Por Isaías Morales / Ojoconmipisto.com

La alcaldía de San José Pinula, el Codede de Guatemala y el Ministerio de Finanzas han demorado en desembolsar el tercer pago a la constructora Soluciones Ingeniería y Arquitectura S.A, para la construcción de la escuela Santa Sofía. Hasta ahora, han cancelado Q1.3 millones de Q5 millones cuando falta un mes para que venza el contrato.

El primer desembolso que realizó la municipalidad a la proveedora fue el 23 de noviembre de 2017 por Q879,967, el equivalente al 20 por ciento del anticipo del proyecto. Los trabajos comenzaron al día siguiente día.

Después de ello, el segundo pago se realizó hasta el 23 de mayo de este año (Q529,119). Mientras, el tercero por el mismo monto tiene cinco meses de retraso. La obra registra un avance del 60 por ciento, según registros de la alcaldía.

La empresa tuvo que suspender labores cerca de 20 días a mediados de año, a consecuencia de que el ministerio de Finanzas (Minfin) y la alcaldía no le desembolsaron los fondos. Pese a la falta de pago, decidió continuar con los trabajos “con fondos propios mientras la municipalidad pagaba”, confirmó Migdalia Yesenia Beltrán Canté, representante legal de la compañía.

Teddy Castro, director ejecutivo del Codede, indicó que lo sucedido se debe a que Finanzas tardó cinco meses en aprobar esos fondos, los cuales prevé entregar a finales de este mes.

El origen del problema, de acuerdo al Codede, es porque la cartera de Finanzas opera con el mismo presupuesto desde 2017. Esto provocó que los proyectos municipales, con fuente de financiamiento de IVA-Paz, se reprogramarán por falta de fondos. Los que no mostraron avances terminaron en el fondo común.

El Congreso aprobó el 30 de abril de este año una ampliación presupuestaria para las obras municipales, financiadas por el Gobierno. Sin embargo, los mismos siguen sin ser traslados a los alcaldes. Entre las obras afectadas por este atraso figura el edificio de San José Pinula.

El entrevistado aseguró que la demora también se debe a que varias instituciones como la Contraloría General de Cuentas, la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), el supervisor del Codede, el de la propia comuna y la empresa tuvieron que constatar los avances antes de aprobar o no los fondos.

Por su parte, el alcalde Miguel Ángel Solares atribuye lo sucedido a las actuales leyes de Presupuesto y Contrataciones, las cuales a su criterio, demoran la ejecución del proyecto.

“Para empezar este proyecto, se requirieron como mínimo ocho meses de gestión. Este es más un tema de burocracia porque los procesos solo impiden ejecutar esta y otras obras, en lugar de agilizarlos. En la ANAM hemos pedido que se reforme la ley de Contrataciones, pero no hemos tenido respuesta del Congreso”, aseguró.

El Codede de Guatemala es presidido por Sadin Iván Díaz, Gobernador y síndico II de San José Pinula. Fue multado por la Contraloría General de Cuentas con Q6,608 por ejercer dos cargos simultáneos. El funcionario permanece en ambos cargos.

Mejorar condiciones

Este atraso afecta al menos a 1,630 estudiantes de nivel pre-primario y primario que reciben clases en aulas deterioradas. La escuela Víctor Ordoñez lleva 20 años de funcionar, y los trabajos terminarían a finales de 2019, según el cronograma de la municipalidad.

De acuerdo con Edgar Reyes, presidente del Cocode de la comunidad, el proyecto se comenzó a gestionar cuando un grupo de padres de familia de la colonia Santa Sofía solicitó en enero de 2016 al alcalde Miguel Ángel Solares, reelecto con Líder, construir una nueva escuela para que sus hijos estudiaran en mejores condiciones.

La actual sede “se encuentra en un estado deficiente en su estructura y por los diferentes climas se presentan problemas de goteras, paredes rajadas y lodo, lo que no permite tener un óptimo aprendizaje para los niños”, se lee en la solicitud presentada por el jefe edil ante el Concejo y aprobada el 27 de diciembre de ese año.

Dos fases

La nueva sede consiste en un edificio que tendrá dos módulos de dos niveles, con 18 aulas eles, servicios sanitarios, bodega, cocina, direcciones, laboratorio de computación, biblioteca y salón de usos múltiples para albergar no menos de 1,600 estudiantes.

En la primera fase se construirá la estructura por Q5 millones. Mientras, en la segunda parte se prevé levantar las paredes, instalar tubería, ventanas, puertas, acabados y pintura, en la cual se planea invertir otros Q4.5 millones.

Para ello se publicó una licitación en el portal de Guatecompras. El plazo para que las empresas interesada vence el próximo 13 de noviembre y la alcaldía prevé que a principios de 2019 comiencen estos trabajos para finalizar en junio.

Costos extras

Ojoconmipisto visitó en noviembre de 2017 y junio de 2018 la obra para constatar los avances. Al lugar solo pueden acceder picops de doble tracción, motocicletas o personas a pie, ya que el camino es ondulado y de terracería. Por ahora, es una ruta intransitable.

Esta es la razón por la cual la comuna contrató al constructor Hermegildo Marroquín Ruano por Q3.7 millones. Según, el supervisor Manuel Neftalí Tun García, supervisor municipal, la calle de seis kilómetros será pavimentado para mejorar el acceso a la nueva escuela.

Con estos costos adicionales, la escuela costaría alrededor de Q13.2 millones en total y se prevé que esté lista para ser utilizada antes de finalizar el próximo año.

Las autoridades locales prevén que la nueva sede funcionará con un presupuesto mensual de Q15,600 mensuales, de los cuales Q7,000 serán cubiertos por el Mineduc para pagarle a maestros. Mientras suba la demanda de estudiantes que se inscriban, aumentarán los costos de mantenimiento, según el estudio de factibilidad.

Por Isaías Morales / Ojoconmipisto

La solicitud presentada por Ojoconmipisto evidencia cómo la Ciudad de Guatemala incumplió con exigirle a Construsa el historial fotográfico y grabaciones del proceso de construcción de MuniTec zona 18. En su lugar, entregó un registro elaborado con fotografías que la supervisora municipal tomó al proyecto.

La comuna dejó en manos de la constructora cumplir con el artículo 80 de la Ley del Presupuesto durante los nueve meses que estuvo vigente el contrato, pero al no darle seguimiento no se percató de que no existían archivos.

Fue la solicitud presentada la que alertó a la alcaldía de esa falla interna. La municipalidad solicitó la información a la empresa, pero no recibió respuesta. Por esa razón, la Unidad de Acceso a Información entregó a Ojoconmipisto, el 5 de septiembre, 16 fotografías en blanco y negro con baja resolución, tomadas en abril y mayo 2018.

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Falta de seguimiento

La municipalidad firmó el 22 de septiembre de 2017 el contrato con Construsa. Este especifica que la empresa debe colocar al menos cinco cámaras para grabar y transmitir por internet todo el proceso de la obra, desde el inicio hasta la entrega.

Siete semanas más tarde, el 6 de noviembre, Tu Muni anotó en su bitácora que el sistema de circuito cerrado no estaba instalado. Tres días después, señaló que instalaron cuatro cámaras, pero sin conexión. El último dato es del 24 de noviembre, donde explica que el IP no funciona.

Fuera de ello, no existe otro reporte de noviembre 2017 a agosto 2018 donde se exija a Construsa cumplir con el historial de grabación en caso de que falle la conexión o las cámaras dejen de funcionar, como lo establece la ley y el contrato.

Ojoconmipisto, a través del proyecto de “Obras bajo la Lupa”, también comprobó que el link que permitía observar la transmisión de los trabajos dejó de funcionar. La respuesta de la alcaldía siempre fue la misma: que era responsabilidad de la empresa.

El martes 10 de octubre, proporcionó un disco DVD con imágenes tomadas por Elsa Turcios, supervisora del proyecto. Las fotografías muestran que de noviembre 2017 a mayo pasado sólo se hubo movimiento de tierras.

La dirección de Comunicación Social de Tu Muni confirmó que la obra sigue detenida y que por ahora no se piensa rescindir el contrato. La empresa sigue sin dar explicaciones sobre el tema.

El último reporte enviado a Ojoconmipisto menciona que la obra avanzó un 13% en nueve meses que estuvo vigente el contrato. La municipalidad prometió retomar los trabajos en septiembre, pues el contrato permite prorrogar el plazo, pero esto no sucedió.

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Otras cámaras

De las 40 obras monitoreadas por Ojoconmipisto, 25 deben contar con cámaras de vigilancia, pero solo 14 están instaladas y de estas, solo cuatro funcionan.

Esta disposición entró en vigencia a partir de 2017 con la Ley del Presupuesto de ese año. De acuerdo a la legislación, cada municipalidad y constructora deben incluir los detalles de este mecanismo de trasparencia en el contrato.

** Esta nota forma parte del proyecto de Contratación Abierta. Aquí puede visitar el especial completo.

Por Isaías Morales / Ojo con mi pisto

La municipalidad de Guatemala incumplió con La ley de Acceso a Información Pública (LAIP) al no entregar las fotografías del proceso para construir el Munitec de zona 18. El recurso de revisión presentado al Concejo venció el pasado 21 de septiembre.

De acuerdo con la Unidad, el expediente se encuentra desde hace dos semanas en el Concejo a la espera de que este lo apruebe. “Nosotros no podemos presionarlo porque ellos son la autoridad superior”, responde uno de los encargados. Sin embargo, los plazos para entregar la información los establece la LAIP, en su artículo 58.

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Imágenes borrosas

Ojoconmipisto solicitó el archivo fotográfico que registra los avances de la obra, luego de que se conociera que los trabajos se encuentran suspendidos ante la negativa de la constructora de continuar con el contrato.

La respuesta municipal fue enviar fotos en blanco y negro, borrosas. Por esta razón se planteó un recurso de revisión ante el Concejo Municipal. Hasta el cierre de esta no se había obtenido respuesta.

La Unidad de Acceso a Información sostiene que no está obligada a dar la información en el formado que se le requirió (imágenes JPG) porque el artículo 45 de la ley no lo obliga.

El artículo 80 de la Ley del Presupuesto 2017 establece que los contratos superiores a Q900,000 deben contar con cámaras que transmitan en vivo los avances de la obra. Proporcionarlas es responsabilidad de la empresa. El valor del Munitec-18 es de Q10.8 millones.

Intervención del PDH

La negativa de la municipalidad a entregar lo solicitado podría considerarse retención de información (artículo 66-LAIP), según Silvio Gramajo, experto en el tema. A su criterio la Secretaria Ejecutiva de Acceso a Información (Secai) del Procurador de Derechos Humanos debe dar seguimiento al caso e indagar sobre lo sucedido.

Al consultar a Violeta Mazariegos, titular de la Secai, indicó que contactará a la municipalidad para que entregue la información. En caso contrario, podría denunciar penalmente a la alcaldía ante el Ministerio Público.

La ley señala que se considera retención de información cuando “un funcionario o servidor público en forma arbitraria o injustificada obstruya al solicitante el acceso a la información requerida”. De comprobarse este delito el o los responsables pueden ser condenados con hasta tres años de prisión, inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y una multa de un máximo de Q50 mil.

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Por Isaías Morales / Ojo con mi pisto

La municipalidad de Guatemala se rehusa a entregar copia del registro fotográfico que muestre los avances en la construcción del Instituto Tecnológico de la zona 18 (Munitec-18), la cual debió estar concluida a principio de este mes. Sin embargo, los trabajos, que se limitan a movimiento de tierras, se encuentran suspendidos.

Ojoconmipisto solicitó a la Unidad de Acceso a Información pública (UAIP) las grabaciones del 17 de noviembre de 2017 al 21 agosto de 2018. La oficina entregó imágenes en blanco y negro que no son legibles.

Se pidió copia de las grabaciones para constatar los avances. La petición se fundamenta en el artículo 80 de la Ley de Presupuesto 2017 que obliga a todo proyecto mayor de Q900,000 contar con cámaras que transmitan en directo los trabajos. Instalarlas, así como guardar un archivo electrónico, es responsabilidad de la empresa.

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La Unidad de Acceso a Información pública (UAIP) respondió con imágenes borrosas en blanco y negro. Según la dirección de Desarrollo Social, Construsa no proporcionó las grabaciones. Por ello, Tu Muni entregó “impresiones de pantalla que se realizaban como medio de monitoreo, las mismas se llevaron periódicamente sin un intervalo de tiempo definido”.

La alcaldía envió 16 fotografías con baja resolución. Estas muestran capturas de pantalla de las grabaciones de abril y mayo. No incluye el resto de meses solicitados, porque la constructora no les proporcionó el registro.

Al ser cuestionada, se limitó a responder que el artículo 45 de la Ley de Acceso a Información no le obliga a entregar las fotografías en formato JPG, como fueron solicitadas. Por estas razones, Ojoconmipisto presentó un recurso de revisión. El plazo para resolverlo vence el jueves 20 de septiembre.

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Otras municipalidades sí tienen acceso al historial de grabación administrado por la empresa. Por ejemplo, la de Santa Catarina Pinula envió 517 fotografías corresponden a seis meses de construcción de un salón.

Se intentó, sin éxito, contactar a la directora de Auditoría a Gobiernos Locales y al Contralor General de Cuentas, pero no respondieron las llamadas ni mensajes. Lo mismo sucedió con la constructora.

Los trabajos para construir el Munitec de zona 18 están suspendidos. Tu Muni intenta que la constructora retome la construcción. Según el reporte municipal se ha ejecutado solo el 13% de los trabajos planificados.

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Por Isaías Morales / Ojo con mi pisto

El alcalde de Escuintla, Edgar Abraham Rivera Estévez, ordenó dar marcha atrás a la construcción de una cancha sintética de 528 metros cuadrados –en la que invertiría Q260 mil–para los vecinos que perdieron su casa y familia tras la erupción del volcán de Fuego, ocurrida hace un mes.

La decisión la tomó luego de que el proceso fuera cuestionado y que la Contraloría anunciara que enviaría un auditor a verificar la contratación por no considerarlo un gasto de emergencia.

La municipalidad anunció que recurrirá al proceso de cotización que establece la Ley de Contrataciones para adquisiciones mayores de Q90,000.

Esta es la historia

La alcaldía decidió construir esta cancha sintética para las familias que se encuentran albergadas en la finca La Industria, bajo el argumento de que necesitaban un lugar para recrearse, y recurrió a la figura del Estado de Calamidad. Es decir, contrató sin cotizar ni recibir ofertas a la empresa AC Print + Grass para este proyecto. En un primer concurso destinó Q122,921.20 para adquirir la gramilla artificial.

La adjudicación se realizó el 3 de julio a las 11 de la noche. Una hora antes subió otros dos concursos a Guatecompras registrados con los NOG 8466084 y 8466041. Las compras , que se encuentran en evaluación, están destinadas para adquirir materiales como cemento y focos, también por el campo de fútbol.

De acuerdo con Edwin Carcuz, director municipal de Planificación, estas serían adjudicadas a la misma empresa, cuyo representante legal es Caroll Eunice Fuentes Gómez.

Esta compañía, localizada en Mazatenango, Suchitepéquez, no registra otros contratos mayores a Q90 mil. En su historial como proveedor destacan 42 compras de baja cuantía con la comuna de Samayac, por concepto de impresiones y copias. Jocopilas la ha contratado para arreglar un camino o rehabilitar una fosa séptica. A Río Bravo le vendió urea para el estadio municipal.

En Guatecompras, la actividad económica que la describe es “venta al por mayo de materias primas agropecuarias y animales vivos”.

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Recreación para los damnificados

La obra se localizará en la colonia La Industria de la localidad. El terreno es propiedad de la municipalidad de Guatemala, donde esta habilitó un albergue para un aproximado de 600 vecinos perjudicados por la tragedia.

Carcuz defiende la construcción de la cancha pues la considera importante para los damnificados. “Lo que nosotros vemos es que ellos no van a estar albergados en un corto tiempo, sino un año y medio como mínimo. Por eso se propuso este proyecto como una manera de crearles una fuente de recreación y rehabilitación (tras la tragedia)”, responde a Ojoconmipisto.

En total, la alcaldía planifica invertir Q260 mil para los materiales, gramilla y mano de obra. Pero ahora lo hará con otro procedimiento por ser mayor de Q90,000. Es decir, publicará en Guatecompras el concurso para que otras empresas coticen.

El Estado de Calamidad (decreto 14-2018) fue aprobado por el Gobierno y ratificado por el Congreso por un periodo (3 de junio al 3 de julio) para realizar compras por la emergencia por el volcán de Fuego en los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez. Esta semana el Organismo Ejecutivo lo prorrogó por un mes más.

La diputada Nineth Montenegro apoya que se prorrogue esta medida, sin embargo, indicó que su bancada Encuentro por Guatemala presionará más a la Contraloría para que fiscalice cualquier anomalía por las compras bajo esta modalidad.

Auditoría con lente

Cesar Elías, subcontralor de la Calidad del Gasto de la Contraloría General de Cuentas, indicó a Ojoconmipisto que enviaría a un auditor para verificar si la comuna de Escuintla incurrió en alguna anomalía.

“Lo que nosotros haríamos es verificar si ellos (la municipalidad) realizaron esa contratación bajo el amparo del Estado con el propósito de evadir los mecanismos de la Ley de Contrataciones. Seguramente, si los auditores comprueban esto, formularán un hallazgo”.

“El Estado de Calamidad debe sustentar aquellas adquisiciones para atender la emergencia, una cancha deportiva a nuestro criterio no lo es. Puede planificarse este tipo de compras a mediano plazo, no estamos en contra de la recreación, pero hay situaciones emergentes como la compra de medicamentos”, agregó.

Elías agregó que aunque la Contraloría tenga un equipo especial para auditar al gobierno central, este jueves 5 de julio enviará a un auditor para supervisar la contratación de la cancha y a partir de eso decidir sobre qué acciones emprender.

Esto ya no será necesario porque la municipalidad de Escuintla dio marcha atrás.

Por: Isaías Morales / Ojo con mi pisto

La alcaldía de San José del Golfo, dirigida por José Rocael Chamalé Enríquez, contrató a Agroindustria La Joya S.A, para construir un puente vehicular de Q7.6 millones, en septiembre pasado. Hasta el momento, se han desembolsado Q3.7 millones (49 por ciento del monto total) y el avance físico de la obra es del 60 por ciento. El proceso es auditado por la Contraloría General de Cuentas.

El contrato fija que la obra debía estar finalizada  el 1 de abril. Sin embargo, la empresa solicitó una ampliación de 75 días. Esto debido a que halló una piedra grande que complicó la perforación donde se ubicará el puente. Por ello, se tuvo que construir una zapata extra y posponer los trabajos, indicó Carlos Yos, director municipal de Planificación.

La municipalidad realizará una adenda al contrato que fijará el 15 de junio como fecha límite, pero se espera que finalicen antes de que comience la temporada lluviosa que podría complicar los trabajos.

Buen vecino

A 28 kilómetros de la ciudad de Guatemala se localiza San José del Golfo, un municipio de 6 mil habitantes con extensión de 80 kilómetros cuadrados. El terreno es montañoso y las calles pavimentadas (de asfalto y concreto) en un 90 por ciento. Ahí gobierna Rocael Chamalé, más conocido como “Roca” por los vecinos y trabajadores municipales.

La obra está ubicada a ocho kilómetros al norte del casco urbano. El acceso es a través de un camino de terracería de tres kilómetros hasta la aldea Quebrada de Agua, por el río Plataneco. Este separa San José del Golfo con Sanarate (El Progreso). El puente beneficiará a los dos municipios, pero quien construye es el primero.

“Servirá para los niños de las comunidades de Sanarate que vienen a estudiar a una escuela de acá y para los vecinos que deben trasladar sus productos para comercializar hacia allá”, comenta Juan Carlos Yoz, director municipal de planificación. “También puede funcionar como una ruta alterna si hay algún cierre en la ruta al Atlántico”, añade. La estructura medirá 65 metros de largo y 5.40, de ancho, a una altura de 200 metros como precaución a cualquier desborde del río.

Ojoconmipisto intentó contactar a Cesar Rodas, jefe de la comuna de Sanarate, para conocer su versión sobre el tema, pero no contestó las llamadas. Tampoco Chamalé Enríquez quiso dar declaraciones.

Nubosidad en el ambiente

La municipalidad convocó el 2 de agosto del año pasado y adjudicó el contrato el 20 de septiembre al único oferente. Se trata de una compañía cuyo representante legal es Eric Alejandro Escobar Hill, hermano de alcalde de Villa Nueva y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Edwin Escobar.

Una investigación de elPeriódico determinó que Edwin Escobar era socio de esa empresa familiar fundada en 1997. El diario citó información que figura en el Registro Mercantil y es pública. El jefe edil negó esos datos y aseguró haberse retirado de La Joya hace seis años, pero no mostró ningún documento.

”Yo tenía derecho al uno por millar de las acciones, ni siquiera era el uno por ciento. No las vendí, se las cedí a ellos antes de ser candidato para no tener conflictos de interés en el futuro”, señala. “Ellos (sus familiares) están en su derecho constitucional de participar en las contrataciones”, agrega.

Al ser consultado sobre el documento que prueba el traspaso, Escobar indicó que ya no tiene acceso a ellos, pues ya no es propietario.

La Joya, proveedor del Estado desde 2005, ha trabajado en la construcción de carreteras, arrendamiento de maquinaria pesada, vehículos y tubería, dragado y tratamiento de aguas, entre otros. En 2007, construyó un puente colgante en San Marcos por Q688,950.90 y uno vehicular por Q598,275.17 en Río Hondo, ambos con el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz).

Según los registros de la Superintendencia de Administración Tributaria, con fecha 13 de julio de 2017, la actividad económica de La Joya era “planeamiento, promoción y ejecución de todo tipo de negocios e inversiones relacionados con el comercio y la industria”. También “comercializar vehículos y combustibles”. En enero pasado, todo se simplificó. Ahora es una firma dedicada a la “construcción de obras para ingeniería”. No ha suscrito ningún nuevo contrato ni ha facturado servicios al Estado este año.

La empresa se encuentra inhabilitada desde el 22 de noviembre pasado por “no encontrarse solvente en sus obligaciones de seguridad social”. El IGSS recurrió al artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado que prohibe “concursar o celebrar contratos con el Estado” a quienes le adeuden pagos.

El alcalde Chamalé Enríquez y el representante legal de la constructora, Eric Escobar, se abstuvieron de responder los cuestionamientos de Ojoconmipisto que los buscó durante seis días.

Un grupo de auditores nombrado por la Contraloría investiga si existieron irregularidades en el proceso de esta contratación. “Se está auditando el período 2017, se revelará cualquier incumplimiento en este evento”, informó Alma Raquel Villeda, directora de Auditoría a Gobiernos Locales de esta institución.

Viejos conocidos

La Joya fue el único oferente que participó en este proceso el 12 de septiembre y ocho días después ganó el concurso con 90 puntos por mejor precio y experiencia. La junta de licitación estuvo integrada por Eder Wladislao Sacap Sian (encargado municipal de planificación), Rubén Colindres López Reyes (encargado del parque acuático Splash) y Estalin Alberto Reyes Pineda (oficial I de planificación).

Este último también fue integrante de otras dos juntas calificadoras que autorizaron contratar a la misma empresa para construir dos proyectos de sistemas de tratamiento de aguas residuales Una por Q886 mil en el caserío Agua Zarca y otra valorada en Q688 mil en aldea La Choleña.

Cuando el Ministerio de la Defensa buscó adquirir dos puentes portables de metal tipo bailey, La Joya formó un consorcio con Ingeniería Técnica Sociedad Anónima S.A (Intecsa, S.A) que registra esta actividad económica.

Intecsa es representada por Pedro Rosito Godoy ­– el supervisor nombrado por La Joya para el puente de San José del Golfo, según datos de la oficina de Acceso a Información Pública –. También laboró para la municipalidad de Villa Nueva hasta enero 2016 como asesor de la gerencia.

El consorcio presentó su oferta el 18 de septiembre. Tres días después la junta calificadora adjudicó el concurso por un monto de Q20.5 millones. Sin embargo, la Contraloría intervino porque detectó anomalías. Los dos proveedores se asociaron para presentar una sola oferta. El artículo 25 de la ley de Contrataciones del Estado lo prohíbe.

Los auditores también consideraron que el precio ofertado era muy elevado. Fue la única oferta presentada. Tras la auditoría, el ministro de la Defensa Luis Ralda frenó la compra el 26 de octubre.