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“El ‘fracking’ no sólo fractura la roca. A su paso fractura irremediablemente individuos, comunidades y ecosistemas. Por eso solicitamos a la CIDH que inste a los Estados a que adopten medidas para prevenir las violaciones de los derechos humanos provocadas por esta técnica”, dijo Liliana Ávila, abogada de la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental.

La CIDH, ente autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recibió a representantes de 126 grupos de 11 países del continente, en una audiencia para debatir la utilización de la fracturación hidráulica y sus consecuencias, en el marco del 169 período ordinario de sesiones que celebra esta semana en Colorado.

Ávila dijo que “pese al carácter experimental de la técnica, el ‘fracking’ avanza en América Latina como una actividad a ciegas”.

Según los datos que presentó, hay unos 5.000 pozos que usan esta técnica para obtener hidrocarburos no convencionales, la mayoría en México (más de 3.350) y Argentina (unos 2.000), además de 182 en Chile y contratos de exploración y explotación en Brasil y Colombia, y de prospección en Bolivia.

El ‘fracking’ es fuertemente cuestionado por el gran volumen de agua que necesita para romper la roca y permitir que fluya el hidrocarburo, y por el incremento de movimientos sísmicos que podría ocasionar.

  “Ambiente de indefensión”

En la audiencia, los expositores destacaron el aumento de la emisión de gases de efectos invernadero y la contaminación del aire con gases y compuestos, cuyo peligro potencial se desconoce.

“Los fluidos de desechos del ‘fracking’ pueden contener elementos que pueden emitir radiaciones durante por lo menos 1.600 años”, dijo Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, advirtiendo que más de 23 generaciones podrían verse afectadas.

Al menos 100 compuestos empleados en esta técnica pueden tener efectos hormonales y doce pueden alterar funciones sexuales reproductivas, e incluso provocar diabetes y cáncer, señaló.

“No debería esperarse más sino actuar con un enfoque preventivo”, enfatizó.

Las organizaciones alertaron además sobre el “ambiente de indefensión” que genera la práctica, y subrayaron la oposición de varias asambleas campesinas.

Santiago Cane, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, destacó que ha habido accidentes en el traslado de desechos, derrames, fugas de gases e incendios y dijo que al menos dos trabajadores murieron en 2014 por inseguridad laboral.

“La Pachamama está gritando”

Cane también criticó la “vulneración de derechos” de las comunidades originarias y la “criminalización de la protesta social”.

“El ‘fracking’ pone en riesgo la vida de los activistas que nos oponemos”, dijo Dorys Stella Gutiérrez, de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

“No queremos ser desplazados de nuestros territorios”, clamó.

La Comisionada Margarette May Macaulay, presidente de la CIDH, agradeció las presentaciones e instó a las ONGs a aportar toda la evidencia posible.

“Tenemos que tratar de educarnos para dejar de usar todo este tipo de combustibles cuyos productos residuales causan daño a nuestra existencia y a la calidad de nuestras vidas (…) Hay que impulsar la energía solar y eólica”, dijo.

La relatora especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Soledad García, llamó en tanto a generar estándares regionales.

“Solo el número de organizaciones que pidieron esta audiencia da cuenta de la preocupación que existe en la región ante esta técnica”, dijo. “No tenemos tiempo que perder. La Pachamama está gritando que la cuidemos más”.