tiempo prudencial y razonable de espera que un ministro de Estado que está siendo interpelado, pueda retirarse del Congreso de la República, cuando se ha excedido de la hora fijada como inicio de la sesión de interpelación, esto con el objeto de continuar en el ejercicio de sus funciones? ¿Al determinar que no existe el quórum necesario en el Congreso de la República para el inicio de la sesión parlamentaria, puede un ministro de Estado que acuda a una interpelación, retirarse de las instalaciones del Congreso de la República? CC responde: El ministro puede retirarse inmediatamente del pleno si se presenta a la hora citada de la interpelación y no hay quórum.
4. (Se unieron preguntas 7 y 8) ¿Puede el ministro interpelado, abstenerse de responder preguntas si las mismas no tienen relación con el tema que motivó la interpelación? ¿Puede el ministro interpelado abstenerse a responder preguntas que no sean propias de las políticas o asuntos de su competencia? CC responde: Sí, pero no debe quedarse callado. En su lugar, le debe pedir al diputado que se ajuste al tema de la interpelación o a sus competencias. Si persisten, el ministro debe explicar que las preguntas no tienen relación, abstenerse y dejarlo en acta.

Busca evadir fiscalización

Dos expertos en Derecho al ser consultados previo a la vista pública, consideran que, pese a que no se tiene por escrito las preguntas puntuales del presidente, da la impresión que buscan una justificación para evitar las citaciones del Congreso.

Edie Cux, director de la organización Acción Ciudadana (AC), señala que la postura del presidente es obvia. “Ya está clara la postura del presidente en realmente tener el poder a toda costa, esto implica que hacer una consulta de este tipo es que él (Giammattei) quiere manejar un poder absoluto con lo que podría buscar impunidad, ningún control y manejar la política a su antojo”.

Cux, estima que el simple hecho de formular consultas por temas obvios representa un peligro al sistema democrático y “se estaría atentando contra el sistema de pesos y contra pesos que plantea la misma Constitución, poco a poco se van eliminando esos límites que tiene la Presidencia”.

Por su parte la abogada Leily Santizo, analista independiente, considera que a pesar de cualquier intención que lleven esas opiniones requeridas por el Ejecutivo es imposible que se limite el trabajo parlamentario.

No es para evadir fiscalización

María Consuelo Ramírez Scaglia, secretaria general de la Presidencia, dijo que tal y como lo establece la propia Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Amparo, exhibición personal  y Constitucionalidad,  el Organismo Ejecutivo tiene la facultad de solicitar opinión consultiva a la CC.

Expresó que el objetivo de la consulta tenía como fin contar con los mecanismos que permitan que se más eficiente la administración del Organismo Ejecutivo en búsqueda de la rendición de cuentas.

Explicó que estas respuestas de la CC deben ser publicadas en el Diario de Centroamérica.

Negó que el Ejecutivo busque con esto evadir la fiscalización, sino que lo que se busca es contar con los mecanismos necesarios para hacer más eficiente las funciones y atribuciones del Ejecutivo. Reconoció que es obligación del Ejecutivo rendir cuentas y eso es lo que buscaban.

Dijo que lo que se pretendía era que los funcionarios de Estado puedan contar con el tiempo necesario para poder cumplir con sus atribuciones y especialmente en el ámbito de las que llevan a cabo en el Congreso de la República, para cumplir con esa obligación constitucional.

La CC no está al servicio de nadie

Roberto Molina Barreto, presidente de la CC, dijo que en redes sociales y algunos medios de comunicación se habló sobre algunas insinuaciones y mensajes negativos contra esa corte por la derecho que ejerció el presidente de la República constitucionalmente de hacer o solicitar opiniones consultivas.

Dijo que los mensajes insinúan que la CC pudiera estar al servicio o para condescender a algún organismo del Estado. “Enfáticamente lo primero que quiero decir es que este Tribunal no está servicio de ninguno de los tres poderes – del Estado-, institución alguna o designantes de esta corte”.

Dijo que la CC lo que hace al emitir las opiniones consultivas es cumplir con su obligación, pues en la Constitución está el derecho de los tres poderes del Estado de solicitar opiniones de ese tipo si son de carácter constitucional, y la corte debe responderlas.

Dijo que el presidente Giammattei  a lo que se refirió en las consultas fue a las formas en que deben ser citados los funcionarios públicos en términos generales. Expresó que un funcionario debe ser citado o invitado por una comisión, un bloque legislativo o el Pleno, si fuera una interpelación.

También consultó si puede ser o debe ser citado para los objetos propios de la comisión y eso presume que hay comisiones que hacen situaciones que no corresponden al objeto de la citación.

Mencionó que la CC está respondiendo que en efecto la citación o la invitación responder debe tener totalmente una situación dirigida a la a su comisión

El tercer asunto es el hecho sí se puede retirar o no el  funcionario o si puede abstenerse o no a contestar y la corte dice que tiene obligación de presentarse y tiene la obligación de razonar el por qué se tendría que abstener si le están preguntando algo que no le compete.

“Por otro lado la prerrogativa de los diputados de ser expulsados por sus opinión su función que la corte concluye que en efecto existe esa prerrogativa estrictamente para opiniones que expresen en el ejercicio de su cargo y no otro tipo de opiniones”, dijo Molina Barreto.

En cuanto a la cuarta pregunta que hizo el presidente Giammattei, dijo que este les presentó la propuesta de analizar un anteproyecto para acuerdo gubernativo para arreglar las consultas a los pueblos indígenas y tribales en cumplimiento del Convenio 169.

“Guatemala no tiene una norma activa o legislativa o gubernativa que regule la forma de hacer esas consultas entonces él pretendió que esta corte analizará un proyecto que él tiene para hacer un acuerdo gubernativo y la corte le contesta, que no está dentro de las funciones de la corte emitir opinión por proyectos gubernativos que no señale la Constitución”.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social emitió una reforma al artículo 4 del Acuerdo Gubernativo 150-2020, que establece el horario de actividades en el sector público.

En el acuerdo publicado el 29 de septiembre del 2020, emitido como parte de las disposiciones para evitar la propagación del coronavirus, se establece que el horario para dependencias del Ejecutivo se desarrollaría de 7 a 15 horas.

Luego de modificaciones, el horario permanecía vigente hasta el 31 de marzo del 202|; sin embargo, por la situación actual las autoridades determinaron ampliar el plazo.

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“Por la situación actual de país por razón de la pandemia por el covid-19, resulta imperativo por ser de estricto interés del Estado, para la prevención, control y contención de la misma y como medida temporal excepcional, mantener tal disposición”, se considera en la publicación.

El horario oficial de la jornada única de trabajo, normado en el artículo 79 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, estará comprendido de 7 a 15 horas para todas las dependencias del Organismo Ejecutivo, determina el acuerdo.

Además, se menciona que hay excepción para los servicios públicos esenciales o funciones que por su propia naturaleza deben presentarse en cualquier horario, y regirá a partir de la vigencia del actual acuerdo hasta el 31 de diciembre del 2021.

También determina que cada entidad, o el funcionario que designe, deberá velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias. De ser necesario, se permitirá alternancia en la locomoción y circulación del personal a su cargo para evitar la concentración de personas.

Guillermo Castillo afirma que Consejo de Ministros fue citado el miércoles 10 de marzo para comenzar proceso de designación de los magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC).

El vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo Reyes, publicó este martes 9 de marzo un comunicado en sus redes sociales en el que informa que el Concejo de Ministros fue citado el miércoles 10 marzo a las 9 horas para participar en el proceso de designación de magistrados titular y suplente que representarán al Ejecutivo ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

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En el comunicado, el vicepresidente Castillo asegura que en la convocatoria se insta a los integrantes del Consejo de Ministros a proponer, a más tardar el miércoles 10 de marzo del 2021 a las 8:00 horas, a candidatos que reúnan requisitos para ocupar dichos cargos.

Añade que está convencido y confía que el Consejo de Ministros ha tomado con seriedad y responsabilidad este llamado y hará las mejores propuestas.

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Pide transparentar proceso

En el documento, Castillo afirma que, con el propósito de transparentar, prestigiar y legitimar el proceso, propone al Consejo de Ministros adoptar un procedimiento objetivo y público, pues considera que no riñe con la Constitución Política y tiene como único fin asumir decisiones informadas y fundamentadas.

La propuesta de Castillo contiene cuatro peticiones al Consejo de Ministros.

• a). Que la sesión del Consejo de Ministros programada para mañana miércoles a las 9:00 horas, sea pública y se transmita por medios de comunicación del Gobierno, como sucede en la mayoría de los actos en los que participa el presidente.

Según Castillo, el artículo 30 de la Constitución Política establece: “Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia”.

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El comunicado del vicemandatario añade que el artículo 4o. de la Ley del Organismo Ejecutivo establece: “Principios que rigen la función administrativa. El fin supremo del Estado es el bien común y las funciones del Organismo Ejecutivo han de ejercitarse en orden a su consecución y con arreglo a los principios de solidaridad, subsidiariedad, transparencia, probidad, eficacia, eficiencia, descentralización y participación ciudadana.”.

• b). Que se publique los nombres de los candidatos y quienes los han propuesto.

• c). Dar el plazo prudencial de una semana para que el Consejo de Ministros se tome el tiempo de conocer los perfiles de los candidatos y se les convoque a próxima sesión pública para entrevistarlos y escuchar sus planes de trabajo.

El documento agrega que el artículo 13 de la Constitución Política establece: “Derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.”.

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Añade que la sola presentación de la hoja de vida no es garantía suficiente para formar criterios sobre los candidatos. Es necesario contar con más información de sus credenciales y compromiso con el Estado de Derecho, por ello, es oportuno realizar las consultas pertinentes.

• d). Realizar la votación correspondiente. Este proceso público deberá desarrollarse al terminar las entrevistas respectivas.

Finalmente, el vicepresidente Castillo hace un llamado a los integrantes del Consejo de Ministros a solicitar y respaldar el procedimiento que él plantea para designar magistrados independientes que respondan únicamente al Estado de Derecho y a los mandatos constitucionales.

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“Este es un compromiso con Dios, con nuestras familias, con la Patria y en especial con toda la ciudadanía que nos demanda la más alta conducta de transparencia basada en ética y principios”, finaliza el comunicado.

Presidencia responde

En relación a la propuesta del vicepresidente Castillo, la secretaria de Comunicación de la Presidencia, Patricia Letona, informó que “no está contemplado ningún cambio en el proceso ya que podría provocar alteración de la norma constitucional. Se cumplirá con la designación según lo estable la ley”.

El Organismo Ejecutivo publicó este jueves 6 de marzo el Decreto Gubernativo 2-2021 en el que declaró estado de Prevención en Malacatán, San Marcos, el cual estará vigente durante 15 días.

Durante las últimas semanas en este municipio ha habido una serie de conflictos derivado a la suspensión del servicio de energía eléctrica por conexiones irregulares.

El pasado 24 de febrero se registraron disturbios, pues un grupo de vecinos ocupó la sede del Instituto Guatemalteco de Electrificación (INDE) y en su intento de reconectar el servicio suspendido saboteó el sistema y eso dejó sin energía a cuatro municipios.

Ese día Energuate aseguró que la suspensión de servicio ocurre en comunidades de San Pablo, Catarina, y Malacatán, pero es a causa de la manipulación de redes de distribución.

Estado de Prevención

Según el artículo 2 del decreto, el estado de Prevención se estableció luego de considerar y determinar que Malacatán, San Marcos “puede verse afectado el orden, la gobernabilidad y la seguridad de sus habitantes, en virtud que personas y/o grupos de personas pueden poner en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, el desarrollo integral, patrimonial y económico de los habitantes”.

Agrega que para evitar posteriores consecuencias “es necesario implementar, con carácter urgente, todas las medidas oportunas a efecto de garantizar la seguridad y la vida de los habitantes y autoridades del municipio referido”.

El artículo 3 declara que el estado de Prevención se declara por un plazo de 15 días a partir de la vigencia del Decreto Gubernativo.

Las limitaciones

En el artículo 4 se establecieron las medidas que regirán en Malacatán durante los próximos 15 días, mientras dura el estado de Prevención.

1. Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas y cualquier tipo de espectáculos.
2. Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se llevare a cabo sin la debida autorización, o si habiéndose autorizado se efectuare portando armas u otros elementos de violencia. En tales casos, se procederá a disolverlas, si los reunidos o manifestantes se negaren a hacerlo, después de haber sido conminados para ello.
3. Limitar el derecho a la celebración de reuniones al aire libre, así como manifestaciones públicas que afecten la libre locomoción de las personas o los servicios públicos, y disolverlas si fuere necesario:.
4. Se prohíbe la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horas que afecten o puedan poner en riesgo la vida y seguridad de las personas, así como el funcionamiento de los servicios públicos; las fuerzas de seguridad podrán impedir la salida de las poblaciones o en su caso someterlos a registro, cumpliendo las medidas sanitarias, así como exigir a quienes viajen en el territorio de la República de Guatemala la declaración y documentos de itinerario a seguir.

Las presentes disposiciones no podrán ser incompatibles con las obligaciones que impone el derecho internacional en las condiciones siguientes:

1. a) No deben generar discriminación alguna por etnia, sexo, idioma, religión y origen social.
2. b) No deben generar ninguna limitación para la presentación o interposición de garantías judiciales indispensables.

El documento agrega que las autoridades superiores de cada entidad pública que participen en la aplicación del Estado de Prevención deberán informar y coordinar con las autoridades municipales y departamentales de los territorios relacionados en el Decreto Gubernativo las acciones a desarrollar.

Además, deberán tener las consideraciones pertinentes con las comunidades indígenas y grupos étnicos de cada lugar, asimismo entregar un informe a la Presidencia de la República sobre las acciones realizadas, en el plazo de tres días de finalizado el Estado de Prevención.

El decreto ordena a la Academia de Lenguas Mayas realizar de forma inmediata la traducción del presente Decreto Gubernativo en idioma Nam correspondiente a la comunidad lingüística del municipio relacionado, para que se comuniquen y publiciten en el territorio declarado en Estado de Prevención.

El acuerdo fue firmado por el presidente Alejandro Giammattei y los ministros de Estado.

Por los conflictos de energía eléctrica

Alberto Pimentel Mata, ministro de Energía y Minas y presidente del Consejo Directivo del Inde, dijo que el estado de Prevención se decretó pues había información de que un grupo de personas iba a tomar carreteras y aduanas del país en protesta por el servicio de energía eléctrica.

Dijo que este conflicto en ese lugar es un problema que viene de años y que a mediados de febrero un grupo de pobladores ocupó la subestación del INDE en Malacatán en cinco ocasiones, pero en dos de ellas la manipulación que hicieron de las líneas de salida causaron que varias comunidades se quedaran sin servicio de energía.

Agregó que el apagón generó disturbios en el municipio y se lamenta la muerte de una persona y la quema de varios vehículos.

Dijo que pese a que se retomó el control de la subestación y se habilitaron la mayoría de salidas de energía, pero hay una que sale de esa subestación hacia la frontera El Carmen que la empresa no ha podido arreglar, pues aduce que no puede ingresar al área a realizar las actividades.

Agregó que tuvieron información que varias de las 5 mil personas que todavía no tienen servicio de energía eléctrica por ese problema iban a salir a hacer protestas grandes este jueves 4 de marzo e incluso bloquear carreteras en varios municipios y ocupación de aduanas, y por eso el presidente Alejandro Giammattei y el consejo de ministros optaron por decretar el estado de Prevención.

Expresó que durante estos 15 días se espera que bajen los ánimos del conflicto y que la empresa, aprovechando la presencia de fuerzas de seguridad, puedan reparar la línea que tiene sin luz a esas áreas.