Por Rolando Quemé / Ojo con mi pisto

“Con establecer el número de afiliados en 1,500 –como es el caso del municipio de Quetzaltenango–, y hacer que todos ellos estén presentes para constituir un comité cívico –además de los integrantes de la junta directiva y los candidatos–, los diputados buscan exterminarlos”, afirma Rigoberto Quemé Chay, exalcalde de Quetzaltenango postulado por Xel jú.

El político se basa en el inciso 7 del artículo 99 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) –en municipios que cuentan con más de 100,000 empadronados, (se requiere un mínimo de) un mil quinientos afiliados– y en el padrón electoral de Quetzaltenango que en mayo pasado era de 100,108 ciudadanos.

También en el inciso a) del artículo 105 –Comparecencia personal de todos los afiliados requeridos por la ley, de los integrantes de la Junta Directiva del comité y de los candidatos que se postulen, que deberán ser debidamente identificados. Con ese artículo, agrega, “los comités van a desaparecer pues es casi imposible reunir al 100% de los afiliados”.

Blanca Juárez, delegada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), coincide con Quemé. Considera que los congresistas lo aprobaron porque “no quieren tener competencia”. Señala que se hará la consulta para determinar si se puede obviar la comparecencia personal de todos los afiliados y hacerlo como antes.

El inciso a) de artículo 105 fue un obstáculo para organizar el comité Sexto Estado, dijo Estuardo Miranda, presidente de la asociación. “Fue más fácil adherirnos al Partido Libre porque puede realizar su asamblea con 40 afiliados y no necesita 1,500 en Quetzaltenango”, indicó.

Financiamiento

Los comités cívicos electorales sólo tendrán financiamiento privado. En el caso del comité Xel jú, el apoyo lo recibían en especie (afiches, volantes, mantas ) y en las concentraciones o mitines vendían café, pan y enchiladas para financiar la campaña,” recordó Wilfredo Velásquez, miembro de esa organización.

Celia Luna Aguilera, analista de Asíes, admite que para los comités el tema del financiamiento es más complicado y que compiten en desventaja con respecto a los partidos políticos. “Los comités son un buen canal de las comunidades y su participación en el próximo evento electoral debería ser en las mismas condiciones que los partidos”.

Los comités deberán solicitar al TSE un espacio en los medios de comunicación. Pero la duda de Velásquez es si el tribunal estará en capacidad de auditar a todos los medios cuando en el país existen alrededor de 520 emisoras legalmente inscritas, 980 canales de cable y las emisoras piratas.

Según la Ley Electoral, la inscripción de un comité debe hacerse 60 días antes de la elección. Sin embargo, los partidos podrán inscribir sus candidatos al día siguiente de la convocatoria. Esta es otra ventaja que tienen los partidos, advierte Velásquez.

Las juntas directivas deberán integrarse con 15 miembros titulares y tres suplentes. La ley anterior requería nueve, “era mucho más fácil la toma de decisiones”. “El contenido de esta norma no fomenta la participación ciudadana. Algunos integrantes de la junta directiva recomiendan no participar en el proceso de 2019 porque las condiciones no están dadas”, explica.

A este rechazo se suma Roberto Gutiérrez, empresario y académico. “Los comités cívicos por surgir de las comunidades fomentarían una democracia más participativa y representativa. Además, las propuestas de desarrollo de los comités son más reales, pues vienen de lo local”. Los cambios que se hicieron en este tema no son sustanciales para reconstruir el sistema político, concluye.

Esta nota es producto del Diplomado “Periodismo Político y Electoral” que imparte el International Republican Institute (IRI), bajo la coordinación de Laboratorio de Medios, S.A. a periodistas de diversos departamentos de Guatemala. (La asistencia financiera y técnica que el Instituto Republicano Internacional (IRI) otorga para esta actividad es provista por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense.) Los puntos de vista y opiniones expresados en esta nota son de los autores y no necesariamente reflejan la política oficial de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.”

Por Isaias Morales / Ojoconmipisto.com

El 90 por ciento de alcaldes a los que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicitó que retiraran la propaganda anticipada en medios de comunicación y redes sociales, accedió. En tanto que el de Mazatenango (Manuel Delgado), el exalcalde de Carchá (Víctor Hugo Cifuentes) y el excandidato a la comuna de Fraijanes (Moisés Escobar) no acataron y por ello no podrán competir en las elecciones del próximo año, según un informe del Registro de Ciudadanos (RC).

En tres meses, el TSE convocará oficialmente a la contienda de 2019 y el proselitismo de funcionarios que podrían competir –en su mayoría alcaldes–, ha disminuido. Los políticos advertidos se abstuvieron de realizar más publicaciones que promuevan su imagen.

Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos, señaló que esto es producto da la nueva legislación aprobada en 2016, la cual trae una sanción más severa: inhabilitar a un posible participante si incurre en proselitismo cuando no sea la fecha autorizada para hacerlo.

“No será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen, en los diferentes medios de comunicación social, antes de la convocatoria oficial de elecciones”, se lee en el artículo 94 de la LEPP.

Esta sanción contemplada en la ley se aplicó a Victor Hugo Cifuentes Delgado, alcalde de Carchá 2012-2016 (UNE-Gana), por lo cual quedó inhabilitado. En las elecciones de 2015 apareció su nombre en las papeletas con el partido Líder, la población lo eligió, pero el TSE declaró vacante su cargo porque la Contraloría no le entregó su finiquito.

En su lugar asumió Ervin Alfonso Catún Maquín, concejal I de 2012 a 2016. Una de sus primeras acciones fue nombrar a Cifuentes como su gerente municipal ad honorem, lo que mantuvo al exfuncionario activo en sus apariciones públicas y en redes sociales, según se pudo observar en las publicaciones de la municipalidad en Facebook durante 2017.

Recuerde leer: Victor Hugo Cifuentes, el alcalde que no se retiró de la municipalidad de Carchá

Los otros dos políticos que no podrán participar son Manuel de Jesús Delgado Sagarminaga, actual alcalde Mazatenango que llegó de la mano del comité cívico CCEC y Moisés Escobar Salazar, candidato en 2015 con el partido Fuerza.

Hasta la fecha, el TSE ha abierto 83 expedientes para investigar a funcionarios por posible propaganda electoral anticipada, en su mayoría alcaldes y exalcaldes. La unidad encargada de monitorear esto es Inspectoría General que luego envía al Registro de Ciudadanos las denuncias.

Tarjeta amarilla

Entre los alcaldes que retiraron la propaganda, considerada anticipada por el TSE, se encuentran Ricardo Quiñonez, de la ciudad de Guatemala, y Neto Bran, de Mixco. Ambos se caracterizan por publicar de manera constante en sus redes sociales.

Quiñonez, quien se desempeñaba como Concejal I (Creo-Unionista), asumió el 30 de abril pasado tras el fallecimiento de Álvaro Arzú. Desde entonces, intensificó sus apariciones públicas y publicaciones en Facebook y Twitter. Por ello recibió una advertencia del ente electoral y el funcionario retiró, asegura el Registro de Ciudadanos.

Por su lado, Neto Bran, quien llegó en 2015 con el Movimiento Reformador y ahora buscará su reelección con Todos, también accedió a quitar publicaciones donde figuraba. Esto por llamar la atención aparecer en fotografías y utilizar disfraces como romano, cucurucho y bombero.

Evita competencia desleal

Celia Luna Aguilera, investigadora de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), considera positivo que el TSE detecte estos vicios sobre el tipo de publicidad que difunden los aspirantes a cargos públicos Sin embargo, advierte que se debe diferenciar entre promover una imagen y difundir obras.

“Si los alcaldes quieren dar a conocer una obra y los montos, se enmarca en la rendición de cuentas, no se debe limitar. Tenemos que ser más críticos en lo que se señala como campaña anticipada, no se tratar de limitar la comunicación de las autoridades hacia la ciudadanía, pero sí se debe detectar esos extremos”, señaló.

“El objetivo final no es quitar candidatos, sino evitar la competencia desleal. El fin de las reformas, que incluyen regular al financiamiento y el uso de medios de comunicación, es dar una base para que los partidos tengan el mismo espacio para promocionarse”, enfatizó.

¿Cuándo realizar campaña?

Según la programación del ente electoral, la convocatoria a elecciones será entre la segunda o tercera semana de enero. Posterior a ello los candidatos tendrán tres meses para inscribirse.

Después de lograr estar registrados, durante los próximos 90 días podrán promocionarse sin restricciones en distintos medios y canales de comunicación, señala la LEPP. El período para realizar la propaganda electoral finaliza tres días antes de los comicios previstos para mediados de junio próximo.

En estas elecciones se elegirán a 340 alcaldes y sus concejos municipales. En 2015 se eligieron a 338 jefes ediles, ya que Sipacate y Petatán fueron aprobados como municipios por el Congreso después de las elecciones de ese año.

Por Isaías Morales / Ojoconmipisto.com

La alcaldía de San José Pinula, el Codede de Guatemala y el Ministerio de Finanzas han demorado en desembolsar el tercer pago a la constructora Soluciones Ingeniería y Arquitectura S.A, para la construcción de la escuela Santa Sofía. Hasta ahora, han cancelado Q1.3 millones de Q5 millones cuando falta un mes para que venza el contrato.

El primer desembolso que realizó la municipalidad a la proveedora fue el 23 de noviembre de 2017 por Q879,967, el equivalente al 20 por ciento del anticipo del proyecto. Los trabajos comenzaron al día siguiente día.

Después de ello, el segundo pago se realizó hasta el 23 de mayo de este año (Q529,119). Mientras, el tercero por el mismo monto tiene cinco meses de retraso. La obra registra un avance del 60 por ciento, según registros de la alcaldía.

La empresa tuvo que suspender labores cerca de 20 días a mediados de año, a consecuencia de que el ministerio de Finanzas (Minfin) y la alcaldía no le desembolsaron los fondos. Pese a la falta de pago, decidió continuar con los trabajos “con fondos propios mientras la municipalidad pagaba”, confirmó Migdalia Yesenia Beltrán Canté, representante legal de la compañía.

Teddy Castro, director ejecutivo del Codede, indicó que lo sucedido se debe a que Finanzas tardó cinco meses en aprobar esos fondos, los cuales prevé entregar a finales de este mes.

El origen del problema, de acuerdo al Codede, es porque la cartera de Finanzas opera con el mismo presupuesto desde 2017. Esto provocó que los proyectos municipales, con fuente de financiamiento de IVA-Paz, se reprogramarán por falta de fondos. Los que no mostraron avances terminaron en el fondo común.

El Congreso aprobó el 30 de abril de este año una ampliación presupuestaria para las obras municipales, financiadas por el Gobierno. Sin embargo, los mismos siguen sin ser traslados a los alcaldes. Entre las obras afectadas por este atraso figura el edificio de San José Pinula.

El entrevistado aseguró que la demora también se debe a que varias instituciones como la Contraloría General de Cuentas, la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), el supervisor del Codede, el de la propia comuna y la empresa tuvieron que constatar los avances antes de aprobar o no los fondos.

Por su parte, el alcalde Miguel Ángel Solares atribuye lo sucedido a las actuales leyes de Presupuesto y Contrataciones, las cuales a su criterio, demoran la ejecución del proyecto.

“Para empezar este proyecto, se requirieron como mínimo ocho meses de gestión. Este es más un tema de burocracia porque los procesos solo impiden ejecutar esta y otras obras, en lugar de agilizarlos. En la ANAM hemos pedido que se reforme la ley de Contrataciones, pero no hemos tenido respuesta del Congreso”, aseguró.

El Codede de Guatemala es presidido por Sadin Iván Díaz, Gobernador y síndico II de San José Pinula. Fue multado por la Contraloría General de Cuentas con Q6,608 por ejercer dos cargos simultáneos. El funcionario permanece en ambos cargos.

Mejorar condiciones

Este atraso afecta al menos a 1,630 estudiantes de nivel pre-primario y primario que reciben clases en aulas deterioradas. La escuela Víctor Ordoñez lleva 20 años de funcionar, y los trabajos terminarían a finales de 2019, según el cronograma de la municipalidad.

De acuerdo con Edgar Reyes, presidente del Cocode de la comunidad, el proyecto se comenzó a gestionar cuando un grupo de padres de familia de la colonia Santa Sofía solicitó en enero de 2016 al alcalde Miguel Ángel Solares, reelecto con Líder, construir una nueva escuela para que sus hijos estudiaran en mejores condiciones.

La actual sede “se encuentra en un estado deficiente en su estructura y por los diferentes climas se presentan problemas de goteras, paredes rajadas y lodo, lo que no permite tener un óptimo aprendizaje para los niños”, se lee en la solicitud presentada por el jefe edil ante el Concejo y aprobada el 27 de diciembre de ese año.

Dos fases

La nueva sede consiste en un edificio que tendrá dos módulos de dos niveles, con 18 aulas eles, servicios sanitarios, bodega, cocina, direcciones, laboratorio de computación, biblioteca y salón de usos múltiples para albergar no menos de 1,600 estudiantes.

En la primera fase se construirá la estructura por Q5 millones. Mientras, en la segunda parte se prevé levantar las paredes, instalar tubería, ventanas, puertas, acabados y pintura, en la cual se planea invertir otros Q4.5 millones.

Para ello se publicó una licitación en el portal de Guatecompras. El plazo para que las empresas interesada vence el próximo 13 de noviembre y la alcaldía prevé que a principios de 2019 comiencen estos trabajos para finalizar en junio.

Costos extras

Ojoconmipisto visitó en noviembre de 2017 y junio de 2018 la obra para constatar los avances. Al lugar solo pueden acceder picops de doble tracción, motocicletas o personas a pie, ya que el camino es ondulado y de terracería. Por ahora, es una ruta intransitable.

Esta es la razón por la cual la comuna contrató al constructor Hermegildo Marroquín Ruano por Q3.7 millones. Según, el supervisor Manuel Neftalí Tun García, supervisor municipal, la calle de seis kilómetros será pavimentado para mejorar el acceso a la nueva escuela.

Con estos costos adicionales, la escuela costaría alrededor de Q13.2 millones en total y se prevé que esté lista para ser utilizada antes de finalizar el próximo año.

Las autoridades locales prevén que la nueva sede funcionará con un presupuesto mensual de Q15,600 mensuales, de los cuales Q7,000 serán cubiertos por el Mineduc para pagarle a maestros. Mientras suba la demanda de estudiantes que se inscriban, aumentarán los costos de mantenimiento, según el estudio de factibilidad.

Por Isaías Morales / Ojoconmipisto

La solicitud presentada por Ojoconmipisto evidencia cómo la Ciudad de Guatemala incumplió con exigirle a Construsa el historial fotográfico y grabaciones del proceso de construcción de MuniTec zona 18. En su lugar, entregó un registro elaborado con fotografías que la supervisora municipal tomó al proyecto.

La comuna dejó en manos de la constructora cumplir con el artículo 80 de la Ley del Presupuesto durante los nueve meses que estuvo vigente el contrato, pero al no darle seguimiento no se percató de que no existían archivos.

Fue la solicitud presentada la que alertó a la alcaldía de esa falla interna. La municipalidad solicitó la información a la empresa, pero no recibió respuesta. Por esa razón, la Unidad de Acceso a Información entregó a Ojoconmipisto, el 5 de septiembre, 16 fotografías en blanco y negro con baja resolución, tomadas en abril y mayo 2018.

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Falta de seguimiento

La municipalidad firmó el 22 de septiembre de 2017 el contrato con Construsa. Este especifica que la empresa debe colocar al menos cinco cámaras para grabar y transmitir por internet todo el proceso de la obra, desde el inicio hasta la entrega.

Siete semanas más tarde, el 6 de noviembre, Tu Muni anotó en su bitácora que el sistema de circuito cerrado no estaba instalado. Tres días después, señaló que instalaron cuatro cámaras, pero sin conexión. El último dato es del 24 de noviembre, donde explica que el IP no funciona.

Fuera de ello, no existe otro reporte de noviembre 2017 a agosto 2018 donde se exija a Construsa cumplir con el historial de grabación en caso de que falle la conexión o las cámaras dejen de funcionar, como lo establece la ley y el contrato.

Ojoconmipisto, a través del proyecto de “Obras bajo la Lupa”, también comprobó que el link que permitía observar la transmisión de los trabajos dejó de funcionar. La respuesta de la alcaldía siempre fue la misma: que era responsabilidad de la empresa.

El martes 10 de octubre, proporcionó un disco DVD con imágenes tomadas por Elsa Turcios, supervisora del proyecto. Las fotografías muestran que de noviembre 2017 a mayo pasado sólo se hubo movimiento de tierras.

La dirección de Comunicación Social de Tu Muni confirmó que la obra sigue detenida y que por ahora no se piensa rescindir el contrato. La empresa sigue sin dar explicaciones sobre el tema.

El último reporte enviado a Ojoconmipisto menciona que la obra avanzó un 13% en nueve meses que estuvo vigente el contrato. La municipalidad prometió retomar los trabajos en septiembre, pues el contrato permite prorrogar el plazo, pero esto no sucedió.

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Otras cámaras

De las 40 obras monitoreadas por Ojoconmipisto, 25 deben contar con cámaras de vigilancia, pero solo 14 están instaladas y de estas, solo cuatro funcionan.

Esta disposición entró en vigencia a partir de 2017 con la Ley del Presupuesto de ese año. De acuerdo a la legislación, cada municipalidad y constructora deben incluir los detalles de este mecanismo de trasparencia en el contrato.

** Esta nota forma parte del proyecto de Contratación Abierta. Aquí puede visitar el especial completo.

Por Isaías Morales / Ojo con mi pisto

La municipalidad de Guatemala incumplió con La ley de Acceso a Información Pública (LAIP) al no entregar las fotografías del proceso para construir el Munitec de zona 18. El recurso de revisión presentado al Concejo venció el pasado 21 de septiembre.

De acuerdo con la Unidad, el expediente se encuentra desde hace dos semanas en el Concejo a la espera de que este lo apruebe. “Nosotros no podemos presionarlo porque ellos son la autoridad superior”, responde uno de los encargados. Sin embargo, los plazos para entregar la información los establece la LAIP, en su artículo 58.

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Imágenes borrosas

Ojoconmipisto solicitó el archivo fotográfico que registra los avances de la obra, luego de que se conociera que los trabajos se encuentran suspendidos ante la negativa de la constructora de continuar con el contrato.

La respuesta municipal fue enviar fotos en blanco y negro, borrosas. Por esta razón se planteó un recurso de revisión ante el Concejo Municipal. Hasta el cierre de esta no se había obtenido respuesta.

La Unidad de Acceso a Información sostiene que no está obligada a dar la información en el formado que se le requirió (imágenes JPG) porque el artículo 45 de la ley no lo obliga.

El artículo 80 de la Ley del Presupuesto 2017 establece que los contratos superiores a Q900,000 deben contar con cámaras que transmitan en vivo los avances de la obra. Proporcionarlas es responsabilidad de la empresa. El valor del Munitec-18 es de Q10.8 millones.

Intervención del PDH

La negativa de la municipalidad a entregar lo solicitado podría considerarse retención de información (artículo 66-LAIP), según Silvio Gramajo, experto en el tema. A su criterio la Secretaria Ejecutiva de Acceso a Información (Secai) del Procurador de Derechos Humanos debe dar seguimiento al caso e indagar sobre lo sucedido.

Al consultar a Violeta Mazariegos, titular de la Secai, indicó que contactará a la municipalidad para que entregue la información. En caso contrario, podría denunciar penalmente a la alcaldía ante el Ministerio Público.

La ley señala que se considera retención de información cuando “un funcionario o servidor público en forma arbitraria o injustificada obstruya al solicitante el acceso a la información requerida”. De comprobarse este delito el o los responsables pueden ser condenados con hasta tres años de prisión, inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y una multa de un máximo de Q50 mil.

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Por Isaías Morales

La municipalidad de Guatemala gastó al menos Q1.2 millones en patrocinar la 21K de la ciudad, y Veproducciones, la empresa a cargo, cobró las inscripciones sin trasladarle a la alcaldía un solo centavo. Esto, a raíz de un convenio suscrito entre ambos el pasado 9 de julio.

Desde 2010, Veproducciones ha organizado la media maratón capitalina, pero fue hasta este año que firmó un acuerdo con la comuna. El concejo municipal aprobó por mayoría que el alcalde Ricardo Quiñonez y Emilio Alejandro Eva Alvarado, representante de la empresa, firmaran el documento, detalla el acta 51-2018.

Los concejales séptimo y octavo, Rosa María Botrán Briz y Aldo Nery Bonilla Vicente, ambos postulados en 2015 por el partido VIVA, votaron en contra de la medida.

“Lo que quiero que se me explique es si la municipalidad era un patrocinador de la 21K, eso no lo dice el convenio. ¿Cuál es el objetivo de que gaste esta cantidad de dinero si no percibe nada”, explicó Botrán, quien presentará sus dudas ante el Concejo.

El documento entre las partes fue suscrito un mes después de que la Contraloría General de Cuentas reportara que no existía un convenio de patrocinio por erogar Q1.7 millones para realizar las carreras 21K y 10K del año pasado, y que por ello no recibía ingresos.

Por tal razón, los auditores ordenaron a Herbert Obdulio Girón Hernández, jefe de proyectos de Juventud y Deportes; Alejandra María Paiz Samayoa, directora de Desarrollo Social, y Ricardo de la Torre Gimeno, gerente municipal, pagar tres multas que sumaron Q13,187.50.

La directora de Gobiernos Locales de la Contraloría, Alma Raquel Villeda, confirmó que este hallazgo número 13, incluido en el Informe de Auditoría al Presupuesto 2017, no fue desvanecido por los empleados municipales señalados y que el mismo quedó firme.

En portales públicos como el de Datos Abiertos del Ministerio de Finanzas, Gobiernos Locales y el de la municipalidad no existen registros sobre ingresos por la 21K.

Sin ingresos, pero con beneficios

#OJoAlDato Al menos Q711,566.80 para la 21K que la @muniguate organiza este 26 de agosto.

Los gastos son:
-Q305,225 en 13,570 gorras.
-Q315,640 en 12,140 maletines deportivos.
-Q51,301.8 en 380 carteles publicitarios.
-Q39,400 para sonido, tarima y artistas. pic.twitter.com/irShOjBSLt

— Ojoconmipisto (@_ojoconmipisto) August 24, 2018

Si bien Tu Muni no registró ingreso alguno, el patrocinio le permitió que su nombre figurara en la tarima principal, se mencionara el día de la carrera y que su logotipo fuera utilizado en todo el material publicitario impreso, según lo establece el convenio.

La empresa debió registrar datos de los corredores, como número de DPI, correo y número telefónico, y copia de esta información debía ser entregada a la alcaldía.

Emilio Alejandro Eva Alvarado indicó a Ojoconmipisto que Veproducciones no traslada lo recaudado a la municipalidad, ni siquiera un porcentaje, por ser una actividad de nivel internacional y porque los gastos en los que incurren los organizadores son muy altos.

“Es una actividad beneficiosa para el municipio porque atrae turistas y fomenta el deporte. Nosotros firmamos el convenio para pedir permiso de utilizar la vía pública, apoyo de logística y en sufragar parte de los gastos”, explicó.

De acuerdo a las estadísticas oficiales, a la 21K se inscribieron 12,200 atletas que recibieron el kit completo con implementos deportivos para la actividad.

Cada participante pagó en promedio Q150. Con ello, la cifra de recaudado por la entidad privada se estima en al menos Q1.8 millones.

Veproducciones ha suscrito seis contratos, todos con esta municipalidad, por un monto de Q122,292. Entre los servicios prestados destacan la organización de dos conferencias de prensa para presentar la 21K de 2011 y 2012.

La municipalidad de Guatemala fue contactada para esta publicación, sin embargo, su vocero Carlos Sandoval no contestó las llamadas y mensajes de Ojoconmipisto.