Representantes de del Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial (STOJ) exigen a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un aumento salarial de Q10 mil para todos los trabajadores, entre auxiliares judiciales, administrativos, técnicos y personal de seguridad, esto derivado del ajuste de sueldos que se autorizó para jueces y magistrados, pues consideran que con esas acciones se violó el derecho de igualdad, establecido en el pacto colectivo de dicho organismo.

En diciembre pasado, los magistrados de la CSJ decidieron aumentarse el sueldo, fundamentados en lo establecido en el inciso “d” del artículo 27 de la Ley del Organismo Judicial, y “obviamente los estudios realizados previamente, se ha brindado un ajuste salarial”, confirmó en ese entonces Rudy Esquivel, vocero del OJ.

Según un documento que contenía los montos del aumento salarial, ahora los jueces de Paz ganarán Q20 mil; los de Primera Instancia Q33 mil 400; magistrados de Salas de Apelaciones y Salas de Apoyo, Q46 mil 700; y el magistrado presidente de Sala de Apelación, Q47 mil 100.

Respecto a la CSJ, los magistrados vocales recibirían un salario de Q67 mil; y al hablar de la presidencia el salario se eleva a Q79 mil.  Antes de estos ajustes, la Presidencia de la CSJ percibía un salario de Q46 mil 800, lo que implica que el incremento es de Q32 mil 200.

El incremento salarial no se otorgó a todos los trabajadores del OJ, pues fue exclusivo para jueces y magistrados de la CSJ.

Ante ese escenario, este miércoles 4 de enero, representantes del STOJ entregaron un memorial a la presidencia del CSJ, en el que exigen que se otorgue un incremento salarial de Q10 mil al resto de los empleados del OJ.

La petición se deriva del ajuste de honorarios que en diciembre del año pasado se otorgó a magistrados y jueces.

“Debido a las acciones dadas en cuanto a los aumentos de salarios desmedidos autorizados a Jueces y Magistrados, recientemente, con fecha 20 de diciembre del 2022, nos vimos en la obligación de presentar ante la Presidencia del Organismo Judicial un memorial, mediante el cual solicitamos aumento de salario por Q10 mil para toda la clase trabajadora del OJ, entre ellos: auxiliares judiciales, administrativos, técnicos, seguridad, debido a la violación del Pacto Colectivo y Derecho de igualdad”, señala un comunicado publicado por el STOJ.

El documento agrega que “esperamos en el primer pleno de este año, nos sea resuelto de la mejor manera nuestra petición, ya que dependiendo de dicha resolución se estarían tomando las acciones que legalmente correspondan”.

Los sindicalistas advierten que si sus demandas no son atendidas emprenderán las acciones legales que tienen a su alcance.

“El día 19 de diciembre del año 2022, fuimos enterados de un aumento salarial otorgado única y exclusivamente a jueces, magistrados y personal de confianza del OJ”, dice una parte del memorial entregado en la CSJ.

En el documento se lee que el incremento de salarios de jueces y magistrados “no fue producto de una negociación colectiva; sino se dio de forma arbitraria y en total discriminación de la clase trabajadora del OJ”.

El STOJ manifestó su inconformidad ante el incremento salarial para un grupo de trabajadores judiciales, pues en abril de 2022 fue rechazada una solicitud similar que incluía a todo el personal del OJ.

Se informó que en esa ocasión se solicitó un aumento salarial de Q10 mil, pero el pleno de magistrado de la CSJ rechazó a la petición, supuestamente por falta de presupuesto. Ahora el STOJ espera que esa solicitud sea retomada por los magistrados.

Esquivel por aparte informó que se recibió el memorial del STOJ el 20 de diciembre de 2022. “Dicho memorial ya fue enviado al pleno para que sea agendado y conocido, según estimen lo pertinente los señores magistrados”, agregó.

También dijo que para el miércoles 11 de enero se tiene programado que el pleno conozca la petición.

La presidenta del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Valdés, se pronunció en un comunicado contra la Lista Engel de corrupción, publicada recientemente por EE. UU.

En esa designación figuran dos magistrados de la CSJ y dos jueces del OJ, lo que fue confirmado por Valdés en el pronunciamiento.

Valdés dijo que la publicación de la lista “constituye una flagrante violación a la Constitución Política de la República” y viola “específicamente el principio de derecho de defensa, que establece que la defensa de la personas y sus derechos son inviolables”.

La misiva enfatiza en que “toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente”.

Agrega que la designación “vulnera el debido proceso”, carece de legitimación y constituye “una intolerable intromisión en la administración de justicia”, ya que, a su criterio, señala de forma infundada y “sin ningún medio probatorio” a los funcionarios de OJ.

Advierte de que por “su alta investidura”, los jueces y magistrados “deben ser respetados por guatemaltecos y extranjeros” y los mismo gozan de “prerrogativas que les otorga la Constitución Política de la República”.

Reclama que si hubiese un presunto hecho delictivo este se debe canalizar a través de las instancias correspondientes “y no a través de publicaciones de prensa y redes sociales”.

La magistrada resalta que la Lista Engel constituye “una legal intromisión en las funciones constitucionales que le corresponden con exclusividad al OJ.

“Por tal razón, en mi calidad de presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, rechazo categóricamente la intromisión extranjera en las funciones constitucionales que únicamente le competen a este alto Organismo de Estado”, puntualiza la misiva.

Cumpliendo con la Ley de Compromiso Mejorado de Estados Unidos, el 2 de julio último se presentó la lista de corruptos del Triángulo Norte Centroamericano, en donde Guatemala destaca con funcionarios, exfuncionarios y activistas a quienes el Departamento del Estado señala de favorecer la impunidad.

La lista sanciona con la cancelación de visa o calificar de no elegibles para visitar EE. UU. a quienes la integran, pero aunque las amonestaciones se puedan limitar en la regulación migratoria, el peso moral que recae sobre cada uno de los que ahí figuran y en las instituciones que representan es mayor, según analistas consultados.

El Gobierno guatemalteco también emitió el viernes 22 de julio un comunicado en el que “lamenta y rechaza” que la Lista Engel de corrupción, publicada por EE. UU. recientemente, “incluya a personas guatemaltecas”.

“Se debe cuestionar la utilización de este instrumento político que promueve la condena social de las personas que allí son señaladas, la cual generalmente se deriva de elucubraciones y acusaciones mediáticas infundadas”, dijo en un comunicado.

Los señalados

Entre los guatemaltecos fueron incluidos Dennis Billy Herrera Arita, un abogado guatemalteco; Carlos Estuardo Gálvez Barrios, exrector de la Universidad de San Carlos (Usac); José Rafael Curruchiche Cacul, actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público; Axel Arturo Samayoa Camacho, propietario de varias empresas de transporte y transporte marítimo; Ramiro Mauricio López Camey, actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos SA (Aspetro); Ramón Campollo Codina, actual propietario de Corporación Energías de Guatemala; y Geisler Smaille Pérez Domínguez, actual juez del Tercer Juzgado Penal.

Además, Sofia Janeth Hernandez Herrera, la actual representante en el Congreso por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández, actual propietario de Corporación Energías de Guatemala; Mayra Alejandra Carrillo de León, actual Directora del Instituto de Víctimas; Erick Gustavo Santiago de León, exjuez y presidente del Tribunal Regional de Apelaciones en lo Civil; Nery Oswaldo Medina Méndez, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia; Vitalina Orellana y Orellana, actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia; Mauricio López Oliva, actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos SA (Aspetro); Víctor Manuel Cruz Rivera, actual Juez de lo Penal; y José Luis Benito Ruiz, exministro de Comunicaciones e Infraestructura de 2018 a 2020.

#PresidenteOJ informa: pic.twitter.com/I1q4reCH2r

— Organismo Judicial (@OJGuatemala) July 25, 2022

La Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial (OJ) ordenó este miércoles 9 de febrero a la Supervisión General de Tribunales proceder con una investigación administrativa en contra de Silvia Patricia Valdés, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de una queja de un diputado.

El objetivo de la investigación ordenada es determinar si la funcionaria pudo haber cometido alguna falta administrativa que amerite un procedimiento disciplinario.

“Se estima necesario que la Supervisión General de Tribunales de Guatemala, dentro del plazo de 10 días, realice la investigación del hecho denunciado cumpliendo como mínimo individualizar, localizar y entrevistar a los denunciantes”, señala la resolución, que agrega que estos deben comparecer a la audiencia respectiva o bien a una cabina de teleconferencias.

Se resolvió que, si se hallan elementos suficientes para establecer que la conducta de Valdés se enmarca en una falta administrativa, se debe iniciar el procedimiento disciplinario correspondiente.

La investigación administrativa contra Valdés se originó de una queja promovida por el diputado Aldo Dávila y el Comité Campesino del Altiplano, en la solicitan que se investiguen varios hechos irregulares que pudo haber cometido la funcionaria.

Se informó que entre los hechos denunciados están el aporte de Q20 mil que fue aprobado por Valdés al Instituto de Magistrados, entidad que denunció a la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, por haber autorizado diligencias de investigación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

“La Ley de la Carrera Judicial establece en su artículo 29 inciso d), celebrar contratos de cualquier clase con las personas que ante ellos litiguen. Dicho inciso se violenta al autorizarse con fecha del 6 de abril de 2021, un apoyo financiero al Instituto de Magistrados de Apelaciones de Q20 mil mediante resolución de la presidencia (de la CSJ)”, dice la queja.

El Organismo Judicial (OJ) promueve en las redes sociales los “21 días de ayuno y oración en favor de Guatemala”.

De acuerdo con un post dado a conocer en las cuentas del OJ de las redes sociales, la jornada habría comenzado el miércoles 12 de enero.

“El Reino de Dios se manifieste en el poder Judicial”, dice la publicación hecha en la red social Twitter.

“Nuestro Dios y juez justo, te presentamos al actual sistema de justicia de nuestra nación, tómalo en tus manos, adminístralo de tal manera que los jueces y todo operador de justicia sea un cumplidor de tu justicia perfecta y hacedores de tu voluntad”, dice el post, a manera de “guía de oración”.

“Que los jueces hagan los correcto, que no se presten al soborno y que no tuerzan el derecho”, continúa.

“Señor, gobierna y toma el control del sistema de justicia de nuestra nación”, finaliza la publicación, citando al libro bíblico del Deuteronomio.

Sin comentarios

Consultado el Departamento de Comunicación Social del OJ sobre más detalles del programa, respondió:

“No hay comentarios ni pronunciamiento por esa publicación”.

Cooptado

Organizaciones han denunciado constantemente que en las entidades del Estado, entre ellas el OJ, está enquistada la corrupción.

En un informe publicado el 11 de enero por varias organizaciones se responsabiliza al Congreso por la falta de elección de magistrados a las cortes.

“Es por ello que la actual Corte Suprema de Justicia sigue siendo la misma que fue elegida en 2014, pese a que su periodo de cinco años finalizó en 2019, el mismo caso que se presenta con los 225 magistrados de las Salas y Cortes de Apelaciones del Organismo Judicial”, denuncian.

“La renovación del Organismo Judicial es trascendental para Guatemala en la lucha contra la corrupción, principalmente después de que en 2014 la magistrada Claudia Escobar denunciara que las cortes en aquel año fueron elegidas con irregularidades impulsadas por el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), actualmente preso por corrupción”, agrega.

Este jueves, también la entidad internacionales Human Rights Watch denunció que “la corrupción amenaza la independencia judicial en Guatemala”.

La organización defensora de los derechos humanos, con sede en Nueva York, Estados Unidos, aseveró en su informe anual sobre el año 2021 que en Guatemala las “autoridades están impidiendo la transparencia y amenazan la independencia judicial”.

Internautas reaccionan

A la publicación reaccionaron varios internautas:

“Con que cumplan el juramento que hicieron al graduarse y tomar posesión de sus cargos es suficiente. Lo de orar quedará para cada quien, al cerrar la puerta de su habitación”, expresa @byron_hitemp.

“Solo válido para oraciones personales, no para nación. Lo que sí me da mala espina es que lo pueden estar tomando como acción politiquera cómo lo de “lucha contra la corrupción”, opinó @JEMejiaG.

“Ojalá practicaran la integridad como valor y principio de una institución que existe para defender y promulgar el tan bendito y aclamado estado de derecho, qué aburrido publicar una cosa y ser otra”, anotó @bravesgt.

“El Estado es laico, el uso de imágenes, recursos o de la institucionalidad del Estado para promover un credo es malversación y abuso de poder”, dijo @EfrenESandoval1.

“Bendiciones. Es una gran decisión ojala sea generalizada. AMEN GLORIA A DIOS”, respondió @CarolFr22690595.

“Esto es inconstitucional”, acota @DesireMartnezM1.

Guía de oración.
21 días de ayuno y oración en favor de Guatemala. pic.twitter.com/u2jjUibbRd

— Organismo Judicial (@OJGuatemala) January 12, 2022

El personal del Organismo Judicial (OJ) recibirá un bono de apoyo económico debido a la pandemia, este será de Q3 mil.

Se prevé que este sea pagado en la primera quincena de diciembre. El desembolso total para el OJ será de unos Q30 millones.

En acta 58-2021 el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acordó conceder un bono de apoyo económico por motivo de la pandemia covid-19 por esta única vez para todos los funcionarios, empleados y personal judicial y administrativo que se encuentren activos a la fecha.

Los empleados en los renglones presupuestarios 011, 022, 023 y 031 recibirán un monto de Q3 mil y no tiene carácter retroactivo.

No es la primera ocasión que los empleados del OJ recibirán un bono navideño. El 29 de noviembre de 2017 los magistrados de la CSJ autorizaron un bono navideño por Q3 mil para 11 mil 400 trabajadores del OJ, entre magistrados, jueces y oficinistas.

En esa ocasión, el sindicato de trabajadores de ese organismo había pedido que el bono “de apoyo económico” fuera de Q6 mil, aduciendo que para fin de año incrementan los precios de la canasta básica.

Para leer más: Abogado Otto Gómez es ligado a proceso y queda en prisión preventiva

La entrega de bonos adicionales al salario de los empleados públicos ha sido motivo de críticas y rechazo por parte de la población ante la falta de recursos en otras áreas como hospitales e infraestructura vial.

PNC también tendrá bonificación

El 10 de noviembre, el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, anunció que como parte de los procesos de dignificación para los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), se le otorgará una bonificación de Q5 mil que será efectiva en diciembre próximo.

El funcionario agregó que el monto será depositado en las cuentas bancarias de todos los agentes que conforman la institución policial.

En un video de una conferencia de prensa compartido en las redes sociales del Ministerio de Gobernación (Mingob), Reyes afirmó que es “un mérito sumamente importante el hecho de indicarle a los elementos policiales que se reconoce la dignificación de la PNC, se reconoce el trabajo y el esfuerzo de los elementos”.

Al menos cinco mil 800 trabajadores del Organismo Judicial (OJ) fueron beneficiados con un incremento salarial que fue anunciado este martes 27 de abril por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Patricia Valdez.

Entre quienes recibirán el aumento hay secretarios, oficiales, notificadores y comisarios, según un comunicado emitido por Valdez, en el que agrega que la medida obedece a “las funciones que conlleva el puesto, el nivel de educación requerida, la experiencia necesaria, la responsabilidad que implica el ejercicio de sus atribuciones y la meritocracia”.

Por lo anterior, “se considera que existen suficientes razones para una modificación de los salarios actuales de los auxiliares judiciales, los cuales son inferiores en comparación a los salarios que devengan los puestos administrativos”.

Además, el comunicado agrega que “se espera fomentar la carrera judicial y reivindicar la función jurisdiccional que es el verdadero quehacer del Organismo Judicial”.

Sin embargo, esa modificación salarial tendrá un impacto de Q69 millones anuales en el presupuesto del OJ, según fuentes de esa institución.

“He autorizado con el fin de fomentar la carrera judicial un aumento al salario de los auxiliares judiciales que va desde secretarios hasta comisarios, que se verá reflejado en su boleta de liquidación de fin de mes” dijo Valdez, quien agregó que esto también es un logro del sindicato de trabajadores de la institución.

Valdez agregó que cancelaron varias plazas administrativas “innecesarias” para no incrementar el presupuesto del OJ y “beneficiar a los trabajadores jurisdiccionales, situación que no acontecía desde el año 2000”.

La magistrada no dio detalles de cuánta y que tipo de plazas fueron canceladas.

Tabla de incremento

Comisario (8 %)

• Sueldo vigente Q6 mil 800
• Sueldo autorizado Q7 mil 344
• Aumento Q544

Notificador 1 (5 %)

• Sueldo vigente Q7 mil 200
• Sueldo autorizado Q7 mil 560
• Aumento Q360

Auxiliar judicial itinerante (5 %)

• Sueldo vigente Q7 mil 280
• Sueldo autorizado QQ7 mil 580
• Aumento Q300

Oficial 1 (5 %)

• Sueldo vigente Q7 mil 300
• Sueldo autorizado Q7 mil 700
• Aumento Q400

Notificador 3 (5 %)

• Sueldo vigente Q7 mil 400
• Sueldo autorizado Q7 mil 770
• Aumento Q370

Oficial 2 (5 %)

• Sueldo vigente Q7 mil 400
• Sueldo autorizado Q7 mil 770
• Aumento Q370

Oficial 3 (9 %)

• Sueldo vigente Q7 mil 600
• Sueldo autorizado Q8 mil 284
• Aumento Q684

Secretario de paz (9 %)

• Sueldo vigente Q7 mil 600
• Sueldo autorizado Q8 mil 284
• Aumento Q684

Secretario de instancia (9 %)

• Sueldo vigente Q8 mil 500
• Sueldo autorizado Q9 mil 265
• Aumento Q765

Secretario de sala (8 %)

• Sueldo vigente Q12 mil 500
• Sueldo autorizado Q13 mil 500
• Aumento Q1 mil

El juez Juan Antonio Aceituno López del Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Extorsión murió por complicaciones de salud. El Organismo Judicial (OJ) informó en un tuit que lamentan el sensible fallecimiento del abogado y extendieron sus condolencias a su familia.

Aceituno López habría fallecido por complicaciones de salud a causa de covid-19, según reportaron algunos de sus colegas en redes sociales; no obstante, la institución no confirmó la información.

Además, según los datos compartidos por el ente de justicia hasta hoy se registran 446 casos del nuevo coronavirus en el personal, de los cuales 170 están recuperados, 199 están en cuarentena y 13 personas fallecidas.

Fallos

Aceituno López integró como vocal el Tribunal Décimo Tercero de Sentencia, presidido por la jueza Edna Beatriz Maxia, que conoció el juicio contra Samuel Everardo Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del expresidente Jimmy Morales, quienes fueron absolutos del supuesto fraude en el Registro General de la Propiedad.

Además, el juez también integró el Tribunal cuando Julia Maldonado, exdiputada del extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder), fue absuelta de los señalamientos de desviar fondos del Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve).

Según el reporte policial, dos mujeres fueron detenidas la noche del viernes 29 de marzo, tras protagonizar una discusión en las afueras de una discoteca en la zona 1. Se trata de Gloria Pérez Rivera e Irma Martínez, quienes fueron identificadas como trabajadoras del MP y OJ.

Todo inició cuando las mujeres se encontraban discutiendo con otro hombre, cuando los agentes de la PNC escucharon gritos y decidieron intervenir. Una de las mujeres agredió a un agente dándole una bofetada, por lo que fueron consignadas.

Según narraron los policías, cuando se dirigían a la torre de tribunales, las mujeres los amenazaron con denunciarlos, pues aseguraron que una de ellas era fiscal del MP y la otra trabajaba para una sala de la Corte de Apelaciones.

Las mujeres salieron en libertad por tratarse de una falta. Mientras el Ministerio Público aún no define si iniciará un procedimiento interno en contra de la fiscal.

La Fiscalía de Derechos Humanos a través de la Unidad Fiscal contra delitos de Discriminación logró una sentencia a través de criterio de oportunidad en contra de Blanca Estela Flores Pou por el delito de discriminación.

La Jueza tercera, del Juzgado Primero Pluripersonal de Paz penal del municipio de Guatemala, con los indicios presentados por la fiscalía, determinó que Flores Pou debe pagar el tratamiento psicológico de la víctima –que se determinó en Q2 mil 400-,  ofrecer una disculpa pública –que se realizó el 11 de febrero-; asistir a un curso relacionado al tema de racismo en la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA) y hacer una donación monetaria a una fundación de su elección, que luche contra el cáncer de niños.

Antecedentes

El 26 de junio de 2013 la víctima visitó a la agresora en su residencia para contarle que su sobrino sostenía una relación sentimental con su hija. Flores Pou  le insultó usando expresiones racistas y le indicó que no permitiría la relación por ser indígenas.

Como ambas familias viven en un mismo residencial de la ciudad capital, de manera inevitable se encontraban en la calle y en varias ocasiones la agresora aprovechó para insultarles e intimidarles. En una ocasión intentó agredir físicamente al menor,  la víctima intervino y nuevamente recibió insultos racistas. La familia temía salir a la calle pues corrían el riesgo de ser insultados.

Para comprobar que las acciones sí se referían a racismo la fiscalía presentó un peritaje antropológico y uno lingüístico; además de un peritaje psicológico que diagnosticó a la víctima con estrés postraumático.

En la audiencia en la que se dictaminó el criterio de oportunidad, Flores Pau pagó por el tratamiento psicológico de la víctima.

Perdón público

El 11 de febrero en la sede la Procuraduría de Derechos Humanos la agresora ofreció una disculpa pública a la que asistieron como testigos la Procuradora Adjunta de la PDH; representantes del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz´ununija´, integrantes de  la Corte de Constitucionalidad, de  la Procuraduría General de la Nación y de la Secretaría de Pueblos Indígenas y la Unidad Fiscal contra Delitos de Discriminación, ambas del Ministerio Público.

Se programó para septiembre de 2019 una audiencia en la que la agresora deberá demostrar que ya cumplió con los otros criterios de oportunidad dictados. Además deberá observar un comportamiento sin infringir la ley y el respeto al aspecto pluriétnico y multicultural de país.

Samuel Morales, hermano del Presidente Jimmy Morales, fue proclamado como candidato a diputado por el Partido FCN Nación. Para hacerlo, solicitó a la Policía Nacional Civil “limpiar” sus antecedentes policiacos ya que es un requisito que debe presentar para ser inscrito.

El Ministerio Público inició una investigación por la manera en que Samuel Morales obtuvo sus antecedentes policiacos debido a que fue capturado y está ligado a proceso penal en el caso Botín Registro de la Propiedad. Entre los requisitos para solicitar que ya no aparezcan antecedentes está que la persona haya concluido su proceso penal.

El Director del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, explicó que hasta el momento no se ha solicitado la inscripción de Morales como candidato, pero que por la información que se ha publicado podría solicitar datos al Ministerio Público y al Organismo Judicial sobre la situación jurídica de esta persona.

“El primer requisito son los antecedentes penales y policiacos, la carencia que se deben presentar  y en segundo término como ha habido tanta situación mediática con relación a un caso en el que pueda estar relacionado él y el hijo del presidente, nosotros en todo caso  al momento que se presente una solicitud  pediríamos una información directamente al MP o al OJ si se encuentra en un proceso o cual es su situación jurídica”, explicó el funcionario electoral.

Guerra agregó que no puede adelantar criterio y que al momento de obtener la información del MP o OJ se evaluaría si procede la inscripción.

LEA: VIDEO: PNC limpia antecedentes policíacos a Samuel Morales