En un comunicado conjunto, los secretarios generales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Comunidad de Democracias se refirieron a la situación política que atraviesa Guatemala.

Indicaron que “los continuados intentos del Ministerio Público (MP) de Guatemala para subvertir los resultados de las elecciones del 20 de agosto de 2023 constituyen una grave violación de los principios y normas democráticos”.

Señalaron que la solicitud de retirar la inmunidad al presidente electo, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, acontecen en un contexto de esfuerzos por parte del MP de comprometer los resultados de las elecciones y el proceso de transición actualmente en marcha.

Destacó que el derecho de formar gobierno y asumir sus cargos aquellos que han resultado electos, así como la obligación de un gobierno elegido de abstenerse de acciones extra-constitucionales y respetar los resultados, y de ceder el poder cuando su mandato legal concluye, están claramente contemplados en los principios 14 y 15 de la Declaración de Varsovia, el documento fundacional de la Comunidad de Democracias.

Indicó que celebrar elecciones periódicas, libres y justas basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía popular, la separación de poderes y la independencia de las ramas del gobierno son elementos esenciales de la democracia representativa, como expresa el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana.

“Como secretarios generales de la Comunidad de Democracias y de la Organización de los Estados Americanos reiteramos nuestros anteriores llamados para que el gobierno de Guatemala apoye el proceso de transición en el contexto de los acuerdos existentes, la Constitución y el respeto a la voluntad soberana del pueblo guatemalteco. Igualmente, reconocemos el progreso hecho en el contexto de la transición”, manifestaron.

También urgieron a las autoridades guatemaltecas a mantener los valores y principios reflejados en la Declaración de Varsovia y la Carta Democrática Interamericana, documentos a los que Guatemala ha manifestado su adhesión, y “eviten intentos de revertir el resultado de las elecciones legítimas y garanticen y respeten el proceso de transición presidencial”.

El 16 de noviembre recién pasado, el MP informó en conferencia de prensa de la solicitud del retiro de derecho de antejuicio contra Bernardo Arévalo y Karin Herrera, presidente y vicepresidenta electos.

La solicitud es por el caso “Toma de la USAC: Botín Político”, que según el ente investigador, se deriva de la toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos (Usac).

Para leer más: Bernardo Arévalo y Karin Herrera critican acciones del MP

El campus central de esa casa de estudios estuvo ocupado por manifestantes que se oponen a la elección de Walter Mazariegos como rector.

De acuerdo con el ente investigador, Arévalo y Herrera habrían estado involucrados en la toma de la universidad, donde los fiscales indican que hubo comisión de delitos.

Los supuestos delitos son depredación de bienes culturales en forma continuada, asociación ilícita y tráfico de influencias.

Comunicado Conjunto de los Secretarios Generales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Comunidad de Democraciashttps://t.co/tezLFlhgfJ pic.twitter.com/k0Sddz5zM1

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) November 23, 2023

El retiro del país de la OEA -que entra en vigor hoy- y las violaciones de derechos humanos en el país centroamericano “son una afrenta al compromiso del hemisferio occidental con la democracia”, subrayó Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado en un comunicado.

El presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, buscan “aislar aún más a Nicaragua de la comunidad internacional”, indicó el portavoz.

Agregó que ello “demuestra su desesperación por evitar cualquier esfuerzo de la OEA o de socios de ideas afines para responsabilizarlos por atroces abusos contra los derechos humanos”.

“Sus abusos incluyen detener, condenar y maltratar injustamente a presos políticos, incluido el obispo Rolando Álvarez; atacar a periodistas independientes; y obligar a cientos de organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas a cerrar o traspasar sus operaciones al Estado”, detalla el comunicado.

El Gobierno nicaragüense notificó la decisión de denunciar la Carta de la OEA -que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esa organización- en noviembre de 2021, días después de la reelección para el quinto mandato de Ortega en unas elecciones que la organización tachó de ilegítimas.

El Departamento de Estado enfatizó hoy que pese a las denuncias de Ortega y Murillo de la Carta de la OEA, “Nicaragua sigue sujeta a sus obligaciones de derechos humanos y gobernanza en virtud de los tratados e instrumentos restantes, incluida la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Miller subrayó que Estados Unidos y los demás socios en la OEA continuarán revisando “todas las herramientas disponibles y apropiadas para responsabilizar a Ortega, Murillo y sus sustitutos por sus acciones”.

El portavoz urgió a las autoridades nicaragüenses a cumplir con sus obligaciones y cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que el presidente Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo.

Las Autoridades Indígenas Ancestrales de Iximuleu Guatemala exigieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) que de urgencia aplique la Carta Democrática Interamericana en Guatemala debido a que existen suficientes elementos que demuestran la intención del denominado pacto de corruptos de destruir la democracia y los derechos más elementales del pueblo guatemalteco.

En una conferencia de prensa que las autoridades ancestrales ofrecieron este 17 de noviembre en la capital guatemalteca, expresaron que repudian “las acciones ilegales, espurias y prefabricadas de la fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público -Consuelo Porras”.

Agregaron que Porras y demás agentes fiscales y el juez Víctor Cruz siguen realizando acciones que atentan contra la democracia, los derechos fundamentales, el estado de derecho y especialmente “por desafiar el ejercicio democrático expresado en las urnas, para garantizar el principio de autonomía y alternabilidad democrática y todas aquella acciones que pretenden limitar la libertad de expresión y libre opinión de los ciudadanos”.

“Exigimos a la Organización de Estados Americanos aplicar de urgencia la Carta Democrática Interamericana como ha sido solicitado por las autoridades indígenas maya, xinka y garífuna al existir suficientes elementos que demuestran la intención del pacto de corruptos de destruir nuestra débil democracia y los derechos más elementales del pueblo guatemalteco”, se lee en un comunicado que publicaron.

Piden sanciones

También piden a los países democráticos firmantes de las Convenciones Internacionales sobre delincuencia organizada y contra la corrupción, “aplicar las cláusulas de competencia extraterritorial a todos los funcionarios corruptos de Guatemala a efecto de que sus autoridades judiciales emitan las correspondientes órdenes de captura internacional y así contribuir a la defensa que hacemos de nuestra democracia y estado de derecho. Y en caso, de que por esta defensa seamos reprimidos aplicar la justicia universal e instar la investigación de la Corte Penal Internacional”, señalan las autoridades ancestrales.

También piden al sector empresarial organizado en Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), a las cámaras empresariales y asociaciones comerciales pronunciarse y tomar acciones para condenar las acciones del MP y los jueces, a quienes califican de corruptos.

Le piden al sector empresarial pronunciarse claramente sobre lo que los pueblos originarios creen que es la única solución a la crisis política y el inicio de un proceso hacia la democracia y es la renuncia de la fiscal María Consuelo Porras Argueta; los fiscales José Rafael Curruchiche Cucul, Cinthia Edelmira Monterroso Gómez y Leonor Eugenia Morales Lazo, así como la del juez Fredy Raúl Orellana Letona.

 No hay duda sobre un golpe de Estado

“Toda la información conocida púbicamente ya no deja dudas del proceso de golpe de Estado y las intenciones de acallar a toda voz disidente a la corrupción y la cooptación del Estado y, en este caso, la Universidad de San Carlos de Guatemala, que se utiliza como excusa para perseguir a las personas legítimamente electos”, se lee en el comunicado.

Las autoridades ancestrales también piden a la ciudadanía pronunciarse sobre esta crisis política, especialmente a cada votante en las elecciones 2023 a defender los resultados electorales, como ejercicio democrático sin importar si su voto fue o no emitido por las personas electas.

“ Se trata de defender la democracia y el Estado de Derecho, que será un legado para nuestros hijos e hijas.  Nos solidarizamos con todas y cada una de las personas criminalizadas por este Estado criminal, actitud que ha asumido este gobierno autoritario, por lo que responsabilizamos al gobierno de Alejandro Giammattei y demás organismos del Estado por todos los atropellos a los derechos humanos”, se lee en el comunicado.

“Es hoy o no veremos la luz de la verdadera democracia en muchísimos años; y será la historia y nuestros hijos e hijas quienes nos recordarán por nuestra lucha, nuestros esfuerzos y sacrificios, o por no a ver hecho nada para defender su futuro”, concluye el comunicado.

Luego de que el Ministerio Público (MP) anunciara este jueves 16 de noviembre que solicitará que se le retire la inmunidad al binomio presidencial electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, la Organización de los Estados Americanos (OEA) mostró su rechazo y señaló que, con esas acciones la Fiscalía viola varios artículos de la Carta Democrática Interamericana.

Un comunicado de ese organismo regional señala que la Secretaría General de la OEA “condena enérgicamente” las acciones anunciadas por la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio por un caso de una ocupación de la Universidad de San Carlos (USAC), que incluyen a Arévalo y Herrera, así como a varios integrantes de los partidos políticos Movimiento Semilla, VOS y Winaq.

“El Ministerio Público presentará los antejuicios contra los señores César Bernardo Arévalo de León” y la vicepresidenta electa Karin Herrera para privarlos de su inmunidad y llevarlos a juicio, dijo el fiscal Saúl Sánchez en conferencia de prensa.

Los delitos por los que la Fiscalía pretende quitarles la inmunidad junto a otros seis legisladores son “depredación de bienes culturales en forma continuada, asociación ilícita y tráfico de influencias”, indicó Sánchez.

Por lo anterior, la OEA señala que esas decisiones constituyen acciones de carácter político que “distorsionan el proceso electoral y pueden afectar el resultado del mismo, por lo cual resultan absolutamente improcedentes e inaceptables para un sistema político democrático”.

A criterio de la OEA, el MP, como institución del Estado “se encuentra en violación de lo que establece la Carta Democrática Interamericana en sus artículos 2, 3 y 4”.

“La Secretaría General condena esta continuada persecución política por parte del Ministerio Público, que hoy se extendió contra otros 28 ciudadanos guatemaltecos, y que se suma a la habitual intimidación y el acoso a miembros del Partido Movimiento Semilla, activistas de derechos humanos, académicos, periodistas y otros actores sociales”, señala la OEA en su comunicado.

Agrega que “la criminalización y la intimidación contra actores políticos y sociales en un marco de persecución política es una grave violación del Estado de Derecho y se aparta de los principios de la democracia”.

Además, la OEA detalla que los Estados Miembros expresaron por mayoría y con claridad “sus graves preocupaciones respecto de la criminalización y judicialización del proceso electoral y la persecución política por parte del Ministerio Público”.

Agrega que por lo anterior, el pasado miércoles se aprobó la resolución “Acontecimientos Recientes que Impactan el Estado de Derecho y la Transición Presidencial Democrática en Guatemala”.

“La persecución política en curso solo sirve para erosionar los cimientos de la democracia por la que los ciudadanos de Guatemala han luchado y desean continuar construyendo cada día”, refiere la OEA en el comunicado.

También dice que los representantes de las instituciones deben comportarse de manera responsable, “absteniéndose de producir vulneraciones al Estado de Derecho, a las libertades fundamentales y a la dignidad humana de la ciudadanía”.

Al mismo tiempo, la Secretaría General de la OEA condena “enérgicamente las acciones intimidatorias y de agresión contra un número de congresistas, estudiantes y activistas sociales y políticos que se produjeron ayer y hoy en Guatemala”.

De acuerdo con el documento, esas acciones provocan un ambiente de inseguridad e incertidumbre que “es inaceptable” para la ciudadanía de Guatemala.

Qué dicen los artículos de la Carta Democrática que estarían siendo violados por el MP, según la OEA

Artículo 2

El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.

Artículo 3

Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

Artículo 4

Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

Indicios

Durante la presentación del caso, denominado “Toma de la USAC: Botín Político”, el fiscal Sánchez mostró como supuestos indicios contra Arévalo capturas de pantalla de videos del presidente electo en las instalaciones de la universidad, participando en eventos académicos, cuando el campus ya había sido liberado.

La Fiscalía también buscará que se le retire la inmunidad a Karin Herrera, vicepresidenta electa, a los diputados del Movimiento Semilla Samuel Pérez y Román Castellanos, así como al diputado electo Raúl Barrera, entre otros.

La acusación detalla que los sindicados utilizaron la toma de la universidad como una “plataforma para sus candidaturas políticas”.

Por este mismo caso, la excandidata a diputada del partido Movimiento Semilla, Marcela Blanco, fue capturada y se emitió orden de captura contra otras 25 personas, entre ellos exfuncionarios, políticos, estudiantes y profesores universitarios.

El Ministerio Público, bajo la dirección de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, ha sido fuertemente criticado en Guatemala y en el exterior en los últimos meses por supuestamente intentar intervenir en los resultados de los comicios y buscar cancelar al partido del presidente electo.

Con información de EFE y AFP

La Misión de Mediación para Guatemala de la Organización de los Estados Americanos (OEA) mostró su preocupación por los niveles de convulsión a los que se enfrenta la población, que vive una crisis política desde el pasado 25 de junio, cuando Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, pasó a segunda vuelta electoral y el MP emprendió una cruzada legal que, según sectores, pretende evitar que el político asuma el poder en enero próximo.

El pronunciamiento de la OEA se da en momentos en que el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC) le dieron cumplimiento a la orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) de “restituir el orden público y habilitar el acceso pleno a las sedes del MP”, por lo que decenas de agentes custodian el edificio del barrio Gerona, en la zona 1 de la capital, donde, además, persisten las manifestaciones por parte de varios sectores sociales.

De acuerdo con la Misión, “un clima de crispación y reproches se adueña de la situación política del país”, al tiempo que la tensión social fue cediendo en los últimos días con la flexibilización de los bloqueos de carreteras, pero como contrapartida “se radicaliza la posición de algunos órganos del Estado que han llegado incluso a acusar judicialmente a un ministro -Napoleón Barrientos- por mantener una actitud pacífica y prudente que, además, ha arrojado en la práctica excelentes resultados, sin enfrentamientos ni violencia”.

“Legítimo es protestar, legítimo es cuestionar, legítimo es también ejercer la autoridad, pero ninguna actitud que se apoye o fantasee con la violencia es legítima”, detalla un comunicado de la Misión.

Agrega que “el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hace muy poco tiempo se expresó en términos claros con resultados rotundos. Nadie se puede anteponer a esa decisión soberana de la ciudadanía”.

Continúa: “la Misión llama a todos los actores políticos y sociales a asumir con absoluta claridad y consciencia que cualquier desvío o exceso pone en riesgo la paz y, con ella, el derecho de todas y todos los guatemaltecos de elegir su destino”.

El documento detalla que la Misión, “en cumplimiento del objetivo propuesto se ha reunido con diversos interlocutores relacionados con la coyuntura actual del país”.

Según la OEA, “las invitaciones al diálogo, que respondieron a una convocatoria amplia e inclusiva, fueron recibidas de manera positiva.

“La Misión constató que el motivo de las movilizaciones, bloqueos y el rechazo ciudadano está relacionado con las acciones de la fiscal general, Consuelo Porras, del Fiscal Rafael Curruchiche, la Fiscal Cinthia Monterroso y el Juez Fredy Orellana, que atentan contra la integridad del proceso electoral y los resultados de las Elecciones Generales 2023”, refiere el comunicado de la OEA.

Agrega que “en particular, se identifican como detonantes las acciones ocurridas a finales de septiembre de 2023, cuando fiscales del Ministerio Público irrumpieron con fuerza en la sede del Tribunal Supremo Electoral y extrajeron material electoral sensible, correspondiente a las actas originales electorales 4 y 8, que contienen la sumatoria de los resultados de la primera vuelta electoral celebrada en junio pasado”.

Detalla que las autoridades indígenas que lideran las protestas “han sido enfáticas en señalar que no representan ni permiten la participación de ningún líder, partido, o movimiento político. Por lo tanto, las acusaciones para involucrar al presidente electo, Bernardo Arévalo, o a cualquier otro liderazgo político en estas acciones, no son de recibo ni admisibles”.

“La Misión, en comunicado emitido el 13 de octubre pasado, resaltó el profesionalismo de la Policía Nacional Civil (PNC); sin embargo, el pasado 16 de octubre de 2023, el Ministerio Público (MP) pidió a la Corte de Constitucionalidad (CC) la destitución del ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, por considerar que incumplió con lo ordenado por dicha instancia, en un amparo otorgado a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), y porque no se han efectuado acciones para retirar a los manifestantes que impiden el paso del personal de la Fiscalía a su sede central”, detalla la nota.

“El mismo 16 de octubre, el ministro de Gobernación Barrientos presentó su renuncia al presidente de la República, Doctor Alejandro Giammattei, la misma que fue aceptada. El 18 de octubre, la misma Corte de Constitucionalidad ordenó investigar al exministro Barrientos por el supuesto incumplimiento de las resoluciones de esa instancia. De acuerdo con eso, el Ministerio Público tendrá que iniciar una pesquisa en su contra”, agrega el documento.

La misión de la OEA detalla que, entre las coincidencias y preocupaciones de la mayoría de los actores entrevistados por la Misión, se encuentran:

La importancia de garantizar y respetar el derecho a la protesta social y abstenerse de criminalizar y perseguir tanto a manifestantes como a instituciones.

La Misión resalta que el día 18 de octubre de 2023, este derecho se ha visto condicionado con la decisión de la Corte de Constitucionalidad ordenando liberar las instalaciones del Ministerio Público, en un plazo de seis horas, y conminando al ministro de Gobernación y director de la Policía Nacional Civil a cumplir con el fallo.

La preocupación sobre los criterios de competencia del Ministerio Público y sus actuaciones en materia electoral, que desdibujan el buen suceso de las Elecciones Generales 2023, así como la necesidad de conocer los resultados sobre las investigaciones en esta materia. La violación a la soberanía que radica en el pueblo no puede repetirse.

“Por sobre todo, la Misión de Mediación y la Secretaría General reiteran la importancia de garantizar que el proceso de transición gubernamental continúe de manera pacífica y no se vea afectado por ningún requerimiento o reclamos al gobierno electo.”

También dice que “la Misión rechaza y condena cualquier acto que atente contra la integridad del proceso electoral, sus resultados y el proceso de transición que concluirá el 14 de enero de 2024, cuando asumirán sus cargos el presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera”.

Asegura que la Misión de Mediación continuará su mandato “de manera ininterrumpida” en Guatemala, dando seguimiento “cercano” a la coyuntura nacional y manteniendo reuniones con los principales actores políticos y sociales, “como ha venido haciendo”.

“La Misión reitera su compromiso, y el de la Secretaría General de la OEA, de apoyar los espacios de diálogo, exhortando a todas las partes a que faciliten las condiciones necesarias para concretar las reuniones que quedaron pendientes, con la premura que amerita la situación sensible del país”, concluye el comunicado.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció este sábado 7 de octubre el envío de una delegación integrada, entre otros, por el elexministro de Defensa de Uruguay Luis Rosadilla para mediar en la crisis de Guatemala.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dio respuesta así a la petición que le hizo el Gobierno guatemalteco para que iniciara “un proceso de mediación” con mesas de diálogo para resolver la crisis desatada tras las elecciones presidenciales.

En una carta para el canciller guatemalteco, Mario Búcaro, el secretario general reveló que ha instruido que “una misión de mediación y diálogo” viaje a ciudad de Guatemala en “la fecha más próxima posible”.

La misión estará conformada por el exministro de Defensa de Uruguay Luis Rosadilla, la secretaria de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA, Maricarmen Plata; y el representante de la OEA en Guatemala, Diego Paz.

Su objetivo será el de “reunirse con los actores principales de la coyuntura social y política” en Guatemala, así como presentar “recomendaciones puntuales” para que el Gobierno pueda tomar decisiones políticas urgentes” para resolver el malestar social.

Guatemala encadena varios días de fuertes protestas y bloqueos en carreteras para exigir la dimisión de la fiscal general, Consuelo Porras, quien está sancionada por corrupción por EE.UU.

Las manifestantes la acusan de intentar interferir en las elecciones presidenciales que ganó en agosto pasado el candidato progresista Bernardo Arévalo de León.

En una actuación inédita, la Fiscalía requisó hace una semana las actas de votación, un gesto que se suma a los varios allanamientos que ha llevado a cabo de las sedes del Tribunal Electoral y del Movimiento Semilla, de Bernardo Arévalo.

El mismo presidente electo acusó a Porras el 1 de septiembre de llevar a cabo “un golpe de Estado” en su contra, para evitar su investidura en enero de 2024.

La mision de mediación y diálogo de la @OEA_Oficial en #Guatemala estará integrada por el exministro de Defensa de Uruguay Luis Rosadilla, la Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad de #OEA, @PlataMcp, y el representante de OEA en Guatemala, Diego Paz pic.twitter.com/iLX8kaOE93

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) October 7, 2023

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para las elecciones en Guatemala expresó su “profunda preocupación” por las acciones que este martes 12 de septiembre ha emprendido el Ministerio Público (MP) al allanar el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (Cope) en el parque de la Industria, donde se resguarda el material electoral.

Añadió que la MOE/OEA tomó nota de que el artículo 243 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), de rango constitucional, establece que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las Juntas Electorales Departamentales (JED) son los únicos órganos competentes para verificar y calificar la documentación electoral.

Señaló que el abrir cajas de material electoral por parte de personas e instituciones distintas a las señaladas por la ley representa un ataque frontal a la integridad del voto y una afrenta a la voluntad popular.

“Estas acciones constituyen una prueba más de que el Ministerio Público (MP), lejos de ajustar sus acciones a los estándares democráticos, viene agudizando una estrategia de cuestionamiento al proceso electoral y de intimidación a las autoridades electorales, al personal electoral y a las miles de personas que, con enorme compromiso cívico, llevaron adelante dos jornadas de votación pacíficas y transparentes”, señaló.

La MOE/OEA reiteró que la falta de oportunidad y de proporcionalidad de las acciones del MP, y del juzgado penal que nuevamente autorizó los cateos, son evidencia de una instrumentalización política del aparato de persecución penal. Tal y como lo expresó ante el Consejo Permanente, la MOE considera que estas acciones pueden constituir conductas típicas de los delitos de prevaricato y abuso de autoridad.

“Cuestionar estas elecciones ya celebradas es cuestionar la voluntad misma del pueblo de Guatemala, que el 20 de agosto se expresó de manera contundente en las urnas. El presidente electo, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta, Karin Herrera, han recibido sus credenciales por parte del TSE”, destacó.

Recordó que el proceso de transición política se encuentra plenamente en curso, con el respaldo y bajo el auspicio del presidente Alejandro Giammattei y con el acompañamiento de la OEA.

Resaltó que “una democracia se mide tanto en su capacidad de registrar la preferencia del electorado como en su capacidad de garantizar la transmisión pacífica del mando, sin amenazas, ni actos que socaven el principio constitucional de alternabilidad en el poder”.

La Misión ha analizado los hallazgos sobre los que se basan las denuncias planteadas en torno a supuestas irregularidades en la primera y segunda vuelta electoral, y ha comprobado que “carecen de sustento”, pues “no existe evidencia de que en la primera vuelta electoral se hayan alterado las copias amarillas de los Documentos Número 4, que se transmitieron desde los centros de votación y estuvieron a disposición para la descarga de los partidos políticos y de la ciudadanía”.

Indicó que hay casos muy aislados de errores en las actas en ambas rondas y que no llegaron a alterar el orden de las preferencias, ni mucho menos alcanzaron una magnitud que pudiera poner en duda una diferencia que, en la segunda vuelta, fue de más de 20 puntos porcentuales y casi 875 mil votos.

Lea también: “Fue grotesco”: TSE afirma que el MP vulneró la cadena de custodia del voto al abrir cajas electorales durante cateo

Mencionó que los cuestionamientos en torno a la agilidad con que operó el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) el 20 de agosto se basan en cálculos equivocados sobre el ritmo en que se procesaron las actas, pues como informó la Misión, el flujo de las actas fue totalmente acorde con la mayor simplicidad de la elección presidencial y se ajustó a lo observado en el simulacro nacional del 18 de agosto, así como a la observación directa de la Misión el día de la elección.

Anunció que la Misión continuará acompañando el proceso y no cesará en sus esfuerzos por asegurar que se respete la voluntad popular expresada en las urnas.

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), aseguró este 12 de septiembre que en breve podrían dar resultados de la investigación del caso Corrupción Semilla y dijo que le gustaría que en la presentación estuviera Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA)

Curruchiche fue abordado por periodistas durante el cateo que el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil llevaron a cabo este día en el Parque de la Industria como parte de una investigación por una denuncia supuestamente sobre anomalías en los resultados de las votaciones del pasado 25 de junio, primera vuelta electoral.

El jefe de la Feci comentó que hasta el momento, de las 25 mil 111 firmas para la inscripción del partido Movimiento Semilla -cuyo binomio presidencial integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera ganó la presidencia de Guatemala en el balotaje del 20 de agosto-, ya ubicaron 42 personas fallecidas y detectaron casi ocho mil firmas falsas.

Refirió que van casi 300 personas repetidas en las hojas de afiliación y que en algunos casos en una misma hoja está repetido cuatro veces el mismo nombre.

“El Tribunal Supremo Electoral aceptó que en una hoja hayan cuatro personas con el mismo nombre y el mismo documento personal de identificación”, dijo Curruchiche.

Afirmó que próximamente la Feci daría a conocer al pueblo de Guatemala, a la sociedad civil y a la comunidad internacional los avances de este caso.

Quiere que esté Almagro

“Nos gustaría que en esta reunión, cuando presentamos esos resultados, esté el señor Luis Almagro también, y otros actores de la sociedad, para que realmente si la lucha es contra la corrupción y la impunidad, pues, debe de empezar con nosotros”, reiteró Curruchiche.

Afirmó que la investigación contra Semilla ya está por concluir pero que la Feci y el MP han sido respetuosos de lo que ha señalado la Corte de Constitucionalidad que señala que el proceso electoral termina 31 de octubre.

“Como lo dice la propia Corte de Constitucionalidad, no hay ninguna limitación para el Ministerio Público de hacer estas diligencias, por eso es la que está llevando a cabo el día de hoy”, mencionó el jefe de la Feci.

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, habla sobre el avance del caso Corrupción Semilla. (Video Guatevisión: Erick Ávila)

Señaló a Almagro de injerencia

El pasado 7 de septiembre, el MP publicó en sus redes sociales tres videos en los que Curruchiche señala al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de injerencia en Guatemala.

Almagro se reunió con la fiscal general Consuelo Porras y otros empleados del MP y en esta el jefe de la Feci hizo el señalamiento contra Almagro.

“Me parece muy temeraria su actitud y yo lo interpreto como una clara injerencia hacia el mandato constitucional que tiene el Ministerio Público”, le dijo Curruchiche.

Curruchiche encara a Almagro y le increpa que si los supuestos hallazgos en la investigación contra el partido Movimiento Semilla, del presidente electo, Bernardo Arévalo, no son actos de corrupción e impunidad.

“Lo voy a decir con mucho respeto señor secretario, pero a mí me parece muy temeraria su actitud y yo lo interpreto como una clara injerencia hacia el mandato constitucional que tiene el Ministerio Público en investigar, como quien dice no investigan a Semilla, eso no se vale secretario, se lo digo con mucho respeto, la investigación va a continuar, la investigación va a seguir por el mandato constitucional que tenemos” dijo Curruchiche ese día.

Agregó que “yo únicamente le respondo a la Constitución Política de la República de Guatemala y a las leyes de este país”.

En cuando a esa reunión con Almagro, Curruchiche dijo este 12 de septiembre que fue Almagro el que solicitó la reunión y que ellos solo lo atendieron.

Puntualizó que la reunión quedó grabada y cuando se le hizo saber eso, Almagro se levantó y se fue de la reunión. Señaló que las reuniones son públicas y que por transparencia se graban.

El jefe de la Feci reconoció que él fue directo con Almagro y le dijo que los fiscales están llamados a preservar la investigación y por eso le hizo esos señalamientos que quedaron grabados.

“Acá lo más sagrado que tiene una persona y un país es su dignidad y su libertad y por eso se hicieron esos señalamientos”, comentó Curruchiche.

Dijo que la reunión con el MP, Almagro llegó acompañado por funcionarios de la Organización de Naciones Unidas, y eso era extraño, porque él representa a OEA.

En el caso Semilla, Curruchiche dijo que no hay investigación abierta contra Bernardo Arévalo o Samuel Pérez, porque gozan de derecho de antejuicio y el MP es respetuoso de la ley.

También reiteró que hay una campaña de desinformación nacional e internacional contra el MP para hacer creer a la población que se están cometiendo irregularidades e ilegalidades en el proceso y que incluso hay un plan para hacer un golpe de Estado, y que todo eso es falso.

Este 1 de septiembre, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo una declaración conjunta entre varios países en donde se condenaba la judicialización del proceso electoral en Guatemala, pero durante la reunión hubo un enfrentamiento verbal entre el canciller guatemalteco, Mario Búcaro, y el representante de Uruguay, Washington Abadala.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA), compareció ante el Consejo Permanente e insistió en “el buen desarrollo de la segunda vuelta presidencial” en Guatemala.

La misión destacó varias cosas del proceso electoral como el trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), las Juntas Receptoras de Votos, las autoridades electorales departamentales y municipales y los miles de digitadores que alimentaron el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).

También señaló algunas cosas negativas como la investigación contra el Movimiento Semilla por la supuesta falsificación de firmas, una denuncia que no fue planteada por el Ministerio Público, pero que ninguna autoridad, en el momento procesal oportuno, objetó la inscripción de las candidaturas del Movimiento Semilla, como sí hicieron con otras candidaturas en la etapa preelectoral.

También consignó como un hecho negativo que el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) no haya todavía reconocido los resultados electorales, así también como que el Congreso haya declarado independiente, y con ello desconocido, a la bancada del Movimiento Semilla.

La OEA aprobó una resolución que otorga al secretario general del organismo, Luis Almagro, una mayor autoridad para vigilar el proceso de transición en Guatemala, en el que el actual mandatario, Alejandro Giammattei, debe ceder el mando al presidente electo, Bernardo Arévalo de León.

La resolución pide a Almagro, que viajará a Guatemala la semana próxima para supervisar la transición, que se reúna con representantes del Ministerio Público (Fiscalía), acusado de haber emprendido una persecución penal contra el Movimiento Semilla desde que Arévalo de León pasó a la segunda vuelta electoral en los comicios del 25 de julio.

En el texto se le solicita que traslade al Ministerio Público “la importancia de la separación de poderes” por ser “esencial para el ejercicio de la democracia” y, además, que destaque que “el uso del ordenamiento jurídico como una herramienta para intimidar y cambiar indebidamente los resultados electorales no es aceptable”.

Luego de la declaración conjunta, los representantes permanentes de los países tomaron la palabra y expresar la postura de sus representaciones.

“Intimidación, intimidación, intimidación”

Washington Abdala, representante permanente de Uruguay en la OEA, tomó la palabra y le agradeció al canciller guatemalteco Mario Búcaro el estar presente en esa sesión, pues era bueno dar la cara en momentos como ese.

“Lo que logramos hoy acá – con la declaración- es ponernos de acuerdo en las cuestiones de palabra. Lo que estamos necesitando es que los hechos tengan el recorrido, que el documento en el que logramos un nivel de consenso, vaya en esa dirección”, dijo Abdala.

Señaló que los documentos diplomáticos se leen desde distintos ángulos y que cada uno leía desde la perspectiva en donde hace su aporte.

Afirmó que el documento tiene focos de atención y leyó el apartado 8 que dice que uno de ellos era las preocupaciones sobre las acciones postelectorales básicamente del Ministerio Público, y aplica a la expresión e intimidación.

“Intimidación, Intimidación, No la aplica alegremente. Y luego dice también los persistentes informes sobre actos de intimidación contra miembros de Movimiento Semilla y sus familiares, intimidación, intimidación, intimidación”.

El embajador uruguayo enfatizó las palabras intimidación durante su lectura.

También leyó la parte en la que se le reconoce al gobierno de Guatemala, el recorrido de medidas adoptadas para la protección de los derechos a la vida e integridad personal de César Bernardo Arévalo, y de Karina Herrera Aguilar.

“Si nosotros no decimos que estamos preocupados por estas proscripciones, estamos haciendo un ejercicio retórico. Estamos preocupados. Estamos preocupados. Y en el fondo, lo que estamos tratando de construir entre todos es un clima, acompañando, por eso se le genera tanta expectativa”, dijo el embajador de Uruguay ante la OEA.

“La democracia siempre es el único recinto donde funciona el estado de derecho. Si el Estado de derecho está funcionando es porque se respetan los derechos individuales, los derechos electorales, se respeta la separación de poderes, y no hay nadie que colisiona. La democracia no se lastima, se la cura. A la democracia no se la cuestionan, se le acata, a la democracia no se la intimida, se le consagra toda la libertad para la misma”, expresó Abdala.

“Hay un principio de legitimación que es la presencia de un presidente electo con un pueblo por detrás, que está entendiendo que ese debe ser el camino el 14 de enero a las 14 horas, recién arranca allí. Yo espero que nadie apunte a la de debilitación de Arévalo. Debilitar a Arevalo es debilitar al pueblo de Guatemala, y debilitar al pueblo de Guatemala, es debilitar a Guatemala”, expresó Abdala.

Dijo que esa debilitación no puede suceder y por eso la resolución era importante y tiene tanta relevancia.

Afirmó que los firmantes lo que quieren es acompañar el proceso y que no tiene nada que ver con injerencia.

“Hay zonas a las que no se puede ingresar”

“No nos compete a nosotros esto, le compete al pueblo de Guatemala recorrer su camino democrático y a sus instituciones entender que hay zonas en donde no se puede ingresar. No se puede afectar el derecho de un candidato y una fórmula ganadora democráticamente. Y todos deberán bregar para que esa luz exista y arranque prontamente”, concluyó el embajador de Uruguay.

“Respeto, embajador”

El canciller guatemalteco Mario Búcaro, utilizó su derecho de réplica luego de unas intervenciones más y comenzó su mensaje con una frase de Winston Churchill, y dijo: “la soberanía de una nación no puede ser infringida y es la esencia de la soberanía”.

Dijo que escucharon atentamente las opiniones de cada uno de los países, las cuales de la forma más propia y diplomática señalaron “el irrestricto respeto a nuestra soberanía”.

Luego de eso dijo que le tocaba hacer el uso de réplica, porque era “muy triste” escuchar al embajador de Uruguay alzar la voz, hablando de la palabra intimidación.

“Estimado embajador, el Uruguay ha demostrado constantemente un compromiso al principio de soberanía. Y usted, como representante del Uruguay, lleva la antorcha a ese compromiso. Como dijo el expresidente uruguayo, José Mujica, la soberanía de un país no es negociable, y no puedo permitir que usted hable de la palabra intimidación e intimidación”, le dijo Búcaro a Abdala.

“Yo lo que hoy le digo es, respeto embajador, respeto embajador, respeto embajador, porque todos los que estamos aquí estamos luchando por la democracia”.

Le cuestionó al embajador de Uruguay que no podía hacer aseveraciones que le corresponden únicamente al sistema jurídico guatemalteco.

Búcaro leyó un comunicado de prensa que el MP de Guatemala publicó el 31 de agosto en donde se menciona que esa institución es autónoma y que no se encuentra subordinada a ningún ente nacional e internacional y que su función principal es investigar todos los hechos denunciados por la ciudad guatemalteca y perseguir penalmente a quienes pueda resultar responsables.

“Habíamos llegado ya a un conceso que aplaudimos y estábamos celebrando y hoy pareciera ser que el discurso que usted pronuncia embajador cambie esa narrativa, y piensa el ideario, hoy, guatemalteco que, con esta declaración, se le están dando más poderes al secretario general para poder venir al país cuando ha sido una invitación voluntaria del pueblo de Guatemala reflejando su compromiso por la democracia”, le dijo Búcaro

“Respeto embajador. Y destaco, por último, que el compromiso que existe no solo del Gobierno de Guatemala, sino de todas las instituciones ha sido una declaración consensuada, propia que usted mismo ha podido aplaudir, pero no merecía el que usted hablara de intimidación, intimidación, intimidación, aseverando un hecho que hoy está siendo dilucidado por nuestro ordenamiento jurídico, y que solo los guatemaltecos, podemos ser responsables de los guatemaltecos. Respeto embajador”, concluyó el canciller guatemalteco.

En respuesta a la intervención del representante uruguayo, @MarioBucaroGT le pide respeto y que no haga declaraciones que le corresponden al sistema jurídico guatemalteco. pic.twitter.com/bLlBIWEg9k

— Fátima Najarro García (@flnajarro_pl) September 1, 2023

“Yo leía la declaración”

En la réplica del embajador Abdala, se dirigió a Búcaro y le dijo que parecía que no se estaban entendiendo.

“Canciller Búcaro, yo leí la declaración. ¿Me explico? Lo que yo hice referencia hasta acá, en esta declaración que usted también suscribe, es en el apartado en donde hace referencia a la preocupación”, dijo el embajador uruguayo.

Le hizo ver a Búcaro que él había suscrito la declaración de la OEA y que en el punto ocho se mencionaba la palabra intimidación.

“La frase dice: “preocupados; sin embargo, por las acciones postelectorales de actores políticos y fuerzas partidistas y por la continua judicialización del proceso, y la práctica del Ministerio Público de intimidar”. Esto lo suscribe usted. Y luego en el punto nueve dice “preocupado también por los persistentes informes sobre actos de intimidación contra miembros del Movimiento Semilla y  familiares que derivaron en la emisión de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, le dijo Abdala a Búcaro y le recordó que eso también lo suscribió el canciller guatemalteco.

“Esto es lo que acabamos de suscribir, yo no salí del texto, lo único que hice fue señalar un tiempo de verbo o una expresión que me parece que es importante. Ahora, usted no se debe sentir incómodo por esto, porque lo hemos suscrito entre usted y todos nosotros. Si a usted le incomoda, le pido mil disculpas, en todo caso, quizás en el tono de voz”, expresó el diplomático de Uruguay.

Afirmó que no quiere ofender a nadie, pero que lo que está procurando es que se entienda la gravedad. “Somos todos conscientes que el presidente electo Bernardo Arévalo ha sido amenazado. No puedo evitar hacer algún tipo de reflexión al respecto. Es de orden hacerlo. Esta casa defiende los derechos humanos, es la esencia de la Organización de los Estados Americanos defender los derechos humanos y que estaría mal no hacer una reflexión al respecto.

“Creemos en lo mismo”

“Usted y yo creemos en lo mismo, en el estado de derecho y en la democracia. Estamos juntos, Búcaro. Si usted cree de verdad lo que suscribió y yo creo de verdad lo que suscribimos, estamos juntos. La historia dirá”, concluyó Abdala.

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este 1 de septiembre una resolución que otorga al secretario general del organismo, Luis Almagro, una mayor autoridad para vigilar el proceso de transición en Guatemala, en el que el actual mandatario, Alejandro Giammattei, debe ceder el mando al presidente electo, Bernardo Arévalo de León.

La iniciativa, impulsada por Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y la República Dominicana, fue aprobada por aclamación, es decir, con el aplauso de la mayoría de los embajadores que representan a los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba pertenece a la organización pero no participa desde 1962).

La resolución pide a Almagro, que viajará a Guatemala la semana próxima para supervisar la transición, que se reúna con representantes del Ministerio Público (Fiscalía), acusado de haber emprendido una persecución penal contra el Movimiento Semilla desde que Arévalo de León pasó a la segunda vuelta electoral en los comicios del 25 de julio.

Específicamente, el texto le solicita que traslade al Ministerio Público “la importancia de la separación de poderes” por ser “esencial para el ejercicio de la democracia” y, además, que destaque que “el uso del ordenamiento jurídico como una herramienta para intimidar y cambiar indebidamente los resultados electorales no es aceptable”.

Ese mismo lunes 28 de agosto, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala suspendió de manera provisional el partido de Arévalo de León, el Movimiento Semilla, un dictamen sin precedentes que ha creado una situación de incertidumbre y que ha hecho que expresen serias preocupaciones varios países, incluido EE. UU., Canadá, Chile y Bolivia.

Además, el miércoles 30 de agosto, el Congreso de Guatemala acordó no reconocer a la bancada del Movimiento Semilla por orden del juez penal Fredy Orellana, acusado de socavar la justicia y de corrupción por el Departamento de Estado de EE. UU.

Arévalo de León, cuya principal promesa es erradicar la corrupción del Estado, ganó la Presidencia para el periodo 2024-2028 en la segunda vuelta electoral del pasado 20 de agosto con 2.5 millones de votos a su favor y superando por 21 puntos porcentuales a su rival, Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Torres Casanova sigue sin reconocer su derrota y ha agitado el fantasma del fraude electoral, algo que rechaza de lleno la Misión de Observación Electoral de la OEA que estuvo presente durante el proceso.

El próximo 4 de septiembre se iniciará el proceso de transición para que pase el poder de Giammattei a Arévalo de León, que deberá tomar posesión junto a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, el 14 de enero de 2024.

Almagro ya visitó Guatemala a días de la segunda vuelta electoral y se reunió entonces con varios importantes actores el país.